El ejército surcoreano denunció que Corea del Norte interfiere desde ayer viernes las señales de GPS lo que perturba la navegación de numerosos buques y el vuelo de decenas de aviones civiles. Según un comunicado del Estado Mayor Conjunto de Seúl, estas interferencias proceden de las ciudades norcoreanas de Haeju y Kaesong, ubicadas cerca de la frontera, y provocan “disrupciones operativas” en el tráfico aéreo y marítimo.

El ejército instó a los buques y aviones surcoreanos que operan en el mar Amarillo estar alerta ante estos ataques que comenzaron el viernes y siguen en marcha este sábado. “Urgimos firmemente a Corea del Norte a detener inmediatamente sus provocaciones de GSP y le advertimos que la haremos responsable de cualquier problema derivado de esto”, agregó.

El incidente ocurre después de días de demostraciones de fuerza de ambos países enfrentados desde la guerra de Corea de los años 1950, que determinó la división actual de esa península del noreste de Asia. Corea del Norte lanzó un disparo de su misil balístico intercontinental más avanzado y varias salvas de proyectiles de corte alcance.

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De su parte, Corea del Sur disparó el viernes un misil balístico de corto alcance para demostrar su “fuerte resolución para responder con firmeza a cualquier provocación norcoreana”. Las ya complicadas relaciones entre Seúl y Pyongyang se agriaron todavía más por el refuerzo de la alianza entre Rusia y Corea del Norte y la firma de un tratado de defensa mutua entre ambas.

Estados Unidos y Corea del Sur aseguran que el régimen de Kim Jong Un envió tropas a Rusia para combatir contra Ucrania que, según los últimos datos de inteligencia, sumarían 10.000 efectivos. En respuesta, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, abrió la puerta a suministrar armamento a Ucrania, rompiendo su tradición de no aportar material bélico a países en conflicto.

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Según el ejército surcoreano, no es la primera vez que Pyongyang intenta interferir las señales de GPS. Ya lo hizo en mayo, pero entonces no afectó las operaciones militares del Sur. Los expertos advierten que este tipo de acciones pueden ocasionar otros incidentes más graves que agudicen las tensiones en la península de Corea.

“Todavía no está claro si hay una intención de desviar la atención del despliegue de tropas (en Rusia), de infundir inseguridad psicológica a los residentes en el Sur o de responder a las maniobras del viernes” de Seúl, dijo a la AFP Yang Moo-jin, presidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos en Seúl. “No obstante, los ataques de interferencia de GPS suponen un riesgo real de incidentes graves, incluidos posibles accidentes aéreos en el peor de los escenarios”, agregó.

Otra hipótesis planteada por Ahn Chan-il, un desertor norcoreano que ahora dirige el Instituto Mundial de Estudios Norcoreanos, es que Pyongyang quiera “proteger sus propias comunicaciones e intercambios de inteligencia durante operaciones militares críticas”. Según la oficina presidencial de Corea del Sur, este aliado clave de Estados Unidos en el este de Asia también ha sufrido un aumento de los ciberataques procedentes de grupos prorrusos desde que denunció el despliegue de tropas norcoreanas en el frente de Ucrania.

Fuente: AFP.

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, resaltó la importancia de la ley que otorga pensión a los niños, adolescentes y personas con discapacidad, víctimas colaterales de los casos de feminicidio, puesto que representará un mecanismo de protección no solo desde el punto de vista económico.

“Estamos trabajando en la implementación, tenemos 90 días para reglamentar y con el equipo tenemos el desafío de hacerlo en un menor tiempo incluso, esto ya está vigente, pero si se da algunas de estas situaciones, que rogamos que no suceda, tenemos que estar preparados”, expresó.

En comunicación con “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM-GEN/Nación Media, explicó que una vez que sucedan casos en donde queden víctimas colaterales, el juez de la Niñez y Adolescencia, además de dictar una medida de protección, debe comunicar a su ministerio para procesar el apoyo dirigido a estos niños y adolescentes de forma inmediata.

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“También es importante mencionar que la asignación es por niño. La ley establece el monto que equivale a 15 jornales diarios, aproximadamente sería G. 1.545.000 al mes por cada niño, que va a servir para el sostenimiento económico”, detalló. A esto añadió que la ley también contempla protección para otras personas vulnerables.

