El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) reportó que fueron recibidas 507 denuncias de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes durante el mes de diciembre, en el Servicio 147 Fono Ayuda.
Del total de llamadas recibidas, 60 fueron denuncias por abuso sexual en menores de edad; 184 fueron llamadas denunciando maltrato y 9 denuncias por hechos de explotación sexual. Todas las denuncias fueron derivadas al Ministerio de la Defensa Pública y otros a la Fiscalía, contando con el seguimiento de caso e intervención de profesionales de la institución.
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Las denuncias recibidas provienen en mayor número de vecinas, llegando a 85 denuncias, seguida por las realizadas por la madre de la víctima (30) y de agentes comunitarios (27).
También figuran en mayor cantidad, 16 denuncias provenientes del padre de la víctima. En total fueron recepcionadas 315 llamadas, las cuales generaron 507 denuncias sobre abuso, maltrato, acoso, discriminación, negligencia, violación del deber del cuidado, trabajo infantil entre otros.
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El Ministerio de la Niñez insta a seguir utilizando los canales correspondientes de denuncia como el 147 Fono Ayuda o el 911 de la Policía Nacional, pues no hacerlo convierte a los testigos en cómplices.
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Paraguayo fue detenido en Argentina acusado de abuso de niños
Un hombre paraguayo fue detenido este fin de semana en Argentina, acusado de abuso de niños de forma reiterativa durante un periodo de veinte años. El mismo era conocido en el barrio por regalar caramelos a sus víctimas, entre ellas se halla una niña con discapacidad psicosocial, según investigación de autoridades locales.
Fue sindicado como autor de aberrantes hechos un sujeto de 42 años, residente en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, y se desempeñaba como albañil, según referencias del medio argentino Clarín. Fue detenido por agentes de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) por orden fiscal por el delito de “abuso sexual agravado y corrupción de menores”.
De acuerdo a las pesquisas, los abusos ocurrieron entre marzo de 2014 y octubre de 2024 en una vivienda ubicada en Mariano Acosta, partido de Merlo. En el sitio, seis niños entre ellos, uno con diagnóstico de retraso madurativo, eran dejados por sus padres al cuidado del acusado, atendiendo que el mismo integraba su círculo de confianza.
Aprovechándose de la situación, el hombre abusaba sexualmente de ellos amenazándolos con un machete y un rifle. Además, les decía que si revelaban lo que pasaba iba a matar a todos los familiares.
Cuando una de las víctimas comenzó a tener problemas de aprendizaje fue llevada por sus padres a asistencia profesional y en la consulta, los especialistas detectaron signos compatibles con abuso sexual. Posteriormente, las demás víctimas también comenzaron a relatar los hechos a los que habían sido sometidas durante más de una década.
Al enterarse de lo ocurrido, los familiares intentaron hacer justicia por mano propia incendiando la casa del acusado pero el presunto depravado ya había escapado. Una vez presentada la denuncia, los detectives de la División Homicidios de PFA comenzaron una serie de tareas investigativas que incluyeron un exhaustivo análisis de datos y un relevamiento de redes sociales.
Un dato que llamó la atención de los investigadores fue que entre sus vecinos el hombre era conocido como un albañil de buen comportamiento, sin vicios ni conflictos, que solía regalar caramelos a los niños del barrio. El dato clave para dar con el abusador fue aportado por un víctima. Dijo que recibía frecuentes visitas de un joven llamado “Brian”, un sobrino del prófugo que vivía en la zona de Parque San Martín, también en Merlo.
Con esa información, los uniformados implantaron un operativo de vigilancia y tras largas horas lograron identificarlo y corroborar su identidad, procediendo a su detención. El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías Nº 1 de Morón.
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Paraguay avanza hacia una economía digital más segura con la nueva Ley de Datos Personales
La Ley n.º 7.593 de Protección de Datos Personales marca un cambio significativo en la forma en que empresas, instituciones y organizaciones recopilan, almacenan y utilizan información de los ciudadanos. La normativa establece nuevos derechos para las personas, crea obligaciones más estrictas para quienes administran datos y pone en marcha una autoridad especializada de control que podrá aplicar sanciones ante incumplimientos.
Según explicó a La Nación/Nación Media, Adriana Ramos, asesora jurídica del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el principio central de la ley es que los ciudadanos recuperan el control sobre sus datos personales.
En la práctica, esto significa que cualquier persona podrá exigir información clara sobre qué datos se recopilan, para qué serán utilizados, cuánto tiempo serán conservados y si serán compartidos con terceros o transferidos al exterior.
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La legislación incorpora derechos como el acceso a la información almacenada por una empresa, la rectificación de datos incorrectos, la eliminación de registros cuando ya no exista una justificación para conservarlos, la oposición al uso de información para fines comerciales o publicitarios y la portabilidad de los datos entre distintos proveedores. También contempla la posibilidad de cuestionar decisiones tomadas exclusivamente por algoritmos o sistemas automatizados.
Para el sector privado, la normativa introduce nuevas exigencias operativas. Las empresas ya no podrán solicitar información sin una justificación válida y deberán contar con una base legal para hacerlo, ya sea mediante consentimiento del usuario, obligaciones contractuales o disposiciones legales.
Además, deberán aplicar el principio de minimización, limitándose a pedir únicamente los datos necesarios para la prestación de un servicio o la ejecución de una actividad determinada.
La ley tendrá impacto directo en sectores como el comercio electrónico, las aplicaciones móviles, los programas de fidelización, los servicios financieros, las aseguradoras, las telecomunicaciones y cualquier organización que maneje bases de datos de clientes.
