Anunciaron el cierre por 5 días para precautelar la salud de funcionarios y contribuyentes y el palacete municipal será desinfectado.
Mediante comunicado, este viernes informaron desde la Municipalidad de Limpio que un funcionario municipal ha dado positivo al COVID-19.
Por esta razón, comunicaron que la sede de la municipalidad permanecerá cerrada por un plazo de 5 días, a partir de hoy sábado 1 de agosto, para precautelar la salud de los funcionarios y contribuyentes.
Dispusieron la suspensión temporal de las actividades administrativas y la atención al contribuyente, estableciendo el retorno a las actividades laborales el jueves 6 de agosto con posibilidad de prórroga.
Indicaron además que han activado el protocolo sanitario conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para estos casos y que se utilizará el cierre temporal para la debida desinfección del palacete municipal.
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Así también, aprovecharon la ocasión para aclarar que la persona no guarda relación directa con atención al público y/o contribuyente del municipio.
Recordemos que días atrás, ante la gran cantidad de casos de COVID-19 registrados en la ciudad de Limpio, la municipalidad decidió declarar emergencia sanitaria por 90 días en el distrito. Además, restringieron la circulación de personas y vehículos desde las 21:00 hasta las 5:00.
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Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
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Gobierno de Santiago Peña oficializó el cierre de cuatro embajadas
El mandatario Santiago Peña firmó el derecho n°2642 mediante el cual se oficializó el cierre de las embajadas paraguayas en Portugal, Suiza, Australia y Egipto. La resolución presidencial manifiesta que la medida obedece a “razones presupuestarias y reciprocidad en las relaciones”.
Asimismo, el decreto sostiene que se apunta a “alcanzar objetivos de eficiencia y economicidad en el gasto de la administración pública, recursos estatales y maximizar el aprovechamiento de las existentes”. Este posicionamiento refiere a que los citados países no cuentan con embajadas residentes en la ciudad de Asunción, pero el Paraguay sí.
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Las cooperaciones con las mencionadas naciones fueron establecidas mediante sedes diplomáticas concurrentes. Agrega a la vez que los recursos económicos generados por los recortes en el servicio exterior serán reorientados para atender las necesidades institucionales de carácter prioritario.
Señala también que los respectivos gobiernos han sido debidamente notificados, conforme a lo establecido en la Convención de Viena. El pasado 4 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, sostuvo ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional que su cartera prevé para el año 2025 un ahorro mensual de USD 478.000 y al año USD 5.7 millones por los recortes en el servicio exterior, es decir, con la clausura de embajadas, consulados y misiones permanentes.
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Por falta de energía eléctrica suspenden clases en Concepción
Debido a la falta de energía eléctrica persistente desde hace varios días, a raíz de la explosión de un transformador, los alumnos y los docentes del Centro Regional de Educación Juan E’ Oleary, de Concepción, se vieron obligados a suspender nuevamente las actividades escolares.
Según las autoridades de la institución, esta es la segunda ocasión en el año en que se quedan sin energía eléctrica por varios días, debido a la falla de un transformador bien puesto en el lugar. Recordaron que, este equipo fue colocado de manera provisoria por los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) tras la explosión del anterior transformador.
Además, la capacidad del mencionado equipo de suministro eléctrico no está adecuada a la verdadera necesidad de la institución, y por este motivo venían utilizando de manera limitada e intermitente los ventiladores y acondicionadores de aire, además de la luz. Esto debido a que, si todos los cursos los utilizan a la vez, se produce una sobrecarga.
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En la mañana de este martes, padres, docentes y alumnos se reunieron en la institución para buscar una solución definitiva a este problema, llegando a la conclusión de que la única forma de continuar dando clases, especialmente en verano, es comprando un nuevo transformador. Sin embargo, este equipo tendría un costo aproximado de 100.000.000 de guaraníes.
“Es una pena que en la institución cabecera del norte tengamos que pasar esto, que nuestros hijos deban pasar por esto. Hasta el momento ninguna autoridad regional se ha acercado y lamentamos que los padres otra vez deban buscar las soluciones, ya que aquí acuden muchas familias humildes”, indicó Raquel González, representante de los padres, en conversación con el corresponsal de La Nación, Ángel Flecha.
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Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.
El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.
También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.
También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.