Campesinos sin tierra hicieron una denuncia contra la comunidad nativa aché de Chupa Pou, en el departamento de Canindeyú, por deforestación masiva.
Los trabajos que realizó la comunidad aché fueron de limpieza del matorral o “yuyal en el monte, o “kokuere”, como ellos lo llaman. Limpiaron el “kokuere” para ubicar en buena pastura al ganado, ya que tienen 109 ganados vacunos como parte del protecto Prodep.
La comunidad acompañó a la fiscalía a verificar el lugar. Al llegar, la comitiva fiscal no vio deforestación sino que, como relataron los habitantes aché, se trataba de una limpieza del terreno en la que cortaron plantas de kurundi'y, hu'i moneha, lianas guatambu y otras malezas.
Sin embargo, lo que la Fiscalía sí encontró, fueron dos hornos construidos por los campesinos para la quema de árboles y la producción de carbón. Líderes aché se comprometieron a destruir estos dos hornos. El recorrido lo acompañó también el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y la dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público.
La comunidad aché de Chupa Pou lucha contra las constantes invasiones de los campesinos sin tierra, que se ubican en territorio aché. Este territorio de 1.600 hectáreas pertenece legalmente a los nativos aché, por título de propiedad.
La comunidad aché siente preocupación por las diversas formas de los campesinos de intentar desapropiarlos de sus tierras. Sospechan que los campesinos son supuestamente manipulados por la familia del Señor Nino Cantero, quienes poseen una gomería, farmacia y un surtidor.
El coordinador de la Federación de nativos Aché del Paraguay, Marciano Chevugi, desmintió en nombre del pueblo aché todas las acusaciones. “Pedimos respeto a nuestros vecinos, que nos den tranquilidad para trabajar por nuestra comunidad y una mejor calidad de vida para nuestras familias”, pidió Marciano Chevugi en contacto con La Nación.
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Un mito a terminar: campesinos sin tierra
Mi conclusión luego de analizar las legislaciones agrarias en el país es que estamos ante un mito que ya no puede seguir sosteniéndose: El problema de la pobreza está en que miles de familias no tienen tierra y que esta debe ser redistribuida por el Estado.
Las legislaciones en la materia se inician en 1904 con la ley de colonización, las leyes agrarias de 1918, 1926 y 1935, el Estatuto de 1940, la ley de colonización de 1948, el Estatuto Agrario de 1963 y la Ley n.° 1863 del año 2002. De un somero análisis de estas leyes se infiere una ecuación constante y perversa.
En todos estos largos años de intervención estatal, sinónimo de asistencialismo para crear una cultura de envidia y resentimiento hacia los que logran salir adelante con esfuerzo y cooperación es algo que necesitamos cambiar de una vez por todas. Esa envidia y resentimiento es un llamado para el populismo. El hecho que, por ejemplo, se hayan repartido más de 10 millones de hectáreas en todo el país, casi la superficie de un país como Holanda es para darnos cuenta que con esta política redistribucionista no está la respuesta correcta.
En muchos departamentos como Alto Paraná y Canendiyú existen miles de lotes que no están titulados. Hay derechos precarios de propiedad lo que conspira contra aquellos que desean ser agricultores y no solo campesinos.
Pero la culpa de esta situación no se la debemos únicamente a la dictadura. El proceso democrático surgido en 1989 a esta parte, continuó por la misma línea de pensamiento que permitió la distribución de tierras por un valor superior a dólares 3.000 millones, dilapidados en la corrupción de la democracia.
Esto es triste y deplorable por donde se lo mire, sin embargo, no sucede por un acto de magia. Es el efecto de ideas equivocadas transmitidas en leyes y políticas públicas probadamente erróneas. Pasa que la mentada reforma agraria fundada en la distribución de tierras parecería ser beneficioso y “políticamente correcto”.
Hay un modo de terminar con este círculo vicioso. La solución está en los derechos de propiedad. El problema de los campesinos pobres en el Paraguay no es la falta de tierra y que se encuentren desamparados o en situación de indigencia, sino que carecen del derecho de propiedad. La puesta en práctica de un programa de titulación masiva de propiedades rurales también recaerá sobre los políticos populistas que hostigan el enfrentamiento antes que la cooperación.
