• Ciudad del Este. Agencia Regional

Esta mañana fue reportado a la Comisaría 3ª del barrio Obrero de Ciudad del Este que un local comercial ubicado dentro del Mercado de Abasto, “Queso Róga”, fue visitado por delincuentes que se apoderaron de un total de G. 40 millones. Un personal del lugar hizo el aviso policial sobre el ingreso forzado al local, luego los policías acudieron al sitio para verificar el hecho.

Resultó víctima Julio Gustavo Riveros (43), residente en el barrio Che La Reina. El dinero robado estaba guardado dentro del frigorífico que tiene el local, en una bolsa de polietileno que estaba encima de la máquina refrigeradora, según contó a los policías, el propietario del local.

Los agentes policiales presumen que los autores del hecho conocían muy bien la ubicación del dinero, sin que para ello, se haya tenido que revisar todos los rincones, según refirió el comisario César Rivas. Esto, porque no hallaron evidencias de que hayan estado buscando en diferentes rincones.

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El comerciante afectado dijo que el sábado alrededor de las 18:00 cerró su local comercial y recién hoy se percató que la bolsa con G. 35 millones que había guardado dentro del frigorífico, no estaba, al igual que otros 5 millones de guaraníes, de la caja registradora. La persiana de una ventana fue forzada, así como el cajón de una mesita de luz.

Lo llamativo del hecho de robo, según el comisario Rivas, es que los delincuentes forzaron el cajón de la mesita de luz, pero no llevaron el dinero que había dentro de una agenda guardada en el lugar. El DVR también fue llevado por los “visitantes” y los policías que investigan no disponen todavía de imágenes. No obstante, se está buscando vídeos de otros locales de las adyacencias.

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El interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, sostuvo que posee pruebas fehacientes para sostener sus afirmaciones sobre la existencia de graves irregularidades halladas en la administración del intendente opositor Miguel Prieto.

“La intención es evidente, de querer amedrentar o intimidar, pero al menos de nuestra parte el resultado va a seguir. Estamos llegando a la mitad del período y te diría que estamos ajustados al límite de nuestro cronograma, pero redoblaremos el compromiso de continuar avanzando”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El economista sostuvo que está realizando un trabajo serio. “Nosotros tenemos, primero, la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo serio y que estamos respaldados en las documentaciones que vamos identificando“, destacó.

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En un desesperado intento de interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, el líder del movimiento Yo Creo envío el jueves pasado a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus declaraciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en la gestión del intendente Miguel Prieto.

Por otra parte, Ramírez mencionó que se encuentra accediendo a las documentaciones relacionadas a órdenes de pagos remitidas por la administración de Prieto a la Fiscalía. Los documentos no guardan relación con causas judiciales abiertas.

“Hay un porcentaje de esos documentos que están con causas judiciales abiertas. Esa es una restricción legal. Nosotros tenemos un porcentaje de documentaciones que están en la Fiscalía en la Unidad de Cuentas, tenemos los buenos oficios de la Fiscalía General del Estado, estamos accediendo. Yo diría que en varios frentes estamos avanzando bien con las circunstancias propias de la situación”, expresó Ramírez.

Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año pasado y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.

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“Tengo dos frentes muy complejos”, dijo Carlos Pereira al sostener que su trabajo en la Municipalidad de Asunción no se limita en corroborar los reportes de hechos punibles denunciados por la Contraloría General de la República (CGR), sino también en zanjar el conflicto financiero y saldar las deudas que posee la comuna.

“Estoy abocado a la investigación, a la verificación, evaluación y análisis de las 6 observaciones que realmente ha denunciado como irregularidad la Contraloría y que ha sido causal de la intervención, pero también la ley 317, me exige de que tengo que encargarme de la administración del municipio, con la limitación y restricción puntual de que tengo prohibido rescindir contratos, despedir gente y eso es mucho más complicado para mí”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El interventor señaló que el proceso de fiscalización hasta el momento no se ve obstaculizado, teniendo en cuenta que se encuentra accediendo a todas las documentaciones. Ante esta situación no descarta que su informe final pueda ser emitido antes de cumplir el plazo de los 60 días establecidos por la Constitución Nacional.

“Acá hay que tener en cuenta que la Contraloría tuvo una limitación que no ha podido acceder a la documentación respaldatoria de los gastos corrientes que ellos han cuestionado. En este caso yo tengo esa posibilidad de contar con esa documentación que hemos solicitado y que tenemos a la vista. Son 123 biblioratos que estamos procesando”, indicó.

“Yo diría que estoy bastante holgado en cuanto al cumplimiento de los 60 días corridos que dispone la ley. Con las documentaciones proveídas yo me animo a decir que vamos a poder cumplir el plazo sin ningún tipo de contratiempo. Es una posibilidad (que sorprenda con la antelación de la presentación del informe)“, dijo el interventor.

