Es una propiedad de 3.490 hectáreas que cuenta con un hangar, una pista clandestina de 1.200 metros, 3 tractores y 379 cabezas de ganado. Foto: Gentileza.
Estancia allanada operaba como centro logístico para el tráfico de drogas del clan Insfrán
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En el marco del operativo A ultranza Py, desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ayer viernes allanaron la estancia San Agustín, que está ligada al clan Insfrán y que actualmente ya está a disposición de la Senabico. A esta propiedad aparentemente llegaban las cargas drogas desde Bolivia y se distribuían hacia los puertos para su posterior destino final.
Según datos proveídos por la Senad, esta propiedad está ubicada a 110 kilómetros de la ciudad de Asunción, en el distrito de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes. “Es una propiedad de 3.490 hectáreas que cuenta con un hangar, una pista clandestina de 1.200 metros, 3 tractores y 379 cabezas de ganado”, confirman.
Aclaran que las investigaciones apuntan a un estratégico centro logístico para los vuelos clandestinos dentro del país para el tráfico de drogas. “La droga es depositada en puestos clandestinos en la frontera con Bolivia y las aeronaves bolivianas regresan a su país. A partir de ese momento se activa la logística paraguaya”, señalan.
Detallan que varios aviones junto a sus pilotos (todos paraguayos) se acercaban a la frontera y se encargaban de llevar los cargamentos hasta los centros logísticos ubicados en la estancia San Agustín o la estancia 23 de Abril, ubicada en Paraguarí. “De allí, ya por vía terrestre, los alijos son movidos hasta depósitos establecidos en las cercanías de los puertos, tales como Mariano Roque Alonso, Villeta y otros puntos”.
Resalta que desde ese momento se activaba la actividad empresarial que permitía usar sus rutas y conexiones para que estas sustancias lleguen a otros países. “Son conexiones que fueron construidas a lo largo de los años para la contaminación de drogas dentro de sus envíos. De allí la importancia del allanamiento a la estancia San Agustín, realizado por la Senad y el Ministerio Público durante este viernes”, puntualizan.
Hay que destacar que dentro del hangar hallaron bidones de combustible de aviación, ploteados con matrículas de aeronaves y repuestos varios. Detallan que la propiedad está bordeada por esteros y no cuenta con población cercana. “El establecimiento, a partir del procedimiento, queda a cargo de la Senabico para su resguardo y administración”, concluyen.
Las investigaciones apuntan a que se trata de un estratégico centro logístico para los vuelos clandestinos dentro del país para el tráfico de drogas. Foto: Gentileza.
El negocio funcionaba como peluquería, barbería y estudio de tatuajes, pero los investigadores sospechan que también era utilizado como fachada para el tráfico de drogas. Foto: Gentileza
Entre tijeras y cocaína, cae un barbero sospechoso de vender drogas
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Un peluquero, barbero y tatuador de 35 años fue aprehendido durante un allanamiento realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el barrio Obrero de Asunción. En el establecimiento, que ofrecía servicios de estética masculina y tatuajes, los intervinientes encontraron casi 200 gramos de cocaína, equivalentes a unas 400 dosis listas para su comercialización.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes especiales de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad, quienes intervinieron el local ante las sospechas de que el negocio era utilizado como fachada para la distribución de estupefacientes al menudeo.
El allanamiento de la Senad permitió incautar unas 400 dosis de cocaína que presuntamente estaban destinadas a la venta al menudeo. Foto: Gentileza
El detenido fue identificado como Hassan Israel Mereles Ortiz, paraguayo de 35 años, quien se desempeñaba profesionalmente como peluquero, barbero y tatuador.
Cocaína y dinero en efectivo
Durante el operativo, los agentes incautaron 199 gramos de cocaína, además de G. 4.950.000 y USD 300 en efectivo. Según la estimación de los intervinientes, la droga decomisada podría alcanzar un valor de venta de aproximadamente G. 20 millones.
La investigación apunta a determinar cómo operaba el presunto esquema de comercialización y si el establecimiento era utilizado de manera habitual para concretar las ventas.
En el local también se encontraron casi G. 5 millones y USD 300 en efectivo. La droga tendría un valor de comercialización cercano a los G. 20 millones. Foto: Gentileza
El allanamiento contó con el acompañamiento de la fiscala Pamela Pérez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Unidad 1.
Por disposición fiscal, tanto el sospechoso como las evidencias incautadas fueron trasladados hasta la Base de Operaciones de la Senad, donde quedaron a disposición de las autoridades.