“Estas serían personas con discapacidad, incluso después de la mayoría de edad, generalmente solo está asociado a los casos de feminicidio, pero puede darse a la inversa, donde una madre mata a un padre y quedan los hijos desprotegidos porque la persona se quita la vida o va presa”, refirió el secretario de Estado.

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Más de un millón de pasajeros se ven afectados este miércoles por una huelga de transporte en Argentina, que no incluye al gremio de autobuses, en rechazo al ajuste del presidente ultraliberal Javier Milei, el aumento de la pobreza y el intento de privatizar la estatal Aerolíneas Argentinas.

Hay “más de un millón de pasajeros afectados y más de 1.800 trenes sin circular”, informó a la AFP un vocero de la estatal Trenes Argentinos, que maneja las principales líneas de pasajeros de Buenos Aires.

Además de los principales gremios ferroviarios, a la medida de fuerza se plegaron los de transporte fluvial, aeronáuticos, taxistas, subterráneos y camioneros, afectando además el traslado de mercaderías.

“Hay un sector importante de la población que la está pasando mal”, comentó Pablo Moyano, cosecretario de la principal central sindical argentina, CGT.

“Hoy estamos defendiendo la soberanía del transporte nacional, en todas las modalidades, para que no nos invadan los extranjeros por dos mangos (dos monedas)”, dijo a Radio 10.

La estatal Aerolíneas Argentinas indicó en un comunicado que 27.700 pasajeros y 263 vuelos resultaron afectados.

También se adhirieron trabajadores estatales, universitarios, estudiantes y otros gremios contra el ajuste del gobierno y la pérdida del poder de compra de los salarios.

“Estamos peleando no solo por cuestiones sectoriales, sino por la educación, la salud, los jubilados y por todo lo que este gobierno está destruyendo”, declaró el martes el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey.

Dante Medina, quien trabaja en la alimentación, dijo a la AFP frente a la estación de trenes de Retiro que le parecía “injusto eso de que paguen todos los demás por los reclamos que ellos tengan que hacer”.

El principal sindicato de conductores de autobuses, que no se adhirió a esta medida y había programado un paro separado el jueves, anunció su suspensión porque llegó a “un principio de acuerdo” de recomposición salarial con el gobierno, informó la prensa.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, dijo a radio Mitre que el paro es “un boicot político de un grupo de dirigentes que está mirando sus propios intereses”.

Desde su asunción en diciembre, Milei aplicó duras medidas de desregulación de la economía y de recorte sobre el gasto público y como consecuencia el Ejecutivo consiguió superávit en las cuentas públicas.

Pero la economía doméstica sufre de una recesión económica, con una inflación que en septiembre fue del 209% y una pobreza que en la primera mitad del año alcanzó al 52,9 % de la población.

Fuente: AFP

El Gobierno, a través del Viceministerio de Transporte, pre­sentó el anteproyecto de ley que plantea la reforma del transporte público, que tiene como prioridad la dis­minución del tiempo que los pasajeros pasan espe­rando a los buses, así como del tiempo de viaje, indicó el viceministro Emiliano Fernández en el programa “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media.

“Si digo que voy a mejorar las vías o voy a dar nuevas vías estoy hablando de la travesía, más buses signi­fica también más frecuencia y menos tiempo de espera. El tiempo es una de las variables claves que se debe intervenir, el foco principal es el tiempo, eso buscamos”, aseguró Fernández.

El viceministro fue uno de los invitados de “Fuego cru­zado”, ayer domingo, donde puntualizó que la reforma tiene el objetivo de intro­ducir cambios en todos los aspectos que componen el sistema de transporte y, para esto, el Estado prevé una inversión de USD 300 millones en este periodo de gobierno, en alianza con el sector privado.

“Tenemos que cambiar el modelo de cómo se gestiona el sistema, la ley nos va a dar una puerta jurídica para llevar adelante todas estas acciones, vamos a ver que las finanzas del sistema estén bien estructuradas, porque como está actualmente va en contra de leyes económicas y eso nos impide las renovacio­nes y ampliaciones”, explicó el alto funcionario.

El titular del Viceministerio de Transporte detalló que la reforma no solo se trata de una inversión económica, sino también de adecua­ciones de normas de trán­sito, ordenamiento semafó­rico, entre otros factores que ayudarán a que el tráfico sea más fluido. Otro de los pun­tos contemplados en el ante­proyecto es contar con carri­les exclusivos en todos los tramos donde sea posible.

