Durante el diálogo de las organizaciones civiles con los jefes de delegación de la Organización Estados Americanos, realizado este miércoles en Asunción, la delegación paraguaya reivindicó su posicionamiento apegado a sus preceptos constitucionales de defensa de la vida y la familia.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, que encabeza la delegación paraguaya, afirmó que Paraguay rige su posicionamiento en los marcos normativos constitucionales y en la convención americana. “En ese sentido, con relación al derecho a la vida, reiteramos el principio consagrado en nuestra Constitución, que establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, garantizando su protección desde la concepción”, expresó.

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Asimismo, destacó que este derecho está consagrado en los términos del Pacto de San José de Costa Rica, piedra angular del sistema interamericano de derechos humanos. “Con relación al tema de género, el Paraguay aboga por la igualdad de derechos entre ambos sexos y así también adopta una interpretación del término género basada en el sexo biológico de las personas, reconociendo únicamente dos categorías, hombre y mujer”.

El viceministro afirmó que la delegación paraguaya promoverá que los términos utilizados en los documentos sean claros y precisos, evitando ambigüedades en su interpretación y asegurando la coherencia con el ordenamiento jurídico del país.

“Con relación a la igualdad y no discriminación, quiero remarcar que la igualdad ante la ley, la libertad individuales y la dignidad intrínseca de cada ser humano son los pilares fundamentales de nuestra a lucha contra la discriminación. Este tratamiento igualitario que valora a cada persona más allá del grupo está en consonancia con la noción de derechos humanos universales”, afirmó.

Así también, el viceministro Verdún expresó el rechazo a cualquier intento de utilizar el argumento “discurso de odio” para silenciar voces de algunos sectores, en menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión.

“Cada Estado defiende los términos establecidos en las resoluciones en base a ideas que reflejan el sentir mayoritario de su población, sin embargo estas posiciones en ningún caso deben comprometer las libertades fundamentales de las personas”, agregó.

En ese sentido afirmó que ninguna de las posiciones que el Paraguay sostiene implican discriminación, odio ni retroceso alguno, y que “por el contrario, por principio constitucional, el Paraguay defiende la no discriminación, la igualdad ante la ley, y las libertades fundamentales, incluida la libertad religiosa e ideológica, así como la libertad de expresión y de pensamiento”.

Finalmente, el representante del Paraguay reafirmó el compromiso del país de mantener un diálogo abierto con todas las organizaciones de la sociedad civil sin discriminación y distinción alguna, y alentó a “construir puentes que nos permitan avanzar, evitando imposiciones que solo profundizan divisiones y polarizaciones, y así alcanzar el bienestar que los pueblos merecen”, concluyó.

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En la sala bicameral del Congreso de la Nación se desarrolló la audiencia pública sobre “Feminicidios y otras formas de violencia contra la mujer”, abordaje desde el Estado para la prevención, atención y protección. La audiencia fue convocada por la comisión de Derechos Humanos y la comisión de Equidad y Género, presidida por el senador Carlos Filizzola, en colaboración con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

El objetivo principal fue dialogar y brindar un espacio a la ciudadanía para expresar su preocupación ante la situación de casos de violencia basada en género. En la audiencia asistieron autoridades de distintas instituciones públicas y organizaciones civiles que luchan contra la violencia hacia la mujer de distintas partes del país.

En la exposición se pudo escuchar a la mayoría de las instituciones públicas reclamar sobre la falta de presupuesto para atender los casos de violencia y a varias mujeres vulneradas en sus derechos, quienes clamaron justicia para todas las mujeres desde los distintos estamentos. Los temas abordados en específico fueron las distintas formas de violencia contra la mujer y la lucha de las mismas por la igualdad de derechos e igualdad de género en el país.

Pablino Escobar del ministerio de la Defensa Pública mencionó que “tenemos 19 defensores especializados en violencia, en el 2022 recibimos 4.119 causas, lo que significa que cada defensor atiende 300 casos cada uno”. Asimismo, Raquel Lovera, representante del Ministerio de Salud, reconoció que “el Ministerio de Salud no tiene recursos destinados a género”.

