Tacumbú: confirman seis fallecidos y heridos durante amotinamiento
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Representantes del Ministerio Público confirmaron que tal como se venía mencionando, efectivamente hay al menos seis fallecidos tras el amotinamiento registrado esta tarde en la penitenciaría de Tacumbú, se trata de personas privadas de su libertad. Sin embargo, no se descarta que más reclusos hayan sido asesinados durante el disturbio.
Los datos manejados son aún preliminares, por lo tanto no es posible dar a conocer las identidades de las víctimas, por el momento, mencionó el fiscal Giovanni Grisetti, luego de verificar el establecimiento penitenciario. Agregó que todavía faltan registrar varias zonas del penal.
Los cuerpos serán trasladados hasta la Morgue Judicial para las inspecciones de rigor. Familiares de los internos quienes desde la tarde están en el lugar cuestionaron la falta de información y exigen saber noticias sobre sus familiares recluidos.
Exigen igualdad
La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, luego de reunirse con los líderes del amotinamiento en la penitenciaría de Tacumbú, explicó que los mismos exigieron igualdad con los reos de todas las penitenciarías del país.
“Nos pidieron explicaciones del motivo del traslado a la Agrupación Especializada del recluso Orlando Efraín Benítez, hemos informado que la decisión fue por una posible fuga y ellos entendieron. Nos pidieron que el trato sea por igual para todos los reclusos de todas las penitenciarías del país”, explicó la ministra.
Confirmó también que la situación está bajo control y que los reos dieron su palabra de que no habrá más represalias.
De la misma manera confirmó que un guardiacárcel fue derivado a un hospital, ya que es asmático y se descompensó a causa del gas lacrimógeno.
Todo se inició cuando se produjo una requisa por el traslado de un interno sindicado como proveedor de sustancias prohibidas dentro del reclusorio.
Cerca de las 17:00 de esta tarde nuevamente se produjo un amotinamiento, esta vez con la quema de colchones y con la resistencia plena de los internos. Ante esta situación, se tuvo que recurrir a la fuerza mediante los antimotines, quienes tuvieron que realizar disparos de balines de goma para dispersar a los reos.
Los bomberos están intentando controlar el fuego, ya que la humareda ya invade toda la zona, afectando a los internos, funcionarios, transeúntes y vecinos. El ambiente dentro del centro de reclusión sigue muy caldeado.
En la mañana de este sábado se habría dado el deceso de Agustín Ramón Martínez Martínez, alias “Soldado Israelí” en el interior de la penitenciaría de Tacumbú.
La víctima fatal habría manifestado fuertes dolores en el pecho cuando se presentó a la enfermería de la prisión, motivo por el cual fue trasladado hasta el Hospital de Barrio Obrero, donde ya llego sin signos de vida, según las autoridades del recinto penitenciario.
Si bien por disposición fiscal el cuerpo será sometido a una autopsia para determinar a cabalidad el motivo de la muerte de Martínez Martínez, considerando que los síntomas son de una muerte súbita.
Según el informe de los médicos, Martínez Martínez presentó síntomas de un infarto, de acuerdo a la inspección preliminar realizada por los médicos que lo asistieron, por lo que fue traslado a un centro asistencial.
Martínez Martínez fue condenado por un Tribunal de Sentencia a 30 años de cárcel, más 10 años de medida de seguridad, totalizando así 40 años de pena privativa de libertad tras ser encontrado culpable por homicidio doloso por el crimen del abogado Lucilo Cardozo. El mismo cumpliría recién la totalidad de su pena el 23 de mayo del 2048.
Los jueces Gerardo Ruiz Díaz, Hugo Ríos Alcaraz e Hilario Bustos, mencionaron que se probó en juicio oral la responsabilidad de Agustín Martínez en el homicidio de Cardozo.
Si bien no hubo testigos del hecho, sí se presentaron elementos de prueba como el informe del GPS de la camioneta de la víctima, así como el cruce de llamadas entre el abogado asesinado y su esposa que dan fuertes indicios de que el acusado Agustín Martínez es el responsable del homicidio de Cardozo.
Antecedentes
Agustín Martínez ya estuvo durante seis años –desde el 2009 y liberado en el 2015– recluido por estar implicado en un triple homicidio, cuando hallaron cuerpos incinerados en un horno. En aquella oportunidad fueron víctimas el político Ricardo Cabello y dos de sus empleados, Hilario Marecos y Alberto Medina.
El caso tomó mayor trascendencia cuando se confirmó que los cuerpos de los tres hombres fueron incinerados en un horno para carbón, un patrón que se repetiría con el caso del abogado de Paraguarí.
Pero no era su único antecedente, en aquella ocasión se informó que el hombre ya había realizado delitos similares en Misiones, Argentina y Quiindy, donde habría procedido de la misma manera.
Detienen a tres personas por hurto y recuperan aparatos celulares
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La Policía Nacional detuvo a tres personas luego de una persecución, debido a que las mismas habrían hurtado dos aparatos celulares. Los detenidos fueron identificados como Patricio Samuel Silva Morel, de 20 años, Ruth Mabel Figueroa, de 18 años y Fernando Darío Benítez Bogado, de 24 años.
Durante el procedimiento fueron recuperados dos aparatos celulares, producto del ilícito. La intervención fue realizada por personal de la Comisaría 16ª de Asunción. Los aprehendidos y los objetos recuperados quedaron a disposición de las autoridades competentes.
Ahora, el Ministerio Público tendrá que convocar a los detenidos para la audiencia indagatoria, donde los mismos tendrán derecho a declarar y defenderse. En caso que no lo hagan se dejará constancia y el fiscal del caso podría avanzar en el presente caso presentando la imputación, si se tienen los elementos de sospecha correspondientes.
En caso de presentarse la imputación, se tendrá que pedir una medida cautelar que podría ser la prisión preventiva de los aprehendidos. Luego los mismos deberán acudir al Poder Judicial donde se desarrollará la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si son remitidos a una penitenciaría de nuestro país.
Si el juez de turno decide decretar la prisión preventiva, la defensa de los imputados podrá apelar el fallo judicial y en caso de producirse eso será un tribunal de apelación el que tendrá que decidir si se ratifica la resolución de primera instancia.
Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
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Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Beneficiarios de Prieto no eran de Ciudad del Este
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
Una misma persona firmó por varias como beneficiaria de kits de víveres
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.
El Ministerio de Salud reporta que las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) afectan en su mayoría a grupos de personas mayores de 60 años y más, como así también, a menores de 2 años de edad que no cuentan con el esquema de vacunación completo para influenza ni para el SARS-CoV2.
Así refiere el informe actualizado de Vigilancia Centinela correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 14 y publicada por IP. Los virus respiratorios identificados en la última semana, en pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves, son: SARS-CoV2, influenza A H1N1 y Rhinovirus.
En las últimas semanas, la mayor proporción de casos respiratorios en consultas ambulatorias es el 46 % por influenza, seguido del SARS-CoV2 (33 %), virus que causa el covid-19. El 61 % de las internaciones corresponde a personas mayores de 60 años, 51 % son personas adultas y 49 % de las internaciones corresponde a la edad pediátrica.
Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta u otro se recomienda el uso de tapabocas, acudir a la consulta médica oportuna para contar con un diagnóstico, determinar el virus y recibir el tratamiento correspondiente, y cumplir con el reposo indicado para impedir la propagación del virus.