“No se puede hablar de un caos administrativo en la municipalidad de Asunción y de eso el interventor se dará cuenta”, dijo el asesor jurídico de la comuna, Benito Torres. Sus afirmaciones surgen ante la pretensión de concejales de la oposición en declarar la institución en quiebra en el marco de un proceso de intervención a la gestión del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“No existe un caos administrativo; en ningún momento se habló de algún tipo de daño patrimonial o faltante”, expresó al programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media. De esta forma, Torres señaló que el informe de la Contraloría no reporta faltantes de fondos ni irregularidades presupuestarias, sino que plantea una diferencia de interpretación legal sobre el uso de la cuenta única municipal.

“Obviamente, nosotros entendemos que no existía causal para la intervención, pero una vez ya resuelta, ya que estamos en un estado social de derecho, lo tenemos que asumir. Lo que hay que entender es que la municipalidad puede pasar por un estado transitorio de iliquidez, pero eso no quiere decir que no tenga los recursos para cubrir todos los compromisos que tiene. La municipalidad de Asunción cuenta con suficientes activos”, expresó.

No obstante, agregó que la municipalidad posee como principal conflicto una alta tasa de morosidad que se potenció desde el anuncio del pedido de intervención por parte de la Contraloría. Asimismo, refirió que ya se encuentra totalmente regularizado el pago de salarios a los funcionarios.

“El anuncio del pedido de intervención tuvo un impacto negativo en la institución en materia de recaudación. No es la única causa, pero es un elemento o cuestión exógena que socavó nuestras recaudaciones, impactando negativamente”, comentó.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

“La instrucción que tenemos los funcionarios es estar a disposición de la intervención, a los efectos de facilitar cualquier consulta o documentación que requiera el interventor, para que pueda realizar la auditoría y todo el proceso de manera normal y regular”, indicó Torres, quien estuvo acompañado por el jefe del Departamento de Acciones Judiciales de la Municipalidad de Asunción, el abogado Juan José Armoa.

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El edil Ernesto Guerín aguarda que las finanzas de la municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente opositor Miguel Prieto, puedan ser saneadas con la llegada de un interventor. El dirigente del Partido Colorado denunció la falta de pago a funcionarios, concejales, firmas proveedoras y la paralización de obras viales.

“En la administración de Prieto se usó mucho la caja chica. Hay muchos funcionarios que piden el pago de sus salarios; muchas familias dependen de esto. Nosotros tampoco estamos percibiendo nuestros sueldos. La gente está cada día más inquieta. Ojalá el interventor venga a poner las cosas en orden”, dijo.

En una entrevista con el programa “Fuego Cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, el concejal mencionó que “la municipalidad tiene atrasos en obras y, además, entiendo que ya no se abonan cuotas a empresas que proveyeron al municipio, como en el caso de los buses eléctricos, entre otras denuncias”.

Asimismo, Guerín advirtió que Prieto y su entorno político apelarán a la violencia con la finalidad de obstaculizar el proceso de indagación de su gestión. Según los reportes de la Contraloría, en la administración del líder del movimiento Yo Creo se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimiento de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

“Prieto y su equipo están desesperados. Ya están llamando a que la gente pueda salir a manifestarse y también ya están propiciando el tema del escrache. Ya quieren ir a las casas de los denunciantes o de algunos referentes colorados para escracharle. Ellos están incitando a la violencia. Al intendente Prieto se le nota totalmente desesperado, está amenazando y desafiando“, refirió Guerín.

A la vez, según la Contraloría, en la gestión del intendente opositor existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias; incumplimiento de los procesos para las contrataciones, empleando transferencias para la ejecución de obras; incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a ONG; e irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por haber sido ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, regalías y compensaciones; pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado la documentación exigida y sin que se cumplan las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Los pobladores quieren saber cómo está la administración actual. Todos se preguntan si el intendente Miguel Prieto realmente es corrupto o honesto. Los concejales colorados vamos a acompañar al interventor, le vamos a dar todo nuestro respaldo, porque el intendente ya dijo que iban a embarrar la cancha, que iban a amenazarle, que iban a increparle“, refirió.

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El concejal siguió sosteniendo que “Prieto y su equipo indicaron que en la municipalidad no iba a entrar ningún cartista, ningún colorado. Nosotros le vamos a dar ese respaldo, incluso le acercaremos más denuncias de esta administración con documentos”.

Por otra parte, Guerín intuye que Prieto terminará renunciando al cargo de intendente para evitar su destitución en caso de comprobarse irregularidades en su gestión. “Particularmente, creo que va a terminar renunciando y se tendrá que elegir un nuevo intendente dentro de la Junta Municipal hasta terminar el mandato. Yo no creo que Prieto sea tan burro y haga tanto show. Él no necesita irse a una elección porque tiene mayoría en la junta y puede elegir dentro de los concejales de su equipo”, comentó.

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El concejal de Encarnación Eduardo Florentín cuestionó que el intendente Luis Id está renunciando a que la Municipalidad pueda obtener ingresos genuinos de más de 6.000 millones de guaraníes por un “contrato Leonino” de 64 millones de guaraníes, por el arrendamiento de un inmueble municipal.

