El nuevo presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, señaló este viernes que se debe recuperar la credibilidad de la institución y estar al lado de los usuarios. Prometió transparencia y una buena comunicación con la ciudadanía.
“Tengo una gran misión, recuperar la credibilidad de la institución, que la ciudadanía vuelva a confiar en nosotros. Necesitamos una buena comunicación, que se sepa todo lo que estamos haciendo, la transparencia es importante”, dijo Sosa en comunicación con la 1080 AM.
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Mencionó que estaba en el Área de Distribución de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y que conoce bien las falencias del ente estatal, pero tiene un plan a corto plazo a fin de mejorar el servicio y dar solución a las dificultades de la institución.
Sosa indicó que se debe implementar estrategias para el próximo verano porque este año no se adquirieron transformadores. Destacó que Asunción, Central y Alto Paraná son las zonas con más demanda de consumo de energía eléctrica.
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“Yo vengo del Área de Distribución, conozco los inconvenientes que hay. Tenemos un plan a corto plazo para poder instalar inicialmente los transformadores que tenemos en los depósitos. Asunción, Central y Alto Paraná son las áreas con mayor aumento de energía”, agregó.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, designó como nuevo titular de la Ande a Félix Sosa en reemplazo de Luis Villordo, quien dejó el cargo de manera sorpresiva durante la tarde del jueves, aparentemente a causa de las sobrefacturaciones denunciadas durante la pandemia.
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Suba de tarifas a criptominerías: “Ellos siguen ganando”, sostiene Samaniego
La senadora del Partido Colorado, Lilian Samaniego, se refirió al rechazo proveniente de empresarios y representantes dedicados al rubro de la criptominería a la decisión de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), de establecer el aumento de las tarifas para el grupo de consumo intensivo especial, el cual incluye al citado sector que logró en los últimos años un gran auge en Paraguay.
“Deben entender que somos el país que tiene la tarifa más baja de Latinoamérica en comparación a otros países. Yo no creo que la Ande tenga que retroceder (en el reajuste tarifario) porque de lo contrario se le estará cobrando al vecino”, comentó.
El ajuste establecido por la entidad eléctrica es de entre 10 % y 16 %, lo que representa un costo de entre USD 37,08 y 59,76 MWh. El gremio que opera con la minería de criptoactivos de manera legal reprocha el reciente ajuste tarifario, argumentando que podría implicar “un impacto negativo significativo” y conllevar a pérdidas económicas y fuentes de empleos, así como a la reducción de oportunidades para futuras inversiones en nuestro país.
“Ellos (criptomineros) siguen ganando y lo seguirán haciendo, no es que están perdiendo. Hay que establecer de una buena vez una política de Estado”, manifestó la legisladora en una entrevista con los medios acreditados en la Cámara Alta.
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Los representantes del sector habían alegado una falta de debate y consenso previo entre todas las partes involucradas, responsabilizando a la Ande por adoptar una medida tan drástica sin previa comunicación. Además, sostienen que también podría ahuyentar a las empresas que decidieron invertir en la minería de criptomonedas en Paraguay.
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Cuestionados cabecillas de algunas oenegés buscan boicotear proyecto de transparencia
Un documento filtrado revela el plan de acción que pretenden llevar adelante algunas organizaciones no gubernamentales para boicotear el proyecto de ley que busca establecer mayor control y transparencia a las mismas. De hecho ya se dieron algunos de los pasos establecidos en la hoja de ruta que no escatima maniobras al punto de generar un terrorismo de Estado.
El 4 de julio de 2024, a las 15:30, una reunión convocada por la Fundación CIRD y liderada por Agustín Carrizosa reunió a 73 representantes de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que se sienten amenazadas por la nueva ley que exige mayor control, transparencia y rendición de cuentas. Esta normativa, actualmente en tratamiento y ya revisada por varias comisiones, ha generado una fuerte oposición entre varias entidades. La pregunta que surge es: ¿Defienden realmente estas organizaciones el bien común o están protegiendo intereses particulares?
Un documento filtrado tras la reunión revela el plan de acción que buscan establecer los referentes de estas organizaciones para tratar de frenar el proyecto de ley.
