Ayer, el interventor designado para la Municipalidad de Ciudad del Este ratificaba en conferencia de prensa la repartija de licitaciones de Miguel Prieto a sus operadores y firmas vinculadas a leales.

Los primeros informes recabados, en medio de una resistencia en la provisión de documentos, registran adjudicaciones en 18 días hábiles a su grupo de proveedores favoritos con las que generaron jugosos anticipos, llevándose al bolsillo unos G. 4.100 millones, antes del arribo de los técnicos.

Hasta el último minuto, Miguel Prieto actuó con alevosía en la repartija de contratos a sus operadores y empresas vinculadas a leales en la Municipalidad de Ciudad del Este.

El interventor Ramón Ramírez, designado para el estudio documental de la administración en desastrosas condiciones, minada de denuncias por corrupción, hacía referencia que, en medio de una dilación en el acceso a los papeles, se toparon con datos que les llama poderosamente la atención, principalmente en lo que hace a la adjudicación de licitaciones.

Según Ramírez no puede pasar desapercibido la adjudicación y firma de contratos por más de G. 30.700 millones en el tiempo récord de 18 días hábiles a un grupo reiterado de contratistas. Con esto generaron el pago acelerado en concepto de anticipos por más de G. 4.100 millones poco antes de arribar el equipo interventor.

Podes leer: Reforma del transporte requiere minucioso estudio, explica ministra a senadores

Según puede verse en el portal de Contrataciones Públicas, en la lista de privilegiados de Prieto está Fredy Guzmán Martínez con su empresa Servmaq, que es un conocido amigo personal y operador político del intendente del Este.

Coincidentemente, Fredy Guzmán comenzó a ganar contratos en la municipalidad de Ciudad del Este, en tiempos que Prieto se ubicada como intendente. Es así que, en los dos periodos de su amigo Prieto se adjudicó G. 15.857 millones en contratos de alquileres de maquinarias y otros.

Otra proveedora mimada de Prieto es la empresa que reciclaron para convertirla de una disco/pub a una constructora. Se trata de SCDE S.A, originalmente Golden Rouge S.A, un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Super carretera que une Ciudad del Este con Hernandarias.

En la repartija de licitaciones figura Elvio Mareco Barrientos con su empresa MB Constructora, conocido vendedor de frazadas de Ciudad del Este, operador de la campaña política de Miguel Prieto. El amigo frazadero también se estrenó como proveedor en los tiempos que Prieto se ubicaba como intendente y entre el 2022 y 2025 se adjudicó contratos por unos G. 15.000 millones.

El sonado caso de las lomadas “de oro” de Prieto, precisamente involucra al amigo frazadero con un contrato de G. 1.183 millones.

Te puede interesar: Embajada de EE. UU. destaca protección del espacio aéreo paraguayo

El asesor jurídico del Instituto de Previ­sión Social (IPS), José González, ratificó que existen varias denuncias de manejos irregulares de los fondos de la previsional, que ya fueron denunciados ante el Ministe­rio Público, y pide celeridad en estos casos. Entre obras fantasmas y nuevas irregula­ridades encontradas por una auditoría en la utilización de reprogramaciones, la previ­sional va sumando las denun­cias y exige que los respon­sables de la administración anterior sean señalados ante la Justicia.

“Nosotros habíamos presen­tado un pedido de imputación ante el Ministerio Público, hay dos auditorías de IPS, en las cuales se concluye que hay una diferencia importante, más de G. 3.500 millones de obras que se pararon y no se realizaron”, indicó Gonzá­lez al programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Comentó que hay tres infor­mes para descargo de la Contraloría General de la República (CGR), que tam­bién señalan una diferen­cia importante de obras que se pagaron y no se realiza­ron. “Incluso en los infor­mes de la Contraloría son un poco mayores a los números encontrados por el Instituto de Previsión Social. Esos ya están a disposición del Ministerio Público”, detalló.

Además, se suma una nueva denuncia presen­tada la semana pasada ante el Ministerio Público sobre una auditoría interna y una auditoría externa que revela­ron que se realizaron repro­gramaciones presupuesta­rias, o que el saldo inicial de caja contenía números que no eran ciertos.

“La autoría externa consi­dera incluso que hubo pro­ducción de documentos no auténticos, porque se le min­tió al Ministerio de Econo­mía, con cifras que no eran reales y se hicieron también transferencias de fondos de un programa a otro, lo que está prohibido por nuestra carta orgánica. Eso se ha denunciado también ante el Ministerio Público hace una semana, tanto el informe de la auditoría interna como la auditoría externa”, apuntó.

Sobre las decisiones adminis­trativas que adelantaron la crisis del fondo jubilatorio, el aumento del haber jubila­torio, el décimo tercer sala­rio sin fuentes de financia­miento, también ya fueron denunciados hace ya un año.

El asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, ratificó que existen varias denuncias de manejos irregulares de los fondos de la previsional, que ya fueron denunciados ante el Ministerio Público, y pide celeridad en estos casos. Entre obras fantasmas y nuevas irregularidades encontradas por una auditoría en la utilización de reprogramaciones, la previsional va sumando las denuncias y exige que los responsables de la administración anterior sean señalados ante la justicia.

