Desde el Frente Unido, conformado por todos los gremios del Ministerio Público, emitieron un comunicado en el que rechazan y consideran como violencia hacia la mujer las expresiones del comunicador Enrique Vargas Peña hacia la fiscala general.
“Rechazamos las formas de expresión referidas contra la titular del Ministerio Público, la Dra. Sandra Quiñónez, por parte del comunicador Enrique Vargas Peña, no solo en su condición de mujer, sino además instigando a la violencia en sus diversas formas de humillación, denigración, considerando que la violencia contra la mujer se puede dar de diversas formas”, expresa el documento.
Resalta que el conductor utiliza su imagen mediática y su influencia como comunicador para afectar a quien nos representa, “en su integridad psicológica y emocional. Más reprochable y llamativa resulta que estos ataques se den en tiempos coincidentes con investigaciones abiertas sobre corrupción”.
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Asegura que el respeto a los derechos de la dignidad de las personas, y más aún de las mujeres, debe estar garantizado por el Estado. “Lo cual se ha constituido como una misión de la institución a la cual pertenecemos”, ratifica.
Insta a seguir avanzando en defensa contra este tipo de situación, avances que son necesario e innegable. Y como sociedad “debemos ser observadores permanentes en esta materia. Por lo que en forma categórica rechazamos este tipo de ofensas contra la fiscala general del Estado y al mismo tiempo nos solidarizamos con la misma”, concluye.
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Filtración Seprelad: Giuzzio huye de prestar declaración indagatoria mediante chicanas
Fiel a su estilo, Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, recurrió nuevamente a chicanas para no prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público en la causa por persecución política orquestada con el uso de las instituciones públicas.
Giuzzio debió comparecer ante los agentes fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria. El también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y exsenador del Partido Democrático Progresista (PDP) se encuentra imputado por siete posibles hechos punibles.
De acuerdo al informe de Aldo Insfrán, periodista del área judicial de Nación Media, Giuzzio mediante su abogado Emilio Fuster solicitó la suspensión de la diligencia fiscal fijada para el próximo 12 de julio a las 8:00.
El argumento utilizado por Giuzzio consiste en que aún quedan varios recursos pendientes de estudio y resolución, es decir, chicanas que fueron planteadas tanto por él como los demás imputados en la causa fiscal abierta tras la denuncia presentada por el expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el 31 de julio del 2023.
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Giuzzio, al igual que el exmandatario Mario Abdo Benítez y el diputado capitalino Mauricio Espínola, está imputado por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
También se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público los exministros Carlos Arregui, René Fernández y otros colaboradores del anterior gobierno, como Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Antecedentes
La acusación formulada por el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes, sostiene que durante la anterior administración se incursó las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Agrega a la vez que durante parte del período de gobierno Abdo Benítez (2021 al 2022) se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y el presidente Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
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Caso Jardines de Remansito: procurador aclaró que continuará juicio civil
La Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia presentada contra los ocupantes de la Finca 916, ubicada en Villa Hayes, zona conocida como “Jardines de Remansito”. El procurador general de la República, Marco Aurelio González, aclaró que no existe ninguna relación entre la causa penal y la causa civil, en torno al tema.
“Desde la Procuraduría, lo que venimos instando y accionando es la acción civil para recuperar la ocupación de los inmuebles, en relación de que contamos con el título de propiedad, inscripto en el Registro Público, y está plenamente demostrada la propiedad del Estado paraguayo”, explicó.
González indicó así que el juicio civil continuará, hasta que los ocupantes sean desalojados del territorio estimado como propiedad del Estado paraguayo, teniendo en cuenta que los documentos presentados por las personas individualizadas no constituyen como título de propiedad.
“En el juicio penal, lo que se estaba investigando es que, además de lo tramitado en lo civil, esto constituía un hecho de lavado de activos, asociación criminal o invasión. Es decir, si se registraban hechos punibles a partir de esta ocupación ilegal”, detalló el procurador general.
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El caso de ocupación
González manifestó que la Fiscalía determinó que los hechos punibles no existen en el caso. Señaló que desde la Procuraduría no se hizo la denuncia, pero sí se acercó toda la documentación pertinente, aparte de brindar la ayuda de conocimiento técnico recabado durante el caso.
