En el marco de la Jornada de Gobierno desarrollada en Concepción, el Gobierno anunció la firma del decreto que autoriza la contratación de préstamos por hasta USD 185 millones para la construcción de la ruta Concepción-Vallemí y asimismo, la firma del convenio que posteriormente darán inicio a las obras en el tramo Concepción-Pozo Colorado.

“Nuestro departamento siempre estuvo bastante golpeado y dejado de lado por muchos gobiernos y el pueblo no creía más en las autoridades. Hoy el presidente Santiago Peña nos ha devuelto la esperanza en las autoridades y en las obras que hoy son realidad”, expresó la gobernadora Liz Meza.

En conversación con La Nación/Nación Media, manifestó que la presencia del mandatario en el departamento marcó un precedente, puesto que en compañía de los ministros y más autoridades realizaron anuncios e inauguraciones importantes que forman parte del trabajo que se ha llevado adelante a lo largo de estos 15 meses, resaltó.

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“En el tramo de Concepción-Pozo Colorado, por más de 35 años estuvimos con ese calvario y ese pesar, lastimosamente perdimos muchas vidas por la falta de un camino en condiciones, pero finalmente ya se firmó el convenio con las empresas que van a hacer la obra y culminar dentro de estos dos años”, indicó.

Por otro lado, mencionó también otro hecho relevante para el departamento y es el inicio de la construcción el Gran Hospital del Norte, el cual está previsto para el 2025. Meza indicó que esta es una necesidad en Concepción, puesto que la población ha aumentado en los últimos años y además, esta zona del país se ha convertido en un polo de desarrollo.

“Es muy alentador y esperanzador lo que está sucediendo porque lo que ha prometido el presidente en los primeros días, de hacer un trabajo en conjunto entre el Gobierno central, departamental y municipal hoy día es realidad y se han llevado adelante proyectos en la parte vial, infraestructura, salud, educación y la parte social que son importantes. Se han entregado más de 610 viviendas, y ya se superaron las 1.000 viviendas en un año”, concluyó.

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La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, llamó a una “enorme” protesta el próximo 1 de diciembre contra el presidente Nicolás Maduro, quien tiene previsto juramentarse en enero tras ser proclamado reelecto entre denuncias de fraude. “Tenemos que actuar ya, este 1 –de diciembre– va a ser una protesta única, inédita, con nuestras manos en rojo, con valentía (...) el mundo entero se va a concentrar en la causa de un país que ha decidido avanzar hasta el final”, dijo Machado en un encuentro virtual con dirigentes y activistas opositores.

Que sea “una enorme protesta dentro y fuera de Venezuela”, añadió la opositora, que se encuentra en la clandestinidad tras amenazas de cárcel. Machado también prometió acciones “más firmes, más determinantes” de cara al próximo 10 de enero, fecha en la que se juramenta el presidente de Venezuela. Machado y su candidato González Urrutia denunciaron fraude en las elecciones del pasado 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador sin mostrar el escrutinio detallado de la votación.

La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80 % de las copias de las actas que demostraban su triunfo y las difundieron en una página web. Protestas estallaron y dejaron un saldo de 28 muertes, 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El Gobierno desestimó las papeletas y dijo que eran forjadas, la Fiscalía anunció una investigación contra los líderes opositores y pidió el arresto de González Urrutia. González Urrutia terminó por exiliarse en España, pero ha prometido que se juramentará como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.

Miles de personas se manifestaron este sábado en Barcelona ante la convocatoria de asociaciones y colectivos de inquilinos para denunciar el difícil acceso a la vivienda y exigir una bajada generalizada de los alquileres en la segunda ciudad de España. La protesta reunió a unas 22.000 personas.

Los manifestantes, apoyados por varios partidos de izquierda y por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, se reunieron por la tarde en el centro de Barcelona detrás de una enorme pancarta que reclamaba “una vivienda digna para todos”.

“Hoy es un punto de inflexión y comienza un nuevo ciclo político en lo referente a la vivienda”, declaró a la prensa Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña (Sindicat de Llogateres), la principal organización convocante de la protesta.

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“No puede ser que los inversores lleguen a nuestras ciudades y jueguen con los pisos como en el Monopoly”, agregó. “Hemos venido hoy a decir que se acabó”, sobre todo a los “arrendadores” que “nos roban la mitad del sueldo”.

