Luego de la suspensión por parte de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) a la conocida cadena de minimercados, Giuliano Caligaris, directivo de la firma, admitió que se detectaron errores en el proceso de etiquetado de algunos productos.

“Asumimos los errores involuntarios que se detectaron, pero el cierre de toda la cadena es una medida totalmente desproporcional”, afirmó Giuliano Caligaris a la 800 AM, y explicó que la empresa trabaja fraccionando embutidos, quesos y ciertas carnes que reciben en grandes piezas de los proveedores, para luego envasarlos y venderlos porcionados.

En este proceso, cada producto lleva una etiqueta con su peso y precio. Según el directivo, el problema no está en el fraccionado en sí, sino en lo que ocurre en las tiendas cuando hay variaciones de precios fijadas por los frigoríficos u otros proveedores.

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“Lo que puede pasar es que un colaborador, al recibir el nuevo precio, pese de nuevo el producto, imprima la nueva etiqueta y la coloque encima de la anterior. Eso es un error humano, un error indeseado, que evitamos a toda costa, pero sí se dieron casos detectados”, admitió Caligaris.

Subrayó además que la compañía no impulsa ni aprueba esa forma de trabajo, y que se trata de fallas operativas aisladas. El directivo insistió en que la empresa está reforzando sus protocolos internos para prevenir que estos hechos se repitan, al tiempo que colabora con las autoridades para subsanar cualquier irregularidad.

“No es política de la empresa alterar etiquetas, asumimos la responsabilidad de los casos detectados y tomaremos las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir”, remarcó.

La Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) suspendió toda la cadena de la empresa por “riesgo sanitario”, luego de la inspección de 5 sucursales, donde se constataron las irregularidades en productos vencidos y reetiquetados.

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El excanciller Euclides Acevedo opinó sobre la gestión del presidente Santiago Peña a pocos días de cumplir dos años al frente del Gobierno, que calificó de buena y con buenas intenciones, principalmente en sus programas sociales que está llevando adelante.

“Yo creo que la gestión del presidente Peña es buena, por decirlo, bien intencionada, porque tenemos que fijarnos en los datos, No me quiero quedar en la tapa de los diarios porque allí voy a tener una visión bicéfala de todas las cosas. Yo creo que la gestión del presidente Peña en el Ejecutivo es buena, sobre todo de acuerdo a sus programas, porque la gente se olvida del programa propuesto por el presidente”, observó, este lunes en el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Acevedo señaló que aún existen algunas falencias en ciertos sectores. “Creo que es una gestión buena, con algunas desprolijidades y con algunas asignaturas pendientes como es en el campo de la seguridad, la salud pública, y sobre todo en su política exterior”, apuntó.

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Para Acevedo, uno de los elementos que llama la atención es el exagerado e inducido desgaste de los dos primeros años, sin embargo, indicó que se debe destacar el crecimiento económico y financiero del país. “Si volvemos a los hechos ciertos, vemos que nuestra política de saneamiento financiero y económico está muy bien. Lo que evidentemente se ha perdido y han perdido los últimos gobiernos es esa sensibilidad que nos conduce nuestra propia Constitución, cuando dicen que somos un Estado social de derecho”, expresó.

Agregó que “el crecimiento económico, que es notable, el equilibrio financiero, que es envidiable, no se compadece de los 2 millones de pobres que tenemos y ese es un tema central que, de repente, se deja de lado por episodios de mal gusto, por desprolijidades administrativas que salen a la luz, que no son nada nuevos, porque el problema no es de gobierno, sino es de modelo”.

Por otra parte, refirió que no solo se debe evaluar la gestión del Ejecutivo, sino de los tres poderes del Estado. “De todas maneras, hay que recordar también que el gobierno lo ejercen los tres poderes de Estado, y cuando hacemos un análisis, analizamos solamente la gestión del Ejecutivo, y nos olvidamos de la labor del Legislativo y, sobre todo, de una especie de principado del miedo y del cohecho que es el Poder Judicial”, manifestó.

