Funcionarios civiles no sindicalizados de la Policía Nacional exigen este lunes una equidad dentro del esquema de reajuste salarial que se consiguió dentro de la institución, bajo la denuncia de que supuestamente este aumento será distribuido mayoritariamente entre los miembros de sindicatos.
"Se consiguió un aumento presupuestario de G. 5.400 millones, que será distribuido entre 112 sindicalistas de la Policía Nacional. Tendrán cada uno un aumento del 67% de su sueldo, que representan G. 1.407.000", explicó esta mañana a la 970 AM Shirley Silva, representantes de los funcionarios afectados.
Añadió que los funcionarios no sindicalizados recibirán aumentos de entre G. 100 mil a G. 300 mil. "Ese presupuesto vino para todos no solo a nombre del sindicato, manipulan el presupuesto que corresponde a todo el funcionariado", objetó.
Denunció igualmente que los sindicalistas accedieron a su base de datos para realizar la distribución. "Esta mañana nos enteramos que hoy se cierra esta base, por eso exigimos llegar a un acuerdo con la institución y con los dirigentes, teniendo en cuenta un reajuste en función a la formación académica, antigüedad y responsabilidad en el cargo", apuntó.
Finalmente, recordó que los sindicalistas no pudieron explicar en ningún momento el método que utilizaron en la distribución salarial. "Estamos esperando la audiencia con el Comandante de la Policía Nacional, para llegar a una solución", concluyó.
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Intendente de Asunción instruye a funcionarios para dar máxima colaboración con interventores
El intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, instruyó a todos los directores y funcionarios municipales para que presten la máxima cooperación al equipo que se ocupará de la intervención en el Municipio. Remarcó que esta intervención es una gran oportunidad para demostrar que no se ha cometido ningún hecho punible bajo su administración.
Durante una reunión mantenida con los principales referentes de las distintas direcciones que conforman la municipalidad les instruyó a no bajar los brazos y seguir trabajando con más fuerza en la prestación de los servicios, para que la ciudadanía no se vea perjudicada durante este período.
“Vemos esto como una brillante oportunidad para tirar por tierra todas las mentiras y todos los inventos referentes al manejo administrativo. Es ahí donde quiero darles la tranquilidad a cada uno de ustedes y puedan transmitir. Les pido predisposición a prestar la colaboración al interventor o interventora y a su equipo", expresó.
Asimismo, instruyó a no escatimar en ninguna documentación que sea requerida. Insistió en que está con mucha fe y con la tranquilidad de que no se hizo nada malo.
Mencionó que hoy en día ya no son más 500 mil millones de guaraníes, que quieren señalar que se desviaron o que se utilizaron para algún provecho propio o particular, ya que hoy ese monto bajó a 350 mil millones de guaraníe,s que fueron utilizados en gastos rígidos y que la trazabilidad de cada guaraní utilizado se puede demostrar.
“No menos importante, cada uno es responsable de sus actos y de las consecuencias de los mismos. El interventor o la interventora no va a insistir con las documentaciones, simplemente va a informar que no se le remitió la documentación que se requería. Automáticamente esto se presta a las tergiversaciones y que cada quien saca sus conclusiones juzgando y condenando”, expresó.
En intendente capitalino aseguró que cuenta con todas las documentaciones para respaldar su gestión. “El muerto que ellos creen haber matado, goza de muy buena salud. Está con una tremenda fortaleza y fe, y todavía no escuché la campana final”, concluyó.
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Funcionarios de la Justicia Electoral informaron sobre licitación de máquinas de votación
En sesión conjunta las comisiones asesoras de Asuntos Electorales, Legislación y Reestructuración y Modernización del Estado, recibió en audiencia a funcionarios de la Justicia Electoral con el fin de conocer aspectos de la convocatoria de la licitación adquisición de Máquinas de Votación Electrónica, sobre todo en lo que hace a la seguridad y el respeto fiel de la voluntad popular con relación al resultado electoral.
El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, diputado Arnaldo Valdez, explicó que el abordaje principal de la reunión guarda relación a las consultas constantes que hace la sociedad civil, así como la clase política respecto a la seguridad que pueda brindar estas máquinas al momento en que el ciudadano vaya a emitir su voto.
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Destacó que existen posiciones claras de parte de la Justicia Electoral, así como se señalaron dudas de parte de la comunidad en general. El legislador expresó que considera fundamental seguir muy de cerca el proceso de esta licitación.
“Sabemos que una herramienta hecha por el hombre puede sufrir alteraciones, o modificaciones. Estamos hablando de un elemento muy sensible que es la ciberseguridad. Tenemos que ver todos los mecanismos de control y garantía para que estas máquinas reflejen realmente la voluntad de cada elector”, explicó.
