Hasta ahora, un impune Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, arrastra una serie de denuncias. Las últimas fueron con relación a empresas ligadas a funcionarios leales al intendente que fueron beneficiados con contratos con la comuna esteña por más de G. 14.000 millones. Entre las empresas beneficiadas aparecen un club nocturno convertido en constructora y una firma que debía proveer kits de alimentos que nunca llegaron en plena pandemia.

• Unidad de Investigación Nación Media

Mientras Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, hace alarde de adornos navi­deños, su gestión al frente de la comuna sigue sumando irregularidades. Curiosa­mente, ante estos hechos algunos sectores políticos y de la prensa deciden hacer la vista gorda. Un claro ejem­plo son los contratos que la comuna repartió entre los leales al jefe comunal.

Más de G. 14.000 millones en contratos con la Municipali­dad de Ciudad del Este fue­ron entregadas a empresas y oenegés ligadas a funcionarios de la comuna altoparanaense que son cercanos al intendente local, Miguel Prieto.

Ciudad del Este vive uno de los episodios más polémicos en la gestión pública reciente, con denuncias de irregulari­dades que involucran millones de guaraníes. Desde la entrega de fondos para ollas popula­res en plena pandemia hasta el protagonismo de empresas y funcionarios municipales en licitaciones millonarias, el caso tiene ribetes dignos de una novela de Gabriel García Márquez.

Las denuncias 38 y 39 contra el intendente Miguel Prieto Vallejo apuntan a una red que habría operado al inte­rior de la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por el director de la Secreta­ría de la Vivienda, Juan Qui­roga Cañete, y la funcionaria Lumma Silva Battochi. Ambos estuvieron involucrados en la gestión de fondos destinados a subcomisiones que organiza­ban ollas populares durante los meses más duros de la pan­demia de covid-19.

En 2020, ambas subcomisio­nes recibieron G. 311 millones de la comuna para supues­tamente repartir alimentos entre familias vulnerables. Sin embargo, los documen­tos presentados para justi­ficar estos desembolsos han sido fuertemente cuestio­nados. Las comisiones lide­radas por Quiroga Cañete y Silva Battochi solicitaron el reconocimiento municipal y el desembolso de los fondos el 30 de diciembre de 2020. Sorprendentemente, todo el proceso, incluyendo el pago a proveedores, se realizó en menos de 24 horas.

Ambas subcomisiones emi­tieron facturas a nombre de la empresa FASV Import Export, que declaró la entrega de insumos como carne, arroz, fideos y aceite. Sin embargo, las facturas no detallan las marcas de los productos ni los lugares donde fueron entre­gados. Más preocupante aún, no existe evidencia concreta sobre cómo se distribuyeron los insumos, lo que genera sos­pechas sobre la transparencia de las operaciones.

La denuncia no termina allí. Lumma Silva Battochi no solo es funcionaria munici­pal, sino también accionista de SCDE SA, una empresa constructora que antes operaba como club noc­turno bajo el nombre Gol­den Rouge SA Silva Battochi ingresó como accionista en marzo de 2021, aportando G. 320 millones, una cifra que contrasta radicalmente con su salario como contratada municipal, que asciende a G. 3.350.000 mensuales.

Desde 2020, SCDE ha fir­mado 8 contratos con institu­ciones públicas, 7 de ellos con la Municipalidad de Ciudad del Este, por un valor total de G. 10.706 millones. Sumando estos contratos a los fondos recibidos por las subcomi­siones, el clan Quiroga-Silva habría manejado más de G. 11.000 millones en menos de tres años.

El caso más notorio durante la pandemia fue la adquisi­ción de cestas básicas por G. 2.949 millones, destinadas a familias de escasos recursos. En esta operación, están pro­cesados Miguel Prieto, varios de sus funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de la munici­palidad. Según la Fiscalía, Flo­rentín Páez habría colaborado en un esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías.

La firma Tía Chela SRL, adju­dicada para proveer las cestas, no contaba con el inventario necesario, según se constató en las investigaciones. Para justificar las operaciones, se habrían utilizado facturas fal­sas emitidas por Vanemi SA, empresa vinculada a Florentín Páez. Las transacciones ficti­cias totalizaron G. 692 millo­nes, parte de un perjuicio eco­nómico estimado en G. 2.130 millones.

La Fiscalía descubrió una red de subproveedores inexis­tentes, que emitieron factu­ras para simular la entrega de productos nunca adquiridos. Este esquema refleja el grado de opacidad con que se mane­jaron los fondos destinados a mitigar los efectos de la pan­demia en Ciudad del Este.

Las investigaciones actuales revelan una serie de incon­sistencias en el manejo de los fondos públicos durante la administración de Miguel Prieto. Tanto los casos rela­cionados con las ollas popu­lares como con las cestas básicas destacan por la falta de documentación clara y la rapidez sospechosa con que se realizaron los desembolsos.

En el caso de las subcomisio­nes, no se ha presentado evi­dencia que confirme el uso correcto de los G. 311 millo­nes desembolsados, mientras que los contratos otorgados a SCDE han despertado dudas sobre posibles conflictos de interés y favoritismo.

Por su parte, la trama de las cestas básicas, en la que figura Emili Vanessa Floren­tín Páez como protagonista, pone en evidencia el uso de facturas falsas y empresas de fachada para desviar recur­sos públicos. La Fiscalía con­tinúa con las imputaciones contra los responsables de estos hechos, que afectan gravemente la credibilidad de la gestión municipal.

