El Ministerio Público lanzó una advertencia sobre un nuevo tipo de fraude cometido por cibercriminales, utilizando la técnica de suplantación de identidad por medio del celular de la víctima. Al deshabilitar la línea, acceden a toda la información del propietario.
De acuerdo a los especialistas, una vez que los delincuentes tienen el celular con ellos se comunican con la telefonía pidiendo la cancelación de la línea, porque se les extravió o se les descompuso el teléfono. De esta manera, se utilizan los datos conocidos de la víctima para contestar las preguntas de seguridad de la empresa y así solicitar una nueva tarjeta SIM.
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En consecuencia, los delincuentes una vez activada una nueva línea ya tienen acceso a todos los mensajes de texto, WhatsApp, Telegram del propietario del celular.
Además, podrán realizar procesos de restauración y recuperar el backup de conversaciones del WhatsApp guardado en la nube y de esta manera acceder a servicios, como el método de recuperación de contraseña de la mensajería, correo electrónico, bancos, mensajeros, tarjetas de crédito etc., según explicaron desde la Fiscalía.
Los agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos señalan que al ser víctima de este tipo de delitos, se debe solicitar el “doble factor de autenticación” en el celular, pero evitar la opción de envío de SMS, para que el ciberdelincuente no lo reciba. Una opción segura es usar Google Authenticador. Este método se puede utilizar en plataformas como WhatsApp, Gmail o redes sociales como Twitter y Facebook, entre otros.
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De esta manera podrán saber si se trata de una falla o si un tercero solicitó un nuevo chip por “robo, pérdida etc.” sin el consentimiento de la persona. En caso de darse el último caso, se debe solicitar la restauración de la línea y denunciar el hecho ante la unidad de Delitos Informáticos.
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Paraguay avanza hacia una economía digital más segura con la nueva Ley de Datos Personales
La Ley n.º 7.593 de Protección de Datos Personales marca un cambio significativo en la forma en que empresas, instituciones y organizaciones recopilan, almacenan y utilizan información de los ciudadanos. La normativa establece nuevos derechos para las personas, crea obligaciones más estrictas para quienes administran datos y pone en marcha una autoridad especializada de control que podrá aplicar sanciones ante incumplimientos.
Según explicó a La Nación/Nación Media, Adriana Ramos, asesora jurídica del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el principio central de la ley es que los ciudadanos recuperan el control sobre sus datos personales.
En la práctica, esto significa que cualquier persona podrá exigir información clara sobre qué datos se recopilan, para qué serán utilizados, cuánto tiempo serán conservados y si serán compartidos con terceros o transferidos al exterior.
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La legislación incorpora derechos como el acceso a la información almacenada por una empresa, la rectificación de datos incorrectos, la eliminación de registros cuando ya no exista una justificación para conservarlos, la oposición al uso de información para fines comerciales o publicitarios y la portabilidad de los datos entre distintos proveedores. También contempla la posibilidad de cuestionar decisiones tomadas exclusivamente por algoritmos o sistemas automatizados.
Para el sector privado, la normativa introduce nuevas exigencias operativas. Las empresas ya no podrán solicitar información sin una justificación válida y deberán contar con una base legal para hacerlo, ya sea mediante consentimiento del usuario, obligaciones contractuales o disposiciones legales.
Además, deberán aplicar el principio de minimización, limitándose a pedir únicamente los datos necesarios para la prestación de un servicio o la ejecución de una actividad determinada.
La ley tendrá impacto directo en sectores como el comercio electrónico, las aplicaciones móviles, los programas de fidelización, los servicios financieros, las aseguradoras, las telecomunicaciones y cualquier organización que maneje bases de datos de clientes.
También obliga a reforzar los mecanismos de ciberseguridad y establece que, en caso de filtraciones o incidentes que comprometan información personal, las empresas deberán informar a la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas.
Uno de los aspectos más relevantes es la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que funcionará dentro de la estructura del Mitic con autonomía funcional. Este organismo tendrá facultades para recibir denuncias, realizar auditorías, emitir reglamentaciones, supervisar transferencias internacionales de datos y aplicar sanciones cuando se detecten incumplimientos.