Estrategias para bloquear la ley
La reunión, realizada vía Zoom, incluyó a prominentes figuras del ámbito como Marta Ferrara, Óscar Charotti, un representante de los indígenas que en el pasado asesoró al Congreso en temas de pueblos originarios, Miguel Ángel Rivarola de la Fundación Paraguaya y el secretario de la Pastoral Social. El objetivo central del encuentro fue delinear estrategias para impedir la aprobación de la ley de control, transparencia y rendición de cuentas de las OSFL.
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Entre las acciones decididas, se resolvió iniciar un lobby directo y personal con senadores y diputados del Partido Colorado disidentes. Entre los nombres mencionados como posibles aliados se encuentran Blanca Ovelar, Lilian Samaniego y Luis Pettengill. No obstante, se optó por no acercarse al grupo del Frente Democrático para evitar afectar la percepción ciudadana.
Un plan de acción controversial
Estos son algunos de los puntos que resaltan en el documento filtrado.
- Lobby directo: iniciar de inmediato contactos individuales con senadores y diputados, tratando de convencer a los disidentes del Partido Colorado de oponerse a la ley antes de la votación prevista para el 9 de julio.
- Intercesión del cardenal: solicitar la intervención del cardenal con el senador Gustavo Leite, aprovechando su influencia para retrasar el tratamiento de la ley.
- Solicitada conjunta en medios: publicar un comunicado conjunto en medios de prensa favorables para alertar a la ciudadanía sobre las implicancias de la ley, calificándola de inconstitucional y confiscatoria.
- Delegación para el 9 de julio: formar una delegación diversa, incluyendo representantes indígenas, estudiantes y miembros de la Iglesia católica, para ejercer presión durante el tratamiento de la ley en el Congreso.
- Prensa internacional: contactar a medios internacionales, como CNN, para proyectar una imagen negativa del país y presionar al presidente de la República a vetar la ley.
- Acciones legales: en caso de aprobarse la ley, presentar una acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar para suspender sus efectos hasta que se resuelva la cuestión legal, lo cual podría tardar años.
- Modificaciones específicas: convencer a algún senador aliado para proponer modificaciones a los artículos 1, 2 y 3 de la ley durante la plenaria, buscando reducir su impacto sobre las OSFL.
- Campaña en redes sociales: desarrollar un eslogan o discurso persuasivo para una campaña masiva en redes sociales, actuando como bloque y no de manera individual.
- Financiación colectiva: crear una cuenta común para financiar las acciones propuestas, ya que ninguna organización dispone de fondos suficientes por sí sola.
- Documento marco: las organizaciones con asesores jurídicos redactarán un documento marco para presentar la acción de inconstitucionalidad, compartiéndolo con las entidades más pequeñas sin recursos para contratar abogados.
Intereses en juego
La preocupación principal expresada en la reunión fue la imposibilidad de contratar libremente al personal considerado más comprometido e idóneo debido a las nuevas restricciones contra el nepotismo incluidas en la ley. Esta preocupación pone en evidencia una posible contradicción: mientras se presentan como defensoras del bien común, muchas de estas organizaciones parecen estar más preocupadas por mantener el control sobre sus recursos y operaciones.
El enfoque en contactar a medios internacionales para proyectar una imagen negativa del país también sugiere una estrategia agresiva que podría tener consecuencias adversas para la imagen nacional, independientemente de la legitimidad de sus reclamos. Además, la insistencia en realizar un lobby personal y directo con ciertos senadores revela una intención de influir en el proceso legislativo de una manera que podría considerarse poco transparente.
La reunión plantea serias dudas sobre las verdaderas intenciones de las OSFL que se oponen a la nueva ley de transparencia. Si bien es cierto que algunas organizaciones cumplen con sus obligaciones y desempeñan un papel crucial en la sociedad, la resistencia a una mayor rendición de cuentas y transparencia sugiere que hay intereses particulares en juego. El esfuerzo coordinado para bloquear la ley, utilizando tácticas de lobby, influencia religiosa, presión mediática y acciones legales, pone en entredicho la sinceridad de su compromiso con la transparencia y el bien común.