“Nosotros habíamos presentado un pedido de imputación ante el Ministerio Público, hay dos auditorías de IPS, en las cuales se concluye que hay una diferencia importante, más de G. 3.500 millones de obras que se pararon y no se realizaron”, indicó González, este viernes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Comentó que hay tres informes para descargo de la Contraloría General de la República (CGR), que también señalan una diferencia importante de obras que se pagaron y no se realizaron. “Incluso en los informes de la Contraloría son un poco mayores a los números encontrados por el Instituto de Previsión Social. Esos ya están a disposición del Ministerio Público”, detalló.

Te puede interesar: Mercosur necesita debatir los temas bilaterales importantes, reclama excanciller

Además, se suma una nueva denuncia presentada la semana pasada ante el Ministerio Público sobre una auditoría interna y una auditoría externa que revelaron que se realizaron reprogramaciones presupuestarias, o que el saldo inicial de caja contenía números que no eran ciertos.

“La autoría externa considera incluso que hubo producción de documentos no auténticos, porque se le mintió al Ministerio de Economía, con cifras que no eran reales y se hicieron también transferencias de fondos de un programa a otro, lo que está prohibido por nuestra carta orgánica. Eso se ha denunciado también ante el Ministerio Público hace una semana, tanto el informe de la auditoría interna como la auditoría externa”, apuntó.

Sobre las decisiones administrativas que adelantaron la crisis del fondo jubilatorio, el aumento del haber jubilatorio, el décimo tercer salario sin fuentes de financiamiento, también ya fueron denunciados hace ya un año.

“Eso se ha denunciado también ante el Ministerio Público, a Delitos Económicos, cuando se aumentaron al 50 y 75 %, a pesar de que los informes actuariales eran negativos, y también violando un poco la ley, porque la ley dice que hasta el 33 % nomas se podría haber aumentado eso”, sentenció.

Leé también: Gobernador valora avances del Gobierno en seguridad, salud y educación

El concejal colorado, Edgar Martínez, sostuvo que debido al hallazgo de serias irregularidades por parte de la Contraloría General de la República a la gestión de la intendenta de Mariano Roque Alonso, amerita una auditoría externa.

Es necesario que la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso, analice a fondo el informe de la Contraloría a la gestión de la intendenta liberal Carolina Aranda, remarcó Martínez.

El edil sugiere que la situación es tan grave que amerita una auditoría independiente sobre el uso de los fondos públicos en la administración actual.

Le puede interesar: Diputados sanciona crédito de Taiwán para financiar Che Róga Porã

Martínez se refirió al último informe de la Contraloría que se hizo público, y que confirma serias irregularidades en la administración de la intendenta Aranda. Indicó que el ente contralor ha detectado que la administración ha realizado millonarios pagos sin respaldo durante los años de pandemia y gastos comunales con serias inconsistencias documentales.

Al respecto, señaló que este informe confirma lo que hace años ha venido denunciando, que son los manejos irregulares y falta de transparencia, por parte de la jefa comunal.

Martínez recordó que ha sido el único miembro de la Junta Municipal que ha votado en contra de todos los balances de gestión presentados por la jefa comunal durante este periodo. Afirmó que su postura se fundamenta en la sistemática negativa del ejecutivo municipal de remitir la documentación requerida para un análisis serio y responsable.

“En todos estos años fui el único concejal que se opuso a los balances de gastos e inversiones, porque se trataban de forma acelerada sin el tiempo necesario para un análisis serio y tampoco teníamos la documentación que avalaba dichos gastos e inversiones”, manifestó.

El concejal Martínez mencionó que de acuerdo al informe de la Contraloría, la Municipalidad de Roque Alonso pagó entre G. 3 millones y G. 28 millones por cada servicio de sepelio durante la emergencia sanitaria. Explicó que estos servicios se contrataron sin hacer licitaciones y recurriendo a contratos abiertos que carecen de justificación legal.

Para el concejal Martínez, estos pagos constituyen un claro ejemplo de despilfarro y abuso de recursos en un contexto donde la transparencia debía ser prioridad.

Agregó que también la CGR detectó un manejo irregular de más de G. 5.000 millones en rubros esenciales como combustibles, papelería, kits escolares e insumos, todos ellos sin los debidos documentos respaldatorios.

Ante estas evidencias, el concejal cuestionó también el desorden administrativo de la gestión Aranda, señalando que, pese a múltiples pedidos formales, nunca se ha entregado la documentación completa, ordenada y verificable para su análisis.

“No podemos aprobar un balance cuando no sabemos con certeza cómo se utilizó el dinero de los contribuyentes. La rendición de cuentas no puede ser una formalidad vacía y los requerimientos documentales que exigimos los concejales no deben ser sometidos a criterios políticos para responder o no. Somos contralores y esa es nuestra función principal”, agregó.

Finalmente, instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir rendición de cuentas, señalando que “Mariano Roque Alonso necesita autoridades comprometidas con la eficiencia y la transparencia”, concluyó.

Siga informado con: Arrancó la construcción de los primeros 20 centros de atención integral a la primera infancia