También obliga a reforzar los mecanismos de ciberseguridad y establece que, en caso de filtraciones o incidentes que comprometan información personal, las empresas deberán informar a la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas.
Uno de los aspectos más relevantes es la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que funcionará dentro de la estructura del Mitic con autonomía funcional. Este organismo tendrá facultades para recibir denuncias, realizar auditorías, emitir reglamentaciones, supervisar transferencias internacionales de datos y aplicar sanciones cuando se detecten incumplimientos.
Para los ciudadanos, el procedimiento será gratuito. En caso de considerar que una empresa utilizó indebidamente sus datos, primero deberá presentar un reclamo ante la propia organización. Si no obtiene respuesta o esta resulta insuficiente, podrá acudir a la Agencia o recurrir a la garantía constitucional del hábeas data.
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Oficialismo respalda gestión de Fretes y pide esperar resultados de las auditorías
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, de la Cámara Alta, respaldó la gestión del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes. Solicitó aguardar los 15 días que faltan para evaluar los primeros resultados de las auditorías internas antes de exigir nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción. El senador Chase sostuvo que las acciones ante el Ministerio Público deben sustentarse en pruebas contundentes y no en especulaciones.
En charla con varios medios de prensa, el legislador señaló que el Dr. Isaías Fretes está haciendo una transformación en el IPS, que ve y siente la ciudadanía, porque se está dando a conocer ese trabajo. Indicó que el pasado lunes, tuvieron esta misma discusión en Mesa Directiva del Senado, donde algunos autores políticos quieren resultados inmediatos, pero señaló que eso es imposible, que eso no se puede dar.
“El presidente del IPS había pedido un mes de tiempo para tener resultados concretos, y eso se cumple en 15 días más, y bueno, ahí sí vamos a exigirle seguramente al presidente del IPS los resultados concretos que él había prometido”, remarcó.
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Asimismo, sostuvo que ninguna denuncia puede presentarse sin pruebas ante el Ministerio Público y considera que la primera denuncia que ha presentado el actual presidente del IPS ante la Fiscalía por faltantes de materiales eléctricos es un avance importante, porque se trata de daños patrimoniales y espera que en 15 días más, el Dr. Fretes presente un informe acabado de todas las demás auditorías que está llevando adelante.
“Yo soy del criterio de que hay que darle tiempo para que evalúe y presente denuncias sobre las irregularidades que haya encontrado. Es imposible que eso esté todo dispuesto el día que él llegó, y bueno, hay que darle el tiempo para que la transformación tenga lugar”, acotó.
No existe injerencias
El senador Chase señaló que el doctor Fretes es una persona muy particular y lo conoce personalmente, sabe que no va a soportar ninguna presión externa que no sea la del propio presidente de la República, Santiago Peña, quién fue el que lo nombró en el cargo. No obstante, señaló que no se puede señalar al jefe de Estado de tener injerencia ya que tiene todas las atribuciones para así hacerlo, inclusive cambiarlo nuevamente del cargo.
“Fue la presidencia la que hizo el cambio justamente para mejorar, no para empeorar. No creo que haya una obstrucción del trabajo que tiene que hacer el doctor Fretes; o si no hubiera estado el mismo presidente anterior. No existe el entorno, ese es un cuento político; no existe el entorno que pueda tener injerencia en el nivel de decisión entre el presidente de IPS y el presidente de la República”, enfatizó.
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Hospital Nacional reorganiza el plantel médico tras intervención
Culminó el proceso de intervención en el Hospital Nacional de Itauguá tras las denuncias de acoso sexual y el Ministerio de Salud anunció la reestructuración del nosocomio público a través de numerosos cambios en la estructura médica, según expresiones del Dr. Saúl Recalde, viceministro de Atención Integral a la Salud.
“Se hizo cambios en la administración, en educación médica, en el servicio de cirugía general, se hizo un cambio en Medicina Interna, de Pediatría, en Urgencia, en recursos médicos, en la dirección médica, se hizo un cambio integral”, precisó en diálogo con la 1020 AM.
Pero el seguimiento por parte del Ministerio de Salud va a continuar. “Después de este periodo de intervención, vamos a hacer una evaluación por lo menos de 60 días a 90 días de todo el equipo nuevo, indicó.
Añadió que acompañando este proceso de gestión y de cambio, en forma paralela realizarán una evaluación paralela con gente del Hospital Albert Einstein de San Pablo, Brasil.
“El proceso de intervención con el equipo del Ministerio terminó. Pero vamos a hacer ese acompañamiento de todo el equipo nuevo del Hospital Nacional con la gente del Albert”, puntualizó.
Situación de las residentes
Por otro lado, el viceministro mencionó que dos residentes involucradas en el proceso fueron retiradas inicialmente de la formación, aunque posteriormente se intentó su reincorporación mediante un nuevo proceso educativo.
“Las dos residentes que tuvieron el proceso fueron sacadas del proceso de formación. Las buscamos, tratamos de reincorporarlas, volvimos a realizarles el proceso educacional”, afirmó.
Asimismo, dijo que se abrirán sumarios administrativos correspondientes y que el departamento de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Salud realizará un seguimiento permanente de la situación.
“Nosotros vamos a realizar los sumarios administrativos correspondientes, que es lo que compete al Ministerio de Salud. No hicimos una evaluación solo a las afectadas y denunciantes, sino una evaluación integral del sistema de educación médica del Hospital de Itauguá”, aclaró.
Resaltó que las modificaciones implementadas forman parte de un proceso más amplio de reorganización del hospital.
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