El edil explicó durante una entrevista con canal GEN/Universo 970Am/Nación Media que este contrato leonino daña el patrimonio de las arcas del municipio, con relación a la posibilidad de haber generado ingresos genuinos durante un evento tan importante como es el Rally Mundial, que tendrá como epicentro el municipio de Encarnación.

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Indicó que el municipio es propietario de una serie de parques y espacios que están en condiciones de recibir a los visitantes, a los turistas nacionales e internacionales.

“Pudiendo brindar un lugar apropiado para hospedaje de camping, y tener la posibilidad de generar ingresos por valor de 6.000 a 7.000 millones de guaraníes de ingresos genuinos que la municipalidad necesita. El intendente Luis Yd ha firmado un contrato leonino en contra de los intereses del municipio, por solamente un monto que apenas alcanza 64 millones de guaraníes”, cuestionó.

Remarcó que la denuncia que ya está en poder del Contralor General de la República es en contra de este contrato de arrendamiento; y esperan que tome acción solicitando todos los antecedentes de este leonino contrato.

Teniendo en cuenta que previo a que se concretara este contrato la Junta Municipal había acercado una propuesta para el usufructo de este inmueble, que prácticamente ahora fue “regalado” en su alquiler.

“Habíamos planteado que el municipio explote comercialmente este inmueble aprovechando este evento Rally Mundial, y que podía generar una suma importante de ingresos genuinos. Estimábamos entre 6.000 a 7.000 millones de guaraníes, que hoy el intendente Yd está renunciando a que ingrese en las arcas municipales”, precisó.

El concejal lamentó que el intendente no haya mostrado ningún interés en velar por los intereses del municipio, tomando conocimiento de que el evento internacional va a generar muchísima demanda hotelera y que el municipio cuenta con espacios para el usufructo.

Lamentó que no tomara la iniciativa de hacer un concurso de las empresas oferentes; o bien, gestionar de manera directa la disposición del usufructo del espacio, de tal manera a sacar el mayor rédito posible.

“Creemos que se obró de muy mala fe, porque se agarra de una ordenanza que tiene 10 años de vigencia y cuya tabla tarifaria está desfasada. Además, la ordenanza taxativamente señala precios sociales de alquiler de canchas. La Diben está para promocionar el deporte entre la ciudadanía, y los precios sociales eran para que la ciudadanía pueda acceder y practicar algún tipo de deportes”, precisó.

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Tres concejales de la ciudad de Encarnación presentaron una nota a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría especial y la eventual intervención de la Municipalidad, encabezada por el intendente Luis Yd. Se trata de los ediles Eduardo Florentín, Andrés Morel Fretes y Eduardo Rebruk.

La solicitud está motivada por el arrendamiento presuntamente irregular de un terreno municipal. Según argumentan los concejales, dicho predio estaría siendo utilizado como hospedaje en el marco del Mundial de Rally que se desarrolla en el departamento de Itapúa.

Los denunciantes cuestionan la legalidad del contrato y exigen que se verifique el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros, además de la transparencia en el manejo de bienes públicos. De comprobarse irregularidades, los ediles piden que se proceda a la intervención formal de la comuna.

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El documento dirigido al contralor Camilo Benítez señala como principal cuestionamiento la “irrisoria suma de arrendamiento” por valor de G. 65.510.000, los cuales fueron acordados en pagos de 3 cuotas. De acuerdo a la información, dicho pago aún no se ingresó a las arcas municipales

Los ediles denunciantes consideran “ínfimo” dicho monto, ya que la tarifa se fijó conforme a la ordenanza municipal 288/2015, la cual considera ya está desactualizada.

“El principal vicio que advertimos y que origina el perjuicio patrimonial es que el precio de arrendamiento se fijó con base en la ordenanza municipal 288/2015. Dicha normativa tiene una antigüedad de 10 años, por lo que sus aranceles se encuentran absolutamente desfasados, con relación a los valores actuales de mercado”, expone parte de los argumentos de la denuncia.

Los concejales cuestionan al jefe comunal por utilizar una tabla de precios obsoleta para arrendar un inmueble que será utilizado en un evento de “altísima demanda y valorización”, como es el Rally Mundial. Como evidencia del perjuicio que está causando al patrimonio municipal, los concejales mencionan que el arrendatario Jhon Daniel Pérez, ya se encuentra publicando el alquiler de las instalaciones bajo la denominación comercial “Villa Rally Itapúa”.

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Señalan que la oferta para el usufructo final para el público nacional e internacional es significativamente superior, cotizando incluso en dólares. “Un cálculo preliminar basado en sus propias publicaciones, y que se adjunta a la nota de denuncia, sugiere que el arrendatario podría obtener ingresos hasta 60 veces superiores al monto que se comprometió a pagar al municipio de forma financiada”, expresa el documento.

Asimismo, los ediles señalan que al margen del arrendamiento en una tarifa menor al precio del mercado; señalan que desde la firma del contrato a la fecha el municipio aún no ha recibido el pago de ninguna cuota por el usufructo del inmueble que ya está siendo ofertado.

Además, señalan un eventual daño al municipio porque existen la sospecha que el arrendatario no cuenta con la autorización de la Organización del Rally Mundial, para el usufructo del nombre de manera comercial; por lo que el municipio podría incurrir en el delito de uso indebido de marca, lo que podría acarrear contingencias legales a la comuna por cedente del inmueble.