• Por Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com).

Este sábado se cumplen tres años desde que, el 22 de febrero del 2022, el Gobierno de Paraguay levantaba todas las medidas que fueron decretadas en el marco de la pandemia del covid-19. Las restricciones fueron aplicadas desde marzo del 2020, cuando se detectó el primer fallecido local por SARS-CoV-2, uniéndose al mundo en la incertidumbre y la decisión de paralizar cualquier actividad social, comercial o laboral para evitar más contagios.

De esta forma, las medidas sanitarias especificadas en el decreto n.° 6563 quedaron sin efecto, aunque el uso de tapabocas en lugares cerrados se mantuvo hasta el 18 de abril del 2022, así como la presentación del carnet de vacunación para ingreso al país. Mientras que, el 16 de abril de 2022, el decreto n° 3.456 terminó por derogar la declaración de estado de Emergencia Sanitaria, que fuera emitida el 16 de marzo de 2020.

“El Poder Ejecutivo anunció el levantamiento de las medidas sanitarias, teniendo en cuenta que la realidad actual difiere a los inicios y evolución de la pandemia. El objetivo era evitar que haya interacciones humanas, de modo a disminuir la velocidad de los contagios y evitar el colapso de los servicios sanitarios”, expresaba el Ministerio de Salud en un comunicado.

Según los reportes dados por la cartera sanitaria del país, el primer caso de covid se confirmó el 7 de marzo del 2020 y hasta 27 de marzo del 2022 se reportaron 647.950 casos positivos de covid-19, de este número se registraron 18.664 fallecidos, en su mayoría personas de la tercera edad y con enfermedad de base. Dejando como saldo un total de 625.673 personas que lograron vencer a esta temible enfermedad, que en la actualidad se ha convertido en endémica.

Los primeros reportes indicaban 11 casos de contagios en la fecha del 18 de marzo del 2020; ya para el 20 de marzo, se confirmaban 18 positivos para coronavirus y el primer deceso, lo que hizo que se confinara al encierro a todo el país. La mayor cantidad de casos se daban en Asunción y Central. Para el 23 de marzo, Paraguay reportaba el segundo paciente fallecido por la enfermedad, cuyo origen se daba en un mercado de Wuhan (China), a fines del 2019.

Actualmente, el coronavirus sigue siendo una enfermedad muy vigente, por lo que el Ministerio de Salud insta a las personas a aplicarse las dosis anuales de la vacuna contra el covid. En enero de 2025, el Hospital Regional de Encarnación (HRE) confirmó que una beba de solo tres meses estaba internada en la unidad de terapia intensiva (UTI) neonatal tras dar positivo.

En diciembre del 2024, específicamente la semana epidemiológica 47, Vigilancia de la Salud cerró el años con 252 casos de la enfermedad. Los casos confirmados fueron en 12 regiones del país. El 69 % de los contagios se reportó en el área metropolitana: Asunción (36 %) y Central (33 %). Se realizaron 17 hospitalizaciones y uno requirió cuidados intensivos, con la confirmación de un fallecido.

Las medidas sanitarias dispuestas por Salud Pública hizo que la enfermedad no se propague tan rápido, ya que como primera medida y ante el primer fallecimiento por covid se decidió aislar a todos los ciudadanos. Por un periodo de dos semanas era imposible salir a las calles sin contar con un permiso especial; para ir de compras se aplicaban fuertes controles como de la temperatura, el lavado de manos y el uso obligatorio de tapabocas. Además, las personas debían aislarse por un periodo de 7 a 10 días, luego de dar positivo al hisopado.

Desde las 19:00, los controles se acentuaban, la Policía Nacional y el Ministerio Público trabajaron en conjunto para aplicar multas a los que no estaban resguardados en sus hogares. Luego de varios días se levantó el aislamiento, pero se siguieron con las medidas activas, por un periodo de dos años, el país vivió en zozobra y con miedo a padecer la enfermedad.

Durante los primeros días de cuarentena, toda la población vivió en una verdadera psicosis, en el caso de presentar síntomas solicitaban aislamiento mediante atención telefónica y también podían agendar la realización del hisopado, que fueron habilitados en varios puntos del país. El aislamiento siguió para los estudiantes, quienes por dos años lectivos tuvieron que dar clases de manera virtual. La pandemia dejó un antes y después en toda la población, quienes perdieron a seres queridos y ni siquiera pudieron darle un despedida como se debía.