Pereira indicó que el reporte final de la intervención no solo contará con la corroboración de la existencia o no de hechos irregulares en la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, sino que también proporcionará una serie de recomendaciones que contribuyan a una mayor racionalidad en los gastos, a un achicamiento del aparato municipal, a una automatización e incorporación de tecnología que permita tener la trazabilidad de los funcionarios, las funciones que cumplen o deben cumplir.

“Hay una serie de cuestiones que va a formar parte de un aspecto cualitativo del informe. Si yo pudiera, me hubiera gustado poder sacar gente de repente para achicar la parte del aparato administrativo que está bastante. Hay un total de 9.119 funcionarios. Hay 60 direcciones que no se compadecen con lo que debería ser una administración moderna en la era de la tecnología y también lo que más me llamó la atención es la falta de control interno en muchos aspectos críticos", remarcó.

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Pereira siguió argumentando que “en todas las crisis siempre hay oportunidades ocultas, yo creo que acá se debe pensar seriamente en un nuevo modelo de cómo manejar una administración municipal, muchas veces la política tiene su penetración a nivel administrativo, hay cuoteos políticos, todos sabemos y conocemos, pero también hoy podemos ver los efectos que producen y el daño que produce ese tipo de administración".

El interventor sostuvo que se encuentra abocado en solucionar la crisis financiera que enfrenta la comuna. “Estamos haciendo esfuerzos enormes para dosificar nuestra recaudación y por nivel de criticidad empezar a hacer a prorrata, equitativamente también los pagos. Tenemos reclamos por todas partes. Cuando ingresé ya teníamos vencido cuotas de los bonos que han sido la emisión que representó el endeudamiento masivo del municipio y también otras cuotas con el sector financiero", remarcó.

Añadió que “para poner en un contexto, cuando se hizo el corte administrativo del 100 % del activo, el 51 % activo fijo, un 25 % concentrado en cuentas por cobrar de todos los tributos en gestión directa y en gestión judicial, de manera que ya te queda solamente un 25 % para enfrentar un 100 % de pasivos y de obligaciones emergentes de las decisiones que se tomaron”.

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“Nosotros descubrimos que Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear“, dijo el abogado Víctor Enríquez, quien integra la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, organización sin fines de lucro que impulsó 15 de las 49 denuncias por corrupción que pesan contra el intendente Miguel Prieto, quien insiste en obstaculizar la labor del interventor Ramón Ramírez y ayer le envió una escribana pública para amedrentarlo.

“Él nos engañó a todos con shows mediáticos, ya que es un corrupto, un egocéntrico que necesita salir en los medios de prensa, ya sea bien o mal”, sostuvo Enríquez, este viernes, en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones del abogado, quien fue apoderado de Prieto en su primera elección para completar el mandato de Sandra McLeod en 2019, surgen tras el desesperado intento del líder del movimiento Yo Creo en interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, que denunció la dificultad de acceder a documentos públicos debido a maniobras de los directores prietistas de las dependencias municipales.

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“Los integrantes de la Contraloría Ciudadana le llenamos la canasta de denuncias. Si él se sintió ofendido (por las denuncias de Ramírez), ¿por qué no se anima a establecer una querella en nuestra contra? Seguro porque no tendrá el mediatismo que tiene el hecho de ir a patotear al interventor de la municipalidad”, comentó Enríquez.

Prieto envió ayer jueves a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus afirmaciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en la gestión del intendente. “El interventor es una persona muy segura, que llegó para hacer un trabajo técnico, no es mediático”, indicó el integrante de la Contraloría Ciudadana de CDE.

“Las denuncias que presentamos contra Prieto no son chismes, son investigaciones claras, fehacientes de todos los actos de corrupción de Prieto. Es un simple farsante mediático. Cómo creer a un tipo que tiene como asesor en la municipalidad a un exdiputado (Carlos Portillo) que perdió su investidura por corrupto, por ser grabado extorsionando en casos judiciales; y después Prieto quiere hablar de honestidad y honorabilidad", refirió.

Señaló que, como organización, ya mantuvieron un encuentro con Ramírez para presentarle las investigaciones y denuncias sobre irregularidades que detectaron en la gestión del opositor. “Está todo en sus manos y tenemos la plena certeza que está haciendo bien su trabajo”, dijo.

El abogado denunció que los concejales aliados a Prieto pretenden obstaculizar el trabajo de intervención. “Ellos no quieren que se investigue. En todas las denuncias que redacté para la Contraloría Ciudadana se tipifica lesión de confianza, asociación criminal, se tiene una organización jerárquicamente organizada para provocar hechos punibles. Acá hay una organización criminal, Prieto y sus concejales armaron una gavilla para saquear“, sentenció Víctor Enríquez a Nación Media.

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