El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, se refirió sobre la intención de trasladar el Viceministerio de Minas y Energía, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con el objetivo de acelerar la gestión en materia energética y dar respuestas a los desafíos que se proyectan para la próxima década.

“Yo creo que es la movida que hay que hacer”, afirmó Giménez, al considerar que el MOPC ya tiene a su cargo una misión clave para el país, como es el desarrollo de infraestructura, por lo que el viceministerio especializado en energía “está mejor ubicado dentro del MIC”.

Según el titular de Industria y Comercio, el traspaso permitiría una mayor eficiencia en la toma de decisiones relacionadas con el futuro energético del Paraguay, especialmente de cara al año 2031-2032, periodo en el que se estima que el país necesitará contar con nuevas fuentes de generación para cubrir su demanda.

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“Necesitamos hacer nuestras inversiones ahora para poder llegar a ese periodo”, advirtió Giménez ante la 1020 AM, e insistió en que la reestructuración responde a una necesidad de “reordenar la casa” y lograr una gestión más ágil. Indicó que tanto la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, así como también el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, están al tanto del plan.

Sobre ambas autoridades, Giménez mencionó que colaboran activamente en las tareas asignadas y destacó el trabajo de ambos funcionarios, remarcando que Paraguay aún invierte por debajo del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, una meta que considera necesaria alcanzar para impulsar el desarrollo, por lo que tiene desafíos propios en esta materia.

Finalmente, comparó esta posible reestructuración con la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que, según dijo, tuvo un impacto positivo en la recaudación, la gestión económica y la planificación del país. “Lo mismo se espera con esto”, concluyó.

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El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja resaltó la importancia de Che Róga Porâ, como política pública que representa una oportunidad real para que las familias accedan a una vivienda propia.

Este programa emblemático del Gobierno de Santiago Peña está a pocos días de cumplir el primer año de implementación que ya tiene más de 1.022 créditos aprobados y que equivalen a unos USD 28 millones.

Durante una visita a los estudios del Canal GEN y Universo 970Am/Nación Media, en el programa Arriba Hoy, el secretario de Estado destacó que el programa Che Róga Porâ cumplirá un año el próximo 12 de julio.

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El ministro Baruja afirmó que existe en proceso de estudio otros 800 solicitudes de créditos, que están siendo analizadas en las distintas entidades financieras.

“Muy probable que estas 800 solicitudes se irán aprobando. Esto va creciendo día a día, más aún con el Che Róga Porâ que suma 4 nuevas modalidades disponibles para la gente”, indicó.

Al respecto, resaltó que hoy el ciudadano que cuenta con su propio terreno, puede solicitar la financiación para construir en su propio terreno. La otra opción es que si el ciudadano que quiera comprar el terreno más la casa construida, también lo puede hacer.

“Sí quiere comprar ya una casa terminada, ya sea un departamento o un dúplex también lo puede hacer. O bien, aquellas familias que ya tienen una vivienda pero lo quiere ampliar, reformar o mejorar también se le puede financiar con Che Róga Porâ hasta la suma de 500 millones de guaraníes, con una tasa de interés del 6,5 % en guaraníes, y hasta un plazo de 30 años”, precisó.

Baruja resaltó que la tasa del 6,5 %, no solo es la mejor en el país sino en toda la región. “Esto demuestra claramente que esta política de gobierno del presidente Santiago Peña, apunta a dar respuesta a un sector importante de la sociedad que es la clase media trabajadora que no tenía ninguna posibilidad de acceder a una vivienda propia en otras condiciones”, acotó.

En ese sentido, el ministro recordó que en el año 2003, las tasas de interés de los préstamos bancarios estaban en el orden del 40 %, y el plazo máximo era de 5 años. “Un crédito de 100 millones de guaraníes en el 2003, con esa tasa y ese plazo la cuota era de G. 6.900.000. Hoy ese mismo monto, de G. 100 millones, a una tasa del 6,5 % y a 30 años de plazo la cuota es de G. 680.000″, indicó.

Remarcó además que la cuota de la financiación del programa ya es fija por todo el plazo que se emita el crédito. Mientras que la cuota de un alquiler normal, aumenta año tras año, debido a variación de la tasa de inflación.

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Un total de 148.047 muebles escolares ya fueron distribuidos en 441 instituciones educativas de 19 distritos del departamento Central, en el marco del programa de dotación de mobiliario escolar impulsado por la Itaipú Binacional, en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Esta cifra representa el 67,4 % del total de 219.645 mesas y sillas pedagógicas entregadas hasta la fecha en nueve departamentos y la capital del país, según datos actualizados por la Asesoría de Responsabilidad Social de la entidad. La binacional tiene prevista la entrega de 330.000 pupitres en todo el país.

Las comunidades beneficiadas en Central abarcan las zonas de mayor densidad poblacional, incluyendo: Luque, Capiatá, Limpio, Ñemby, San Antonio, Itá, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Guarambaré, Nueva Italia, Itauguá, Areguá, Mariano Roque Alonso, Ypacaraí, Ypané, J. Augusto Saldívar, Villa Elisa, Villeta y Lambaré.

