Orlando Castillo, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, indicó a La Nación que actualmente existe un aumento de la política de encierro de adolescentes infractores en centros educativos, lo cual no será efectivo si no existe un enfoque técnico del trabajo y acompañamiento a los menores con miras a su rehabilitación.

Durante la pandemia hubo una falta de sinceramiento de datos de parte del Ministerio de Justicia que cerró los centros donde debían ser destinados esos menores, haciendo que la población en comisarías aumentara de manera significativa, según explicó Castillo.

“Lo que observamos en diciembre y enero es que con el fin de la pandemia se va incrementando nuevamente el número de personas con medidas privativas de libertad en los centros educativos, es así que pasamos de 190 a 217″, señaló Castillo en contacto con La Nación.

Según dijo, esta situación tiene varias aristas para analizar y una de ellas tiene que ver con la justicia especializada, jueces o personas que están imbuidas del espíritu del Código de la Niñez y la Adolescencia y de la Convención de Derechos del Niño que no aplican la ley como un castigo sino de forma educativa.

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Enfatizó que hay muy pocos jueces que tienen esa visión, amén de que el Poder Judicial no está entendiendo lo que se denominan los tribunales de sentencia especiales, es decir, la gente que condena a adolescentes no es gente especializada.

“Hace 21 años que el Estado Paraguayo tiene esta deuda porque el Código de la Niñez del 2001 establece que tiene que haberes tribunales de sentencia especializados, pero realmente no existe, en 21 años nunca se invirtió en ello”, subrayó.

Añadió que “toda esta situación de no contar con gente con una mirada distinta hace que el encierro sea la respuesta a una problemática de adolescentes que necesitan de una terapéutica, una justicia que observe una problemática y busque soluciones adecuadas a esa problemática”, aseveró.

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Orlando Castillo mencionó que el 95% de adolescentes en situación de encierro, de entre 14 y 17 años, tiene problemas de consumo de drogas, lo que refleja que no existe una política de prevención y, cuando hay consumo, no hay una política de atención de lo que es desintoxicación y deshabituación de las drogas.

“Te pueden desintoxicar, durante un mes no consumís, después te largan y si vos no tenés un acompañamiento psicológico, de trabajo social, de trabajo con la familia, lo más probable es que dos días después vuelvas a consumir. Entonces, allí no hay ese trabajo posterior a la deshabituación que es muy importante para tener resultados efectivos”, indicó.

Y aquí es cuando se da de nuevo el círculo, porque al volver a consumir, necesitan dinero, vuelven a robar, a delinquir. “El problema no está en el robo como tal, sino en la necesidad del robo para satisfacer una problemática de salud pública que es la droga. Este es un problema de salud pública”, expresó.

Para el experto, hay un segundo factor muy relevante en la situación de delincuencia de los jóvenes, que tiene que ver con la educación, porque, así como el 95% consume drogas, el 80% abandonó la primaria entre el cuarto y quinto grado.

Según Castillo, el Ministerio de Educación los expulsa porque no tiene en consideración varios factores, entre ellos la enseñanza en lengua materna, es decir en guaraní, por lo que muchos terminan dejando la escuela o el colegio porque no los entienden. “Mientras la política de educación sea la de la expulsión por no contemplar la realidad de los chicos, vamos a tener adictos y chicos sin educación”, aseguró.

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A todo ello se suma que no hay inversión en prevención por parte del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, porque el mayor porcentaje de su presupuesto va a la primera infancia. “Pero en la adolescencia no invierten, no hay políticas recreativas, no hay políticas deportivas, no hay políticas de acompañamiento escolar, no hay nada, pero donde se invierte en general es en la política de encierro, pasar de 190 a 217 chicos encerrados es un reflejo de ello”, apuntó.

Castillo alertó que este es un problema que a la larga va a desembocar en un drama más serio, “porque si esos chicos no tienen otra forma de vivir, cuando sean adultos, la delincuencia va a ser su forma de sobrevivir”, advirtió.

A su criterio el Ministerio de Justicia no está invirtiendo de la manera debida. El entrevistado mencionó que el año pasado realizaron un recorrido por los centros educativos y encontraron con una disminución de presupuesto de entre el 40 y el 70%, lo cual es muy grave. ”En un centro para 20 chicos, envían 15 leches para 15 días, 1 leche por día”.

Otra de las razones por las cuales están siendo encerrados, aparte del consumo de drogas, es por violencia familiar, sin embargo no se está trabajando con las familias, no se está invirtiendo en esta problemática para superarla, porque para ello se necesita de todo un equipo técnico de psicólogos, trabajadores sociales y abogados que atiendan los casos, según agregó el experto.

“Los chicos tienen a la semana solo una hora de visita familiar. Qué tipo de vínculo o relación para superar la situación de violencia vas a llevar adelante si es que el propio centro que está encargado de trabajar en esta temática no está invirtiendo en esto y está prohibiendo que se vea con su familia”, se preguntó Castillo.

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Refirió que cuando se invirtió en equipos técnicos y se trabajó con los chicos y sus familias en libertad, solamente con tres profesionales del Ministerio de Justicia se atendió a más de 80 chicos y el nivel de reingreso al sistema penal fue del 8%.

“Hoy, en Asunción y Central, con el Centro Educativo de Itauguá, hay 170 funcionarios y 80 chicos, pero el porcentaje de reingreso es del 50% . El sistema penitenciario no solamente es costoso sino poco efectivo. No se está queriendo ver la necesidad de contar con técnicos, porque no es encerrar solamente. Hace falta un enfoque técnico del trabajo para tener buenos resultados”, sostuvo, finalmente.