En pleno Día del Niño, Municipalidad de Irala Fernández entregó coquitos en estado de putrefacción
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Una gran burla y una sentida ofensa sintieron los docentes y toda la comunidad educativa de la Escuela Nº 6.780 “La Esperanza Sanapaná”, del distrito de Irala Fernández, departamento de Presidente Hayes, tras recibir para la merienda de unos 30 alumnos, por parte de la Municipalidad de Irala Fernández, coquitos en estado de putrefacción. Lamentaron que los niños aguardaran la merienda en pleno Día del Niño y que los panificados no pudieran ser entregados por su pésimo estado, dijo Catalino Echeverría, miembro de la comunidad educativa.
“Penosamente recibimos estos alimentos en muy mal estado. No se puede entregar coquitos con bichos y descompuestos ni siquiera a animales, mucho menos a nuestros niños. Es lamentable la situación, lastimosamente nos percatamos del estado del panificado ya cuando todo estaba organizado y los niños aguardaban la entrega”, lamentó Echeverría.
Enojados e indignados, un grupo de docentes se presentará este lunes a la comuna local para hacer la devolución de los panificados en pésimas condiciones y no aptos para consumo humano tras la desilusión ocasionada a los niños en su día. Esto, atendiendo que la merienda escolar es distribuida por las municipalidades locales con fondos del Fonacide.
La comunidad educativa chaqueña denuncia incluso que la entrega de leche y panificado en compensación a la merienda escolar en las instituciones educativas no se da periódicamente como debería ser. Estos son entregados una vez al mes, solo un litro de leche y dos panes.
Igualmente, exigen explicaciones al intendente Cecilio López sobre la entrega de alimentos para niños en esas condiciones, así como piden que se compense el daño de alguna forma.
Comitiva fiscal allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira
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Este martes, una comitiva de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, en el departamento de Itapúa, en el marco de las investigaciones sobre supuestas irregularidades en la administración de jefe comunal Ysidro Rivas Román, padre del senador Hernán Rivas.
El jefe comunal fue denunciado por un grupo de concejales el 2 de junio del 2023, tras rechazar el balance de rendición de cuentas de la administración de Rivas Román, perteneciente al 2022. Las supuestas irregularidades guardan relación con adjudicaciones y construcción de obras públicas.
También se impulsan allanamientos en sedes de las firmas privadas presuntamente involucradas en las millonarias adjudicaciones. El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Natalia Fúster, Luis Said y Verónica Valdez.
El dirigente político se encuentra denunciado por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Según refiere la denuncia presentada por la Junta Municipal de la citada localidad, existiría un perjuicio de G. 1.333.516.215.
Los agentes buscan recolectar evidencias y documentación que permitan esclarecer los hechos denunciados. “Tenemos sospechas que los documentos y las declaraciones son totalmente falsas”, manifestaron los ediles en la acusación al sostener que las obras municipales habrían terminado siendo realizadas con las maquinarias y personal de la municipalidad.
Durante el procedimiento se lograron incautar varios documentos relacionados con la investigación, como lo son los contratos de servicios para la construcción de puentes, mantenimiento de caminos y otros del año 2022, con las empresas Delgado Neher S.R.L. y Marcio de Andrade, informaron desde el departamento de prensa del Ministerio Público.
El Estado paraguayo se salvó de pagar USD 40 millones, monto que reclamó la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989 por indemnización de daños y perjuicios contra el Estado Paraguayo. Foto: Archivo
Rechazan multimillonaria demanda contra el Estado presentada por excombatientes del 1989
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La justicia resolvió a favor del Estado paraguayo en una demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios promovida por laAsociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, contra la Procuraduría General de la República y el Estado paraguayo por responsabilidad extracontractual, con lo que se consiguió evitar el desembolso del millonario monto superior a los G. 291.335 millones, equivalentes a USD 40 millones.
El juez civil quien rechazó la demanda, Guillermo Trovato, resolvió hacer lugar a las excepciones de falta de acción y prescripción presentadas por la Procuraduría General en representación del Estado paraguayo, y en consecuencia; rechazar la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo, e imponer las costas a la parte actora.
Según los antecedentes, en fecha 3 de agosto del año 2022, se presentaron ante el juzgado los abogados Francisco Rene y Hector Rehnfeldt, invocando la representación de la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, a fin de promover demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra el Estado paraguayo, solicitando el pago a sus asociados, -942 según planilla- de 3.000 jornales mínimos para cada uno de ellos, es decir, aproximadamente G. 309.273 que multiplicados por la cantidad de sus asociados asciende a la suma total de G 291.335.166.000.
Ahora los asesores jurídicos de la referida Asociación tienen la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación en lo civil y comercial que deberá estudiar si corresponde ratificar la resolución de primera instancia.
Leales a Prieto, con millonarios contratos en Municipalidad del Este
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Varias personas del entorno del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, están ligadas de forma directa o indirecta a una discoteca convertida en constructora que recibió contratos por USD 1,5 millones de la comuna esteña.
