El titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, sostuvo que en todo momento, desde la institución estaban convencidos de que la Municipalidad de Encarnación cumpliría con la transferencia del terreno del aeropuerto de esta ciudad. El mismo señaló que como institución se mantuvieron al margen de las discusiones políticas.

“Nosotros siempre confiamos en que los políticos, la clase política, la Junta, la Municipalidad, iban a cedernos eso, después hubo un impasse, como lo llamó el presidente de la República. Nosotros no recibimos aún la nota, pero creo que ya es oficial que se aprobó en esas condiciones, que son pagar los 320 millones de guaraníes y los 10 millones de dólares de inversión”, expresó en entrevista a la 1020 AM.

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Así también, adelantó que la inversión prevista de USD 10 millones para esta obra, es solo la primera etapa, y que la Dinac cumplirá con la misión de colaborar con la conectividad en el territorio nacional.

“Eso solamente es la primera parte, la inversión va ser mucho mayor. Como Dinac, nosotros queremos colaborar con la conectividad y cumplir con la misión que tenemos como institución y seguir adelante con todo lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, por eso es que mientras las discusiones fueron políticas, nosotros nos llamamos a silencio hasta que eso se solucione”, mencionó.

Por otra parte, aclaró que la suma de G. 319 millones por la transferencia del predio ya se había acordado en una sesión de la Junta Municipal en noviembre del año pasado, el monto ahora es cuestionado por el intendente Luis Yd.

Explicó que la transferencia no se pudo realizar por la Escribanía Mayor del Estado al tratarse de una propiedad privada, por lo que recurrieron a una escribanía privada, allí no se pudo realizar la transferencia por el costo cero, y se acordó ese monto.

“Fuimos a una escribanía privada y nos dijeron que por el monto cero tampoco se podía hacer una trasferencia porque no es una donación, no era una cesión, entonces habría que buscar un número para ponerle a la trasferencia y de ahí salió el monto de 319 millones de guaraníes que es una tasación fiscal”, indicó.

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Con una inversión prevista de más de G. 420.000 millones y un plazo de ejecución de 2 años, avanza el proceso para la ejecución de la Fase B de la Defensa Costera de Pilar, motivo por el cual representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se reunieron con autoridades departamentales y municipales para detallar el plan y coordinar acciones en torno a la ejecución de los trabajos.

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La delegación del MOPC, encabezada por el ingeniero Víctor Olmedo, coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), se trasladó hasta la Gobernación de Ñeembucú, donde se reunió con el gobernador Víctor Hugo Fornerón, junto a la ingeniera Gisela Aveiro, supervisora de Obras, y Cynthia Monzón, especialista socioambiental.

El objetivo del encuentro fue presentar el estado actual del proyecto y establecer un primer contacto con las autoridades locales. En este sentido, el gobernador destacó la necesidad de iniciar la intervención lo antes posible para concretar los beneficios esperados en la ciudad.

Tras la reunión en la gobernación, la comitiva de la cartera de Obras se trasladó a la Municipalidad de Pilar, donde fue recibida por el intendente Fernando Ramírez y miembros de la Junta Municipal.

“Durante la reunión, las autoridades locales expresaron su satisfacción por el próximo inicio y plantearon la importancia de realizar jornadas de socialización y una audiencia pública para informar a la comunidad sobre los alcances del plan. Además, solicitaron priorizar la contratación de mano de obra local”, informaron desde el MOPC.

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• La Fase B de la Defensa Costera contempla la construcción de un sistema integral de alcantarillado pluvial y cloacal, así como una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
• Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones sanitarias de aproximadamente 34.000 habitantes, prevenir inundaciones y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad.
• El proyecto fue adjudicado al Consorcio Sanitario Ñeembucú por un monto de G. 422.586.595.051, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Las autoridades municipales de la ciudad de Ñemby confirmaron que no aplicarán las nuevas tarifas de habilitación vehicular y promoverán una acción de inconstitucionalidad para suspender la implementación de la ley que crea la unificación de los costos de este documento.

