Cientos de personas participaron esta madrugada del eclipse lunar parcial más largo del siglo en la Costanera de Asunción, donde se congregaron desde las 3:00 para poder ser parte del evento astronómico.
En la ocasión, aficionados de la astronomía, así como personas de todas las edades, fueron parte de la actividad que tuvo lugar en la playa de la Costanera de Asunción, a la altura de las letras corpóreas de YO❤ASU. Durante la actividad, se contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, Urbana Turística y jurisdiccional.
Poco después de las 4:00, los asistentes pudieron observar el eclipse lunar, a medida que la luna se acercaba al horizonte, con su reflejo sobre el río Paraguay. Así también, estaba previsto ver en dirección noreste, desde el mismo lugar, a meteoros de la lluvia de meteoros Leónidas.
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Además de apreciar a simple vista, contaron con telescopios de alta capacidad para ver el eclipse de cerca, guiados por el astrónomo amateur Nicolás Masloff Bonin, del Centro Astronómico Bicentenario. Los asistentes tomaron fotos con sus propios celulares, cámaras y a través de los telescopios, con la guía y asistencia de los aficionados del grupo.
El acceso fue libre y gratuito, sin necesidad de reservar ni de inscripción. La invitación al evento astronómico tuvo lugar hasta las 6:00, terminando con la entrada de la luna en el horizonte y la aparición del sol. La actividad fue una invitación de la Dirección de Acción Cultural de la Municipalidad de Asunción.
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“La Contraloría no es un órgano jurisdiccional”, afirma Camacho
El abogado constitucionalista, Emilio Camacho, se refirió al informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la administración del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez. El letrado sostiene que la Contraloría no es un órgano jurisdiccional, y un informe remitido por la misma puede ser perfectamente cuestionable.
“La Contraloría no es un órgano jurisdiccional, eso es importante tener en cuenta, es un órgano de control, y uno puede oponerse perfectamente a lo que diga la Contraloría”, expuso en entrevista con la 730 AM. Agregó que se trata de un órgano constitucional que también debe estar sometido a la constitución y la ley, y “no porque la Contraloría dice que está mal tiene que estar mal, porque muchas resoluciones de la Contraloría no son vinculantes”.
En este sentido, mencionó que, en un informe emitido no se puede establecer o dictaminar que existió algún tipo de delito, por ejemplo, en la administración de un intendente. Más bien se trata de un criterio establecido por el órgano de control.
“Yo soy intendente y compro tres tractores para limpiar un barrio y la Contraloría considera que es un mal desempeño porque compré sin licitar y eso es un criterio de la Contraloría, yo puedo ratificarme, que yo intendente compro tres tractores porque necesito para limpiar ese barrio y en ninguna parte puede considerarse delito comprar sin licitar, por ejemplo. Puede ser una falta administrativa, un objeto de debate, pero no constituye en delito”, apuntó.
Una intervención
Por otra parte, se refirió a la posibilidad de que el propio Poder Ejecutivo impulse, como un gesto político un pedido de intervención de la intendencia de Asunción, sobre lo que expresó que la Constitución Nacional establece claramente los mecanismos y el proceso, en su artículo 165.
“En la Constitución no dice eso, la Constitución tiene claramente establecido os motivos, uno, solicitud de la Junta Departamental o Municipal, sea gobernación o municipio, la Constitución habla de las dos cosas a la vez. Tiene que haber una solicitud de la Junta Municipal por mayoría absoluta de votos, el quórum legal”, sentenció.
Reiteró que es una atribución de la Cámara de Diputados dar o no el acuerdo para proceder a una intervención. “Es parecido a un juicio político, dar o no dar el acuerdo, porque es eso lo que hace la Cámara de Diputados, no otra cosa. Es una decisión, una atribución discrecional de Diputados, como el juicio político, puede dar o no puede dar, de acuerdo a su criterio”, puntualizó.
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Concejal asunceno aconseja auditoría para respaldar lo declarado por Rodríguez
El presidente de la Junta Municipal, César Escobar, considera que, antes que ir a una intervención, se debe realizar una auditoría al balance presentado por el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, para exponer la situación de la administración del Ejecutivo municipal, en relación al informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la utilización de los bonos.
“Ya en el dictamen de la aprobación, los colegas respaldaban su aprobación encomendando que se realice una auditoría. Hoy corresponde una auditoría externa, interna, para acceder a los documentos que respaldan lo declarado por el Ejecutivo”, dijo Escobar, este viernes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Ya no estoy conforme a partir del dictamen de la Contraloría, no es por una conformidad personal, es una visión institucional. No hay que dar lugar a valoraciones personales, mucho menos relativizar”, aseveró. “El balance general, yo me abstuve (de votar), específicamente porque el Ejecutivo municipal no respondió preguntas que realizó nuestra Comisión de Hacienda. El estudio del balance es un estudio superficial, pero políticamente yo me abstuve, yo no vi con buenos ojos que el Ejecutivo no haya respondido a nuestra Comisión de Hacienda, casi 18 preguntas”.
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“Levantar el municipio”
Por otra parte, comentó que no está a favor de recurrir a una intervención, como primera medida, para el concejal, se debe realizar primeramente una auditoría, y consecuentemente, de encontrar irregularidades pensar en una intervención. “La intervención, no hay que descartar, pero tampoco tenemos que ser prematuros en tomar esa salida o esa decisión que es de urgencia, yo primero optaría por una auditoría externa e interna, entonces poder acceder a esos documentos para luego tomar esas decisiones más drásticas”, dijo.
