El abogado Ricardo Sasiain, miembro suplente del Consejo de la Magistratura, invita a la relación de hechos vinculados a los procesos que lo involucran tanto a él como a su esposa María Antonella Galli. La convocatoria está prevista para las 10:00 de este lunes 7 de octubre en salón de eventos Vanité, ubicado en Paseo Carmelitas sobre la calle Teniente Héctor Vera en Asunción.

“Estoy bajo un tipo de amedrentamiento mediático por así decirlo y una acusación totalmente infundada y descabellada, por lo que voy a demostrar con documentos, primero que no correspondía la acusación y segundo voy a anunciar la posible acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el fiscal Alcides Corvalán”, expresó el abogado Sasiain.

En conversación con La Nación/Nación Media el profesional del derecho indicó que también evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio Público por persecución de inocentes. Sasiain aseguró que la denuncia en su contra carece de fundamentos y que este hecho ya data desde hace más de dos años y persiste hasta la fecha.

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El suplente del CM había obtenido el sobreseimiento provisional y el Ministerio Público había establecido la realización de 15 a 18 puntos para la realización de las diligencias respectivas. “Cuando no hay mérito para acusar, pero nuestro sistema es tan perverso que no basta con ser inocente sino tenés que demostrar que sos súper inocente”, relató.

De acuerdo a lo expuesto por el abogado a La Nación, desde el inicio de la causa solicitó que se notifique a las personas que tenían los cheques con su nombre, de modo que quede constancia de que se había devuelto el dinero que se había sustraído supuestamente. “Pude realizar una diligencia en la cual vino un señor que dijo ‘el cheque que tengo yo me lo entregó María Eugenia Acosta’ con esa única diligencia tuvo que haberse extinguido la causa porque se demuestra la devolución del dinero”, indicó.

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Para el abogado, este hecho fue suficiente para demostrar que la denuncia en su contra fue “falsa y temeraria”, sin embargo, de todas formas se procedió a la imputación en su contra. “Este fiscal Alcides Corvalán acusa de algo totalmente descabellado y digno de nuestro sistema judicial de apriete”, refirió.

Este hecho se trata de la denuncia realizada en marzo del 2021 por María Eugenia Acosta Vallejos, gerente general de la firma Bioténica S.R.L. contra Sasiain y su esposa María Antonella Galli, quien se desempañaba como gerente financiera y administrativa de la mencionada empresa. Galli es acusada, entre otras cosas, de haber desviado fondos provenientes de 11 cheques a una cuenta bancaria que pertenecía a su marido.

El pasado 5 de junio, Adriana Meza estuvo involucrada en un accidente de tránsito en la ciudad de Encarnación, motivo por el cual su vehículo fue demorado y enviado al corralón municipal. Tras meses de juntar el dinero, ella fue para recuperar su automóvil, pero se llevó una sorpresa al encontrarse que había sido saqueado y ya no contaba con varias partes.

“Una amiga me alertó de que vio mi chapa por otro vehículo similar, eso me hizo apresurarme más para retirar mi automóvil, pero cuando llegué al corralón encontré que mi auto ya no era un auto, le faltaban las cuatro ruedas, el motor, el volante y todo el tablero, además de los accesorios y la chapa”, explicó Adriana en conversación con Rocío Gómez, corresponsal de Nación Media.

Relató que en el momento en que entregó su vehículo le exigieron que dejara las llaves, y tras la insistencia de los encargados las entregó, hecho que en el momento le pareció raro, pero no lo denunció.

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Ahora, la propietaria del vehículo se encuentra desesperada porque no sabe cómo se podría reparar el automóvil, debido al estado en el que quedó, y este viernes presentó una nota de reclamo a la Municipalidad. En ella pidió que los daños sean resarcidos y que las autoridades encargadas puedan aclarar qué fue lo que sucedió.