Los agricultores con derechos precarios son el mejor caldo de cultivo para la violencia porque no tienen garantizados como propias las fincas donde trabajan. El agricultor que tenga su título de propiedad será menos proclive a las amenazas e invasiones de tierras.
La narrativa de los campesinos sin tierra utilizada por la politiquería populista se convirtió a lo largo de décadas en una creencia enraizada aun cuando no se basa en la realidad para mantener un modelo de redistribución de tierras al solo efecto de mantenerse como lo que es: una política pública fracasada y corrupta, cuyos efectos inciden en las conductas de las personas para seguir siendo campesinos cuando el paso debería ser de campesinos a productores agrícolas.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”, “Cartas sobre el liberalismo”, “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes”, y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.
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El Indert ya rechazó en el 2014 el pedido de expropiación de la estancia Pindó
En el caso de la invasión a la estancia Pindó, en el departamento de Canindeyú, por parte de supuestos campesinos sintierra, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) contestó un pedido realizado por el senador Fidel Zavala, del Partido Patria Querida, a fines del 2021.
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El pedido del senador en nombre de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores fue contestado con la presentación de resoluciones de los años 2014 y 2017.
En ambas resoluciones, el Indert aclara que la adjudicación del inmueble donde hoy se encuentra asentado el establecimiento productivo fue realizada de manera legal de acuerdo a las normas vigentes en el momento de la permuta entre los propietarios actuales y el Estado paraguayo.
Pedido de expropiación ya fue rechazado
El otro punto de las resoluciones del Indert tiene referencia al pedido de expropiación por parte de las personas, quienes desde el 2012 ingresaron de manera ilegal al establecimiento productivo, formando una comisión vecinal y recibiendo apoyo por parte de grupos políticos.
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El reiterado pedido de expropiación por parte de la comisión vecinal denominada Joajú ya fue rechazado en setiembre del 2014, cuando el Indert presentó la resolución Nº 2.450, donde exponía los detalles del análisis técnico llevado a cabo, tras lo cual se dictaminó no hacer lugar al pedido de la mencionada comisión vecinal.
No a la reconsideración
De la misma manera, el Indert no hizo lugar al pedido de reconsideración propuesto por el grupo invasor, desestimando totalmente las pretensiones sobre la finca Nº 5.603 del distrito de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú. La situación por la que atraviesa la Agroganadera Pindó data del 2012 y a comienzos del 2021 fue solicitado por sexta vez el pedido de desalojo de los cerca de 1.500 ocupantes ilegales de la propiedad.
Hechos violentos y apoyo político
La abogada Margarita Colmán, representante legal del establecimiento, explicó en ese momento que la situación de la estancia se encontraba totalmente descontrolada a causa de la invasión, deforestación y plantación de marihuana en el lugar. Comentó que los ocupantes formaron parte en reiteradas ocasiones de hechos violentos como la quema de retiros y mencionó que el Instituto Forestal Nacional (Infona) ya había detectado el tráfico de rollos en el lugar.
Ataque a retiro
En noviembre del año pasado, los ocupantes ilegales atacaron el retiro Vacareta, situado en la finca 5.605, robaron las pertenencias de los empleados del referido establecimiento ganadero y los expulsaron del sitio.
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La propiedad está ubicada en otra finca y no corresponde al inmueble que solicitan expropiar los denominados campesinos sintierra.
En videos que fueron compartidos en redes sociales se ha observado en varias ocasiones a los senadores del partido Frente Guasu, Sixto Pereira y Hugo Richer, así como el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Pedro Santacruz, visitando a los ocupantes e instándoles a continuar en el lugar mientras se intenta lograr la expropiación de parte del establecimiento productivo.
Infona amplió denuncia
El Infona también realizó un análisis multitemporal sobre los cambios de uso de suelo ante la aparición de nuevos datos satelitales en el inmueble propiedad de la Agroganadera Pindó SA. Esto obligó a la institución forestal a realizar una ampliación de la denuncia realizada el 1 de noviembre del 2018 en contra de personas innominadas, quienes se encuentran de manera ilegal, desde comienzos del 2012, en la mencionada propiedad privada.
Cambio de suelo
El ente forestal señala que los cambios en el uso de suelo derivados de la expansión y extensión de actividades humanas generan impactos negativos en la biodiversidad y en el ecosistema local.
