Vecinos de los barrios Tablada Nueva, Virgen del Fátima, Cara Cara, San Jorge, San Miguel, Cerrito y otras comunidades aledañas a la franja costera norte de Asunción acudieron a la Corte a fin de hacer oír sus reclamos. En ese sentido, se reunieron con representantes de la Dirección de Derecho Ambiental del Palacio de Justicia, exponiendo la grave situación de contaminación ambiental que sufren por la presencia de frigoríficos en la zona desde hace años.

Durante el encuentro, denunciaron la falta de respuesta por parte de las instituciones públicas, a pesar de las múltiples denuncias presentadas a lo largo de más de una década. Según explicaron, solo en el año 2024 se registraron cerca de una veintena de denuncias formales por posibles focos de contaminación, las cuales no han tenido impulso procesal ni avances concretos.

“El problema no es solo la existencia de las denuncias, sino la ausencia total de acciones posteriores. En los registros puede figurar que se presentaron, pero en la realidad la situación sigue igual o peor”, expresó durante la reunión el abogado Ricardo Merlo, quien acompañó la delegación.

El defensor solicitó que se realice una auditoría para verificar el tratamiento de estos casos por parte del Ministerio Público. Por su parte, los representantes vecinales señalaron que la problemática afecta directamente a más de 10.000 familias, comprometiendo su salud, calidad de vida y derechos fundamentales.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la falta de aplicación de ordenanzas municipales que establecen el traslado progresivo de industrias contaminantes en la zona, actualmente suspendidas por medidas judiciales. “Sentimos que las autoridades nos han dado la espalda. Hemos agotado distintas instancias y recurrimos al Poder Judicial con la esperanza de ser escuchados”, expresó Alfredo Moreno, presidente de la comisión vecinal.

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Desde la Dirección de Derecho Ambiental, su titular Gerardo Morales indicó que, tras una revisión preliminar de los sistemas disponibles, no se encontraron expedientes vinculados directamente a las denuncias mencionadas, lo que refuerza la necesidad de profundizar el análisis.

“Con esta información elaboraremos un informe que será elevado al Consejo de Superintendencia y al ministro responsable del área, con miras a dar seguimiento a la situación”, explicó Morales.

Como resultado del encuentro, los vecinos solicitaron además una audiencia con ministros de la Corte Suprema de Justicia. El fin era exponer directamente el impacto social y ambiental del problema y exigir medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de sus derechos.

Los pobladores afirmaron que continuarán recurriendo a todas las instancias necesarias hasta lograr una solución definitiva a una problemática que, según sostienen, se ha prolongado por más de diez años sin respuestas concretas.

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• Ciudad del Este. Agencia regional

La Fiscalía Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente de Alto Paraná, a cargo de la fiscal Zunilda Ocampos Marín, acompañó una diligencia técnica del Ministerio de Público, consistente en la toma de muestras de agua del río Acaray, ante una presunta contaminación del citado cauce.

Investigan el procesamiento ilícito de desechos, ensuciamiento y alteración de las aguas, previstos y sancionados en la Ley 716/96.

El procedimiento se realizó ayer 14 de abril y estuvo a cargo de personal técnico de la Fiscalía de Medio Ambiente, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) e Itaipú.

La toma de muestras de las aguas se efectuó en ambas márgenes del río, en distintos puntos de Hernandarias y Ciudad del Este.

La investigación se inició el 17 de febrero de 2026, tras denuncias divulgadas en redes sociales en las que vecinos alertaban sobre el vertido de sustancias desconocidas al río Acaray, con posible impacto negativo en el ecosistema, la salud humana, la fauna y flora del lugar.

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El Ministerio Público pudo identificar cuatro puntos de aparición de los desechos, localizados en el sector denominado “Granjita Los Elvis” del barrio Santa Bárbara, otro en las inmediaciones de “La Wayaba” del barrio San Francisco, ambos en Hernandarias. También en la quinta “Comisario Róga” y en otro inmueble ubicado en el barrio Félix de Azara, de Ciudad del Este.

El material obtenido fue remitido al Laboratorio de Aguas y Sedimentos (LAS) de Itaipú Binacional para análisis microbiológicos, de fitoplancton (cianobacterias) y de sólidos sedimentables.

También fueron enviadas muestras al INTN para la determinación de la demanda química y bioquímica de oxígeno (DQO y DBO), nitrógeno total, hidrocarburos totales de petróleo, aceites y grasas.

En la investigación, la presunción es que los vertidos podrían provenir de embarcaciones, tipo barcazas areneras, establecimientos comerciales, casas quintas u otras actividades que estarían descargando desechos de forma irregular en el río Acaray.

Por otro lado, la fiscal Zunilda Ocampos remitió un oficio al jefe de la Comisaría del barrio San Francisco de Hernandarias, donde solicita la designación de personal policial a fin de coadyuvar en las tareas investigativas. Es para los controles aleatorios y preventivos terrestres, especialmente en horario nocturno, en las inmediaciones de los puntos estratégicos previamente identificados.