Acevedo también cuestionó la débil oposición, que termina afectando a la fuerza de la propia democracia, que solo recurre a las descalificaciones y no en propuestas concretas para dar soluciones a las mismas situaciones que critican. Mencionó que desde el propio Partido Colorado se da el papel de oficialismo y oposición.

“El Partido Colorado es oficialismo y oposición al mismo tiempo. El propio oficialismo plantea reformas que tendrían que haber surgido de la oposición, podemos discutir la verosimilitud de las propuestas, la viabilidad de las mismas o el calendario de ellas, pero del lado de la oposición no ha habido ninguna propuesta y que es lo que debería caracterizar a la oposición, hacer propuestas para ser alternativa de poder, nadie llega al poder por la mera descalificación”, expresó.

Así mismo, indicó que “para la descalificación, ésta debe estar acompañada de una propuesta que pueda seducir la curiosidad, en entusiasmo y la ilusión de los electores, por eso es que de repente podemos llegar a la conclusión desagradable de la degradación política en todos sus términos, porque finalmente en un país donde no existe una oposición, más que opositores, eso hace que la democracia pierda musculatura y va a necesitar rápidamente hacer ejercicio”.

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El presidente Santiago Peña se encamina a cumplir su segundo año de mandato el próximo 15 de agosto. Al respecto, la ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Mariana Saldivar, resaltó que está siendo un gobierno profundamente comprometido con mejorar el bienestar de las personas, pero con especial sentido de urgencia respecto a los más vulnerables.

Así lo señaló en comunicación con La Nación/Nación Media, al enfatizar que la característica principal del gobierno actual ha sido no solo preocuparse, sino ocuparse de dos aspectos fundamentales: lo urgente y también lo importante.

“Hemos dado prioridad a la formulación de programas sociales muy audaces y ambiciosos en su alcance. Al mismo tiempo, nos preocupamos por el impulso de reformas largamente postergadas y de crucial importancia”, indicó.

En ese sentido, resaltó los principales logros de la gestión gubernativa, señalando en primer lugar el diseño e implementación del programa Hambre Cero en las escuelas, que a la fecha está brindando una alimentación de calidad a cerca de 1.050.000 niños y niñas. “Este programa ha sido inédito en su alcance e impacto”, remarcó.

Así también señaló la revolución en materia de seguridad, gracias a una decisión del Ejecutivo de una inversión histórica en equipamiento y recursos humanos, lo necesario para emprender operativos como el Operativo Veneratio en las cárceles.

“También estamos haciendo operaciones de incautación de drogas, que también son históricas por el multimillonario golpe al crimen organizado, y que hoy están mostrando muy buenos resultados. Por primera vez en seis años, en el exterior, no se tuvo ninguna incautación de ningún tipo de cargamento que haya provenido de Paraguay”, remarcó.

Asimismo, destacó la negociación con Brasil sobre la tarifa de Itaipú, señalando que tuvo como resultado un ingreso de más de 600 millones de dólares por año para Paraguay, destinado a financiar infraestructura clave en salud, educación y seguridad.

“Un mensaje muy importante del presidente Peña es que no existe desarrollo sin seguridad. Entonces, lo primero fue invertir en seguridad, invertir en la generación de nuevos oficiales. Nosotros estamos teniendo 5,000 graduados, tuvimos el año pasado, y vamos a tener otros 5,000 este año para poder realmente generar la capacidad de proteger a la gente”, mencionó.

Otro de los aspectos relevantes que resaltó han sido los programas sociales orientados a acompañar a los paraguayos más vulnerables en todas las etapas de su vida: Centros de Atención a la Primera Infancia, Hambre Cero, Becas Gobierno del Paraguay, Che Roga Porã, Tekoporã Mbareté, Pensión para Adultos Mayores, entre otros.

“Hoy el Paraguay es un actor en el escenario global. Hemos conseguido la apertura de mercados clave para nuestros productos: Singapur, Canadá, Israel, El Salvador, Panamá. Somos sede de grandes eventos que nos ponen en la mira del mundo y generan ingresos para nuestros comerciantes y trabajadores”, acotó.

La titular del UGPR resaltó que uno de los hitos más importantes que marcó este gobierno ha sido la conquista del Grado de Inversión que se obtuvo en el 2024.