Esta situación destaca la necesidad de un debate público más amplio y transparente sobre el papel y la regulación de las OSFL en Paraguay. La ley propuesta, con sus medidas de control y transparencia, podría ser un paso importante hacia una mayor responsabilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados destinados a estas organizaciones.
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Control a ONG: “No existe intención de instalar una autocracia, se aspira a la transparencia”
“Lo que se pretende, busca y por sobre todas las cosas se aspira colectivamente es que se transparente la aplicación y el uso de los fondos entregados a las oenegés”, argumentó el senador opositor Dionisio Amarilla. Agregó que los paraguayos tienen el derecho de conocer en que se invierten los millonarios fondos de origen nacional o internacional destinados a las citadas organizaciones.
“Hay ajustes sugeridos por la Comisión de Legislación, que es el texto base a ser discutido. De mi parte no existe intención de aprobar ningún proyecto que pueda instalar una autocracia en el Paraguay. Hay elementos contundentes, suficientes y por sobre todas las cosas demostrables en donde se puede apreciar manipulaciones de parte de algunas ONGs con relativos prestigios, por lo menos muy bien posicionados mediáticamente”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Amarilla surgieron ante la postura de los representantes de las oenegés, incluso de la Iglesia católica, quienes piden postergar el estudio del proyecto con la finalidad de impulsar un proceso de diálogo bajo el argumento de que observan que el documento posee algunas objeciones de índole constitucional. Agregan que de aprobarse se podría tener graves consecuencias para el sistema democrático, representativo, participativo y pluralista.
La Cámara Alta prevé este lunes a las 14:00 realizar una sesión extraordinaria con la finalidad de debatir el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
Por su parte, su colega del Partido Colorado y uno de los principales proyectistas, Gustavo Leite, indicó que “yo no soy partidario de postergar algo que tiene suficiente tiempo de estudio, análisis y debate. La ONG jamás cederán para que el público sepa en qué gastan su plata cuando vienen de fuentes privadas, aunque trabajen en el ámbito del Estado. Yo no puedo jamás dejar de incluir esto dentro de la ley porque la esencia del derecho a la información está consagrado en la propia Constitución”.
Asimismo, el parlamentario siguió argumentando que: “las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en el ámbito del Estado no rinden cuentas a la ciudadanía y a los poderes del Estado, son un Estado paralelo”.
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Control a ONG surge por recomendación de Gafilat: “Piden tomar cartas en el asunto”
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, se refirió a las controversias generadas en torno a la propuesta que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En la tarde de este lunes se prevé el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta.
Representantes de las oenegés, incluso de la Iglesia católica, piden postergar el estudio del proyecto con la finalidad de impulsar un proceso de diálogo bajo el argumento de que observan que el documento posee algunas objeciones de índole constitucional. Agregan que de aprobarse se podría tener graves consecuencias para el sistema democrático representativo, participativo y pluralista.
Ante dichas argumentaciones, el parlamentario manifestó que “el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica recomendó al Paraguay que se modifique la legislación vigente para las oenegés por altas probabilidades de lavado, pidió a nuestro país que tome cartas sobre este asunto y eso hicimos. Varias oenegés deben transparentar los recursos. Hay varias que dilapidan los recursos y se usan para otras cuestiones”.
En comunicación con la 1020 AM, Núñez recordó que el pedido de mayor control a las ONG, por parte de la organización intergubernamental de base regional que agrupa a un total de 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, fue requerido durante la visita de expertos del organismo al Paraguay.
Modificaciones
“Hay que recordar que este proyecto de ley ya tiene más de 8 meses, en su principio era de 4 o 5 artículos nada más. Pasó por varias comisiones, sufrió grandes modificaciones. La gran mayoría de los colegas quieren sesionar, es algo que se debe debatir y no desconocer por eso se estableció un día especial. Si la gran mayoría decide que la sesión se debe postergar, entonces será así”, indicó.
El presidente del Senado sostuvo además que en caso de lograrse en la fecha la media sanción de la propuesta, existen otras instancias para dar continuidad al debate. “También se encuentra la Cámara de Diputados, esto puede ser debatido, modificado, no es que hoy se aprueba y ya es ley. El presidente de la República también lo puede vetar, es el inicio”, puntualizó.
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