En el marco del caso hangar Arrayán, el Ministerio Público formuló este domingo imputación en contra del propietario del establecimiento que funcionaba como aeródromo en la ciudad de Areguá. Foto: Gentileza.
Caso hangar Arrayán: Fiscalía imputó al dueño del aeródromo
Compartir en redes
En el marco del caso hangar Arrayán, el Ministerio Público formuló este domingo imputación en contra del propietario del establecimiento que funcionaba como aeródromo en la ciudad de Areguá. En el lugar, además de varias avionetas, fue incautado un helicóptero de la policía de Buenos Aires, Argentina.
El agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, formuló imputación contra Gustavo Enrique B. Brítez ante la existencia de suficientes elementos de sospecha acerca de la comisión del hecho punible de exposición a peligro del tráfico aéreo.
Esto en virtud de las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas expuestas, desde el 30 de marzo del 2018 hasta el 8 de octubre del 2020, Gustavo Enrique Bogado Brítez, quien sería dueño del aeródromo Arrayán, de la compañía Yukyry de la ciudad de Areguá, había tenido en depósito un helicóptero de la marca Robinson al servicio del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con su pintura y adhesivos representativos, y así prestando decididamente su colaboración con los responsables y/o conductores de la citada aeronave, en situación de presunta transgresión mediante conducta gravemente violatoria de las reglas de seguridad del tráfico aéreo.
El piloto del helicóptero declaró el ingreso de la aeronave durante solo 8 días, en marzo del 2019. Sin embargo, el vehículo seguía en territorio nacional hasta la fecha. Foto: Gentileza.
Las citadas transgresiones se habrían producido, inicialmente, cuando en fecha 30 de marzo del 2019, Fernando Maximiliano Calfani da Rosa, piloto al mando de la citada aeronave habría declarado ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en el formulario de solicitud de ingreso y permanencia de la mencionada aeronave –por ocho días– solo la indicación de la matrícula civil y no la calidad del helicóptero al servicio de una fuerza pública de seguridad de un país extranjero (República Argentina), estatus que hacía exigible la autorización de la Fuerza Aérea Paraguaya, respecto del ingreso y permanencia de la aeronave en el Paraguay.
Esta situación no se habría gestionado ni obtenido en forma. Tampoco se habría obtenido para la citada nave un permiso por mayor tiempo; en efecto, transcurrió un año y seis meses de permanencia no autorizada de la aeronave de la fuerza púbica extranjera en territorio nacional.
Investigan desaparición de 350.000 metros de cable de la Ande
Compartir en redes
El fiscal Silvio Corbeta se constituyó en la sede de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ubicada sobre la avenida Guido Boggiani, para iniciar las pericias del caso. El perjuicio a la institución sería de G. 7.500 millones, según datos iniciales de la investigación.
“Lo que denunció la Administración Nacional de Electricidad es un retiro de aproximadamente 350.000 metros de cables, que son de diferentes tipos de milímetros y especies, para diferentes usos”, señaló a la 1080 AM.
El agente del Ministerio Público explicó que las autoridades de la Ande radicaron la denuncia a resultas de una auditoría interna donde se corroboró la irregularidad, en la que estarían involucrados algunos funcionarios de la institución.
“La auditoría señala que estas personas han solicitado de manera indiscriminada a través de los pasos internos que tiene la Ande para retirar estos cables. Y en el mismo sentido la auditoría responsabiliza también a parte de los funcionarios encargados de controlar si eso cumple con los requisitos establecidos en los manuales internos de la Ande, para posteriormente proceder a la entrega de los cables”, explicó.
El fiscal Corbeta confirmó que hay una sospecha de la participación del personal encargado del despacho de los cables. “Hubo una suerte de ligereza o una suerte de omisión en cuanto al control efectivo en la entrega de estos cables que fue solicitado por esta unidad que es de la sección de Limpio de la Ande, específicamente”, puntualizó.
La obra de Troche debía estar operativa en el 2023, pero terminó paralizada debido a una “sobrefacturación gigantesca” registrada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Foto: Gentileza
Paralización del tren de moliendas: Petropar presentó denuncia por lesión de confianza
Compartir en redes
El director de gabinete de Petróleos Paraguayos (Petropar), Alberto Acuña, manifestó que la institución presentó una denuncia ante el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles, en torno a la paralización de las obras del nuevo tren de molienda en la planta, que se había truncado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Ayer miércoles se hizo una denuncia penal ante el Ministerio Público. Básicamente se focaliza en lo que sería la ejecución del proyecto”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La obra de Troche debía estar operativa en el 2023 y tenía como objetivo aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias, pero terminó paralizada debido a una “sobrefacturación gigantesca” registrada durante el gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez, según denuncias.
