Personal militar de la Armada Paraguaya continúa con los controles rigurosos e intensos patrullajes nocturnos en zonas fronterizas del país, por tierra, agua y aire. Solo en la noche de ayer lunes 1 de junio, los uniformados procedieron a la incautación de 6 embarcaciones clandestinas en aguas del río Paraná.
Contrabando de mercaderías
En un primer procedimiento, la patrulla fluvial incautó dos embarcaciones precarias, una en zona del Monday y la otra en zona de Tres Fronteras, según se desprende de un informe emitido en la fecha. Los intervinientes presumen que ambas embarcaciones estaban listas para ser utilizadas para realizar hechos ilícitos, tales como contrabando de mercaderías, tráfico de drogas y otros.
En otro procedimiento, esta vez en la zona de San Miguel, la patrulla fluvial incautó cuatro embarcaciones juntas, todas a orillas del río, también con características de que estaban a punto de ser empleadas para hechos ilícitos.
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Zona fronteriza con el Brasil
Estas embarcaciones incautadas fueron trasladadas hasta la Base Naval del Este para las diligencias preliminares correspondientes. Las incautaciones se dan como resultado de los intensos controles realizados en la frontera con Brasil, en el marco de la lucha contra la expansión del COVID-19 en el territorio nacional.
Personal de la Armada Paraguaya se encuentra rastrillando la zona del río Paraná a fin de evitar el cruce de personas de forma ilegal desde Argentina y Brasil a nuestro territorio, por lo tanto se intensificaron los controles aéreos y fluviales. Desde el inicio de la pandemia se han incautado más de 80 embarcaciones en las zonas fronterizas de Alto Paraná.
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Senad refuerza operativos contra el narcotráfico en varias zonas del país
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) continúa desplegando un amplio operativo nacional bajo el Plan Sumar, con patrullas preventivas y controles en zonas clave para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad ciudadana.
Los agentes de la Senad implementaron varios controles en la zona de Salto del Guairá, donde realizaron patrullas en la línea internacional, camino a Palmeriña y áreas adyacentes, reforzando la presencia en puntos críticos para prevenir el tráfico de drogas .
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Asimismo se llevó a cabo controles en la zona de Teniente Montanía, departamento de Boquerón, donde se ejecutaron los operativos móviles y fijos en esta zona del Chaco paraguayo, priorizando la disuasión de actividades ilícitas en áreas sensibles.
También se practicaron controles en Concepción, específicamente en San Alfredo y Vallemí, donde se verificaron personas, vehículos y cargas, fortaleciendo la estrategia de presencia activa para detectar microtráfico.
La Senad también desplegó operativos en Alto Paraná, donde se realizaron los controles, además en Presidente Franco, Los Cedrales y zonas portuarias, con énfasis en la prevención y seguridad, en línea con los objetivos del Plan Sumar.
Estas acciones reflejan el esfuerzo coordinado de la Senad, que incluye colaboración con fuerzas armadas y fiscales. La institución reafirma su rol clave en la lucha contra el crimen organizado, con un despliegue territorial sostenido que abarca zonas urbanas, rurales y fronterizas, indicaron.
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Suspensión de alije del Paraná Guazú parte de una “mala lectura” de ley, dice especialista argentino
Desde Argentina hay voces que respaldan que la suspensión del alije en el kilómetro 171 del Paraná Guazú parte de un error de interpretación de la ley argentina correspondiente y señalan que el sitio no puede ser considerado como puerto, además de estar contemplada también en el Tratado de Hidrovía Paraguay-Paraná sobre mercaderías de transbordo internacional en tránsito.
Gustavo Alonso, especialista argentino en logística marítima y portuaria, dijo al medio Argenports que la Ley 24.093, en su artículo 2, no contempla zonas de alijo y complemento de cargas y que solo incluye las plataformas portuarias.
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Consideró que la “confusión” sobre el kilómetro 171 del Paraná Guazú se basa en una supuesta falta de habilitación portuaria para dicha zona de alije.
Sin embargo, el especialista señaló que sobre tal punto del río también rige el Tratado de la Hidrovía, que contempla dicho kilómetro como zona de alije y que establece claras herramientas de controles aduaneros para mercaderías de transbordo en tránsito internacional.
De acuerdo con Alonso, la Ley 24.093 es clara pero que la Disposición 21/2023 de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de Argentina (SSPVNMM) tiene una interpretación de las zonas de alijo “sacada de la galera” y “sin ningún tipo de fundamento”.
“Pareciera que los funcionarios fueran ajenos al tema”, dijo el experto al portal argentino. Mencionó también que con el criterio por el que buscan suspender la zona de alijo del kilómetro 171, también deberían cerrar la zona de San Lorenzo y las cuatro zonas del Río de la Plata.
Alonso dijo que todas las embarcaciones que operan en el kilómetro 171 cumplen los procedimientos aduaneros correspondientes, por lo que consideró que el argumento que se sostiene sobre pérdidas económicas para el vecino país carece de fundamentos sólidos.
Además, y en la línea expuesta desde nuestro país por el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), el especialista mencionó que ninguno de los 10 puertos es viable para las operaciones de trasbordo de combustibles ya que implica costos logísticos y demoras considerables por las limitaciones que presentan.
