El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, tras admitir los hechos investigados en el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de Ciudad del Este, que salpica al exintendente esteño Miguel Prieto, destituido por corrupción, quien también imputado en esta causa.

A través de los fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Corrupción, se solicitó la abreviación del plazo procesal por un período de prueba de un año, para una procesada en el marco de la causa que investiga un supuesto perjuicio de G. 505.154.095 relacionado con obras en el Hospital Regional de Ciudad del Este, durante la gestión de Miguel Prieto.

El pedido fue presentado ante el juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno, en el marco de la causa abierta por supuesta lesión de confianza, fundamentando que “la procesada reconoció los hechos investigados, aportó información que contribuyó a la investigación y solicitó acogerse a la suspensión condicional del procedimiento”.

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“En el caso específico de Cinthia Noelia Alen Guerrero, la misma no contaba con la calidad de ordenadora de gastos u obligación legal directa de proteger el patrimonio municipal en la misma medida que el autor principal. Por consiguiente, se concluye que no contaba con la posición de garante del patrimonio de la Municipalidad de Ciudad del Este; no obstante, prestó su aporte doloso para que se configure el resultado típico, exigencia requerida para atribuir la calidad de cómplice”, señala el documento.

Los fiscales agregan en la solicitud que “según informes remitidos por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la procesada, licenciada en Ciencias Contables, no registraría compras de materiales ni bienes utilizados para la construcción”, por lo que “este elemento robustecería la hipótesis de que estaría inscripta en una actividad comercial correspondiente al ‘rubro de la construcción’, mientras que su actividad comercial efectiva estaría vinculada a la contabilidad”.

El informe técnico elaborado por el Laboratorio Forense del Ministerio Público, las obras que debían realizarse en 2020 en el Pabellón de Trauma del Hospital Regional no se adecuarían a lo pagado por el Consejo Local de Salud con recursos municipales. También señala que “de haberse efectuado los controles correspondientes por parte de la Municipalidad, el consecuente perjuicio no habría ocurrido”.

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Tras la grave denuncia presentada por la madre de un recién nacido a quien le cortaron el rostro durante el parto, desde el Hospital Regional de Ciudad del Este comunicaron que la cesárea fue de emergencia y la madre ya no tenía líquido en el vientre. Además, indicaron que se trata de una complicación que está descrita y que puede pasar.

El doctor Arturo Bobadilla, jefe de Ginecología del hospital, manifestó que este tipo de situaciones son comunes en este tipo de partos, porque la madre de 22 años ya estaba como para tener a su bebé por parto normal y sin líquido amniótico. Sin embargo, el parto quedó estancado y se practicó la cirugía de emergencia.

“Ocurrió una complicación en el caso de esta cesárea y lamentablemente hubo una lesión en la piel del bebé, en la parte más larga de la cara. Que la mamá haya estado con dilatación completa es un factor de riesgo para que puedan ocurrir estas lesiones, pero no es frecuente”, detalló Bobadilla, en entrevista con la 780 AM.

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Afirmó que no se trata de una negligencia médica ni mal procedimiento, porque no dejaron a la paciente con la dilatación completa a la espera de un parto natural o vaginal y que para evitar esto tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. “Lo que se hizo fue acorde a los protocolos y proceder a la realización de la cirugía”, aclaró.

Reafirmó que es una complicación que puede pasar en este tipo de procedimientos que se realiza de emergencia. “Absolutamente nadie quiso lesionar a la mamá ni al bebé, es una complicación que está descrita y que puede pasar, lastimosamente pasó y probablemente pase de vuelta en algún momento”, apuntó.

Confirmó que el recién nacido fue atendido por esta lesión y que de inmediato la herida fue cerrada con una sutura intradérmica y está recibiendo los cuidados necesario para que quede lo mejor posible. Además, relató que este corte solo afectó la piel del bebé, que actualmente se encuentra estable y su madre ya fue dada de alta.

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Una masa tumoral de aproximadamente 30 centímetros y 1,650 kilogramos fue extraída durante una cesárea de urgencia practicada a una mujer de 29 años en el IPS Ciudad del Este. La intervención permitió resolver en un mismo procedimiento la emergencia obstétrica y la patología anexial detectada durante la cirugía.

