• AFP

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, denunció fraude electoral tras la primera ronda de las elecciones presidenciales, pero una de las pruebas que aportó es una lectura errada de datos de actas oficiales, según un análisis del equipo de verificación de la AFP.

Desde el domingo y a lo largo de la semana Petro ha puesto en duda los resultados que dieron como ganador al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, con una leve ventaja sobre el candidato de la izquierda, el senador Iván Cepeda.

La sorpresiva victoria del candidato opositor tensó la campaña de cara al balotaje del 21 de junio en el que ambos aspirantes se medirán para definir al sucesor del primer presidente izquierdista en la historia del país.

El martes, Petro usó un video que se hizo viral que compara de manera errónea actas de votación en consulados en Estados Unidos, donde se habilitó la votación desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de mayo, y los sufragios se contabilizaron cada día por separado.

“Presento las bases comprobadas del posible fraude”, dijo en X junto a la secuencia donde se demostraría que el candidato derechista tuvo una votación inflada en varias mesas de los consulados. Sin embargo, la AFP pudo verificar que lo que Petro ofrece como prueba es una confusión.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Niñez y Adolescencia, de la regional de Ciudad del Este espera que se realice la pericia solicitada a Asunción, sobre los cinco equipos de DVR (Digital Vídeo Recorder) y una tablet, incautados en ocasión de la intervención de un colegio privado de la capital de Alto Paraná.

Las cámaras están instaladas en los sanitarios de los varones y de las mujeres, confirmó la fiscal de la citada unidad, Vivian Coronel. El hecho fue denunciado por padres de la institución educativa y la agente encabezó una comitiva que fue hasta el colegio a verificar el hecho denunciado.

“Encontramos cámaras en los sanitarios, pero con la pericia sabremos sus alcances y qué áreas podían ser tomadas en las grabaciones”, refirió la fiscal Vivian Coronel.

Explicó que la inspección técnica dará el resultado con la información más precisa sobre los enfoques de las cámaras, para poder avanzar con más diligencias en la investigación.

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Informó que también solicitó la participación de agentes de la Unidad Ciberdelitos de la Policía Nacional y también la Fiscalía de Delitos Informáticos.

La intervención fiscal en la institución educativa ya fue el jueves 28 de mayo. La representante del Ministerio Público lamentó que se haya divulgado al respecto porque eso dificulta la investigación. En la ocasión, acompañaron la revisión de los sanitarios tanto la directora como el docente responsable del control de los DVR, según la agente fiscal.

Consultada sobre la postura de los directivos del colegio, dijo que la directora justificó las cámaras en el sanitario por la seguridad ante eventuales hechos que podrían estar ocurriendo en el sitio y que tuvo el apoyo de los padres.

“Cámaras en sanitarios son inadmisibles”, sostuvo la fiscal Vivian Coronel, quien explicó que la seguridad es un argumento importante, pero deben buscarse otros mecanismos de prevención y protección, sin violar la privacidad de los menores de edad.

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El ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, expresó nuevamente su preocupación por un grupo de adultos mayores que presuntamente fueron abandonados frente a la institución por el dirigente social de Canindeyú, Elías Cabral, a quien acusó de adoctrinarlos con el fin de que presionen por reclamos que no contempla la ley 7322/2024 de pensión universal.

“Es muy preocupante para nosotros porque vemos que se encuentran expuestos a situaciones peligrosas, están apostados ahí hace dos meses o más. Esta es una cuestión que no se puede interpretar, creo que están con una actitud totalmente distorsionada y manipulada por una persona que les tiene y trata como soldados, les adoctrina y fanatiza con sus ideas que colisionan tremendamente con la ley”, comentó el titular del MDS, este miércoles, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Entre los reclamos se encuentra el pago inmediato de la pensión para las personas de 65 años de edad así como el aumento de la pensión al 100 % del salario mínimo. “Ellos están entorpeciendo la normal circulación de las personas, cierran el acceso a la institución que recibe un promedio de 2.000 personas semanalmente que van a hacer trámites de diferentes índoles, ya que manejamos entre 6 a 7 programas sociales. Exigen cosas que deben ser establecidas mediante una modificación de la ley y también se debe contar con con disponibilidad financiera”, sostuvo.