Por su parte, el director general, inspector Hugo Servían, explicó que el vehículo habría sido trasladado desde el corralón antiguo del barrio Pacú Cuá, al taller municipal en barrio Cuatro Potreros y que el taller aún no está bajo su custodia, pero que cuentan con documentos que avalan en qué estado se encontraba el vehículo al momento del traslado.

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El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase manifestó que no se cuenta con una fecha precisa para analizar la denuncia por presunto uso indebido de influencias que pesa contra su colega, el senador liberal Enrique Salyn Concepción Buzarquis Cáceres. La acusación fue realizada públicamente, el pasado martes, por el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez.

“Se decidió no solo en bancada, ya que participaron colegas de otros partidos de seguir estudiando, vamos a darnos un poco más de tiempo, se seguirán acercando las pruebas y tendremos a corto tiempo una respuesta”, indicó Chase a los medios de comunicación, aclarando que el único punto discutido es sí amerita o no despojarle a Buzarquis de su investidura, descartando de esta manera otras alternativas como la posibilidad de una suspensión en el cargo sin goce de sueldo.

“No queremos violar ningún proceso. No hay ningún borrador sobre un proyecto de pérdida de investidura porque se pidió tiempo para seguir analizando. La opción que se analizó y presentó en el grupo político es la pérdida de investidura y eso es lo que estamos estudiando. No se habla de una sanción. Yo no quiero definir un plazo, puede ser esta semana o más adelante”, puntualizó.

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El intendente Óscar Rodríguez reveló los mensajes enviados por Buzarquis solicitándole urgentemente ayuda para ubicar en la Municipalidad de Asunción a un allegado suyo a quien “le debe muchos favores”. A la vez, el parlamentario, en el mensaje remitido al jefe comunal, con anterioridad a dicho pedido, detalla que lo está ayudando “para su presupuesto”, sin profundizar sobre el punto.

La conversación fue expuesta durante una caldeada discusión entre ambos políticos. Buzarquis había tratado al jefe comunal de ladrón y le exigió su renuncia tras permanecer encadenado desde el lunes frente a la Municipalidad de Asunción, como medida de protesta. Ante la acusación por tráfico de influencias, el parlamentario se defendió argumentando que lo hizo en el marco del derecho constitucional de peticionar.

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Este martes, una persona denunció que son varios los empleados que trabajan en forma totalmente irregular en un frigorífico de la ciudad de Limpio y que son constantemente maltratados por un contratista tercerizado. Los funcionarios no tienen seguro médico, pese a que se exponen a un trabajo riesgoso como uso de cuchillos, fugas de amoníacos y otros.

La denuncia fue realizada por un ex empleado quien trabajó por cinco años con una firma tercerizada y que fue despedido sin haber cobrado ningún tipo de indemnización. Durante ese periodo vivió todo tipo de maltratos y también vio como sus compañeros pasaban por situaciones denigrantes, pero que aguantaron todo eso por necesidad.

El denunciante indicó que trabajaba en el frigorífico, pero que fue contratado por una tercera persona y que esta fue la que los hacía trabajar en forma informal, pero a pesar de haber comentado sobre la situación a los gerentes de la firma estos les dijeron que solo podían escuchar sus quejas más no ayudarlos, porque no fueron ellos quienes los contrataron.

“Se trata de empresarios del exterior que buscan importar a Israel la carne, pero ellos tercerizan diferentes frigoríficos del país para hacer ahí sus procesos para enviar los productos a su país. La gente que contrata de acá lo hacen de manera ilegal sin ningún tipo de papel, sería en negro”, detalló el denunciante Jonathan Cohenca, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que las personas contratadas trabajan en áreas de alto peligro e insalubre, lo que expone la integridad de los mismos, pero no pueden hacer nada porque necesitan el trabajo.