El proyecto tiene problemas de diseño y no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos, de acuerdo a las argumentaciones del titular de la petrolera estatal, Eddie Jara. La obra empezó con la firma Eisa (propiedad del empresario Alberto Palumbo) y luego fue otorgada a la empresa Ocho A (propiedad del senador Luis Alberto Pettengill). La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda terminó de ejecutar la obra
La acusación refiere que se apunta a la “búsqueda de la verdad a fin de evitar que la conducta siga causando sus defectos”. También se solicita a la Fiscalía que se realicen todas las diligencias requeridas y necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Se detalla además que Petropar “ha abonado y está expuesta a tener que seguir realizando pagos por una obra que se ha visto sujeta a cambios del originalmente previsto y a demoras, pero sobre todo con serias posibilidades que esta no podría funcionar“.
Agrega que la situación “representaría la necesidad de recurrir a una inversión adicional que según se estima o detalla estaría aproximadamente en otros USD 30 millones”.
Las afirmaciones de Acuña surgieron tras concretarse recientemente la firma de un preacuerdo entre el gobierno y los cañicultores consistente en que Petropar presentará en no más de 30 días una nueva propuesta de tren de molienda. “El reclamo es genuino y lo entendemos”, remarcó.
Diputado Carlos Pereira Rieve dijo que fracasados quieren “manchar” su imagen y no explica origen de su fortuna ni investigación que le abrió Fiscalía.
Investigación a los Pereira Rieve duerme hace 3 años en Fiscalía
Compartir en redes
En una actitud visiblemente cohibida, en la sesión de ayer el diputado “mago del sur”, Carlos Pereira Rieve ensayó un discurso alusivo a los destapes mediáticos en torno a su empresa hormigonera, responsable de la carga de losas en el edificio caído en Encarnación y la fortuna que amasó en tiempo récord. Se retrotrajo a los tiempos de su colegio, revivió sus inicios como activista juvenil, su vida sacrificada, sin herencias, recordó y pidió disculpas a su mamá, pero en su alocución no pronunció una sola frase que explique la receta mágica de su meteórico ascenso económico, ni la causa por enriquecimiento ilícito que le abrieron junto con sus hermanos y que se maneja con mucho hermetismo en el Ministerio Público.
Con mucha insistencia y en medio de un hermetismo que llama poderosamente la atención, nuestro equipo accedió a la confirmación de que la causa sobre enriquecimiento ilícito del Ministerio Público al clan Pereira Rieve de Itapúa continúa abierta, así como otros datos que guardan relación al caso.
La causa sobre enriquecimiento ilícito y otros que la Fiscalía abrió al exintendente de Cambyretá, actual gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve y a sus hermanos data del año 2022. Es decir, hace tres años que el Ministerio Público tiene en sus manos la investigación y hasta ahora no existen resultados visibles, menos aún socializados sobre los presuntos delitos que se sospechan los miembros del clan.
En el marco de la mencionada causa, el exfiscal Osmar Legal había solicitado a la Contraloría General de la República hace 2 años y medio el estudio de correspondencia del actual gobernador, su hermano el hoy diputado, exconcejal departamental Carlos Pereira Rieve y la hermana de ambos Gladys Estela Pereira Rieve, secretaria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.
La investigación penal prácticamente se manejó en secreto, ni una sola información trascendió al respecto. En paralelo, intentaron desestimar la causa, pero desde el juzgado al cual acudieron rechazaron el pedido y tuvo que ser reabierta.
Hormigonera del diputado Carlos Pereira Rieve que cargó losas del edificio caído en Encarnación y dejó dos víctimas fatales
LA CAUSA
La investigación del presunto enriquecimiento ilícito al clan Pereira Rieve, posiblemente guarda relación con actividades ilícitas concernientes al lavado de dinero provenientes del narcotráfico. Recordemos un informe inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que sindicaba al entonces intendente de Cambyretá, actual gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve como líder de una organización criminal vinculada al narcotráfico que quedó en la nada, porque el agente antidrogas fue pescado en un presunto cobro de coima para limpiar el expediente de su investigado y es así que el sospechoso se convirtió en víctima y denunciante.
El proceso se redujo a la condena del agente antidrogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigaciones que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal, pese a la existencia de la carpeta que incluso fue incautada en un allanamiento en el marco de las investigaciones al exfuncionario preso por caso coima.