La subcomisaria Paulina García, directora del departamento de atención a víctimas de violencia intrafamiliar de la Policía Nacional también remarcó “no contamos con recursos económicos, pero contamos con recursos humanos eficientes con vocación de servicio y el trabajo que realizamos es más por humanidad”.

El viceministro de Protección de la Niñez y Adolescencia, Eduardo Escobar, también remarcó que ya existen las herramientas legales, pero que “falta operativizar a través de un mayor presupuesto, un presupuesto eficiente”. La ministra de la Mujer, Celina Lezcano, fue altamente criticada por su ausencia en la audiencia pública. “¿Qué tan importante tenía que hacer para no venir a rendir cuentas y escuchar a las mujeres?”, mencionó la abogada Michi Moragas.

Desde la Red de mujeres del sur, Luz Giménez abordó sobre la violencia política y solicitó avances en la ley de la paridad en las próximas elecciones. Daniela Benítez del pueblo Nivaclé, refirió: “La violencia se sufre en todos lados. Hemos sufrido atropellos, es como si no tuviéramos el derecho a vivir tranquilas”.

“¿Tenemos que estar muertas para que acudan a nuestro llamado? Sufrimos muchas violencias, nos maltratan las autoridades y también sufrimos violencia en nuestra casa. Por favor acudan a nuestro llamado cuando denunciamos”, destacó Irma, del bañado Norte.

Trabajadoras sexuales también tuvieron lugar en el auditorio. Mónica Aquino mencionó: “Soy mujer, ciudadana y trabajadora sexual. Cuando nosotras hacemos una denuncia nos maltratan y no toman nuestra denuncia. Nos discriminan, nosotras no somos el problema, somos parte de la solución”.

Otras expositoras presentes enfatizaron sobre la violencia en el campo, decían que la misma equivale a la ausencia del Estado. Mencionaron la falta de mamógrafos, falta de fiscalías y defensorías en lugares más cercanos, criminalización de la víctima mujer y no del acosador y/o violador. Otras hicieron énfasis en el acoso sexual en el trabajo y en las universidades, la impunidad, la violación de menores en las escuelas, la falta de trabajo para mujeres por la posibilidad de quedar embarazadas, la insuficiente articulación de todas las instituciones y la descentralización.

Más de 40 organizaciones de la sociedad civil elevaron este martes su preocupación por el Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia de Paraguay 2020-2024. Aseveran que este plan acarrea peligro para los niños y adolescentes, así como para sus correspondientes familias.

“Las organizaciones hemos analizado las 156 páginas de dicho plan y hemos expuesto nuestro absoluto rechazo en contra del mismo. Sin embargo, se impone esta conferencia de prensa en pos de sentar una postura clara y contundente ante las autoridades y ante la ciudadanía en general”, expusieron esta mañana.

Entre los primeros ítems que cuestionan se observa que el punto uno del programa dice que el Estado es el principal garante del bienestar del niño y adolescente. Aseveran que el principal garante son los padres y no así el Gobierno. “El referido plan, además, transgrede el derecho inviolable de los padres en la educación de sus hijos y en especial en materia de educación sexual y reproductiva”, añadieron en un manifiesto.

En otra parte de los cuestionamientos, las organizaciones critican la enseñanza de la sexualidad con enfoque de género, bajo la premisa de “construcción social de la sexualidad”. A su criterio, esto transgrede el derecho constitucional al desarrollo armónico del niño y adolescente. “Es decir, atenta contra su indemnidad, que es el mismo bien jurídico protegido en los casos de abuso sexual en niños, al ser expuestos ante información que altera la percepción natural del ejercicio de la sexualidad humana, alterando su identidad”, mencionan.

En ese sentido, consideran que impartir educación en entes públicos a niños y adolescentes bajo la citada perspectiva se estaría cometiendo “un abuso infantil institucionalizado”.