Un alivio para los paraguayos fueron las vacunas contra el virus que arribaron por primera vez en febrero del 2021. Las primeras dosis se aplicaron a médicos y personal de salud, a personas de la tercera edad como personas que se encontraban dentro de la población de riesgo. Luego se procedió a la aplicación de segundas dosis.

En noviembre de 2021 se inició la vacunación a adolescentes de 14 a 17 años en el marco del Plan Nacional contra el covid. Luego, las primeras dosis que se aplicaron a la población en general se realizaba por número de cédulas y actualmente las vacunas se pueden aplicar a todo el público que así lo desea desde los 5 años en adelante, y se trata de una dosis anual.

Para enero del 2024, desde Vigilancia Genómica del Laboratorio de Referencia Nacional, confirmaron que en el país se había detectado una subvariante de ómicron, que no circulaba aún. Se trata de linajes recombinantes de ómicron XBB, más conocida como EG.5 o Eris, dispersa en gran parte de América del Sur: Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reportaron cambios en la gravedad de EG.5 en comparación con otras subvariantes de ómicron, que han estado en circulación desde finales de 2021. Esta subvariante presenta las mismas características clínicas de otras subvariantes de ómicron y los síntomas comunes de la covid-19 incluyen fiebre, tos y fatiga, así como secreción nasal, dolor de cabeza o dolor muscular. Puede parecer un resfriado, una gripe o una neumonía.

• Personas con síntomas respiratorios deben usar tapaboca de forma adecuada y acudir a los establecimientos de salud.
• Se recomienda acceder a la vacunación anual contra el covid, principalmente los grupos de riesgo, en personas con comorbilidades y personas mayores de 60 años y más.
• El 7 de marzo de 2020 se detectó el primer caso de covid-19 en Paraguay.

El Ministerio de Salud habilitó un nuevo bloque en el materno infantil de Pilar, departamento de Ñeembucú. El espacio habilitado este miércoles, cuenta con más de 90 camas para internación y servicios de alta complejidad permitirán a los pacientes acceder a atención médica integral sin salir de su comunidad.

La ministra María Teresa Barán destacó que este nuevo bloque permitirá que los pacientes accedan a una mejor atención sin tener que salir de su comunidad. Además, buscan que los pobladores encuentren una solución de sus enfermedades en sus cabeceras departamentales.

“Es una inmensa alegría y estar en lo que es la habilitación de este hospital materno infantil, que no es solo la habilitación sino que es darle a Ñeembucú la soberanía. Hoy estamos buscando en la cabecera departamental se puedan resolver el 80 % de las enfermedades prevalentes dentro del departamento”, dijo la ministra.

Afirmó que esto es una muestra de que las políticas de estado son muy importantes para este Gobierno. “Aquí está el sueño de muchísimos años. Este 2025 ya habilitamos este materno y tenemos muchos servicios que vamos a ir habilitando a lo largo de este año, pero sabemos que hay muchas deudas en salud, pero vamos a trabajar para resolverlos”, apuntó.

Este nuevo bloque cuenta con 90 camas que están equipadas con tecnología de última generación, incluyendo respiradores, camas eléctricas y equipos de rayos X. Además, ofrece servicios de alta complejidad como cirugías avanzadas y la incorporación de 60 nuevos profesionales, para reforzar la capacidad y brindar atención integral a la población, ofreciendo un entorno seguro.

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Durante la presentación oficial de este nuevo sector del hospital Salud Pública hizo entrega del Fondo Basado en Resultados Sanitarios (Fobares) a los consejos locales de salud. Se trata de G. 276.500.000, que serán destinados para fortalecer los servicios de salud en el departamento.

Así también, la dirección de Salud Bucodental realizó la entrega simbólica de un sillón odontológico, instrumentales, insumos y medicamentos por valor de G. 200.000.000. Los distritos de Pilar, San Juan Bautista de Ñeembucú y Alberdi, recibieron certificados de reconocimiento por sus avances en la promoción de la salud como “Ciudades Saludables”.

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• Brasilia, Brasil. AFP.

La Fiscalía brasileña imputó ayer martes al expresidente Jair Bolsonaro y a 33 colaboradores por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. El organismo presentó cargos “contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho”, dijo en un comunicado.

“La organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)”, también imputado, agregó. Bolsonaro, de 69 años, fue acusado principalmente de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, según el mensaje de la Procuraduría General de la República (PGR).