Para Alonso, las autoridades de su país deberían rectificar el error que observó y que en definitiva el kilómetro 171 no es un puerto. “No se justifica matar sin argumentos una operación que genera actividad y trabajo local”, concluyó.
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Diésel se encarecería hasta un 70 % por cambios en trasbordos impuestos por Argentina
El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) cuestionó la decisión unilateral de Argentina de interrumpir los transbordos de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, utilizado por nuestro país desde hace más de cuatro décadas. Afirman que esta medida traería consigo problemas logísticos que podrían disparar el precio del gasoil hasta un 70 %.
Bernd Gunther, presidente de Cafym, explicó a La Nación/Nación Media que la postura de la Agencia de Recaudación y Control de Argentina (Arca) de suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, parte de una interpretación errónea de la Ley 24.093, de actividades portuarias, que podría tener repercusiones en el precio interno del gasoil desde el 26 de julio, fecha en la que la suspensión entraría en plena vigencia.
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Gunther explicó que desde 1981 Paraguay realizó en el lugar las operaciones de alije con el control correspondiente de las autoridades pertinentes del vecino país y que no se explica el motivo por el que resolvieron más de 40 años después modificar un trabajo que consideró que es favorable a ambas partes.
Sin embargo, el cambio de los puntos de alije a los puertos propuestos por Argentina, que son en la zona de Paraná Las Palmas, de aguas menos profundas, canal más estrecho y mayor tráfico naviero, provocarían que estas operaciones de trasbordo se cuadrupliquen alcanzando incluso 12 días, lo que traería sobrecostos logísticos que impactarían en el precio final del combustible en torno al 70 % más.
“Al hablar de un aumento del 70% en la logística, eso se refiere necesariamente al costo final del gasoil en Paraguay, y eso sabemos que afecta al consumidor final”, dijo a LN.
El presidente de Cafym afirmó que no están en contra de modificaciones en el sistema de transbordo siempre y cuando sean para optimizar los tiempos y agilizar el tránsito fluvial, por lo que esperan que desde el Gobierno nacional se establezcan conversaciones con los pares argentinos para resolver la problemática.
¿Por qué el kilómetro 171?
De acuerdo con Gunther, el kilómetro 171 es el tramo del Paraná Guazú con un ancho canal y aguas profundas que facilitan y agilizan los trabajos de alije. En el lugar no hay puertos, por lo que la labor se realiza sin afectar el tránsito fluvial.
Estas condiciones hacen que los barcos marítimos y las barcazas que llegan hasta nuestro país puedan transbordar el combustible en un máximo de tres días.
“Esa operativa tiene más o menos un ritmo, una productividad de 12.000 cúbicos al día, o sea, cuatro barcazas por día se cargan, se transbordan en esa modalidad y unos tres días uno está transbordando el combustible y luego sube de vuelta a Paraguay”, explicó.
Debido a la falta de infraestructura portuaria en la zona, el titular del gremio de armadores consideró extraña la interpretación hecha por las autoridades argentinas sobre la Ley 93.093 y recordó que la Prefectura Naval Argentina tiene una resolución que permite que en el kilómetro 171 se realicen operaciones de alije.
“Esta operativa no es nueva, el kilómetro 171 se viene utilizando desde los años 80. Hay una resolución de 1981 de la Prefectura Naval Argentina que habilita el kilómetro 171 como una zona operativa de alige o de transbordo de carga”, explicó a LN.
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Advierten sobre multas para quienes incumplan el pago del nuevo salario mínimo
Desde este mes el sector privado deberá computar el salario mínimo sobre la base de la actualización decretada por la Presidencia de la República. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) advierte de multas por el incumplimiento del decreto.
Todo trabajador en el territorio nacional no debe recibir un salario no menor a G. 2.899.048, según el decreto emitido por la Presidencia de la República.
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El reajuste del salario mínimo vigente fue del 3,6 %, según la recomendación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), basada en la inflación interanual del 3,6 % de mayo pasado, observada por el Banco Central del Paraguay (BCP).
El Mtess advierte a las patronales del sector privado que en agosto realizarán controles para verificar el pago del salario mínimo. En ese sentido, para quienes incumplan con el pago del monto establecido existen multas de entre 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador afectado.
Nuevo cálculo
El Mtess había anunciado que presentarían un proyecto de ley para modificar el método de cálculo del salario mínimo, que actualmente se basa en la inflación interanual del IPC del Banco Central del Paraguay.
El objetivo es desarrollar una propuesta que contemple no solo la evolución de los precios en general, sino también el impacto real sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto podría implicar cambios sustanciales en la manera en que se define el salario mínimo en el país.
“Este es un IPC general que refleja un costo-consumo promedio de bienes y servicios, no es dirigido a una canasta básica obrera, es una herramienta económica que se usa para la política monetaria y no salarial", había dicho a Universo 970 AM/Nación Media Enrique Galeano, director de Trabajo del Mtess.
Se espera que durante este año se concrete un proyecto de ley que contemple los ajustes propuestos y que deberá ser evaluado por el Poder Ejecutivo antes de su envío al Congreso. Las autoridades coinciden en que el IPC es una herramienta válida para la política monetaria, pero insuficiente para definir incrementos salariales que garanticen una mejora real en la calidad de vida de los trabajadores.