En otra parte, sobre el embarazo adolescente, en el plan se señala que conlleva una carga monetizada para toda la sociedad calculada en alrededor de US$ 136 millones anuales, además de pérdidas por desempleo a raíz de embarazos y otras cargas fiscales. Estas organizaciones reclaman severamente que el plan trate a la adolescente embarazada y a su hijo en gestación como una carga social y pérdida en cuanto a ingresos en concepto de impuestos para el Estado, redujendo a los afectados a un objeto de producción y carga social.

El plan también sostiene que la violencia hacia las niñas y adolescentes es el resultado de la propia configuración violenta de la sociedad. En el texto se omite a los niños. “Estas afirmaciones son propias del feminismo de género que atribuye al “patriarcado” todo el mal social. Para alcanzar los resultados pretendidos, las políticas públicas deben partir de premisas verídicas”, mencionan.

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Uno de los últimos puntos cuestionados por las organizaciones es el que tilda de uniones dañinas a la unión en matrimonio. “En el Paraguay una de las prácticas dañinas son los matrimonios infantiles y uniones tempranas”, señala el plan, al momento de traer a colación la Ley 6000/17 que sanciona el abuso a niños. “Sin embargo, esta ley no es invocada en los demás casos de relaciones precoces, donde contrariamente se incentiva el uso de anticonceptivos. Es decir, la preocupación se enfoca en si los niños han o no utilizado algún método preservativo”, señalan los padres de familia.

Por último, manifiestan su rotundo rechazo al plan nacional en cuestión y exigen al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la confección de un nuevo plan en consonancia con la Constitución y con la participación amplia de los padres de familia.

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El senador Tony Apuril informó que acompañará de cerca un proyecto impulsado por un grupo de organizaciones ciudadanas aliadas, que buscarán lograr que el gobierno lleve adelante una reforma institucional de la Policía Nacional.

El senador recibió informes de que la institución no da la respuesta que la gente necesita debido a deficiencias en su propia estructura lo que debería reformarse en algunos aspectos, principalmente en lo relacionado a la idoneidad para el ingreso a la carrera policial, a la preparación física, psicológica e intelectual de los policías, a los protocolos y procedimientos ante un hecho tipológico, al sistema de ascensos, a la incorporación de tecnología para la labor de seguridad y la transparencia en los procesos y gestiones.

Apuril se reunió esta semana con representantes del Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana (que lo conforman más de 1.500 comisiones vecinales y de seguridad, más las ciudades de Tobatí, Alberdi, Pirayú, Capital y siete asociaciones sin fines de lucro) quienes llevaron el proyecto y comentaron que realizarán audiencias públicas por todo el país para presentar la idea y escuchar a la gente y sus propuestas, que servirán para ir puliendo el proyecto. “Vamos a acompañar el proyecto, porque me parece importante que la gente participe en el diseño de esta reforma”, señaló el senador.

Institución con menor índice de credibilidad

“Hoy la Policía Nacional es una de las instituciones con menor índice de credibilidad y confianza de la ciudadanía. Es necesaria una reforma que abarque desde la carrera misma del policía y todo lo que eso significa en cuanto a idoneidad, formación y preparación, además lo relativo al sistema de ascensos y sobre todo la necesaria incorporación de tecnología para la transparencia y para la labor propiamente en las calles”, manifestó.

El legislador del Partido Hagamos considera que es un buen momento para impulsar un trabajo interinstitucional para llevar adelante una reforma en la Policía con la participación de todos los sectores.

“La Policía necesita reformarse porque está corroída por la corrupción y las irregularidades, que son producto de lo anticuado y obsoleto de su diseño institucional, lo demuestra el último informe que destacó la prensa, en donde un policía era custodio de uno de los líderes del PCC”, afirmó.

El mismo enfatizó que es necesaria una actualización profunda de la Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, con la participación de todos los sectores. “En relación a este tema, es impresionante como la ciudadanía está aportando sus ideas en nuestras redes sociales, estamos tomando apuntes con los que vamos a trabajar juntamente con el Consejo de Seguridad Ciudadana”, finalizó.