Los manifestantes reclaman una bajada del 50 % de los alquileres, la introducción de contratos de alquiler indefinidos y la prohibición de la venta especulativa de viviendas. De lo contrario, amenazan con una “huelga de alquileres”.

Esta manifestación se hace eco de la celebrada el 13 de octubre en Madrid, que reunió al menos a 22.000 personas con exigencias similares, en un contexto de gran tensión en todas las grandes ciudades españolas por la subida de los alquileres.

Según el portal inmobiliario Idealista, el precio del metro cuadrado de alquiler en España aumentó un 82 % en los últimos diez años, un ritmo cinco veces mayor al del salario medio, que subió un 17 %, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Esta situación llevó al ejecutivo a aprobar a principios de 2023 una ley sobre vivienda, que preveía un alza de las construcciones de viviendas sociales, la limitación de los alquileres en zonas tensionadas y recargos para los propietarios que mantuvieran viviendas desocupadas.

Pero la nueva legislación no ha logrado limitar por ahora el alza de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades. El gobierno mantiene un pulso con varias regiones -que son las encargadas principalmente de su implementación- para que la apliquen, 18 meses después de su aprobación.

Fuente: AFP

Durante la jornada de Gobierno del presidente Santiago Peña, este viernes en el departamento de Concepción, se habilitó una planta de tratamiento de aguas residuales y una red de alcantarillado sanitario de 69,5 km, en la ciudad de Horqueta.

Estas acciones no solo beneficiarán para mejorar las condiciones de salud y sanitarias, sino que protegerán los recursos naturales, garantizarán la calidad de vida y contribuirán al desarrollo sostenible de la región.

El proyecto beneficia a más de 16.000 personas y 3.225 viviendas por G. 53.762 millones. Además de la red sanitaria, se habilitaron 650 unidades sanitarias básicas. La planta de tratamiento utiliza un sistema de laguna de estabilización con laguna facultativa y cloración para la desinfección. Las aguas tratadas serán vertidas al Arroyo Caré, cumpliendo con todos los estándares ambientales requeridos, informó el Ministerio de Obras Públicas.

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El emprendimiento también contempló el mejoramiento del sistema de agua potable mediante la perforación de dos pozos profundos y el fortalecimiento de la Junta de Saneamiento San Antonio. Se instalaron dos estaciones de bombeo y se han reubicado a dos familias en modernas viviendas construidas en el marco de la ejecución de la obra.

Al respecto, el intendente de Horqueta, Jorge Enrique Centurión resaltó que la disposición de una planta de tratamiento de aguas residuales, no solo ayuda a mejorar las condiciones de salud y salubridad, sino que también protege los recursos naturales, garantiza la calidad de vida de la ciudadanía y contribuye al desarrollo sostenible de la región.

“Todo esto es gracias al trabajo conjunto de todos los involucrados en este proyecto, y hoy Horqueta da un paso hacia adelante demostrando que cuando trabajamos unidos podemos transformar desafíos en oportunidades. Este sistema de tratamiento de aguas residuales, es más que una infraestructura, es un legado que marcará una diferencia significativa en nuestra calidad de vida”, enfatizó.

A su turno, el diputado colorado Arturo Urbieta, destacó las grandes obras desarrolladas en el departamento de Concepción, mencionando que en un tiempo atrás el departamento era considerado como “zona roja”, por la inseguridad.

Agregó que esa situación está cambiando, “ya que la presencia del Estado es el camino, porque en el departamento muchas cosas ya se estuvo haciendo, pero muchas obras más están por venir, entre ellas la ruta Concepción - Pozo Colorado, la primera que será construida con asfalto rígido usando materia prima local, remarcó.

El legislador afirmó que el presidente Peña le aseguró que el parque de la Salud, en el predio del IPS, será una realidad. Explicó que había tres rutas, consideradas problemáticas: una es el callejón 40, que era zona roja, “los que iban a Curusú de Hierro sabía, ahora terminó ahí el problema”, manifestó.

La gobernadora de Concepción, Liz Meza, agradeció la presencia del presidente Peña y todo el trabajo realizado en este primer año de gobierno en el departamento de Concepción. “La clave para todo el éxito es el trabajo en equipo”, mencionó.

“En solo 15 meses estamos disfrutando ya de obras que antes pensábamos que nunca se harían realidad. Vamos a seguir trabajando, porque hay mucho por hacer en Horqueta, así como muchos otros pueblos que esperan que desembarquemos, como lo hicimos en Concepción, también haremos en Horqueta y los demás distritos”, enfatizó.

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