En medio de las sospechas de los ilícitos mencionados, sin embargo, el clan Pereira Rieve amasó fortuna, constituyó empresas, erigió enormes fábricas, que han pasado desapercibidos para los organismos de control y pese a las extraordinarias formas en que han saltado de la pobreza a la prosperidad.
Recordemos que en el caso del diputado “mago del sur”, de armar una empresa en la que su aporte fue la módica suma de G. 2,5 millones, una notebook, escritorio y silla de oficina, un archivero y algunos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millones, en dos años pasó a Mega Concret SA de G. 6.000 millones, que de entrada se integró G. 4.150 millones.
O el caso de su hermano el gobernador que, de un terreno tasado en G. 12 millones en sus tiempos de concejal municipal de Cambyretá, le bastó dos elecciones como intendente para aterrizar a la jefatura departamental con un activo de G. 7.300 millones.
Sin embargo, nada explicó el diputado “mago del sur” sobre las bases o el origen del dinero para el gigantesco salto económico suyo y de su familia en tiempo récord. Usó minutos de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados para referirse indirectamente a los destapes en la prensa, recordó su época de colegio, sus inicios como activista juvenil, su vida de trabajo, llena de sacrificio para luego concluir con la teoría de siempre, de atribuir los trascendidos a ataques políticos para “manchar” su imagen.
Aprovechó para pedir disculpas a su mamá y saludar a su departamento, pero no se acordó de las víctimas fatales a causa del desplome del edificio en la que su empresa cargó las losas y proveyó hormigón por G. 2.000 millones, mucho menos de la causa en la Fiscalía que había desconocido ya en una consulta anterior realizada desde nuestra redacción.
El Suboficial Hugo Javier Ovelar, quien había sido detenido en la Armada Paraguaya, fue imputado por el fiscal Gabriel Villasanti, por un hecho de robo agravado. Foto: Gentileza (Captura de vídeo)
Imputan a un militar por robo agravado a casa de apuestas de CDE
Compartir en redes
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Gabriel Segovia Villasanti imputó a un personal militar, presuntamente involucrado en un asalto a mano armada a un local de apuestas deportivas, del barrio San Juan de Ciudad del Este. Se trata del suboficial Hugo Javier Ovelar, quien se encuentra privado de libertad, con pedido de prisión preventiva.
El militar fue reconocido por sus superiores en el vídeo del circuito cerrado y fue aprehendido para luego ser entregado al personal policial y trasladado a Ciudad del Este, para quedar a cargo de la Fiscalía de Ciudad del Este
El robo agravado por el cual está procesado ocurrió el 23 de abril del 2025, a las 09:10, cuando dos hombres, uno con arma de fuego en mano, llegaron caminando hasta el local de apuestas “Apóstala”, ubicado sobre la avenida Universidad Nacional del Este, del barrio San Juan, de Ciudad del Este.
Ingresaron directamente hasta la caja registradora donde se encontraba el encargado del establecimiento, Oscar Aldemir Montiel Duarte, a quien amenazaron a punta de arma de fuego y le exigieron que entregase todo lo que tenía.
En ese momento, se presentó un tercer delincuente que llegó en una motocicleta y con arma de fuego, desde la puerta del local dirigió a los otros dos desconocidos que estaban en el interior, exigiéndoles que buscaran la caja fuerte y que revisaran cajón por cajón. Luego fue reconocido como el militar hoy imputado.
Acto seguido, Hugo Javier Ovelar habría amenazado directamente al encargado del local, diciéndole que, si quería volver a ver a su hija con vida, debía entregar todo lo que tenía. Fue entonces cuando la víctima mostró a los asaltantes la caja registradora, de la cual extrajeron la suma de 5.000.000 de guaraníes.
También se apoderaron de dos aparatos celulares: uno de la marca Redmi, modelo A09 (corporativo de la empresa) y otro de la marca Samsung, modelo A70, color blanco, además de una billetera de bolsillo que contenía la suma de 400.000 guaraníes.
Se fugaron a bordo de la motocicleta tipo GTR, de color negro. Todo lo ocurrido quedó registrado en las cámaras del circuito cerrado del local.
El 29 de abril del 2025, se comunicó al Ministerio Público la aprehensión de Hugo Javier Ovelar, conforme al acta N.º 01/23 enviada del Comando de la Armada.
El 30 de abril, el encargado de la casa de apuestas, Oscar Montiel, compareció ante la unidad fiscal y relató con detalles lo acontecido, describió a los autores del hecho y ratificó el reconocimiento de Hugo Javier Ovelar como uno de los partícipes del asalto, ya que actuó con el rostro descubierto.