La cooperación de los funcionarios penitenciarios con los reclusos, sobre todo con los de alta peligrosidad, es una problemática que todavía es una realidad en nuestro país. No obstante, desde el Ministerio de Justicia afirmaron que se están tomando medidas más serias de modo a erradicar esta práctica corrupta.

“Anteriormente solo se les apartaba del cargo a la gente, pero hoy en día se están remitiendo los antecedentes al Ministerio Público a los efectos de que puedan tener un castigo y ya no vuelvan más al sistema penitenciario”, aseveró Víctor Manuel Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.

El pasado sábado 31 de agosto, se realizó una requisa en el Buen Pastor y en la Penitenciaría Regional de Misiones, mediante este procedimiento, se pudo incautar un total de cuatro celulares que estaban en poder de Carmen y Laura Villalba, miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

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“Los antecedentes son remitidos al Ministerio Público porque estamos hablando de personas de alto perfil y si estas personas están utilizando los aparatos celulares para delinquir nuevamente, mínimamente estas personas (los guardiacárceles) están cometiendo el hecho de asociación criminal”, detalló Benítez.

De momento todos los funcionarios penitenciarios son sospechosos, afirmó el viceministro, puesto que todavía no se ha determinado específicamente qué grupo participó en la vulneración del control para que las Villalba puedan acceder a los dispositivos. El Ministerio de Justicia habló nuevamente del compromiso que tienen con poner fin a la cooperación entre guardiacárceles y reclusos.

“Lastimosamente esto pasa por la corrupción. Necesariamente tuvo que participar mínimamente un agente penitenciario para hacerle llegar el aparato celular a estas señoras, también los mecanismos de control y requisas, si es que lo estuvieron haciendo, no se hizo de manera correcta. Tenemos que apostar a la formación, a la capacitación, a reiterar e insistir a dejar esos malos hábitos”, expresó.

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En el marco de la investigación por el traslado irregular de dos reos de la penitenciaría de Tacumbú al penal de Villarrica, el Ministerio de Justicia comenzó las averiguaciones para determinar cómo se habría dado este hecho y quiénes serían los responsables de dar la orden para que se ejecute la salida de los reos.

Tras recabar información e iniciar sumarios administrativos, desde el Ministerio de Justicia informaron que en total 24 funcionarios del penal de Tacumbú serían trasladados a otros establecimientos penitenciarios como una medida administrativa. Estas personas estarán ubicadas en otros cargos y bajo la supervisión de nuevos encargados para evitar cualquier tipo de incidencia en sus labores.

Cabe destacar que muchos de los funcionarios transferidos eran guardiacárceles y encargados de seguridad que llevaban años trabajando dentro de la mencionada penitenciaría y que en reiteradas ocasiones habrían sido ligados al clan Rotela.

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“Estos agentes estaban hace mucho tiempo en la penitenciaría y era algo que ya se venía hablando y trabajando desde el procedimiento Veneratio porque todo lo que ocurrió en Tacumbú tuvo que ser con complacencia de algunas personas”, comentó el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, en conversación con la 1020 AM.

El mismo explicó que con el traslado de estas personas se espera poder iniciar un proceso de renovación de funcionarios en el penal de Tacumbú con la finalidad de que se rompa cualquier tipo de nexos que pudieran existir entre las personas privadas de libertad y los encargados de la seguridad del recinto penitenciario.

En cuanto a las medidas de control, el viceministro de Política Criminal comentó que continuarán firmes en los controles en torno al ingreso y salidas de visitas, así como de los movimientos de funcionarios para poder garantizar el buen funcionamiento del sistema.

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Desde el Viceminis­terio de Política Criminal anuncia­ron ayer que se investigará la procedencia del dinero que se invirtió en la famosa salsa picante “Prisioneros del sabor” que es prepa­rada por reclusos del penal de Emboscada. Mientras, se seguirá con la fabricación de la misma.

Según Víctor Benítez Sali­nas, viceministro de Polí­tica Criminal, las sospechas surgieron debido a que se montó muy rápido el nego­cio y que de buenas a prime­ras los internos ya contaban con equipos de alta genera­ción para el preparado. Ade­más, de que se preparan a gran escala, lo que atrajo el interés de la ciudadanía.

“Se trata de una fábrica de picantes, nos encontramos que no teníamos nada sobre el origen de la inversión rea­lizada en el lugar. No tenían convenio, dictamen de ase­soría jurídica o de reinser­ción y rehabilitación de esta cartera del Estado”, explicó Benítez en entrevista con el programa “Show de noticias” de canal GEN/Nación Media.

Expresó que se realizó una investigación interna para saber quiénes eran las per­sonas responsables de este emprendimiento y pudie­ron determinar que algu­nos de los internos estaban procesados por casos de “A Ultranza”. “Dimos aviso al Ministerio Público para que inicien una investigación y se intervendrá o no”, apuntó.

Afirmó que no se tienen registros sobre el origen del dinero y que ya se abrió la investigación correspon­diente en el caso, pero que mientras la marca seguirá generando el producto. “Independientemente al hecho punible que come­tieron tienen derecho a la reinserción, pero debe ser de manera lícita”, señaló.

Benítez señaló que todo se montó de manera muy rápida y sobre todo inte­resa las personas que esta­rían detrás de este negocio que tomó mucha notorie­dad en poco tiempo. “Para el Ministerio de Justicia es un sueño tener todo esto mon­tado en una penitenciaría y nos cuesta mucho poder lograr algo así”, puntualizó.

Más de 50 personas participaron de las actividades recreativas que se implementaron en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el marco del Plan Sumar, que busca llevar actividades en los centros de reclusión del país para las personas privadas de libertad (PPL).

Este programa es del Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional de Deportes (SND), que busca de este modo otorgar distracción mediante la organización de las jornadas deportivas y recreativas para las PPL.

Las PPL pudieron participar en el torneo de fútbol de campo organizado por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria dependiente del Viceministerio de Política Criminal de dicha cartera de Estado, en conjunto con la SND.

El Ministerio de Justicia lleva adelante jornadas de trabajo en las penitenciarías del país con el objetivo de incentivar las prácticas del deporte a las PPL, como iniciativas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el tratamiento de quienes lo necesiten.

Douglas Martínez, encargado de la Dirección del Deporte Inclusivo de la SND, explicó que llevan diferentes disciplinas deportivas a los centros penitenciarios como fútbol, vóley, futsal y pikivóley, y están dirigidas a todas las PPL.

“Estas son actividades deportivas las que estamos llevando a los diferentes penales, en este caso fútbol. Es la tercera jornada que estamos realizando, involucrando a unos 50 reclusos aproximadamente. Anteriormente ya hicimos vóley, futsal y pikivóley, pero hoy solo fue fútbol para todas las PPL”, señaló.

“Antes estuvimos en Encarnación y Misiones. Estas otras dos actividades cumplieron un cronograma establecido que durará todo el año. Son 50 en promedio los que participan en cada jornada”, mencionó.

Según el cronograma previsto, el próximo encuentro deportivo, a finales de junio, se disputará en Villarrica; luego en agosto será en los Centros Penitenciarios para Mujeres de Coronel Oviedo, y de Ciudad del Este.