El ministro Jalil Rachid afirmó que el aprehendido José Hermoza se dedicaba a la coordinación logística entre la banda de “Macho”, con las comunidades indígenas de la zona. Foto: Archivo
Rachid afirma que la estructura de alias “Macho” utiliza a nativos como escudo
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Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), del Grupo de Investigación Sensible (Gise), detuvieron esta mañana a José Ignacio Hermoza Ledesma, durante un allanamiento de un inmueble rural ubicado en la Colonia Americana, distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú.
El detenido es señalado como hombre de confianza y mano derecha de Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.
Al respecto, el titular de la Senad, ministro Jalil Rachid, indicó que el aprehendido se dedicaba a la coordinación logística entre la banda de “Macho”, con las comunidades indígenas de la zona. Señaló que el detenido es una persona que ya fue identificado como parte de esta estructura y venía siendo investigado en el marco de la Operación Ignis de que data del 2023.
“Esta persona está prófuga y constituía en aquel entonces un brazo logístico muy importante a la estructura de Felipe Santiago Acosta. De hecho, el hoy aprehendido se dedicaba a la coordinación operativa y logística de la estructura de alias ”Macho”, con grupos de indígenas de la zona. Para nosotros, esta captura, significa un golpe más a esta estructura y que en definitiva hoy ya está puesto a disposición del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional", precisó.
El ministro Rachid recordó además que se tiene conocimiento al menos desde el 2023, que alias “Macho”, utilizaba a las comunidades indígenas como escudo protector para cometer sus actividades ilícitas. No obstante, aclaró que con esta afirmación, no está señalando a todas las comunidades de pueblos originarios que estén involucrados en las mismas actividades.
“Se sabe perfectamente que Acosta utiliza a comunidades indígenas y a ciertos indígenas para cometer sus ilícitos. Básicamente, forman parte de su logística operativa teniendo en cuenta su condición de comunidad indígena. Es una estrategia ya utilizada hace tiempo por él y que lo viene haciendo desde entonces; al menos desde el 2023, hasta la fecha para poder escudarse de esta forma con la utilización de comunidades indígenas”, explicó.
Cambio de estrategia de Macho
Asimismo, el titular de la Senad destacó que desde el inicio de la operación de Ignis y los golpes estratégicos que han llevado adelante desde la Senad, se logró el debilitamiento de la estructura del trafico de drogas en Canindeyú.
Indicó que anteriormente su principal actividad era el narcotráfico en la zona, pero hoy en día debido a los golpes estratégicos que la Senad junto a los organismos de seguridad, obligaron a esta estructura criminal a “un cambio de rubro”; pasando del tráfico de drogas a la extorsión a los productores de la zona.
“Nosotros tenemos demostrado y corroborado por diversos medios y trabajos de inteligencia que él se pasa realizando amenazas y extorsiones utilizando a comunidades indígenas y amedrentando a los productores para lograr autofinanciarse de esta forma. Básicamente lo que hace es extorsionar usando la fuerza y arma letal contra los productores exigiendo montos suma de dinero por las cosechas de los granos de la agricultura mecanizada, exigiendo fuertes sumas de dinero para poder autofinanciarse de ese modo”, acotó.
Presunta estafa en Asunción: pagó G. 8 millones por un mueble que costaba menos de la mitad
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Una mujer denunció que compró un mueble a crédito por G. 3.906.000, pero terminó pagando G. 8.060.000 tras recibir presuntas amenazas y exigencias de dinero por parte de un supuesto abogado de la firma comercial.
El caso involucra al local Torres Comercial, que fue allanado por la Fiscalía, según informó Universo 970/Nación Media.
Según la denuncia, un hombre que se habría presentado como abogado la intimidaba con publicaciones en redes sociales y amenazas relacionadas con el colegio de su hija.
Durante una entrega vigilada, la mujer entregó G. 5.828.000, dinero que posteriormente fue recuperado por los intervinientes.
La Fiscalía incautó celulares y documentos para la investigación, mientras que una mujer fue detenida por presunta agresión a la fiscala y a un policía. Además, se emitió una orden de detención contra el hombre denunciado.
La Agroganadera Pindó S.A. rechazó haber presentado un amparo judicial y pidió que cualquier proceso de regularización respete los títulos de propiedad y los procedimientos legales vigentes. Foto: Gentileza
Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
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Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Margarita Colmán, representante legal de la firma, señaló que las acciones civiles y penales vinculadas con la ocupación se iniciaron hace aproximadamente catorce años y siguen ante la Justicia. Foto: Gentileza
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
La Senad y organismos de seguridad detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó. Foto: Gentileza
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.