“Ha sido el resultado de décadas de trabajo, incluso había iniciado Santiago Peña, cuando aún era ministro de Hacienda en el periodo de 2014, más o menos. Ese trabajo duro de décadas de institucionalidad, de tener una macroeconomía controlada, ordenada, una moneda estable, creo que es lo que nos permitió llegar a un punto hoy donde nosotros somos un país que se destaca por su crecimiento y por su estabilidad en la región”, comentó.

Al respecto, explicó que ahora que ya se logró a un estadio de macroeconomía estable; ahora el presidente Peña ha puesto como meta de que ese bienestar baje a todos los estratos sociales.

“Ese bienestar del país en general, que nosotros vemos una baja inflación, un alto crecimiento en la región, se traduzca en un resultado tangible y en beneficios tangibles para la gente, sobre todo de los más vulnerables. Por eso, se está dando mucho énfasis a los programas sociales destinados justamente para hacer que el cimiento que nosotros estamos viendo a nivel macroeconómico del país, se traduzca en una mejora tangible de la calidad de vida de los más vulnerables”, señaló.

Al inicio de su mandato, el presidente Peña había indicado que su meta era conseguir 500 mil nuevos puestos de trabajo, considerando que la mejor política social es la generación de empleo. Al respecto, Saldivar destacó que se está avanzando de forma prometedora hacia esa meta.“Los números de creación de empleo y no solamente empleo en general, sino una generación de empleo de calidad, que es un empleo formal, que trae a colación la reducción del porcentaje de la pobreza. En mayo del 2025, hemos superado los 793 mil trabajadores registrados en IPS, es una muestra de la creación de empleo de calidad porque son empleos formales”, indicó.

Agregó que en los primeros 22 meses que tiene el gobierno incorporamos 85.000 trabajadores a la seguridad social. Solamente hablando ya de lo que es empleo formal, estamos llegando a los 100 mil empleos y eso no tiene en cuenta obviamente la otra generación de empleo que quizás no tengamos estadísticas formales.

Un aspecto relevante que resaltó la ministra Saldiva fue el esfuerzo encarado desde el principio por el gobierno de Peña ante la crítica situación del sistema de salud pública; y que, pese a los avances, aún se encuentra en estado delicado, y que incluso esto fue reconocido por el propio jefe de Estado en su último informe de gestión el pasado 1 de julio.Resaltó que ante este escenario, se conformó un equipo interinstitucional liderado por el propio mandatario, con el objetivo de intervenir en las áreas más urgentes del sistema sanitario.Este equipo está integrado por el Ministerio de Salud, así como otras instituciones claves como Obras Públicas, MITIC, responsable de implementar tecnología para mejorar la atención, y el Ministerio de Economía, que colabora en la compra de medicamentos y la gestión presupuestaria.

“El presidente Peña ha puesto una atención muy especial porque sabe que es esencial el sistema de salud pública para los paraguayos y es parte de nuestro desafío en adelante”, remarcó.

La ministra Saldivar, que tuvo tiempo de diseñar e implementar programas y reformas, se está cerrando con estos dos años de gobierno. Por lo que ahora comienza una segunda etapa, la cual es implementar, profundizar y mostrar más resultados.

“Necesitamos redoblar esfuerzos en la implementación de los programas sociales, en la construcción de infraestructura, en la apertura de mercados y en la generación de empleo. El desafío del siguiente tiempo del partido, resumo, se trata de lograr, y mostrar, más resultados”, indicó.

Finalmente, señaló que el Estado tiene una inercia propia que presenta un desafío ante el impulso de reformas estructurales y radicales. Además de eso, el entramado de las instituciones públicas y el tamaño del Estado hacen que la coordinación interinstitucional sea cada vez más necesaria, pero más compleja.

“No debemos dejar de tener en cuenta el escenario global y regional. Un mundo cada vez más polarizado y con más conflictos armados. En ese contexto, resulta cada vez más singular que un país, como Paraguay, no solo tenga una economía estable, sino un crecimiento continuo”, concluyó.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.

La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.

La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.

Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.

“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.

“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.

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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.

Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.

Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.

La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.

El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.

La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.

• Fuente: AFP

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