La decisión fue tomada este martes por la Junta Municipal que sesionó de manera extraordinaria para tratar el conflictivo tema. Argumentan que es inconstitucional porque viola la autonomía de los municipios por lo que sugerirán a la Intendencia accionar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la citada normativa.

Así también arguyen que existe una desigualdad en el método para el cálculo para el cobro de las patentes vehiculares. Señalan que corresponde a cada municipalidad elaborar su propia tarifa de costos de impuestos, puesto que cada distrito maneja su propia realidad.

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“Sacaron una ordenanza que nos obliga a nosotros reconocer lo que esta nueva ley hoy nos impone y le impone a los contribuyentes”, fundamentó en su intervención ante el pleno el concejal Omar Alonso.

Recordó que el dictamen de la asesoría jurídica recomienda a la Junta Municipal aconsejar al ejecutivo recurrir a la inconstitucionalidad. “Por qué lo debemos hacer, porque nos debemos a nuestros contribuyentes. La ley orgánica municipal habla claramente de la autonomía y esto no fue inventado por los concejales. Esto estudiaron los diputados y senadores y nos dieron esa facultad de hacer lo que corresponde”, afirmó.

Por ello insistió que la Junta Municipal tiene que tomar la decisión legal, jurídica y política a favor de los contribuyentes. “Cómo vamos a estar cumpliendo con compromisos que se asumió en ejercicios anteriores. Cómo vamos a cumplir con nuestro presupuesto general de todo lo que este año tenemos planteado. La gente se va a ir a otros municipios”, cuestionó.

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El inusual y hasta un poquito bipolar comportamiento de las condiciones meteorológicas nos sorprenden en estos meses, para algunos con alegría por las refresca­das y para otros por los inconvenientes que se ocasio­nan en el tráfico, los raudales, los ventarrones y la caída de los arbolitos callejeros que en varias oportunidades han ocasionado daños materiales .

Obviamente, poco y nada podemos hacer para preve­nir los golpes inusuales del viento. Y en cuanto a los raudales, bien sabido es que los sistemas de desagüe fluvial de Asunción están siendo realizados por tra­mos y tomará aún algún tiempo poder considerar que vamos a dejar de inundarnos al primer chaparrón.

Pero lo que podría sin duda prevenirse es la situa­ción de los arbolitos callejeros, tan preciados como peligrosos, ya que se conoce perfectamente el tipo de raíces que sostiene a cada especie y la inseguridad y fragilidad que ello conlleva.

Los asuncenos, incluidas las autoridades, organizan diferentes programas de arborización y de protección de las arboledas, que lógicamente pierden con el cre­cimiento edilicio, pero se intenta compensarlo con espacios verdes alternativos.

La municipalidad, que tiene una Dirección de Áreas Verdes, debería dotarla de personal y equipos que permitan un control rutinario de los árboles que aún adornan la ciudad, atendiendo a la necesidad de podas que equilibren su exposición a los vientos con respecto a la fortaleza que pueden tener sus raí­ces, evitando así no solo las lamentables caídas, sino también los problemas con los sistemas de cables de altura, lo cual ocasiona cortes de energía eléctrica muy molestos para los usuarios.

Vale mencionar que las aseguradoras no se hacen res­ponsables por daños causados por desastres natura­les, lo cual obliga a la municipalidad a responder al ciudadano perjudicado en su patrimonio por causa de estos imprevistos, del mismo modo que debe­ría hacerse cargo de los gastos ocasionados por los baches.

Insisto en que la municipalidad debería hacerse cargo del buen estado de la arboleda asuncena y les recuerdo que de nada les serviría apurar una ordenanza o adver­tencia de que la municipalidad no se hace responsa­ble de lo acontecido a los vehículos estacionados .

Y los ciudadanos no deberían renunciar a los reclamos ocasionados por estos descuidos o por los baches. Así como deberían querellar a los frentistas en caso de accidentes ocasionados por veredas rotas.

Muchas veces preferimos cargar con el costo de per­juicios por la simple comodidad de no entrar en la burocracia que un reclamo implica. Y, lamentable­mente, esa concesión es la que fomenta la irrespon­sabilidad.

En resumen, es hora de que también nos hagamos cargo de reclamar.