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Rojas acotó: “Ellos se vuelven incluso agresivos, tienen actitudes de rebeldía contra otras personas. Ahora el caso está en instancias judiciales esperando que se pueda dar alguna solución porque consideramos que la presencia de los mismos al frente del ministerio representa un riesgo enorme”.

La situación de vulnerabilidad que enfrentan los adultos mayores ya fue expuesta por el ministro a finales del mes de abril, sin embargo, el grupo de adultos mayores conformado entre 25 a 30 personas se resiste a abandonar las veredas de la cartera.

“Uno de ellos incluso llegó a descompensarse y hoy está en una situación crítica en el Hospital de Clínicas, ellos no permiten que se le asista, aunque desde el Ministerio de Salud Pública se mantienen atentos para cuidarles en caso de que sea necesario. Ya hemos recurrido a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en estos días de frío para ofrecele asistencia, pero se niegan, ya hemos recurrido a la Defensoría del Pueblo para buscar una mediación e instalar una mesa de trabajo, pero también rechazaron”, recordó.

Con relación a Cabral, el alto funcionario de Estado expuso que “todo esto es encabezado por este señor, es una persona que se jacta de ser un militar frustrado, anda con una boina verde olivo y una campera con bandera paraguaya, les trata a estos adultos como soldados, les miente, se burla de ellos”.

Detalló que Cabral cuenta con el respaldo de otros dirigentes sociales como Rodrigo Piatti y Manuel Ferreira “quienes siempre andan recorriendo la zona del ministerio, reclamando cosas sin fundamentos. Estas personas se encuentran imputadas y entiendo que el próximo lunes 8 de junio será su audiencia de imposición de medidas. Como ministerio estamos proveyendo todas las documentaciones, los materiales audiovisuales y las denuncias de maltratos y agresiones hacia los funcionarios del ministerio y esperamos que se pueda demostrar que todo lo que hacen estas tres personas es irracional e innamisible”.

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El senador liberal Dionisio Amarilla denunció públicamente una supuesta exigencia económica relacionada con la organización de las internas partidarias, señalando directamente a autoridades vinculadas al proceso electoral. En su denuncia señala que supuestamente el titular saliente del PLRA, Hugo Fleitas, estaría pretendiendo que los movimientos internos asuman un gasto promedio de G. 6.000.000 por cada institución educativa utilizada como local de votación.

El legislador presentó el memorándum remitido por la coordinadora de local y delegado electoral del TSJE, dirigido al Comité Liberal y representantes apoderados de los diferentes movimientos del PLRA, en el cual se presenta el Presupuesto de los gastos previstos para la jornada de las elecciones internas partidarias previstas para el 7 de junio próximo,

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El líder político del movimiento Diálogo Azul, Lista 100, cuestionó que bajo el concepto de limpieza de colegios, provisión de prolongadores eléctricos, alquiler de mesas, sillas y toldos, además de materiales como papel, bolígrafos, papeles higiénicos entre otros elementos, se estaría requiriendo una suma que totaliza G. 7.217.000, según detalla el documento.

Ante este requerimiento, Amarilla cuestionó además, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no contemple ciertos elementos logísticos básicos dentro de la provisión de las máquinas de votación. “Si el TSJE pone las máquinas, mínimamente debe incluir los prolongadores. Además, si se trata de una elección prevista por ley, constituye una carga pública para las instituciones donde el TEI dispuso la realización de los comicios”, expresó.

El senador Amarilla también pidió una aclaración urgente a los ministros del TSJE sobre los montos que, según denunció, estarían siendo solicitados por funcionarios electorales asignados como coordinadores. “Estamos hablando de aproximadamente G. 1.500 millones que se estarían pidiendo en total”, afirmó.

Finalmente, Amarilla sostuvo que estos supuestos gastos incluso superan el apoyo económico que muchos movimientos brindan a sus candidatos distritales.

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