Por Juan Carlos Lezcano
Una funcionaria, un director de la comuna esteña y varias personas que se muestran cercanas al intendente Miguel Prieto aparecen vinculadas de forma directa o indirecta a la firma SCDE Sociedad Anónima, empresa constructora que recibió contratos por más de USD 1,5 millones por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Este vínculo cercano fue el que motivó la denuncia penal presentada la semana pasada contra Prieto y varias personas más.
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, este no era el nombre original con el que se creó la firma, de acuerdo con los documentos que los propios representantes tuvieron que entregar ante la DNCP para la consecución del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).
Lumma Silva Battochi, funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este y ligada a la firma SCDE SA, aparece junto a su esposo Juan Quiroga Cañete, quien es director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.
La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba, entre sus actividades, el “servicio de bebidas”.
Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió mudarse a una nueva sede.
Apenas unos días después de la apertura del bar, el 9 de julio de 2021, Lilian Benítez Villalba acudió como presidenta del Directorio de la firma a solicitar el cambio de denominación y también de las actividades declaradas por la empresa.
Fue así que Golden Rouge SA pasó a convertirse en SCDE Sociedad Anónima. Y de club nocturno se transformó en una firma cuya actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles.
FUNCIONARIA Y SU MARIDO
De acuerdo con el acta de cambio de denominación, como accionistas aparecen Lilian Graciela Benítez con G. 680 millones, y Lumma Silva Battochi, con G. 320 millones.
Silva Battochi es funcionaria de la comuna esteña y gana G. 3 millones mensuales como auxiliar en la Secretaría de la Vivienda. La empleada pública no declaró sus acciones ante la Contraloría y llamativamente en los papeles figura que aportó el equivalente a cien meses de su remuneración en la comuna.
La funcionaria ingresó como contratada en la comuna en 2021, misma época en la que comenzó a aparecer como accionista de Golden Rouge y después SCDE SA.
Silva Battochi es esposa de Juan Esteban Quiroga Cañete, quien ingresó en 2022 como funcionario contratado de la Municipalidad de Ciudad del Este. En ese entonces percibía G. 4.200.000.
Para 2023, Quiroga Cañete ya estaba percibiendo G. 12 millones mensuales y se convirtió en director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.
Juan Quiroga, marido de la funcionaria de la disco – constructora, abrazado a Miguel Prieto.
HERMANASTRA ACCIONISTA
Actas posteriores revelan que Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez, hermanastra de la primera.
Samara declaró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por la funcionaria comunal.
TODOS CERCANOS A PRIETO
Quiroga Cañete y Aguirre Benítez demuestran su gran cercanía con Prieto a través de publicaciones en redes sociales.
Aguirre tiene fotografías en redes sociales en las que aparece en cumpleaños infantiles compartiendo junto al intendente Prieto y a la concejala Valeria Romero, una de las personas de confianza del jefe comunal.
Quiroga Cañete también tiene numerosas fotografías publicadas en actos oficiales con Prieto.
MILLONARIOS CONTRATOS
SCDE recibió 8 contratos con instituciones públicas, siete de los cuales fueron firmados con la comuna esteña. En total, la administración de Prieto entregó contratos por más de G. 10.706 millones a esta firma en menos de dos años.
Luque: allanan municipio tras muerte de dos mujeres arrastradas por raudal
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En el marco de la investigación por la muerte de dos mujeres el miércoles pasado en la ciudad de Luque durante un fuerte temporal, este lunes el fiscal Jorge Escobar encabezó un allanamiento en el municipio de la mencionada ciudad con el objetivo de recabar más información sobre el caso.
El trabajo se inició en las oficinas de la Dirección de Obras, donde en presencia del titular de dicho departamento, el arquitecto Adrián González, y el asesor jurídico de la intendencia, Raúl Salinas, fueron incautados varios documentos que tendrían que ver con las obras a realizarse en la zona del siniestro, Mariscal López casi Curupayty.
En ese contexto hay que señalar que el jueves pasado el fiscal afirmó que había elevado un pedido de informe de manera urgente a la Municipalidad de Luque, para corroborar los trabajos que se habían realizado en la zona del percance y los que estaban proyectados, ya que según el intendente de Luque, Carlos Echeverría, estaban previstas obras de acondicionamiento en las calles donde el vehículo en el que viajaban madre e hija fue arrastrado por el raudal.
Posterior al hecho, un equipo de peritos de la Fiscalía evaluó la calle que desembocaba en el cauce donde terminó cayendo el automóvil en el que se desplazaban las víctimas junto a agentes del Grupo Lince, quienes debían asistir esa mañana al acto de graduación.
El objetivo de esta tarea en particular era determinar las condiciones en las que habría estado la zona en el momento de la tormenta y si se podría hablar de la incursión en una falta grave de seguridad por parte del municipio.
Hasta el momento se maneja que existen dos líneas de investigación que apuntan a buscar el grado de responsabilidad del conductor del vehículo, por un lado, y por el otro el del municipio, en su carácter de encargado de velar por la seguridad vial de todos los habitantes de la ciudad.