Actores locales y regionales se reunieron en el país para abordar los desafíos del cambio climático y sus amenazas a la producción de alimentos. Fue durante el Primer Congreso Regional de Sostenibilidad Corporativa del Pacto Global América Latina y el Caribe (ALC) 2024.

El encuentro se desarrolló el último miércoles en la sala de convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP) y contempló además temas como el suministro de agua dulce, seguridad alimentaria, transición energética e inteligencia artificial (IA).

Sanda Ojiambo, secretaria general adjunta y CEO del Pacto Global de las Naciones Unidas, hizo alusión al Informe Global de Riesgos 2024 del Foro Económico Mundial, que identificó los fenómenos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas como principales riesgos para las empresas en la próxima década.

Respecto a la seguridad alimentaria, el representante de FAO en Paraguay, Iván León, mencionó que cuando se habla del sistema agroalimentario, se trata de la tercera necesidad básica de los seres humanos: agua, oxígeno, alimentos. “Esto se expresa dentro de un sistema ambiental que genera recursos económicos importantes para el desarrollo también de la humanidad, desde la perspectiva socioeconómica”, expresó.

Recomendó el control en los ingredientes, los procesamientos, los ingredientes ultraprocesados dentro de la producción de alimentos y otros, conforme al manual para innovaciones en los sistemas agroalimentarios y la sostenibilidad.

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A su vez, la gerente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), Sandra Noguera, destacó como logro del gremio conformar una comisión de sustentabilidad con representantes de cada industria socia del gremio. “Estas empresas canalizan el 59 % de toda la soja procesada en el país, con impacto importante dentro de la economía paraguaya”, dijo.

Entre las dificultades identificadas para la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles, Noguera enumeró a la tecnología e infraestructura, que necesitan contar con sistemas de monitoreo y trazabilidad para asegurar la no deforestación; además de la escasez de incentivos económicos para desarrollar sistemas o proyectos más sustentables.

Por otro lado, en el panel sobre transición energética, Vanessa Moreno, country manager para Perú y Bolivia de Schneider Electric, brindó estadísticas en torno a las emisiones de carbono, destacando que un nivel del 80 % está relacionado con la energía. Puntualizó además que la industria representa el 30 % del consumo de energía, y que con similar porcentaje están el transporte y los edificios.

“Cada vez que lanzamos una pregunta por ChatGPT, consumimos diez veces más de energía que si usamos Google normal. Las empresas que están construyendo data centers para manejar todos estos datos tienen que usar la tecnología a su favor para que el consumo sea muy eficiente”, explicó.

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La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), en conjunto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Luque (UAL), llevaron adelante una encuesta con el fin de relevar la percepción de los consumidores sobre información de precios y promociones en comercios locales.

En este sentido, la medición realizada el pasado 19 de octubre reveló que más del 50 % de los consumidores tienen poca confianza en las promociones ofrecidas por los comercios. “Muchos consumidores enfrentan dificultades para encontrar precios en góndolas y estantes, afectando su decisión de compra.

Además, más del 95 % de los encuestados considera esencial tener precios visibles al momento de comprar. De acuerdo a lo que respondieron las personas consultadas, este inconveniente se registra con mayor índice en supermercados, tiendas de ropa y farmacias.

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Dentro de este estudio, también se realizan recomendaciones sobre estos dos inconvenientes detectados y entre ellos se encuentra la necesidad de una mejora en la transparencia en promociones y descuentos. “Los comerciantes deben cumplir con la ley a la hora de ofrecer promociones y descuentos de manera clara, evitando información engañosa que pueda vulnerar los intereses económicos de los consumidores”, señalan.

Igualmente aconsejan fortalecer la fiscalización sobre la visibilidad de los precios. “Es fundamental que Sedeco y otras autoridades competentes intensifiquen las acciones de control sobre los proveedores para asegurar el cumplimiento del derecho a la información clara y accesible sobre los precios”, argumentaron.

Por último, sugieren que se desarrollen campañas educativas con el fin de los diferentes segmentos de la sociedad, especialmente los jóvenes estén informados sobre sus derechos y sobre cómo ejercerlos efectivamente. El informe completo está disponible en el siguiente enlace.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y PRODesarrollo llevaron a cabo este martes el Foro de Formalización de la Economía, Empleo y Empresas en Paraguay, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), un sector pujante que enfrenta grandes barreras que lo someten a la informalidad. Los altos costos es una de ellas.

Fue uno de los aspectos conclusivos de la actividad realizada en las instalaciones del BID, en Paraguay, con exponentes internacionales y nacionales renombrados, que compartieron los mecanismos para acompañar el proceso de formalización.