El objetivo de la Fiscalía es detectar, identificar y verificar posibles actividades o vehículos vinculados al vertido irregular de desechos en el río Acaray.

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Este martes, los padres de Joshua G., de 9 años, niño que fue arrollado por un joven en la ciudad de Lambaré, denunciaron que el joven que atropelló a su hijo anda con total libertad por las calles y conduce el mismo auto que protagonizó el accidente. La familia del hombre indicaron que no pagarán nada porque en niño fue atendido en un hospital público.

Según Alicia Maldonado, madre del Joshua, es muy injusta la situación por la que están pasando porque el joven identificado como Enzo Sebastián Herebia Delvalle, está en libertad recorriendo las calles del barrio en el mismo vehículo con el que arrolló a su hijo de 9 años.

“El vehículo que estaba incautado ya le fue devuelto y lo está usando. Yo misma vi que el muchacho estuvo manejando, creo que este rodado tendría que seguir incautado si es evidencia en el caso en el que fue imputado este joven”, detalló Maldonado, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Se trata de un automóvil de la marca Toyota, modelo Sienta, color gris, a nombre de Mario Luis Herebia Bordón, de 52 años, padre del sospechoso, que en un principio fue incautado, pero que ya fue devuelto al propietario.

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Recordó que el joven fue imputado por omisión de auxilio y obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito, pero que el padre del presunto autor está haciendo recorrer por el barrio de que no pagarán un solo centavo a la familia porque el menor ya se encuentra fuera de peligro y que fue atendido en un hospital público.

“El señor (papá del joven acusado) trabaja en la Fiscalía de Lambaré y ya le dijo a mi abogado que él no va resarcir nada porque estuvimos en un hospital público. Pero mi hijo sigue la fisioterapia y traatamiento psicológico. Ellos nunca me pagaron un insumo en el hospital ni nada”, expresó.

Pidió que se haga justicia por su hijo y que ninguna otra persona esté en peligro por culpa de este tipo de personas. “La gente me ayudó cuando necesité, pero ahora los gastos debo asumir yo y como no estuve trabajando se me complica todo, yo no le puedo posponer sus tratamientos a Joshua”, afirmó.

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El grave accidente se registró cerca de las 18:50 del lunes 16 de marzo, en el barrio San Isidro, sobre la calle De La Conquista casi Ysapy. Cuando el niño se disponía a cruzar la calle para llegar a su casa luego de jugar en la casa de un amigo fue arrollado por el rodado, que no se detuvo y se dio a la fuga.

El joven Herebia Delvalle estuvo escondidos por varios días y luego de una fuerte campaña de búsqueda en redes sociales y medios de comunicación, se presentó ante las autoridades e indicó que pensó que arrolló a un animal razón por la que no se quedó a auxiliar al chico. Las investigaciones en el caso siguen y hoy martes, debía presentarse a declarar ante Juzgado Penal de Lambaré.

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Cientos de choferes de buses y minibuses bloquearon vías y paralizaron el servicio público este miércoles en las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto, en protesta contra el gobierno por distribuir gasolina de mala calidad, constató la AFP.

El presidente centroderechista Rodrigo Paz prometió al asumir el poder en noviembre normalizar el suministro de combustibles, en medio de una crisis de abastecimiento por falta de fondos para sostener una política de subsidios, que eliminó.

Las importaciones aumentaron y desaparecieron las largas colas en las estaciones de servicios. Pero ahora los conductores se quejan de la mala calidad de la gasolina que, aseguran, está dañando los motores.

“Estamos siendo afectados ya hace más de 4 meses. Antes la gasolina era bien purificada”, dice a la AFP Juan Carlos Sirpa, un chofer de 33 años.

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Este miércoles no prestó servicio en su minibus. El paro durará 24 horas, anunciaron los sindicatos.

Personas a pie, en bicicletas o en motos transitaron apurados entre vehículos de pasajeros detenidos, que los manifestantes dejaron en puntos críticos donde colapsó el tráfico.

La estatal petrolera YPFB, que importa y distribuye el combustible entre las gasolineras del país, admitió que sus tanques de almacenamiento presentaban rastros de óxido que generaron la contaminación.

Sin embargo, el paro de transportistas “es una medida irresponsable que no debería realizarse”, dijo el martes a la prensa Yussef Akly, presidente de la compañía.

“La calidad está garantizada, está controlada, hemos hecho un montón de mejoras al sistema de control”, agregó.

El gobierno recibió hasta el momento más de 10 mil reclamos para compensaciones de daños a los motores. De estos, unos 700 propietarios ya han sido indemnizados, según la compañía.

El bloqueo de vías “es perjudicial para todos nosotros, pero ni modo”, dice el ingeniero comercial Enrique Rodríguez, de 34 años, quien se las ingenió para llegar a su trabajo.

Motociclistas se ofrecieron a llevar pasajeros entre las empinadas calles de La Paz, a 3.600 metros de altitud, pero cobraban hasta el triple del valor de un pasaje de bus.

El gobierno investiga a funcionarios de la gestión izquierdista anterior por una supuesta inacción, al no advertir a tiempo la contaminación en los tanques.

• Fuente: AFP

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