La Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia del Senado, presidida por Lizarella Valiente dictaminó por aprobar la versión de Diputados a la iniciativa que establece cambios a los artículos N.° 128 y 135 del Código Penal respecto al abuso de niños. Mediante esta propuesta se apunta a endurecer las sanciones y ampliar tanto las definiciones como las modalidades asociadas a este delito.

Valiente dijo que de esta manera se aconseja a la plenaria de la Cámara Alta apoyar el planteamiento de establecer una pena máxima de 30 años de cárcel para los abusadores de menores, lo que equipara este delito con el de homicidio, dada la gravedad del mismo.

Esto teniendo en cuenta que los senadores habían establecido 28 años de prisión. “Consideramos con los colegas de esta comisión que las penas tienen que ser las más elevadas, estamos totalmente de acuerdo con las modificaciones, ya que las secuelas que quedan en los niños son irreversibles, el trauma por lo que pasan también”, comentó a los medios de comunicación.

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La parlamentaria sostuvo además que estadísticamente los abusadores no matan a sus víctimas porque los consideran como “sus juguetes sexuales”. La propuesta figuraba en el orden del día de la sesión ordinaria del pasado miércoles, sin embargo, ya no fue analizada debido al largo debate que generó el proyecto de reforma la Carrera del Servicio Civil.

No obstante, Valiente mencionó que el próximo lunes, durante la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, requerirá nuevamente la inclusión del proyecto para su tratamiento. Este será el tercer trámite constitucional del documento. En el caso de que se acompañe las modificaciones impulsadas por los diputados, quedará sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

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El presidente de Dipu­tados, Raúl Latorre, resaltó ayer la media sanción que tuvo en la Cámara Alta el proyecto de ley de la Función Pública y Servicio Civil, que plantea reglamen­tar el sistema de trabajo de los funcionarios públicos.

“Nosotros entendemos que el Servicio Civil es una ley paradigmática, entendemos el espíritu del Poder Ejecutivo que es el de generar un mejor ordenamiento con respecto a la gestión del talento humano en la República del Paraguay”, indicó Latorre.

Sobre el tratamiento de la ley por la Cámara de Diputa­dos, Latorre manifestó que oportunamente plantearán el tema en la mesa directiva y allí se decidirá el momento para considerar la normativa.

Mientras el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño dijo que esta ley debe ser revisada ya que fue atacada por varias ins­tituciones que alegan incons­titucionalidad.

“A partir de lo aprobado ayer vamos a revisar. A priori lo que hay que modificar es la ley actual de la Función Pública “, señaló el diputado.

El proyecto de ley de la Fun­ción Pública y Servicio Civil es una propuesta del Poder Eje­cutivo y que durante su tra­tamiento parlamentario tuvo algunas modificaciones por parte de los senadores.

En principio la normativa excluye a los poderes Judi­cial y Legislativo, pero desde el Congreso aseguran que opor­tunamente se establecerán la reglamentaciones que tam­bién regirán para los funcio­narios de estos poderes del Estado.

El proyecto de ley esta­blece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También con­templa el periodo de prueba de seis meses para la evaluación y posterior estabi­lidad laboral.

En cuanto a los empleados contratados se prevé un régimen especial que garan­tiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la segu­ridad social, conforme al presupuesto vigente.

Para los directivos públi­cos, el proyecto establece que serán seleccionados mediante concurso público, con un periodo de tres años y un límite de nueve años de permanencia. Y otros varios beneficios para los funcio­narios del Estado, según los senadores que votaron a favor de la ley.

Sectores de la oposición afirman que la Ley del Servicio Civil “es un gran avance”.

El senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo, se refi­rió sobre la media sanción otorgada por la Cámara Alta a la iniciativa de reforma la carrera del servicio civil impulsada por el gobierno del mandatario Santiago Peña que tiene como fin iniciar un sistema de jerarquización del funcio­nariado público, princi­palmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.

“Se trabajó bastante con el frente sindical, con varias organizaciones. Lo que se percibe es que hay un mayor consenso sobre este proyecto con relación a otras iniciativas impor­tantes. Ayer aprobamos casi por unanimidad, sola­mente una senadora votó en contra”, manifestó a la 1020 AM.

El proyecto aprobado por los senadores y remitido a Dipu­tados para su estudio esta­blece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También contempla un período de prueba de seis meses para la evaluación y posterior esta­bilidad laboral.

“Una ley no va a solucionar todos los problemas estruc­turales que tenemos en la función pública, pero es un gran avance. Esta es una iniciativa necesaria, ya que debemos tener una ley que rija a la función pública y que establezca la estruc­tura de una carrera civil”, comentó Oviedo.

En cuanto a los emplea­dos contratados, se prevé un régimen especial que garantiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la seguridad social, conforme al presu­puesto vigente.

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley que “sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social”, con lo cual pretende cambiar varios artículos de la Carta Orgánica de la previsional. Entre esas modificaciones se plantea las condiciones para la jubilación en el IPS, entre ellas un nuevo método para el cálculo de los haberes jubilatorios.

Al respecto, el presidente del IPS, Jorge Brítez, explicó este jueves que el cambio del cálculo jubilatorio para el asegurado de la previsional beneficiará a la Caja del ente y para la atención del asegurado. Indicó que busca que los aportantes sinceren sus aportes; para ello, plantean que el cálculo se realice conforme a los 10 últimos años, es decir, 120 últimos meses de aportes y ya no conforme a los 36 últimos meses (tres años) de aportes.