Para los ciudadanos, el procedimiento será gratuito. En caso de considerar que una empresa utilizó indebidamente sus datos, primero deberá presentar un reclamo ante la propia organización. Si no obtiene respuesta o esta resulta insuficiente, podrá acudir a la Agencia o recurrir a la garantía constitucional del hábeas data.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py
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IPS denuncia presunto daño patrimonial y avanza en otras 30 investigaciones
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.
En conversación con el programa “Arriba Hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/ Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.
Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación —principalmente cables e insumos eléctricos— fueron resguardados en el Hospital Central.
Señaló que al hacer el control del inventario se encontró que había un faltante de cables importante. Recordó que en la administración pública todo faltante ya constituye la posibilidad de un daño patrimonial.
“Hemos presentado la denuncia en la fiscalía barrial, junto con la asesoría jurídica el día de ayer. Es la primera denuncia formal que realiza la gestión del actual presidente del IPS el Dr. Isaías Fretes. Pero finalmente, el doctor Fretes cuando realiza sus recorridas o recibe mucha información sobre las irregularidades que existen y sobre eso ya ha encargado unas 30 auditorías desde que asumió la presidencia del IPS”, precisó.
Mencionó que mediante estas auditorías que se está llevando adelante están en el proceso de juntar las evidencias de las denuncias que se está recibiendo. Aunque reconoció que varias de esas denuncias no tienen sustento.
Señaló además que, justamente por eso, es que se somete primeramente a un proceso de auditoría y si dentro de ese proceso se encuentras las evidencias suficientes del hecho y que amerita una denuncia penal pasan a la siguiente etapa que es presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.
“Lastimosamente vinimos a encontrarnos en esta situación y ante estas irregularidades que verdaderamente me sorprende, porque estos quirófanos, modulares, que el presidente fue descubriendo en sus recorridos realmente representa una situación muy grave en relación con la misión que tiene el IPS que es de salvar vidas”, acotó.
Mencionó que estuvo analizando auditorías anteriores, donde ya se mencionaban una muy mala planificación de la dirección de este instituto, porque se preveía la instalación de quirófanos y modulares en el edificio en zonas donde no iba a poder soportar el peso de esos equipos, luego se decidió llevar a otros lugares donde tampoco el terreno era adecuado y finalmente quedaron abandonados esos equipos.
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Coronel Oviedo: investigan caso de presunta intoxicación de cuatro niños con crack
Cuatro niños resultaron intoxicados presuntamente con crack en Coronel Oviedo. Los mismos fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital de la ciudad desde una casa ubicada en el asentamiento 6 de enero y donde aparentemente se comercializa droga.
La fiscal del caso Lourdes Soto indicó que el hecho fue comunicado ayer y esta mañana seguirá con las diligencias para determinar las circunstancias en las que los niños resultaron intoxicados. No descartó que los mismos estaban siendo utilizados para la venta de estupefacientes.
“La Policía hizo su intervención, me dijeron que estaban hospitalizados, se les estaba haciendo lavado de estómago y según el policía interviniente solamente encontraban una sustancia tipo leche, que fue lo que le manifestó la médica”, dijo en comunicación con la 1080 AM.
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Los niños hospitalizados son dos de 5 años, 7 y 9 respectivamente. También un hombre de 56 años identificado como Higinio Garay Torres, quien fue derivado al centro asistencial, según el reporte de la Policía Nacional.
Gaseosa
La agente del Ministerio Público señaló que, de acuerdo con lo manifestado por el personal policial interviniente, una mujer conocida con el nombre de Marisa llegó hasta la casa e invitó gaseosa a los cuatro niños. Tras el lavado de estómago en el hospital una de las madres de los menores encontró una piedrita de color amarillo, sustancia que fue sometida a prueba y que habría dado positivo a crack.
En otro momento, la fiscal mencionó que según las informaciones recibidas ya se había solicitado la intervención en la vivienda ante informaciones de que presuntamente se comercializa droga. “El relato que yo tengo es que es una casa que ya se pidió allanamiento, me dijo el oficial interviniente que se había pedido ya a Narcotráfico para allanar, porque ellos tenían información que se vendía ahí droga”, expresó.