“Entendemos que es posible hacer un carril exclusivo en la travesía de Mariscal Estigarribia hasta Calle Última, vamos a buscar carriles en otros circuitos, vamos a tra­bajar en nuevos carriles de aceleración”, sostuvo Fernán­dez a través de la pantalla de Nación Media.

Otro de los invitados del programa fue el ingeniero Roberto Vera Vierci, quien también habló sobre alter­nativas que se pueden rea­lizar desde el punto de vista de la ingeniería con el fin de mejorar el flujo vehicular y de los buses, además de generar un impacto en la reducción de tiempo en el tránsito, algo anhelado por todos.

“Adicionar tres vías ele­vadas, sin interrumpir los demás carriles, y exclusi­vas para transporte público, que tiene su velocidad y fre­cuencia diferente al trán­sito vehicular normal, sería en extremo interesante. Imaginamos y estudiamos en principio un sistema que permita su realización en un tiempo corto, sin alterar las condiciones del tránsito de esas vías ya muy exigidas hoy día y que tenga un costo razonable que justifique”, expuso.

Vera señaló que una de las alternativas para abaratar costos y tiempo son las vías elevadas 100 % prefabrica­das, que permitirá que todos los trabajos largos se hagan fuera y sin interrumpir el tránsito. Su colocación será rápida e inmediata. “Planea­mos tramos relativamente cortos de viaducto, no los que vemos los viaductos de 30 metros que requieren equi­pamiento especializado y muy potente para realizar­los”, refirió.

Tanto el ingeniero como el viceministro coincidieron en que la necesidad priorita­ria es contar con una ley que reglamente todas las condi­ciones, que va a regir el nuevo sistema de transporte. “Sin esa base cualquier proyecto es parcial y de poco efecto”, aseveró Vera Vierci.

“Si digo que voy a mejorar las vías o voy a dar nuevas vías estoy hablando de la travesía, más buses significa también más frecuencia y menos tiempo de espera”.

El vocero del organismo refirió que el proceso llevaría probablemente cuatro años hasta completar su implementación total.

El representante del Centro de Empresarios del Trans­porte del Área Metropoli­tana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, reconoció que resulta necesario a nivel país pro­yecto de ley que busca refor­mar el sistema de transporte público, que fue presentado recientemente por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.

“Vamos a esperar para inte­riorizarnos y conocer en qué consiste el proyecto. Hoy lo que tenemos son los grandes títulos de lo que uno anhela como reforma de transporte y esos títulos nos gustan, pero debemos ver cómo los aplica­mos”, puntualizó Ruiz Díaz en el programa “Fuego cru­zado”, emitido por el canal GEN/Nación Media.

El vocero de Cetrapam refi­rió que el proceso de aplica­ción del plan será gradual debido a que llevaría proba­blemente cuatro años com­pletar su implementación, pero, de todos modos, mani­festó su preocupación sobre el proceso de transición para llegar a un nuevo sistema, por los componentes económicos, logísticos, entre otros.

“Debemos leer la ley, enten­derla, y ahí tomar la decisión de integrarnos solo como operadores o también como inversionistas de provisión de flotas. Esto siempre que ten­gamos las tres patas impor­tantes para cualquier pro­yecto: garantías jurídicas, garantías de una tarifa téc­nica y garantías de fijación de precios de pasaje”, subrayó.

Para Ruiz Díaz, más allá de analizar el modelo que se busca introducir en el sis­tema de transporte nacio­nal, también se deben tener en cuenta otros factores, como el nivel de inversión del Estado en términos de infraestructuras viales, es decir, los tramos a mejo­rar para el nuevo sistema a implementar.

“Se habla de la realización de un carril exclusivo, se habla de un paso a desni­vel, pero no lo vemos aún materializado. Hemos tar­dado más de un año para que empiecen las obras de Mariscal López, por ejem­plo, y se debe entender que la inversión del Estado en infraestructura vial es afín a los costos de operación del transporte público”, afirmó.

Ruiz Díaz instó a la realiza­ción continua de audiencias públicas, entendiéndolas como vitales para enrique­cer el proyecto, sin dejar de lado la experiencia que pue­den brindar los operadores en cuanto al perfecciona­miento o incluso la colabo­ración dentro del proyecto a realizarse.

En torno a la posibilidad de interiorizar al sector de transportistas en todo lo referente al plan de reforma, el viceministro de Trans­porte, Emiliano Fernández, había garantizado que desde la semana entrante probable­mente se instalarán mesas de trabajo o diálogos abiertos para exponer a mayor deta­lle el programa.