La ampliación de la denuncia adjunta el mencionado análisis de cambio de uso de suelo cuantificado en hectáreas en un lapso comprendido entre el 2004 y el 2019, tiempo en que las imágenes satelitales pudieron identificar un total de 2.107,79 hectáreas de cambio de uso de suelo.
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Deforestación amazónica de Brasil bate récord desde 2008
Brasilia, Brasil | AFP |
La deforestación de la Amazonía brasileña aumentó 29,5% entre agosto de 2018 y julio de 2019, totalizando 9.762 km2, un récord en diez años, informaron el lunes fuentes oficiales.
El periodo de referencia incluye los siete primeros meses de gestión del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, partidario de la apertura de la selva tropical a las actividades agropecuarias y mineras.
Este aumento ya había sido detectado por un sistema de alertas mensuales del Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués), que anualmente afina esas observaciones con otros satélites de un sistema denominado Prodes.
El área deforestada es la mayor desde 2008, cuando alcanzó 12.911 km2.
De los nueve estados amazónicos de Brasil, el más afectado fue el de Pará, con 3.862 km2 desmatados en esos doce meses.
Greenpeace denunció la reducción de medios para combatir la deforestación desde la llegada de Bolsonaro al poder. "Su gobierno está echando a la basura prácticamente todo el trabajo realizado en las últimas décadas por la protección del medio ambiente", afirmó Cristiane Mazzetti, de la campaña Amazonía de la organización ecologista.
La WWF también dio la señal de alarma. "Cerca de 20% de la Amazonía ya fue destruida y la selva se acerca al punto de no retorno, en el cual la Amazonía se convertirá en una sabana", escribió el director ejecutivo de esa entidad en Brasil, Mauricio Voivo.
“La ciencia ya demostró el papel fundamental desempeñado por la Amazonía en el aprovisionamiento de agua en otras regiones, tanto en las ciudades como para el agronegocio”, agregó. “Nuestro posicionamiento es claro: deforestación cero, ya”.
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Analizan compromisos de Paraguay relacionados con el Cambio Climático
Con el objetivo de participar en las iniciativas a nivel internacional relacionadas con el Cambio Climático, verificar los compromisos de Paraguay en esa línea y hacer un análisis sobre el plan de trabajo, autoridades del Estado se reunieron con el Ministro de Hacienda.
Al término del encuentro, el presidente del Club de Ejecutivos y de la Fundación Moisés Bertoni, Yan Speranza, refirió que esta fue una convocatoria del titular del Fisco, ya que a nivel internacional se ha conformado un grupo de trabajo donde los propios ministros de Hacienda de diferentes países convocan a diversos actores, tanto del sector público como del sector privado, a fin de analizar las acciones realizadas en la reducción del cambio climático.
En ese sentido, afirmó que se decidió conformar una mesa de trabajo que defina los puntos concretos en donde Paraguay ya empezó un camino y que ahora debe fortalecerlo. En cuanto a reforestación, mencionó que es un asunto que contribuye enormemente con el tema climático, pero también es una cuestión muy importante desde el punto de vista económico y social.
“Esta mesa de trabajo quiere empezar a discutir cómo destrabamos eso para que se impulse, porque genera un impacto económico-social muy importante, pero también contribuye efectivamente en el cambio climático. Eso es algo en que Paraguay puede posicionarse con mucha fuerza”, precisó.
Además, Speranza habló sobre el pago por servicios ambientales e indicó que ya existe una Ley en el país, que implica que aquellas personas o sociedades que han conservado bosques – por encima de lo que la Ley les obliga – puedan recibir una compensación. Explicó que todavía no se ha creado un mercado, porque falta ajustar algunos detalles, específicamente en la reglamentación que permita llevar adelante.
Por otra parte, se refirió a la energía eléctrica de Paraguay señalando que en ese punto se dialogó sobre la posibilidad de impulsar la movilidad eléctrica. A modo de ejemplificar, señaló que se podría hablar de incentivos arancelarios para la importación de automóviles eléctricos, con sus ventajas y desventajas.
De la reunión también participaron el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero; la titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski; el director de Cambio Climático, Ulises Lovera; y el encargado de Despacho del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Hugo Piccinini.