El ministro del Interior, Enrique Riera, anunció este jueves la conformación de la Secretaría Ejecutiva de Trata de Personas, que estará abocada a la coordinación de trabajos con las instituciones del Estado para enfrentar esta problemática. Para la titularidad de esta nueva dependencia, fue designada como coordinadora la exministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez.

“Con esta instalación, el Ministerio del Interior impulsa una respuesta estatal integral frente a la trata de personas, consolidando una red institucional de protección y acción coordinada. El combate a la trata requiere una mirada transversal, centrada en los derechos humanos y en la dignidad de cada persona”, señala el informe de la institución.

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El anuncio de la instalación de la nueva secretaría fue hecho por el ministro del Interior, con la participación del viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira; el viceministro de Asuntos Políticos, Óscar Campuzano; el comandante y subcomandante de la Policía Nacional; representantes del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, Migraciones, el Ministerio de Justicia, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Senatur, INE, MTESS, MDS, Relaciones Exteriores y otras instituciones públicas.

El ministro Riera pidió a todos los representantes de estas instituciones colaborar con la titular de la secretaría, Teresa Martínez, para llevar adelante este proyecto institucional. “La idea es que, con todos ustedes institucionalicemos, por eso, el decreto fija competencias, y por eso todos nosotros tenemos que aportar nuestra parte”, indicó.

Así también, señaló que se requiere inclusive de la cooperación internacional y de organizaciones civiles, que puedan colaborar con la secretaría que empezará a funcionar a partir de su instalación. Igualmente, queda pendiente designar un lugar físico para el funcionamiento de la institución, solicitar un presupuesto y armar el equipo de trabajo que colaborará con Martínez.

“No vamos a empezar con la lucha porque otros nos precedieron, pero sí vamos a ser la definitiva, porque esto tiene que continuar, nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo solos, pero el decreto y el presidente decidieron que nos hagamos cargo y no hay otra opción que apoyar a Teresa”, apuntó Riera.

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El ministro del Interior, Enrique Riera y el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (FDCS-UNA), Carlos González Morel, firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional para fortalecer los vínculos académicos, institucionales y profesionales entre ambas entidades.

Este acuerdo contempla la organización de seminarios, cursos, conferencias, investigaciones conjuntas y la implementación de programas de formación jurídica y atención comunitaria. Asimismo, prevé la incorporación de estudiantes en pasantías académicas vinculadas a iniciativas del Ministerio del Interior, como el Plan Sumar y otros programas orientados a la prevención y el fortalecimiento institucional.

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Ante esto, el decano señaló que “asumimos un gran compromiso con el Ministerio del Interior al firmar el convenio para realizar seminarios, cursos, conferencias, investigaciones conjuntas, implementar programas de formación jurídica y la atención comunitaria y son temas fundamentales en el día a día”, indicó González Morel.

Asimismo, sostuvo que “el convenio igualmente permitirá que los estudiantes realicen pasantías académicas vinculadas a iniciativas y proyectos del Ministerio del Interior y uno de esos proyectos es el Plan Sumar que es un plan muy importante que involucra al Ministerio de Salud, Educación".

“Para nosotros es un convenio que nos llena de alegría de compromiso de trabajo y de procurar honrar algo que estamos en deuda con la sociedad porque el plan Sumar es la identificación de los 90 mil personas de 25 años que están con cuestiones de microtráfico”, agregó.

Además, explicó que los cinco mil alumnos que están en casa central trabajarán en el proyecto Sumar y la alegría de los estudiantes para acompañar este proyecto es único. “Yo trabajo de cerca con los estudiantes y hoy los mismos están con cosas positivas y en el convencimiento de reconstruir un Paraguay mejor”, indicó González Morel.

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• San Salvador, El Salvador. AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció ayer martes un proyecto de “Ley de Agentes Extranjeros” que aplicará un impuesto del 30 % a las oenegés sobre las donaciones que reciban. La decisión del mandatario ocurre luego que diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos denunciaron ayer martes la detención “arbitraria” del abogado ambientalista Alejandro Henríquez.

“He decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30 % sobre todas las donaciones" que reciban oenegés en el país, indicó el gobernante en su cuenta de X. El mandatario no dio más detalles sobre el proyecto de ley, que se da por descontado que será aprobado por el Congreso, controlado por su partido.

Ya en 2021 Bukele había presentado un proyecto de ley similar, pero no llegó a ser sometido a aprobación del Congreso. El abogado Henríquez fue detenido señalado de desórdenes públicos, explicó Carlos Flores, del Foro del Agua que aglutina a una decena de organizaciones que defienden el derecho al agua y a la que pertenece el abogado ambientalista.

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Henríquez fue detenido tras participar en una manifestación el lunes en una carretera en las cercanías de donde reside Bukele, en la periferia suroeste de San Salvador. Durante la manifestación algunos de los participantes forcejearon con agentes antimotines de la policía y de la Fuerza Armada.

Los manifestantes pedían la intervención del mandatario para evitar que unas 300 familias de una cooperativa de agricultores sean desalojadas de un predio privado en las afueras de la ciudad de Santa Tecla (oeste). En medio del forcejeo, la policía detuvo al pastor evangélico José Pérez, quien preside la cooperativa.

