En la vía pública de un área residencial, en pleno barrio Ciudad Nueva, la matanza de aves indignó a los vecinos, pues se trata de actos de manipulación insalubre de alimentos. Esto es lo que cuestionan los pobladores, atendiendo los métodos de prevención del avance del coronavirus en el mundo.
Los vecinos identificaron a los dueños como hindúes, que viven en un departamento y llamaron al 911 inmediatamente, quienes acudieron y solamente les dijeron que sean más cuidadosos.
Pero lo llamativo del caso es la forma en que matan a los animales en plena vía pública y arrojan los despojos no en un cesto de basura, sino en la misma vereda, dejando parte de los restos de los pollos, que se presumen son destinados al consumo en la calle. Según la denuncia, luego de sacrificarlos no limpian tan siquiera la sangre derramada.
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Consideran que se trata de un acto cruel y despiadado, además de ser un peligro para los transeúntes que miran con miedo esta forma de actuar. Los denunciantes no quisieron identificarse por temor a represalias.
Recordemos que estudios científicos indican que la manipulación incorrecta de alimentos conlleva a enfermedades que luego desencadenan en daño colectivo, tratándose de virus y bacterias que poseen algunos animales y transmiten al humano.
Los vecinos solicitan la intervención de las autoridades competentes, no solo por el acto insalubre, sino además por el peligro de manipular alimentos de esta forma.
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Hallan muerto a un indígena frente al hospital, tras el alta médica por una puñalada
Ciudad del Este. Agencia Regional.
A las 5:30 de esta mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de un indígena en la vía pública, frente al pabellón de traumas del Hospital Regional. El hombre había sido internado por herida de arma blanca y, supuestamente, dado de alta médica ayer jueves 15 de mayo.
La víctima es Jhoni Roa Morales (33), de la parcialidad Mbya Guaraní, del distrito Curuguaty, departamento de Canindeyú. Es lo que reportó la subcomisaría 3ª del barrio Santa Ana, de Ciudad de Este. El personal policial encontró el cuerpo tendido al costado del acceso de ambulancia, ya sin signos de vida.
De acuerdo a los datos recabados de Gloria Roa Benítez (28), indígena de la comunidad Py Puku, de Curuguaty, pareja de la víctima, el 14 de mayo, en horas de la noche, el hombre ingresó a Urgencias del pabellón a raíz de una herida por arma blanca en el abdomen. Luego, ayer 15 de mayo le dieron su alta médica.
La mujer contó que fueron a ubicarse frente al hospital a esperar transporte para volver a su comunidad, pero a las 03:00 de hoy 16 de mayo, se constató su deceso, según indicó el reporte policial.
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Consultado sobre qué pasó entre la tarde del 15 de mayo, cuando fue dada de alta la víctima, y esta madrugada, el comisario principal Gustavo Orué dijo a La Nación/Nación Media que, aparentemente, no pudieron viajar y permanecieron en el acceso al pabellón de traumas, donde falleció.
El nativo fue herido en la ciudad de Ypehu, Canindeyú, durante una discusión con otro hombre en la vía pública, según el relato de la mujer al personal policial.
“Falla multiorgánica producida por herida de arma blanca”, fue diagnosticado como causa probable de la muerte del indígena, según el médico forense Eduardo Cano.
Las primeras diligencias del caso están a cargo del fiscal Gabriel Segovia de Ciudad del Este, pero la causa será derivada al Ministerio Público de Curuguaty, según confirmó a La Nación/Nación Media.
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Llegaron 400.000 dosis de vacunas y refuerzan campaña en los hospitales
El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, confirmó que se recibieron 400.000 dosis de vacunas anticoronavirus y este martes están siendo distribuidas a los vacunatorios del país para su inoculación a la población.
“Llegó al país el lote que faltaba, más de 400.000 dosis que ya fueron distribuidas a las demás regiones sanitarias para el abastecimiento de estas dosis. Hoy estamos haciendo ese proceso de entrega para que llegue a cada uno de los vacunatorios”, mencionó a La Nación/Nación Media.
Igualmente el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó hoy el sistema autovac en Hospital 12 de Junio, en Lambaré para facilitar la inmunización de los asegurados.
La vacunación se inició a las 6:00 y se extenderá hasta las 20:00, señaló la doctora Sandra Boggino, directora del citado hospital. Resaltó la buena receptividad de parte de los asegurados.
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El servicio incluye la aplicación de las dosis antigripales y contra el coronavirus, así como otros biológicos contemplados en el programa regular de vacunación.
“Hoy habilitamos el autovac, el año pasado ya lo hicimos y este año volvimos a hacer. Tuvimos muy buena afluencia de pacientes ya. Unos 80 pacientes vacunamos en cuatro horas. Tenemos vacunas contra la influenza, el covid y el esquema regular”, dijo a LN.
Aclaró que durante el feriado el vacunatorio no estará operativo considerando la disminución de la afluencia de pacientes al citado hospital.
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Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial
El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.
El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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