Las entregas continuaron este martes 24 de junio con 4.161 muebles escolares en instituciones educativas de San Lorenzo, priorizadas por el MEC en función de sus necesidades.

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En total, 803 escuelas y colegios públicos de 57 localidades ya cuentan con el nuevo mobiliario escolar, promoviendo así una mejora en el entorno de aprendizaje de miles de estudiantes a nivel país. Las entregas abarcan los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Ñeembucú, Itapúa, San Pedro, Central, Paraguarí, Cordillera y Asunción.

Entre las principales cifras destacan: Alto Paraná; 3.183 muebles para 18 instituciones de Itakyry y Juan E. O’Leary, Caaguazú; 2.641 muebles en 25 escuelas de R.I. 3 Corrales, Yhú y Tembiaporá, Caazapá; 2.492 conjuntos en 20 instituciones de Gral. Higinio Morínigo y San Juan Nepomuceno, Ñeembucú; 2.317 muebles en 9 centros educativos de Alberdi, Pilar, Villa Franca y Villa Oliva.

La lista sigue con Itapúa; 1.969 muebles para 15 instituciones de Alto Verá y San Pedro del Paraná, San Pedro; 8.354 muebles en 51 centros de Santa Rosa del Aguaray, Yrybucuá y Capiibary, Paraguarí; 7.325 muebles entregados a 62 instituciones de 17 distritos, Cordillera; 14.109 muebles escolares distribuidos en 76 instituciones de Caacupé, Arroyos y Esteros y Tobatí.

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Tras la media sanción del Senado al pro­yecto que propone el aumento de penas para ado­lescentes que cometan delitos graves, el titular del Ministe­rio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, instó a la sociedad a mirar más allá del castigo y apostar por un modelo educativo sólido que actúe desde la prevención.

“Estamos en la etapa puni­tiva, en donde pensamos que la punición es una medida efi­caz, y en algunos casos lo es, pero desprovista del modelo educativo, del desarrollo social, de generar comunidad y contención, no será sufi­ciente”, advirtió Ramírez, subrayando que el aumento de penas no puede ser visto como la única solución.

El ministro valoró el avance legislativo como un paso den­tro de un camino más amplio, pero insistió en que es funda­mental trabajar en la preven­ción desde las escuelas y los hogares. “El arte, la música, el deporte influyen en los chi­cos en una dimensión dis­tinta, les ofrece una salida y el cobijo de un sistema que no los margina”, explicó.

Ramírez también hizo hin­capié en el papel clave de la familia, alertando sobre una creciente descomposición del tejido social básico, que no solo afecta a la clase vulnerable. “La ausencia de los padres a veces se intenta compensar con dinero o comodidades, cuando lo que realmente falta es la parte humana”, señaló a la 1020 AM.

El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutié­rrez, también opinó sobre el tema y dijo que aguarda que en Diputados sea modi­ficado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves.

“Este es un tema bastante polé­mico, pero que tiene que ser tra­tado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restau­rativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará”, indicó.

“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir traba­jando con más fuerza en la política pública y preven­ción, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero plan­teamos hacer un incremento más leve”, dijo.

Se perdió la autoridad sobre los jóvenes, desde el seno familiar.

El diputado Hugo Meza señaló que ante los últimos casos que conmocionaron a la sociedad por hechos delic­tivos cometidos por meno­res de edad, debe haber un abordaje mucho más profundo que solo aumentar las penas. El legislador se refirió al proyecto de ley que aumenta las penas pri­vativas a menores, que ya cuenta con media sanción del Senado.

“En principio me gustaría analizar, estudiar los alcan­ces del proyecto de ley que tiene media sanción, estoy convencido de que la sola penalización de los delitos de los menores de edad o de lo que comenten los menores de edad no va a solucionar el problema de fondo. Noso­tros tenemos un problema raíz que significa que el tejido social está descom­puesto”, manifestó en con­versación con la 1020 AM.

Refirió que existe un grave problema en la sociedad, se perdió la autoridad sobre los jóvenes, desde el seno familiar y eso se está tras­ladando hacia las autori­dades. “Nosotros tenemos una generación de cristal con pocos valores, entonces yo creo que tiene que haber un abordaje completo para poder recuperar devuelta el tejido social, no creo que 15, 20 o 30 años, o una cadena perpetua que me parece mucho más extremo aún, sea la solución que necesita nuestro país. Es uno de los factores que puede ayudar a disuadir, claro que sí, pero no es todo”, cuestionó.

Mientras tanto, indicó que hay que mirar y bus­car otras alternativas que dé una solución en la que la sociedad también esté invo­lucrada, teniendo en cuenta que el sistema penitencia­rio también debe ser mejo­rado, y no puede ser conside­rado como una de las únicas opciones.

“Tenemos un sistema carce­lario que no significa abso­lutamente una reinserción social. Nosotros necesita­mos una reforma profunda del sistema penitenciario, de la educación misma de nues­tros niños y de nuestros jóve­nes, y tener devuelta esa con­tención social, de los tejidos sociales que están perdidos en nuestro país”, mencionó.