“El contratista es uruguayo y estaba a cargo de donde yo trabajé. Son muchos los que trabajaban con ellos, los que toman este trabajo lo hacen por necesidad, pagan muy bien, pero es en negro, sin seguro médico y esta persona en particular maltrata mucho a los trabajadores. En los últimos tiempos el maltrato se estaba pasando de mano”, confirmó.

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Jonathan expresó que en sus últimas semanas de trabajo él se quejó sobre la serie de maltratos y amenazas, lo que motivó su despido. Afortunadamente, ya había iniciado con un emprendimiento con la firme intención de poder independizarse en algún momento y no volver a pasar por este tipo de situaciones.

“Trabajé ahí cinco años, nunca fui partidario de lo ilegal, pero lastimosamente no tuve elección y terminé en eso. Era más joven también, por varios años me encadené al sueldo y de alguna manera uno se acostumbra o acepta el maltrato por una situación económica. Es algo que está pasando mucha gente que no se anima a hablar por temor a perder sus trabajos”, indicó.

Indicó que uno de los peores casos fue el que pasó un trabajador que no podría ir a una reunión, que era fuera del horario laboral, porque tenía consulta médica y el contratante le ordenó que cancele su cita para asistir. “Era faltar a una reunión y el contratista, le dice cancela tu cita y anda al rezo, que no forma parte del trabajo en sí”, aseguró.

El hombre detalló que el contratista, identificado como Isac Roiman, de nacionalidad uruguaya y que aparentemente logró la nacionalidad paraguaya, que trabaja para un empresario israelí. El hace las contrataciones sin ningún tipo de documentaciones legales por lo que las personas no tienen seguro y se someten a todo tipo de improperios.

“Este contratista trabaja en conjunto con un empresario israelí, sería un broker de un magnate en Israel y esta persona no llega al país o vino muy contadas veces. Calculo que no aparece porque seguro sabe de que corre riesgo, al ser responsable de algo ilegal, y tira la pelota a esta persona que nos contrata, pero todo es ilegal, en negro”, indicó.

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Confirmó que desde el frigorífico saben sobre la situación, pero admiten que no pueden hacer nada pese a que todo eso puede afectar el nombre de la firma. “Una vez le comenté la situación a uno de los gerentes sobre la forma en que trabajamos y esta persona me respondió que solo puede escucharme y nada más”, agregó.

Afirmó que ya realizó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) y quedó constancia de que advirtió a la empresa sobre la situación, pero que no le ayudaron. “Deberían ser conscientes de que las personas que van a trabajar contratadas por esta persona deben tener un seguro médico en caso de accidentes. Fui al ministerio porque me habían despedido, porque me corresponden las indemnizaciones”, apuntó.

Jonathan indicó que el único pedido que tiene es que se intervenga y que ya no haya personas trabajando en esta situación. Afirmó que hay personas de avanzada edad trabajando porque necesitan y que lamentablemente ya no tienen acceso a un trabajo digno porque superaron los 50 años.

“Pido que paren con esto. La gente se aprovecha de las necesidades de las personas y cada vez hay más desconfianza porque la situación es cada vez es más difícil, cómo va a terminar esto y a qué van a llegar las generaciones futuras. Mi objetivo es que las autoridades intervengan en esta situación. Ya es hora de parar con esto”, puntualizó.

Afirmó que incluso teme por su vida por realizar esta denuncia, pero que todo lo hace porque las personas que siguen trabajando con ellos no merecen este tipo de tratos. “Tengo mucho miedo y se trata de gente de mucho poder económico, pero quiero proteger a estas personas porque no es forma de trabajar. Están obligando al empleado a lavar el dinero y eso está fuera de lugar, supuestamente es una empresa seria, que hace algo ilegal y es hora de regularizar eso”, concluyó.

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• Todas la pruebas fueron presentadas ante el Ministerio de Trabajo.
• Isac Roitman ya fue notificado sobre la denuncia presentaba por el trabajador, pero no comparecieron a las citaciones.
• Son varias personas la que siguen trabajando y que son contratos por el contratista tercerizado.