El informe de la Contraloría “es una noticia un poco negativa y estamos con esa preocupación, tenemos que ver la manera de levantar el municipio y dar un giro, cambiando totalmente el criterio de aplicación administrativa en el Ejecutivo municipal, pero relativizar la visión de criterio del órgano contralor, no corresponde”, puntualizó.
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Examen de la Contraloría fue parcial y amerita un estudio completo del ejercicio, sostienen
Tras el informe publicado por la Contraloría General de la República respecto al uso de G. 500.000 millones en la Municipalidad de Asunción, el asesor jurídico de la comuna, Benito Torres afirmó que no hubo malversación de fondos ni daño patrimonial, asegura que lo expuesto por el órgano contralor es una cuestión de “interpretación”.
“Lo que ellos hicieron es un informe parcial, corresponde que se examine el ejercicio de los años 2022 y 2023. Actualmente nuestra ejecución goza de presunción de validez y legalidad tal y como lo prevé la ley de procedimientos administrativos porque tiene aprobación de la Junta Municipal, así como dispone el artículo 207 de la Carta Orgánica, el siguiente paso es el examen completo del ejercicio”, aseveró.
De acuerdo a lo manifestado por el asesor de la municipalidad, si nuevamente se presentan discrepancias en un análisis completo, lo debe resolver el Tribunal de Cuentas. Torres manifestó que la situación de la comuna no es tan “dramática” como se presupone y aseguró que existen normativas que respaldan la utilización de una caja única.
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“El artículo N.° 178 de la Carta Orgánica Municipal dice claramente que en el sistema administrativo de la institución se aplica la ley de administración financiera en donde ya se prevé la utilización de la caja única y en segundo lugar, la ley que salió en el 2013 modifica o integra la ley de administración financiera, por tanto, esas normas forman parte del ordenamiento jurídico municipal”, detalló.
En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, Torres explicó que los recursos que ingresan a la caja única, van rotando dentro de la misma, no obstante, los recursos correspondientes a bonos deben estar disponibles al momento de ejecución de la obra para la cual fueron emitidos.
“Así se concluyó Molas López, así se inició la obra en Abasto y así, una vez que se adjudique General Santos se va a proceder de la misma forma”, sentenció. Asimismo, señaló que no es la primera vez que existen desacuerdos con la Contraloría y en la ejecución de un contrato por parte de la municipalidad.
“Que exista un desacuerdo con el órgano fiscalizador puede ocurrir en cualquier momento, no porque diga la Contraloría quiere decir que tenga razón, para poner un ejemplo tenemos el caso de Parxin. La Contraloría recomendó que se rescinda el contrato, la municipalidad actuó en tal sentido y el resultado fue adverso”, recordó.
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Los G. 94.600 millones de bonos que Ferreiro emitió sin planes de inversión
El comunicador Alfredo Guachiré recordó en sus redes sociales los reportes de indicios de hechos punibles cometidos por la administración de Mario Ferreiro al frente de la Municipalidad de Asunción y que quedaron en la nada. Durante el mandato de Ferreiro, la comuna desvió fondos de bonos y los terminó usando en cuestiones fuera de lo permitido por la ley.
En 2020, la Contraloría General de la República (CGR) emitió una serie de reportes de indicios de hechos punibles debido a la supuesta utilización ilegal de fondos provenientes de bonos por parte de la Municipalidad de Asunción, durante la administración de Mario Ferreiro.
El informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló, en ese entonces, que la Municipalidad de Asunción, bajo la administración de Mario Ferreiro, emitió bonos por un total de G. 94.600 millones sin contar con planes de inversión que justifiquen tal endeudamiento público. Esta acción constituye una flagrante violación a las leyes anuales del Presupuesto General de la Nación.
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Lo más preocupante no fue solo la ausencia de planes de inversión, sino la forma en que los fondos obtenidos fueron manejados. La comuna capitalina utilizó los bonos como garantía prendaria para la obtención de préstamos a corto plazo, contraviniendo lo establecido en la Ley Orgánica Municipal y las resoluciones de la Junta Municipal. El órgano legislativo estipulaba que estos recursos fueran destinados exclusivamente al financiamiento del presupuesto de inversión institucional.
Un ejemplo de este uso indebido de los fondos fue el pago de G. 1.313.051.277 para la remoción y reposición de empedrados en varias calles de Asunción. Este gasto fue realizado sin la aprobación de la Junta Municipal, utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos.
Además, la auditoría reveló que, en la administración Ferreiro, los déficits temporales de caja de los años 2016, 2017 y 2018 fueron cubiertos de manera irregular con fondos de la emisión de bonos municipales, sumando un total de G. 76.600.000.000. Según el ente contralor, estos fondos debieron utilizarse para financiar el presupuesto de inversión institucional.
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La situación se agravó con la emisión de bonos para amortizar deudas previas. La Municipalidad de Asunción utilizó G. 3.500 millones de la nueva emisión de bonos para pagar deudas generadas en emisiones anteriores, perpetuando de ese modo el ciclo de endeudamiento insostenible.
El ente contralor advirtió que, de mantenerse el nivel de endeudamiento y los patrones de ingresos corrientes, la Municipalidad de Asunción no podría cumplir con los pagos de los servicios de la deuda. Esta situación obligó a la comuna a recurrir a nuevos tipos de endeudamientos.
El informe de la Contraloría General de la República no sólo puso en evidencia la mala gestión financiera de la Municipalidad de Asunción, sino que también alertó sobre los riesgos futuros que este manejo podría implicar para la estabilidad económica de la capital.
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