Previo a los paneles, el representante del Grupo BID en Paraguay, Alonso Chaverri, mencionó que la formalización no es tarea de un solo sector, pues requiere del compromiso de todos, por lo que la idea del foro es justamente identificar proyectos transformadores y soluciones integrales.

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Desde PRODesarrollo, Jorge Garicoche y Carla Linares, compartieron datos de la economía subterránea en Paraguay, que al 2023 es de unos USD 23.595 millones, 47 % del PIB local. También que 6 de cada 10 paraguayos están en la informalidad, y que la mitad de los asalariados informales ganan menos de un salario mínimo, con la principal conclusión de que “resulta muy caro ser formal”, según el relevamiento que derivó estos números.

Ante este panorama es que el especialista líder de mercados laborales del BID, Manuel Urquidi, compartió las principales políticas de promoción de formalización recopiladas por el organismo, las cuales tienen que ser paso a paso, mediante programas de emprendimiento.

“No es lo mismo ayudar a nacer que ayudar a crecer, y los programas tienen que ser específicos, enfocados a los emprendedores correctos o identificando a los de mayor potencial. Los programas tienen que estar ajustados a problemas que se quieran resolver”, expuso.

Urquidi resumió que los emprendimientos son formas de inclusión laboral, ofrecen soluciones a problemáticas no atendidas tradicionalmente, y pueden aumentar la productividad, por ende generar empleos de calidad.

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A su vez, el presidente de Cambridge Business Association, Guillermo Ramírez, desarrolló el tema Cómo impulsar negocios y empleo seguro en Paraguay con estrategias probadas por la Universidad de Cambridge, quien arrancó con la pregunta de por qué la informalidad representa el 64 % de la fuerza laboral.

Explicó que la formalidad tiene el estigma de que reduce los márgenes, además de ser costosa, por lo que requiere de capacitación continua para enseñar las ventajas de la formalización, y que el mejor retorno a la inversión es la educación.

Básicamente, en Paraguay existe mucha informalidad por los altos costos en los impuestos y gastos administrativos, que es en lo que se tiene que trabajar para reducirlos, además de aprender a adaptarse a los cambios.

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Seguidamente, el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, compartió las buenas prácticas de promoción de emprendimientos en Paraguay, los datos estadísticos del ecosistema y las acciones previstas para aportar a la formalización. De 366.000 mipymes, solo 41.000 son las inscriptas en el Ministerio del Trabajo y el IPS.

Mencionó la apertura de cuenta bancaria o Cuenta Básica para mipymes, para que el acceso al crédito pueda ser real, así como los diversos fondos con los que el sector puede operar. Así también la modificación de la Ley Mipymes, que ven como favorable su aprobación prevista para la próxima semana, para ser más ágiles, afianzar la institucionalidad y reducir un 50 % los costos en tasas en el proceso de formalización.

Cada vez están más en aumento el número de consumidores que se quejan ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) de que se realizan modificaciones en las tarifas y los clientes no reciben la notificación adecuada.

Es por eso que la Sedeco había presentado el pasado miércoles una solicitud formal a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para la modificación de los artículos 30 y 33 del decreto N° 6999/17, que regula la comunicación de cambios tarifarios en los servicios de telecomunicaciones.

Esto debido a que Sedeco ha recibido múltiples denuncias de usuarios afectados por modificaciones unilaterales en las tarifas de sus servicios, sin un aviso adecuado ni consentimiento previo. La notificación en medios masivos con plazos reducidos, según la entidad, vulnera lo dispuesto en la Ley N° 1334/98, que exige claridad, oportunidad y accesibilidad en la información sobre los contratos y sus cambios.

El decreto mencionado permite a las empresas de telefonía realizar aumentos en tarifas, siempre que las mismas sean “puestas a disposición del público” con una antelación de tan solo 72 horas, lo cual a juicio de la Sedeco resulta insuficiente e inadecuado para garantizar una correcta protección de los derechos de los consumidores.

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De este modo, desde Sedeco se considera que la normativa actual no proporciona a los usuarios el tiempo necesario para evaluar los cambios o considerar opciones alternativas sin penalización, incurriendo de este modo en prácticas desleales que terminan vulnerando los derechos de los usuarios.

Ante esto, desde la Sedeco se propone un plazo mínimo de 15 a 30 días y que la modificación de tarifa y costos sean notificadas directamente y de manera personal a cada consumidor, para asegurar que los mismos puedan tomar decisiones informadas.

Sedeco también insta a Conatel a exigir a las empresas de telecomunicaciones a dejar de depender de manera exclusiva de publicaciones en medios masivos, especialmente los diarios. “Las empresas que envían promociones directamente a los usuarios pueden y deben informar de la misma manera sobre aumentos tarifarios”, afirmaron.

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