La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, se refirió acerca del planteamiento de un proyecto de ley para reducir la carga laboral a 40 horas semanales para mejorar la productividad. Si bien celebró la existencia de debate sobre las condiciones laborales de la ciudadanía, recordó que el Ejecutivo ya está analizando la probabilidad de una reforma.

“El Ejecutivo se encuentra en una etapa de revisión del Código Laboral, donde los principales actores, tanto trabajadores como empresarios, son los que se sientan en la mesa y discuten las problemáticas y las alternativas”, explicó en “Arriba Hoy”, por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Al respecto, la secretaria de Estado agregó que los debates más urgentes, tanto de autoridades como de sociedad civil, deben centrarse en un aspecto más necesario por resolver: la informalidad. “¿Cómo esto podría repercutir negativamente en los trabajadores? Es una pregunta clave que debemos hacernos”, sentenció.

Remarcó así que la reducción de la carga horaria es un fenómeno generado en otros países, pero con discusiones bastante amplias. “Un cambio de esta envergadura, dentro de un sistema productivo, no podría ser muy producente a la situación actual de nuestro mercado, por eso este tipo de modificaciones se hace de manera gradual”, explicó.

Lea más: Multinacional suspende carne del Mercosur: “Es una medida proteccionista”, dice la ARP

La ministra también puntualizó la importancia de analizar los efectos a mediano y largo plazo, con la propuesta legislativa de reducir las horas laborales. Esto en el caso de que el plan se aplique repentinamente, lejos del enfoque gradual necesario para este tipo de reformas.

“Bajar de 48 a 40 horas la productividad, de manera instantánea, no sería muy producente”, señaló, aclarando que desde el Ministerio de Trabajo no estarían precisamente en contra del planteamiento, solo instarían a que exista un debate más amplio, involucrando a diferentes sectores.

“Necesitamos que esto sea planificado y pueda verse a seis, siete u ocho años, siempre pensando en el bienestar del trabajador. Todas las normas que se proponen, deben mirar la productividad, el crecimiento económico y las garantías laborales”, sentenció.

Lea también: Amambay: 4 atractivos imperdibles en su capital y alrededores

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, llamó a una “enorme” protesta el próximo 1 de diciembre contra el presidente Nicolás Maduro, quien tiene previsto juramentarse en enero tras ser proclamado reelecto entre denuncias de fraude. “Tenemos que actuar ya, este 1 –de diciembre– va a ser una protesta única, inédita, con nuestras manos en rojo, con valentía (...) el mundo entero se va a concentrar en la causa de un país que ha decidido avanzar hasta el final”, dijo Machado en un encuentro virtual con dirigentes y activistas opositores.

Que sea “una enorme protesta dentro y fuera de Venezuela”, añadió la opositora, que se encuentra en la clandestinidad tras amenazas de cárcel. Machado también prometió acciones “más firmes, más determinantes” de cara al próximo 10 de enero, fecha en la que se juramenta el presidente de Venezuela. Machado y su candidato González Urrutia denunciaron fraude en las elecciones del pasado 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador sin mostrar el escrutinio detallado de la votación.

La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80 % de las copias de las actas que demostraban su triunfo y las difundieron en una página web. Protestas estallaron y dejaron un saldo de 28 muertes, 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El Gobierno desestimó las papeletas y dijo que eran forjadas, la Fiscalía anunció una investigación contra los líderes opositores y pidió el arresto de González Urrutia. González Urrutia terminó por exiliarse en España, pero ha prometido que se juramentará como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.

Concluyó la misión de dos semanas de los médicos alemanes de la Fundación Interplast, en el Hospital Distrital de Presidente Franco, con 80 cirugías reconstructivas realizadas para el tratamiento de cicatrices por quemaduras, lesiones traumáticas, correcciones de hendirá palatina y labio leporino, entre otros.

De las 80 cirugías realizadas, con un promedio de ocho intervenciones por día, 52 pacientes son menores de edad. De los números citados, 35 niños se hicieron cirugías de reconstrucción bucomaxilofacial, según manifestó a La Nación/Nación Media el doctor Carlos Raúl Wattiez, cirujano del hospital de Franco.

Informó que los casos más complejos fueron realizados en la primera semana, entre ellos “un niño con doble labio leporino, a quien le faltaba el hueso vómer y los paladares duro y blando, que requirió de cinco horas en el quirófano”, contó el cirujano.

Permanecen internados seis pacientes, de las intervenidas por el equipo de la fundación, en el Hospital Distrital, a quienes se les hará seguimiento por otras patologías. En cuanto a las cirugías realizadas por los profesionales de la Fundación Interplast, los doctores Juan Mateo Duarte y Carlos Wattiez, como colaboradores del programa, harán el seguimiento.

Las cirugías comenzaron el 11 de noviembre y culminaron el pasado viernes 22 de noviembre. El resultado fue satisfactorio, según el doctor Wattiez, porque muchas personas lograron hacerse lo que requerían hace mucho tiempo, tendrán calidad de vida y es lo que la misión estaba en condiciones de hacer, con base en el tiempo de presencia en el país.

Para su ejecución, el programa contó con el apoyo del Ministerio de Salud y de la Embajada de Alemania en Paraguay. El hospital dispuso de dos quirófanos, algunos insumos y el personal de salud.

Miles de personas se manifestaron este sábado en Barcelona ante la convocatoria de asociaciones y colectivos de inquilinos para denunciar el difícil acceso a la vivienda y exigir una bajada generalizada de los alquileres en la segunda ciudad de España. La protesta reunió a unas 22.000 personas.

Los manifestantes, apoyados por varios partidos de izquierda y por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, se reunieron por la tarde en el centro de Barcelona detrás de una enorme pancarta que reclamaba “una vivienda digna para todos”.

“Hoy es un punto de inflexión y comienza un nuevo ciclo político en lo referente a la vivienda”, declaró a la prensa Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña (Sindicat de Llogateres), la principal organización convocante de la protesta.

Le puede interesar: CDE: detuvieron a brasileños con auto robado en medio de jolgorio futbolero

“No puede ser que los inversores lleguen a nuestras ciudades y jueguen con los pisos como en el Monopoly”, agregó. “Hemos venido hoy a decir que se acabó”, sobre todo a los “arrendadores” que “nos roban la mitad del sueldo”.

Los manifestantes reclaman una bajada del 50 % de los alquileres, la introducción de contratos de alquiler indefinidos y la prohibición de la venta especulativa de viviendas. De lo contrario, amenazan con una “huelga de alquileres”.

Esta manifestación se hace eco de la celebrada el 13 de octubre en Madrid, que reunió al menos a 22.000 personas con exigencias similares, en un contexto de gran tensión en todas las grandes ciudades españolas por la subida de los alquileres.

Según el portal inmobiliario Idealista, el precio del metro cuadrado de alquiler en España aumentó un 82 % en los últimos diez años, un ritmo cinco veces mayor al del salario medio, que subió un 17 %, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Podés leer: Oreshnik: ¿qué se sabe del misil hipersónico ruso?

Esta situación llevó al ejecutivo a aprobar a principios de 2023 una ley sobre vivienda, que preveía un alza de las construcciones de viviendas sociales, la limitación de los alquileres en zonas tensionadas y recargos para los propietarios que mantuvieran viviendas desocupadas.

Pero la nueva legislación no ha logrado limitar por ahora el alza de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades. El gobierno mantiene un pulso con varias regiones -que son las encargadas principalmente de su implementación- para que la apliquen, 18 meses después de su aprobación.

Fuente: AFP