En las actuaciones condiciones de falta de protección de los datos personales, cualquiera puede duplicar o suplantar la identidad de las personas y no solo eso, sino que puede crear una monstruosa base de datos y no existe ninguna institución a la que recurrir, señaló Miguel Ángel Gaspar, de la Fundación Paraguaya de Ciberseguro. En ese sentido, resaltó la necesidad de contar en el país con una normativa que proteja a los ciudadanos de los posibles perjuicios que pueda ocasionar esa situación.
“Hay una muy mala costumbre de los vendedores y cobradores de las empresas de querer sacar fotografías de las cédulas y de las tarjetas de crédito. Imagínese la enorme base de datos que se puede hacer con esto. Esto está totalmente descontrolado, desprotegido y a quién uno va a acudir si no hay una ley de protección de datos”, manifestó a la 1020 AM.
Lea también: ¿Cuándo volveremos a la normalidad en Paraguay? Claramente, no será en el corto plazo
Alertó que en el caso de las tarjetas de crédito y de débito, se puede conseguir acceder a las informaciones de los titulares mediante el teléfono de cualquier vendedor o cobrador de las casas de electrodomésticos.
Mencionó también que en el Paraguay se está peleando todavía por una legislación de protección de datos, pero en otros países se está viendo de qué manera se pueden generar perfiles de comportamientos para influir hasta en el ánimo o en el aspecto económico de una sociedad. “Y ahí todos importamos”, enfatizó.
Dejanos tu comentario
Paraguay apunta hacia la modernización de su reforma laboral
El presidente Santiago Peña señaló que se presentará un proyecto de ley para modificar el Código Laboral nacional, acto que ha generado un intenso debate en el sector empresarial y laboral del país. La promesa de crear 500.000 nuevos empleos durante su mandato es ambiciosa, y para alcanzarla, Peña ha destacado la necesidad de realizar cambios profundos en el marco jurídico que regula las relaciones laborales.
El Código Laboral vigente en Paraguay, con principios heredados de épocas pasadas, ha sido objeto de críticas por considerarse obsoleto y contraproducente para la realidad laboral actual. Según Peña, es necesario “hacer ajustes profundos” para evitar situaciones como los despidos que ocurren debido al temor de los obstáculos a llegar al umbral de los 10 años, una referencia a la indemnización laboral por antigüedad que muchos empresarios consideran excesiva. “Si queremos alcanzar esos 500.000 empleos, debemos cambiar el marco legal”, afirmó el presidente.
Para comprender el alcance de esta reforma, conversamos con el abogado laborista Javier Llano, quien considera que la revisión del Código Laboral es una deuda pendiente no solo en Paraguay, sino en gran parte de América Latina. Según Llano, el marco actual “se remonta a principios de la Revolución Industrial”, cuando el sector industrial era percibido como despiadado y explotador, y se buscaba proteger al trabajador con principios como el “in dubio pro operario” (en caso de duda, a favor del trabajador).
Si bien este principio ha sido un baluarte de protección para los trabajadores, Llano asegura que su aplicación en la práctica ha sido errática, fomentando la inseguridad jurídica y, en algunos casos, la extorsión. “Hoy en día, el código laboral perjudica tanto al empleador como al empleado”, dice Llano, argumentando que un sistema jurídico justo y eficiente debería garantizar la seguridad para ambas partes, y no enfrentar a empresarios y trabajadores en un conflicto perpetuo.
Una de las críticas más fuertes se da hacia los “criterios populistas” que han enfrentado innecesariamente durante décadas a los sectores empresariales y laborales. “Esto ha tenido consecuencias catastróficas para la economía”, advierte el experto. La informalidad, la extorsión y la corrupción son algunos de los efectos colaterales de un sistema jurídico laboral que, en lugar de fomentar la productividad y el crecimiento, penaliza tanto a empresarios como a trabajadores.
Llano menciona ejemplos concretos de cómo este sistema ha sido utilizado en detrimento de empresas legítimas, mencionando casos en los que empleados han utilizado malas prácticas para obtener sentencias favorables por despidos injustificados, lo que ha llevado a empresas a enfrentar embargos y perder activos, poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo. “Esto no solo afecta a la empresa, sino a los empleados honestos que se quedan sin empleo por estas prácticas corruptas”, sostiene.
La reforma: Un imperativo para el crecimiento
El presidente Peña ha dejado claro que una reforma del Código Laboral no solo se enfocará en el aumento de empleos, sino en la creación de un marco que permita un equilibrio justo entre empresarios y empleados. “Debemos trabajar juntos para crear instituciones serias e incorruptibles”, afirmó Peña, destacando la importancia de la seguridad jurídica como base para atraer inversiones y fortalecer la economía nacional.
La iniciativa, que será presentada ante el Congreso Nacional en los próximos días, ya está siendo discutida por un equipo jurídico especializado que tiene la tarea de revisar las leyes laborales existentes y proponer los cambios necesarios. El presidente también aseguró que se abrirán espacios de diálogo con sindicatos y gremios laborales para explicarles por qué serán los principales beneficiarios de estas reformas.
Llano, por su parte, coincide en que la seguridad jurídica es fundamental para el progreso del país. “Sin seguridad jurídica, no hay estabilidad, y sin estabilidad, no hay progreso”, afirma con vehemencia, destacando que el actual Código Laboral no solo perjudica a los empresarios, sino también a los trabajadores honestos que buscan estabilidad y crecimiento en sus empleos.
Pero para que esta reforma tenga éxito, Llano insiste en que no solo debe cambiarse la legislación, sino también la conciencia de la sociedad. “Debemos enfocarnos en la transparencia, la ética y los buenos valores. Estamos todos en el mismo barco. Si no hacemos estos cambios, seguiremos viviendo el ‘pan para hoy, hambre para mañana”, finalizó.