“Además de esa información, también evacuamos los pedidos de consulta de los fiscales del caso. Desde nuestra percepción, hay elementos suficientes para sostener la existencia de hechos punibles, pero el titular es el Ministerio Público y debe definir si se reúne o no elementos al respecto”, declaró a la 780 AM.
Con respecto al seguimiento de la causa civil, el procurador indicó que se está buscando dilatar el proceso, con el objetivo de mantener la ocupación ilegal e irregular. Sin embargo, desde la Procuraduría se sigue trabajando para mantener los intereses del Estado sobre los inmuebles.
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Piden desestimar denuncia contra exsenadora Kattya González
Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce Rolandi y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia por supuesto tráfico de influencia, estafa y producción de documentos no auténticos, que se había presentado contra la exsenadora Kattya González y sus exasesores. Los representantes del Ministerio Público mencionaron que la exparlamentaria no ha cometido ningún hecho punible.
Ahora el juzgado de garantía tendrá que estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así será el fiscal General del Estado quien dictamine si corresponde que la investigación siga su curso o se archive.
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De acuerdo a la denuncia que se había presentado, Kattya González en su rol de senadora, habría ayudado a José Luis Torales fin de que el mismo siga recibiendo su salario del Congreso (donde estaba comisionado, siendo funcionario de la Contraloría) mientras se dedicaba a actividades partidarias, llegando incluso a solicitar su traslado definitivo a la Cámara de Senadores, para así evitar que este fuera destituido en el marco del sumario administrativo instruido por la Contraloría.
Los denunciantes mencionaron en su momento que una de las comisiones firmadas por Kattia González, señala que los días 7 y 8 de diciembre 2023, Torales realizó actividades ejecutadas en el marco de una jornada laboral normal, pero ambos días fueron asueto y feriado respectivamente, lo que configuraría el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso.
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Fiscalía solicita la desestimación de la causa contra Montserrat Alliana
Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción solicitaron al juzgado penal de Garantías, especializados en Delitos Económicos, la desestimación de la causa penal N.° 3/2024, contra Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros.
En el documento explican que realizaron un análisis de lo denunciado tanto por la abogada Teresa Flecha como por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, que plantearon la posible comisión de los hechos punibles de Administración en Provecho Propio, Tráfico de influencias, Lesión de Confianza y Cobro Indebido de Honorarios.
Menciona además que los agentes fiscales llevaron adelante el proceso técnico analítico de constatación de la relevancia penal de las conductas presumiblemente acontecidas, el proceso de subsunción resultó negativo, por lo que se puede concluir que la conducta es atípica, por no cumplir con los presupuestos de los tipos legales expuestos en el Código Penal.
“Entonces, del caudal fáctico emergente y de las constancias de autos, esta representación pública advierte que la figura procesal de Desestimación de la denuncia se encuentra ajustada a derecho, según los argumentos previamente expuestos. Al respecto de la desestimación, se hace notar que tiene el efecto de cosa juzgada formal no así material”, expresa en la parte conclusiva del documento.
Menciona además que en caso de que varíen las circunstancias conocidas que fundamentan este requerimiento, la resolución que admite la desestimación podrá ser modificada y la investigación reabierta debido a que la presente desestimación no causa estado.
Por tanto, los agentes fiscales señalan en consecuencia, a lo expuesto y en virtud de lo preceptuado en los artículos 301, inciso 1) y 305 del Código Procesal Penal, estando el presente requerimiento acorde a las normas procesales vigentes, este equipo de investigación requiere la desestimación, bajo expresa mención de los alcances establecidos en el artículo 306, primer párrafo del mismo cuerpo legal, por ajustarse a derecho.
La causa penal tiene que ver con la denuncia que se presentó en diciembre del año pasado, contra la hija del vicepresidente de la República Pedro Alliana, que fue contratada como funcionaria en la Cámara de Diputados, en la categoría A37, correspondiente al rubro de Asesor. Dicho nombramiento se dio a través de la resolución n.º 540, firmada por el diputado Raúl Latorre, en su carácter de presidente de dicho órgano legislativo.
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