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“De tal forma, que la gente se sincere en sus aporres mensuales. Hoy lo que ocurre es que el 80 % de los asegurados que están aportando con base al salario mínimo, pero llegado los 3 años antes de jubilarse comienzan a aportar sobre su salario real y entonces se produce un desfasaje en los aportes jubilatorios, porque cuando se jubilan lo hacen por dos o tres salarios mínimos, esto ocurre porque no hay sinceridad en los aportes”, explicó.

Asimismo, el doctor Brítez indicó que se está solicitando que el 2,5 % del aporte que hace el IPS, distribuidos entre 1,5 % Ministerio de Salud Pública y el 1 % al SNPP, que son aportes genuinos de los asegurados, queden en la institución, teniendo en cuenta la situación crítica en la que se encuentra la previsional. “Es una de las alternativas que hemos analizado para recaudar más, con eso se estaría recaudando unos 100 millones de guaraníes o más”, precisó.

El titular del IPS aseguró que desde que asumieron la administración de la previsional han venido trabajando sobre estas ideas con la administración central, trabajando más de un año en este tema. Indicó que la gente de cálculos actuariales han estado trabajando a fondo en esto, realizando los cálculos con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual hizo los análisis correspondientes.

“Se logró llegar a un cálculo promedio y equitativo, en el que prácticamente se concluyó que será lo mismo, pero que sincerando los aportes, se logrará mejorar incluso la recaudación que tendrá el IPS, porque se sincerarán los aportes mucho antes de los salarios de los asegurados”, indicó.

Asimismo, aseguró que el cálculo para la jubilación se hará conforme al salario mínimo vigente al momento de su jubilación.

“No va haber ninguna pérdida, porque el cálculo se va hacer 7/3, es decir, se hace en base a los 3 últimos años se va promediar el salario, pero se toma 7 años antes para tomar en cuenta el aporte. Según los cálculos que hicimos nosotros, e igualmente el Ministerio de Economía, prácticamente el cálculo es el mismo. El que está aportando sobre salario mínimo, se va jubilar con el salario mínimo actual”, concluyó.

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Miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Blas Antonio Dubrez, explicó que previo a la presentación del proyecto de ley de la “Función Pública y la Carrera del Servicio Civil” ante el Congreso han participado de todos los espacios de análisis dando un profundo estudio del documento y participado de todas las audiencias públicas que han convocado los senadores durante su estudio en las respectivas comisiones.

En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, mencionó que este estudio también se llevó a cabo con los diferentes gremios y sindicatos de la función pública, con quienes analizaron los puntos que generaban mayor preocupación. Todos esos puntos fueron presentados a los parlamentarios, asegurando que todo lo planteado se ajusta a las leyes vigentes y convenios internacionales.

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“Hay que entender que dentro de un análisis en toda la extensión de la Ley en sí, es beneficiosa; por ello, no es que haya muchas dudas al respecto. Porque enfoca dos aspectos fundamentales: la función pública por un lado, y la carrera del servicio civil por otro. Están muy bien marcadas, como se diría, la cancha en lo que hace a las promociones o el ingreso. Incluso se ha peleado por el tema de concursos para que se hagan de manera transparente, controlada y con participación de los sindicatos para que acompañen el proceso”, explicó.

Mencionó, además, que el proyecto de ley contempla lo relativo a la idoneidad de la persona desde el punto de vista profesional, que es lo que se busca: que el funcionario público se profesionalice. Esta ley permitirá jerarquizar y profesionalizar a los funcionarios públicos del Paraguay.

Cabe recordar que el pasado 17 de septiembre, el Poder Ejecutivo, mediante el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó el proyecto de Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, que establece el mecanismo de ingreso a la función pública, la estabilidad laboral, las designaciones y la búsqueda de mayor eficiencia.

Tras su análisis en las respectivas comisiones asesoras, de las cuales también participaron los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la ANR, este miércoles la Cámara de Senadores tiene previsto analizarlo durante la sesión extraordinaria que se lleva a cabo esta tarde.

Al respecto, Dubrez dijo que este proyecto de ley tuvo un amplio análisis incluso antes de que se presentara finalmente el proyecto al Congreso.

“No se puede poner en tela de juicio la discusión, el análisis y los llamados que se hicieron a los distintos gremios sindicales y gremiales. En eso, creo que no hay duda de que hubo una gran apertura por parte del Gobierno nacional, que estuvo abierto a escuchar a todos. Más aún en las audiencias públicas, donde fueron escuchados todos los puntos cuestionados”, indicó.

Finalmente, señaló que espera que en la brevedad sea aprobada la ley, ya que esto va a fortalecer al Estado paraguayo.

“Lo que se pretende con esta ley es jerarquizar la función pública, profesionalizar a los compañeros y, por sobre todo, que las largas postergaciones que siempre existieron en la función pública acaben de una vez. Sería iluso decir que esta ley va a terminar con todos los problemas, pero sí será un instrumento normativo que podrá colaborar para que esto vaya subsanando las lagunas que antes había en la Ley 1626, que ya lleva 24 años de vigencia. Por eso, creemos que será satisfactorio para el país”, concluyó.

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