De ser hallado culpable por estos delitos, se enfrentará a entre 12 y 40 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal. “Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe” en el que se contemplaba “incluso la muerte del presidente electo de la República (Luiz Inácio Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez” de la corte suprema, detalla la PGR. Bolsonaro ha negado las acusaciones y se considera un “perseguido” por la justicia.

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Entre los imputados figuran también el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres y Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, quien tiene un acuerdo de colaboración premiada. La fiscalía sostiene que la trama golpista que pretendía revertir la derrota electoral de Bolsonaro frente a Lula no se consumó por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.

Pero los acusados hicieron “un último intento” el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, “incentivados” por el expresidente y sus colaboradores, dijo.

La imputación, basada en una investigación de la policía, queda ahora en manos de la corte suprema, que deberá decidir si juzga al exmandatario por estos hechos. “El intento de golpe de Estado (...) se convirtió en una acusación vacía, que no tiene absolutamente ninguna prueba contra Bolsonaro”, reaccionó en la red social X uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro.

La defensa del ultraderechista se mostró “asombrada” e “indignada”. El expresidente “nunca” estuvo relacionado con ningún “movimiento que persiguiera la deconstrucción del Estado democrático de derecho”, dijo en una nota. El diputado teniente coronel Luciano Zucco, líder de la oposición en la cámara baja, cuestionó por su parte la “imparcialidad” de la acusación.

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El presidente del máximo tribunal, Luis Roberto Barroso, dijo el lunes que Bolsonaro sería juzgado “examinando las pruebas” y sin “una visión politizada”. Bolsonaro también se adelantó al anuncio de la fiscalía más temprano este martes, al declarar a periodistas en Brasilia que no tenía “ninguna preocupación” por la posibilidad de ser inculpado.

Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, adonde acudió para discutir estrategias para impulsar una ley de Amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado. La corte suprema ha condenado a casi 400 personas por ese ataque, algunos hasta a 17 años de prisión. Bolsonaro tuvo que declarar ante la policía como presunto instigador de esos disturbios.

Según la indagación previa de la policía, Bolsonaro “planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva” de una trama golpista, que finalmente no se consumó por “circunstancias ajenas a su voluntad”. Bolsonaro habría discutido la elaboración de un “decreto presidencial” que justificaba la necesidad de un “estado de defensa” para evaluar la validez del proceso electoral de octubre de 2022, en el que resultó electo Lula.

Las discusiones contemplaron la detención del entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y el llamado a nuevas elecciones, de acuerdo con el informe policial. La policía ya recomendó inculpar a Bolsonaro en otros dos casos: por obtener un certificado de vacuna anticovid fraudulento y desviar artículos de lujo recibidos como obsequios cuando era presidente.

Además, en junio de 2023 fue condenado por la justicia electoral, que lo inhabilitó para ser candidato en las presidenciales de 2026 por cuestionar sin pruebas las urnas electrónicas de votación. Pese a ello, ha reiterado su intención de concurrir a esa contienda y ha confiado en que el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien considera su “amigo”, le ayude a revertir su inhabilitación.

Un pequeño de 11 años falleció debido a un disparo accidental en el interior de su vivienda ubicada sobre la calle Naciones Unidas, en el asentamiento Santa Ana del barrio San Juan Neuman, en Pedro Juan Caballero. El arma sería propiedad de su padre, que se desempeña como efectivo policial.

La víctima fatal fue identificada como João Vinicius Jara Coronel, de nacionalidad brasileña; el mismo habría estado manipulando el arma reglamentaria de su padre, el suboficial Aníbal Ramón Coronel Fernández, personal policial asignado a la zona de Bella Vista Norte.

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Según los datos preliminares de Criminalística, el arma habría estado resguardada sobre un mueble alto, de donde el niño la habría sacado a escondidas y empezó a manipularla, momento en el cual se le escapó un disparo que resultó fatal. Si bien acudió de emergencia el personal de la comisaría jurisdiccional y de los bomberos voluntarios, el niño ya se encontraba sin signos de vida. Inmediatamente se dio intervención al Ministerio Público y a los médicos forenses.

Para esta investigación fue asignada la fiscal Sandra Elizabeth Díaz, quien ordenó la incautación del arma para que sea sometida a peritaje, y aguarda el reporte final de los agentes de Criminalística y el médico forense para avanzar en la causa, mientras que para los padres aún no se ha dictado ningún tipo de restricción de libertad, puesto que hasta el momento se maneja el caso como un accidente.

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