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Bukele dijo que las “personas humildes” que participaron en la protesta fueron “manipuladas” por “grupos” de izquierda “y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno”. Amnistía Internacional exigió en X “la libertad” de Henríquez y Pérez, quienes fueron detenidos “solo por ejercer sus derechos, el derecho a la protesta pacífica”.

Bukele señaló que con el impuesto a las ONG se podrá “encontrar una solución real” al problema de las familias de la cooperativa. En la vecina Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, también ha tomado acciones contra las oenegés. Más 5.600 oenegés han sido cerradas en Nicaragua desde las protestas opositoras de 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos.

Una investigación desde inteligencia financiera de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había elaborado un perfil económico del exintendente de Cambyretã, hoy gobernador Javier Pereira Rieve, que evidencia un exponencial ascenso patrimonial hilado a presunto narcotráfico, tráfico de armas y obviamente la corrupción pública desde su entonces cargo de jefe comunal. La pesquisa estaba a punto de concluirse con un procedimiento clave de operación vigilada con acompañamiento fiscal, pero el entonces ministro Arnaldo Giuzzio trancó, cambió el equipo de investigadores y su sucesora Zully Rolón terminó enterrando el caso. La Fiscalía abrió una causa hace 3 años, pero no hubo mayores avances hasta que el tema se mediatizó en estos días, los fiscales recordaron lo guardado en los cajones y reactivaron algunos pedidos de informes.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Fuentes de altísimo perfil confirmaron a La Nación Investiga que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía abierta y había avanzado en una investigación que vincula al exintendente de Cambyretã, hoy gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve, al tráfico de drogas, armas y otros presun­tos delitos como enriqueci­miento ilícito en la función pública y tráfico de influen­cias, lavado de dinero, ordeñe de combustible y otros.

Un informe de la Dirección de Investigación de Críme­nes y Delitos Financieros de la Senad que data de octu­bre de 2020 se explayó en el inusual crecimiento econó­mico de Javier Pereira Rieve, que empezó a darse en coincidencia con su ingreso a la fun­ción pública, según subraya el análisis. También hace referencia al exponencial ascenso económico de toda la familia, entre ellos algu­nos hermanos que fueron creando empresas con millo­narios capitales cuyos oríge­nes no tenían formas de ser identificados formalmente.

El estudio de la institución antinarcótica confirma el gigantesco salto financiero del hoy gobernador de Itapúa que, de un modesto mesitero en la ciudad de Encarnación, se convirtió mágicamente en un potentado.

Plomero, albañil y de vivir en una casa prestada por pariente en el barrio Valdez de la ciudad de Cambyretã, amasó fortuna desplegando imponentes inmuebles en el Sur, como el edificio en zona céntrica de Encarna­ción, valuado en unos USD 2 millones.

Investigaciones de nuestro medio vienen revelando el extraordinario crecimiento patrimonial del clan Pereira Rieve, que incluye al “mago del Sur”, diputado Carlos Pereira Rieve, quien de una módica suma de G. 2,5 millo­nes y algunos muebles que aportó a una empresa, cons­tituyó otra de nombre Mega Concret SA en 2 años con un capital de G. 6.000 millones que de entrada se integró con G. 4.150 millones. Mega Con­cret es la hormigonera que cargó las losas en el edifi­cio derrumbado en Encar­nación el 2 de abril pasado y dejó dos víctimas fatales.

En el caso de Javier Pereira Rieve, dos años después de asumir el cargo de conce­jal municipal de Cambyretã declaraba un terrenito de G. 12 millones. Al ingresar a la intendencia sus bienes ya habían experimentado un incremento del 333 % y la escalada financiera no cono­ció crisis económica y amasó fortuna con sueldo de G. 5 millones.

El patrimonio del jefe depar­tamental aumentó 1.232 % con dos periodos de conce­jalía, tres de intendente (uno sin terminar) en la Munici­palidad de Cambyretã. La Senad ya había alertado sobre los posibles orígenes de su riqueza.

La investigación había invo­lucrado a la Fiscalía y era parte del proceso de com­bate al narcotráfico que iba permeando la frontera hacia el sur del país. Sin embargo, cuando la pesquisa estaba a punto de realizar un proce­dimiento de operación vigi­lada, habiendo colectado todos los datos del modus operandi, personas involu­cradas, a su estilo, el enton­ces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, abortó la intervención alegando que es mejor esperar para hacer escuchas telefónicas.

Inexplicablemente, se des­manteló el equipo de inteli­gencia que perseguía el caso y Zully Rolón acabó con la investigación al punto de desvincular de sus cargos a los agentes que maneja­ban la información. Fuen­tes vinculadas a la investi­gación confirmaron que en la Senad hicieron despare­cer documentos del caso que fuera caratulado como Fron­tera Sur y hasta se borraron todos los archivos que había en las computadoras.

La Fiscalía, sin embargo, tiene el expediente, gra­cias a una causa que inició a partir de la denuncia de funcionarios de investiga­ción financiera de la Senad, pero tampoco avanzó con una imputación. La semana pasada, al darse a conocer que la carpeta quedó guar­dada en los cajones del Ministerio Público, volvie­ron a pedir algunos informes de correspondencia de bie­nes de Javier y Carlos Pereira Rieve.