La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.

Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.

Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.

“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.

El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.

Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.

Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.

La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.

“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.

El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.

A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.

El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.

En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.

Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.

“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.

• Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Gentileza

Bajo el lema “Ñandereko arandu, vivir desde la sabiduría”, se reunieron en Asunción lideresas de pueblos originarios de Latinoamérica desarrollando una importante agenda continental.

Conmueve verlas caminar por calle Palma con sus banderas en alto, reclamando respeto. Ese que merece la herencia de los que estuvieron en esta tierra siglos antes de los 500 años que alcanzará esta capital en 2037. “¡Kuñanguéra jaku’e, Abya Yala ñanemba’e!”, dicen señalando en guaraní que América (Abya Yala) es de las mujeres que se movilizan.

Bernarda Pesoa, lideresa qom (toba) del Bajo Chaco, celebra que sus compañeras hayan respondido a la convocatoria para ayudarlas a “fortalecer y dar protagonismo al liderazgo de las mujeres indígenas, que sean visibilizadas, que podamos acceder a viviendas dignas, a buena salud, que tengamos medicamentos, puestos de salud y hospitales y que cese la discriminación en nuestro país”, apunta.

La respalda Lourdes Huanca, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap): “La cumbre viene a decir: no somos pobrecitas; nos están despojando de nuestra cultura y de nuestras tierras. Por eso, compañeras, hay que seguir luchando, siendo autoridades con calidad humana y profesionalismo, defendiendo los derechos de la tierra con la frente en alto”, señala.

La declaración final de la cumbre recuerda que ellas siguen “defendiendo nuestras semillas autóctonas y nativas, la soberanía alimentaria, el agua, la agroecología y los derechos de las indígenas y campesinas a vivir libres de violencia, para continuar tejiendo la unidad de los pueblos y de sus identidades culturales”.

También el compromiso con “poner en el centro los conocimientos y las diversas formas de autogobierno indígena. Invitamos a otras organizaciones y pueblos a articular acciones de resistencia que permitan proteger los territorios y todos los conocimientos”, agrega.

Organizada por la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri) junto con el Consejo de Gobernanza de la Coordinadora de Abya Yala, el evento, que se desarrolló entre el 15 y el 20 de octubre en el Centro Cultural del Puerto, reunió a unas 200 indígenas de Paraguay, México, Guatemala, Panamá, Perú, Estados Unidos, El Salvador, Argentina y Colombia.

Durante la cumbre tuvo lugar una feria de artesanías que operó “como un espacio para visibilizar y valorar los conocimientos ancestrales, la creatividad y el trabajo de las artesanas indígenas compartiendo con el público objetos que expresan la identidad, la memoria y la riqueza cultural de los pueblos originarios”, destacaron desde la organización.

“Me impresionó mucho lo que contaron las compañeras de Colombia y Guatemala que tienen una lucha muy peligrosa, porque las matan, las apresan injustamente por luchar por los recursos naturales de las comunidades”, cuenta Hilaria Cruzabie, lideresa guaraní de la comunidad Santa Teresita, cerca de Mariscal Estigarribia, Boquerón, a más de 500 kilómetros de Asunción.

Comenta entonces el caso de las guatemaltecas Nancy Sinto (maya kaqchikel); Angelina Coy Choc, Olivia Muc Ich y Rosa de Coy, que enfrentan “procesos judiciales injustos y sentencias desproporcionadas por defender la tierra y los bienes naturales”, apunta.

Hilaria narra que en la historia su pueblo se desplegó desde la llanura chaqueña hasta las zonas andinas de Bolivia. Lo hace describiendo lo difícil de su resistencia y cuán importante es la espiritualidad indígena en ese menester. “Ya practicamos poco nuestros ritos, tenemos muy presentes las religiones católica y protestante, también otras sectas que se acercan. De la experiencia de las compañeras aprendimos que cuando buscan terminar con un pueblo atacan lo espiritual, así que me llegó profundamente esto y sobre todo el hecho de que necesitamos seguir con nuestros rituales y practicarlos en comunidad”.

A su turno, Alicia Amarilla, de la comunidad guaraní de Santory, Caaguazú, comenta que durante estos días se estuvo “conversando, analizando nuestra situación desde el territorio y las comunidades y salieron muchas propuestas, una verdadera agenda continental para la lucha de las mujeres”, apunta.

Describe que la pelea sigue siendo contra “el colonialismo, la violencia contras las mujeres, los problemas en el acceso a la tierra y otras temáticas que nos unen para la lucha, abriendo un debate que desde ahora se irá construyendo para llegar a la cumbre del año que viene en Chile”.

Amarilla pide que a nivel país se haga un esfuerzo mayor “para la educación de los pueblos indígenas. Nosotros en las comunidades tenemos los plurigrados, pero se hace difícil para nuestros niños terminar la primaria, es un sistema que nos condena a vivir sin educación”, expone.

De la cumbre destaca “la primera asamblea de jóvenes, que fue muy importante para nosotros porque ayuda a recrear la espiritualidad, la cosmovisión, y apunta a consolidar la recuperación de los saberes ancestrales de los pueblos”, destaca.