La reforma del Código Laboral se presenta no solo como una oportunidad para generar empleo, sino como una vía para modernizar el sistema económico del país, mejorar la competitividad y, sobre todo, garantizar una mayor equidad en las relaciones laborales.
Dejanos tu comentario
Ley “antipollada” reflotará seguro obligatorio
El diputado Hugo Meza celebró la media sanción por unanimidad otorgada al proyecto que plantea la creación de un fondo nacional para accidentados y víctimas de siniestros viales, más conocido como “ley antipollada”. El documento deberá ser remitido próximamente a la Cámara de Senadores para su tratamiento en plenaria.
“Fue una sanción por unanimidad, le hemos dado un gran empuje a un proyecto de ley que será temporal porque la solución definitiva es avanzar y reflotar la ley del seguro obligatorio (Soat) que fue derogada por su inaplicabilidad en ese momento. Esta propuesta consiste en crear un fondo nacional que pueda dar cobertura a los ciudadanos que van hoy a tres instituciones y no encuentran respuestas, como la Diben, Senadis y el Hospital de Trauma”, indicó al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Meza sostuvo que la iniciativa apunta a recaudar de manera anual un total de G. 100 mil millones anuales que serán remitidos a una cuenta blindada creada por el Ministerio de Economía. “La plata será sacada de 3 fuentes, la primera será un cobro simbólico de G. 10.000 en el momento de sacar o gestionar los registros en las municipalidades, estamos hablando de casi tres millones doscientos mil conductores que se encuentran registrados. La segunda fuente es el direccionamiento del 10 % que se paga para la importación de motos”, refirió.
Dejanos tu comentario
Proyecto de ley anticorrupción nace ante nulos resultados de la Senac, señalan
El Gobierno presentó una iniciativa legislativa denominada Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción, que representa un paso, de los muchos que se tiene que dar, hacia el combate a la corrupción, según indicó Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia de la República.
“Tenemos una institución que durante años no sirvió para nada (Secretaría Nacional Anticorrupción), más que para alguna que otra persecución política o mediática, pero resultados no trajo ninguno. Entonces sale este proyecto que pone como autoridad nacional en la materia a la Contraloría, fortaleciéndola y dando un voto de confianza a esta institución”, expresó Moreno.
En conversación con el programa “Arriba hoy” de canal GEN-Universo 970 AM/Nación Media, explicó que el hecho de que sea el propio presidente el que designe al ministro anticorrupción, representaba una problemática, puesto que este secretario era quien debía investigar al mandatario o a sus colegas ministros.
Lea también: Indert inició en San Pedro nueva tanda de titulación masiva
En la iniciativa presentada el lunes 2 de septiembre, está contemplada que sea la Contraloría General de la República la autoridad rectora de esta ley. “El Poder Ejecutivo le da ese poder a un órgano extrapoder que tiene autonomía e independencia como es la Contraloría, confiando en un proceso de institucionalización”, manifestó.
La Contraloría será la encargada de aplicar las eventuales sanciones a las instituciones que no se ajusten a los estándares o que no modernicen sus códigos de ética y de conflictos de intereses. Las sanciones deberían generar un incentivo para el cumplimiento de las normativas, indicó Moreno, quien reconoció que la corrupción está muy arraigada a la cultura del país.
“Esto no quiere decir que si se sanciona esta ley ya no habrá corrupción en Paraguay, una sola ley no cambiará siglos de cultura que tenemos, pero sí es un paso decisivo y serio. Esto implica el inicio de un proceso de crear un ecosistema favorable a la transparencia y a la lucha contra la corrupción, que debe ser cultural no solamente legal”, remarcó Moreno.
Dejanos tu comentario
Recaudación de la Conajzar creció 11 % al cierre de julio
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), registró una recaudación de G. 97.817 millones al cierre de julio. Esto representa un 11 % más en comparación al mismo periodo del 2023, cuando la recaudación alcanzó G. 88.404 millones.
Es decir, en los primeros siete meses del 2024 obtuvo un resultado positivo de G. 9.412 millones más. En detalles, la recaudación de enero alcanzó G. 14.658 millones, en febrero G. 13.229 millones, en marzo G. 13.932 millones, en abril G. 14.137 millones, en mayo G. 13.728 millones, en junio G. 13.759 millones y en julio G. 14.372 millones.
Es importante señalar que por mandato de la Ley 1016/1997 los recursos provenientes de los juegos de azar serán destinados en todos los niveles de la administración oficial a los sectores de la salud pública, educación escolar y bienestar social.
También recuerdan que la comisión verificará el funcionamiento de los diversos establecimientos dedicados a este rubro y está facultada a disponer la clausura preventiva inmediata de todo local no autorizado.
Consideran clandestina toda explotación de juegos de azar que no cuente con la autorización de autoridad competente o no la exhiba a requerimiento de los funcionarios autorizados. La explotación de juegos de azar no autorizados por la autoridad competente es delito económico contra el erario, equiparado al delito de estafa previsto en la legislación penal.
Condena
Días atrás se dio a conocer la primera condena por juego de azar clandestino. El presidente de la Conajzar, Carlos Liseras, contó a la 650 AM que el fallo se emitió por un Tribunal de Caaguazú. Fue contra una persona que en el 2018 se dedicaba a explotar clandestinamente juegos de azar en la modalidad de rifas.
Liseras aclaró que las rifas de carácter benéfico no entra dentro del ámbito de control del municipio ni de la Conajzar. “Si uno quiere lucrar con una modalidad de juego, eso sí entra dentro del control del ente regulador, y en este caso, dentro del control y autorización del municipio, de eso se trata”, explicó.