En total, las irregularidades detectadas en estos casos suman más de G. 14.000 millones, recursos que debían beneficiar a la población más vulnerable en un momento crítico. Sin embargo, estos fondos parecen haberse des­viado hacia intereses parti­culares, dejando a Ciudad del Este con más preguntas que respuestas.

Pechugón, empresa líder en la producción y comercialización de carne de pollo en Paraguay, sigue en expansión inaugurando su nueva distribuidora y salón de ventas en Ciudad del Este, reafirmando su compromiso de brindar productos frescos y de calidad a más familias paraguayas. La habilitación oficial del local estuvo a cargo de Blanca Ceuppens, presidenta de la granja avícola La Blanca SA, y de su marca Pechugón, acompañada de directivos de la empresa, socios estratégicos y colaboradores, además de autoridades locales.

El local está ubicado estratégicamente en Km 8,5 Acaray, zona de mucho movimiento y crecimiento de la ciudad. El nuevo espacio está diseñado para atender tanto a clientes mayoristas como minoristas, ofreciendo una experiencia ágil y personalizada en respuesta a las necesidades de los consumidores de la región.

Con la nueva sede, Pechugón busca seguir fortaleciendo su red de distribución, consolidándose como un referente en el sector avícola y reafirmando su compromiso con la calidad, frescura y sabor en cada uno de sus productos. “Con gran satisfacción estamos instalándonos acá, estaremos más cerca de nuestros clientes, sobre todo para que los clientes también valoren más los productos nacionales”, expresó Blanca Ceuppens. Indicó que el nuevo local se suma a otro ya existente en km 4 de Ciudad del Este y uno en Minga Guazú, Alto Paraná.

“Percibimos la confianza que la marca va teniendo en esta zona y vemos el crecimiento de la ciudad, de los consumidores y, es lo que nos está pidiendo el cliente; que estemos en más lugares, que estemos más cerca”, sostuvo la empresaria de Pechugón. Agregó que esa percepción es también porque saben del volumen de mercaderías que se está enviando al Este, desde la capital.

Como inauguración del local, se realizó un recorrido por la nueva instalación, tanto del espacio de ventas como también de toda el área de cámara frigorífica y distribución. Fue destacado el trabajo del ingeniero Roberto Caballero, cuya empresa construyó el edificio.

La inversión estimativa es de USD 1,5 millones, según la empresaria Blanca Ceuppens. “Es una inversión importante, no solo es la construcción edilicia, sino en la cámara frigorífica, que tiene infraestructura para un buen volumen de stock de productos, para asegurar que no exista falta en ninguna línea”, refirió la titular de Pechugón, de granja avícola La Blanca SA. “Lo importante es el aumento que va a tener el reparto de los productos, porque de acá saldrán los camiones para llegar a toda la región; es lo fundamental para nosotros, llegar al cliente final”, sostuvo la empresaria.

En cuanto a la generación de empleos, el nuevo local de distribución y ventas tendrá 20 colaboradores, aproximadamente. La empresaria mencionó su confianza en el equipo de vendedores “para llevar en alto nuestra marca y la política de la empresa que es cumplir con los clientes y que estén satisfechos con los productos que llevamos a su mesa; que cada día sean más personas las que consuman nuestros productos para que generemos más trabajo”, dijo.

“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Exfuncionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este se encadenaron este lunes en la sede comunal para exigir el cumplimiento de pago por indemnización y salarios caídos, según acuerdo de hace tres años, en base a órdenes judiciales que favorecieron a los exempleados comunales.

Dos trabajadores, Teófilo Almada y Reina Robles, se encadenaron por los postes en el acceso a la Dirección de Finanzas de la institución municipal, en protesta por la falta de cobro de montos adeudados por la comuna. Calificaron al intendente Miguel Prieto de populista, cobarde y soberbio, que no respeta a los trabajadores. El pago exigido está sustentado en fallos judiciales de hace muchos años.

Estas personas exigen a la administración municipal el cumplimiento del plan de pago acordado, pero que no fue cumplido hasta ahora. “Llegamos a recibir algunos pagos, pero no es continuado y no se cumple con nosotros, ya es demasiada la deuda”, dijo Almada.

Reclamaron al intendente que muestre la cara y hable con los trabajadores. Todo tipo de calificativos fue usado por los manifestantes contra el jefe comunal, desde cobarde a falta de humanidad.

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Lo acusaron de no respetar a los obreros, de acostumbrarse a despedir a la gente, pero sin pagar indemnización. También señalaron que, si los desvinculados son del equipo político del jefe comunal, a ellos se les paga todo sin que se les adeude nada.

Los manifestantes prometieron seguir encadenándose hasta que sean escuchados y recibir el dinero que les corresponde. Los encadenados estuvieron acompañados por otros trabajadores en la misma situación, ya que forman parte de diferentes grupos de personas que trabajaron en la comuna y fueron desvinculados.

Entre los que estuvieron manifestándose existen personas que tienen antigüedad de 30 años y son las que forman parte de los casos judiciales con fallos favorables a los trabajadores desde la época de la administración de Sandra Zacarías y, siguen en espera de cumplimiento.

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