“Las mujeres indígenas exigimos la erradicación del racismo estructural, el acceso a la salud intercultural, la protección frente a las múltiples violencias, el reconocimiento de las parteras y de los saberes ancestrales, y la participación efectiva en las políticas públicas que históricamente nos han excluido”, resume la declaración de la cumbre.

Lo hace describiendo una agenda que vienen construyendo desde sus inicios en Bolivia (2020), pasando por Perú (2021), Guatemala (2022), México (2023), Colombia (2024) y Panamá (2025), hasta llegar a Paraguay en este 2026.

La articulación busca visibilizar problemáticas urgentes como “La violencia de género, el impacto desproporcionado del cambio climático en las mujeres, la defensa de la soberanía alimentaria y la protección de las infancias y juventudes, entendidas no como el futuro, sino como el presente activo de la lucha”, describe.

Un grupo de senadores acudió este miércoles a la Plaza de Armas para recepcionar la iniciativa popular que propone hasta 20 años de cárcel para los adultos que interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

El proyecto denominado “La ideología de género es abuso infantil” ya tuvo entrada oficial y fue girado a la Comisión de Legislación de la Cámara para su dictamen correspondiente. El mismo es impulsado por sectores conservadores y religiosos.

Los impulsores buscan modificar el artículo 135 de la ley 6002&/17 que modifica la ley 1160/97 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la ley 3440/08 que modifica varias disposiciones de la ley 1160/97del Código Penal.

El documento en su artículo 135, inciso A, referente al abuso sexual en niños detalla en su artículo 1 que “el que realizara actos sexuales con un niño, o lo indujera a realizarlo en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de cuatro a quince años. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él, o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros.

En su artículo 2 menciona que en los casos señalados en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de diez a quince años cuando el autor al realizar el hecho haya maltratado físicamente a la víctima, haya abusado de la víctima en diversas ocasiones; o haya cometido el hecho con un niño que sea su hijo biológico, adoptivo o hijastro, o con un niño o niña cuya educación o tutela o guarda este a su cargo.

Agrega que cuando concurra más de una circunstancia de las señaladas en el inciso 2, el autor será castigado con pena privativa de libertad de quince a veinte años. En los casos señalados en el inciso 1, la pena privativa de libertad no será menor de 15 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima. En caso de que la víctima sea menor de diez años, la pena no será menor de veinte años. Menciona que se entenderá por niño, a los efectos de este capítulo, la persona que no haya cumplido catorce años de edad.

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En su artículo 135, inciso b referente al abuso por medios tecnológicos, el proyecto de ley argumenta que “el que por medio de publicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, solicite o exija de cualquier modo a un niño o niña que realice actos sexuales o que le envíe imágenes de sí misma con contenido sexual, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años. Será castigada también la tentativa”.

Mientras que en su artículo 135, inciso C hace referencia al abuso bajo otras formas el cual expresa que “el que elaborara, distribuyera, comercializara, promocionara, difundiera, publicara materiales impresos o realizara actos que pudieran interferir, alterar o dañar la percepción natural del niño acerca de la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica, será castigado con pena privativa de libertad ah de cuatro a diez años”.

Si el hecho fuere cometido por un funcionario público o autoridad electa, será castigado con pena privativa de libertad de diez a quince años. En el caso señalado en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de 15 a 20 años cuando el funcionario o autoridad haya autorizado o aprobado tales materiales o actos.

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El índice global de pobreza de la ONU aumentó por primera vez desde su creación en 2010, al subir el número de personas afectadas a 1.200 millones, informó el lunes el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En la edición de 2026 de su informe anual, el PNUD y el centro de investigación Oxford Poverty and Human Development Initiative contabilizaron 51,5 millones de personas más que vivían en pobreza “aguda” en comparación con el año anterior.

El administrador del PNUD, Alexander De Croo, afirmó que el aumento de la pobreza debería ser una “señal de alerta para el mundo”. “Detrás de estas cifras hay 1.200 millones de personas que enfrentan dificultades que se refuerzan entre sí: el hambre, la falta de acceso a la educación y la carencia de agua potable o electricidad. Esto es inaceptable”, señaló en un comunicado de prensa.

Más de la mitad de quienes viven en pobreza aguda son niños. Sin embargo, el PNUD señaló que un factor importante en el aumento registrado fue el crecimiento demográfico, y que solo se contaba con datos nuevos para 13 de los 108 países en desarrollo incluidos en el informe.

Si bien el número total de personas en situación de pobreza ha aumentado, el informe presenta un panorama mixto. Unas 33 naciones han reducido a la mitad el porcentaje de su población que vive en la pobreza en los últimos 15 años, según la definición del informe.

Entre ellas se encontraban seis países de África subsahariana.

Según el PNUD, entre los países que han logrado los avances más rápidos se encontraban algunos de Asia, como China y Vietnam. El índice de pobreza utilizado en el informe incluye indicadores como la falta de vivienda adecuada, saneamiento, electricidad, combustible para cocinar, alimentos y educación.

Fuente: AFP.