La paciente cursaba 35,4 semanas de gestación y llegó al servicio de Ginecología y Obstetricia con intenso dolor abdominal. Debido a sus antecedentes de dos cesáreas y a la sospecha de una posible dehiscencia de la cicatriz uterina, los médicos determinaron que era necesario realizar una intervención de urgencia.

La cesárea se llevó a cabo y, a las 20:15, nació una bebé de sexo femenino, con un peso de 3.000 gramos. Durante el procedimiento, el equipo médico detectó además un tumor anexial de gran tamaño, por lo que resolvió realizar su extracción en el mismo acto quirúrgico.

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Los profesionales lograron retirar la tumoración y completar la intervención sin complicaciones mayores. Al efectuar ambos procedimientos de manera simultánea, se evitó que la paciente tuviera que afrontar posteriormente una nueva cirugía para tratar la masa.

El procedimiento estuvo a cargo de las gineco-obstetras Ilda Talavera, Gloria Feltes y Danilo González. El equipo de anestesia estuvo integrado por las doctoras Rosa Echagüe y Rossana Calonga, mientras que participaron en enfermería las licenciadas Mabel Vázquez y Martha Molinas.

La intervención requirió la coordinación de los equipos de Ginecología y Obstetricia, Anestesia y Enfermería, que atendieron tanto la urgencia relacionada con el embarazo como el hallazgo quirúrgico durante la cesárea.

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La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este pide esclarecer su vínculo con la comuna y la defensa particular de personas relacionadas con la institución.

Integrantes de la Contra­loría Ciudadana de Ciu­dad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la República (CGR) impulsar una fiscalización en torno al plantel de funciona­rios y empleados públicos de la municipalidad al denun­ciar una presunta incompati­bilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo. El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo con­forme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero de 2025 y paralela­mente ejercería la defensa téc­nica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto y su gavilla conformada por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos Francisco Arrúa y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.

“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompa­tibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inade­cuada de recursos o informa­ción institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipali­dad de Ciudad del Este, ejerce­ría la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.Señala también que “asimismo, se solicita veri­ficar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Acti­vos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.

En el escrito mencionan que algunas de las causas judicia­les guardarían relación con hechos denunciados, actua­ciones administrativas, recur­sos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirecta­mente con la Municipalidad de Ciudad del Este. “Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos debido a que, por una parte, mantiene un vín­culo remunerado con la institu­ción municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investi­gadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciuda­dana de acuerdo a las informa­ciones e investigaciones recopi­ladas por sus miembros.

Agregan que la situación requiere verificar si la denun­ciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documen­tos, antecedentes, datos per­sonales, expedientes adminis­trativos, informes jurídicos o cualquier otra información ins­titucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica. Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indi­rectamente, se utilizan recur­sos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, infor­mación o fondos de la Munici­palidad de Ciudad del Este. En el requerimiento, la Contra­loría Ciudadana hace alusión a la Ley n.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y emplea­dos públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan el Artículo n.º 51 de la ley que establece, entre las obligacio­nes de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses pro­pios o particulares, observar el principio de probidad adminis­trativa y actuar con imparcia­lidad. También hacen mención del Artículo n.º 52, inciso m), prohíbe a los servidores públi­cos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico. Igualmente, citan los incisos k), l), n), p) y r) del mismo artí­culo argumentando que en los mismos se detallan prohibicio­nes relacionadas con la obten­ción de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados par­ticulares y el ejercicio de ocu­paciones que no puedan con­ciliarse con las obligaciones del puesto público.

Además, citan en la solicitud el artículo n.º 61, inciso p), con­sidera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámi­tes o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.

También hacen referencia a la Ley n.º 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obli­gados a las personas nombra­das, contratadas o electas para prestar servicios en organis­mos o entidades del Estado. La declaración jurada debe pre­sentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.

“Los hechos expuestos ame­ritan una investigación des­tinada a determinar la natu­raleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectua­dos, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obliga­ciones legales de transparen­cia”, sostienen.