Mencionó que están en ese proceso ya que existe ya una ley electoral vigente, que establece que las elecciones se tienen que llevar a cabo con urnas electrónicas; por eso es que tanto la ciudadanía en general como los partidos políticos deben acompañar este proceso muy de cerca.
Proceso paralizado
Respecto a la medida cautelar que interpuso el Tribunal de Cuentas, y que nuevamente está trabando el avance de la licitación; el diputado Valdez señaló que ese es un punto que se deberá trasladar a la Justicia Electoral, para analizar cuáles son las alternativas que se tiene y cuáles son las medidas de urgencia.
No obstante, señaló que los funcionarios de la Justicia Electoral, informaron que están trabajando y que esperan que en una semana se esté destrabando este aspecto legal.
A su turno, Carlos María Ljubetich, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), explicó que la medida cautelar fue interpuesta por una empresa que no participó del proceso licitatorio y que no demostró, e incluso no cuenta con las condiciones para participar de la convocatoria.
Indicó que han protestado por el plazo de experiencia que se está requiriendo dentro de las bases y condiciones que exige la Justicia Electoral que son de 10 años; mientras que la empresa pide que sea de 5 años.
“Pero no existe legitimación activa para esto. Mientras tanto se está paralización el proceso, y la resolución dependerá todo de la Justicia”, acotó.
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El MEF gestiona préstamo del BIRF como colchón fiscal ante escenarios adversos
El Ministerio de Economía y Finanzas inició gestiones ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), apoyo financiero del Banco Mundial, para acceder a un préstamo de apoyo presupuestario, contemplado en el decreto 3.950 del Poder Ejecutivo.
El objetivo principal de esto es contar con una fuente de financiamiento precautoria que respalde el Presupuesto General de la Nación (PGN) ante eventuales condiciones adversas del mercado, explicó a La Nación/Nación Media, el viceministro de Economía del MEF, Felipe González Soley.
“Este tipo de financiamiento se denomina “préstamo de apoyo presupuestario”, cuyo objetivo es respaldar las operaciones del Presupuesto General de la Nación. No necesariamente implica que el préstamo se ejecute de inmediato, sino que sirve como un colchón financiero”, explicó González Soley a LN.
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Manifestó que este préstamo es útil en escenarios en los que las condiciones del mercado no son favorables, ya que permite contar con una fuente segura de financiamiento. Enfatizó que es una opción de respaldo a futuro, para los ejercicios presupuestarios de los próximos años dentro del actual periodo de Gobierno.
“Como estos préstamos suelen tener plazos de ejecución extendidos y requieren de un proceso burocrático considerable para su aprobación, es necesario iniciarlos con suficiente antelación para garantizar su disponibilidad cuando sea necesario”, acotó.
BIRF
El BIRF es una cooperativa internacional dedicada al desarrollo, propiedad de los 189 países que lo integran. Como el mayor banco de desarrollo del mundo, el BIRF apoya la misión del Grupo Banco Mundial, proporcionando préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos, y servicios de asesoría a los países de ingreso mediano y los países de ingreso bajo con capacidad crediticia, y coordinando, además, las respuestas ante los desafíos mundiales y regionales.
Junto con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo para los países más pobres, conforma el Banco Mundial. Ambos colaboran estrechamente con las otras instituciones integrantes del Grupo Banco Mundial y con los sectores público y privado para reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida en los países en desarrollo.
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Caña dulce podría duplicar su rendimiento, pero sigue sin ley ni presupuesto
La caña dulce producida por pequeños agricultores en el departamento de Guairá sigue siendo una materia pendiente para el gobierno, según precisó a La Nación/Nación Media, Ramona Vargas, representante de Coordinadora Paraguaya de Productores de Comercios Justos (CPPCJ).
Dijo que el proyecto de ley que busca formalizar el rubro y garantizar su trazabilidad fue presentado hace cinco años, pero aún no ha sido incluido en el orden del día de la Cámara de Diputados. Los productores reclaman con urgencia su aprobación para que el sector pueda acceder al Presupuesto General de la Nación (PGN), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y así mejorar su productividad.
“El MAG ya dio su aval técnico al proyecto, pero el proceso legislativo está detenido por falta de voluntad política. Se podría duplicar la productividad de nuestras tierras si contáramos con apoyo estatal para fertilización y maquinaria. Tenemos menos de 5 hectáreas por productor, y esta rentabilidad actual no permite reinvertir en las fincas. Esto perpetúa la pobreza en el sector”, manifestó Ramona Vargas a LN.
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Lo que buscan con el proyecto de Ley de Caña de Azúcar es principalmente formalizar el rubro y garantizar trazabilidad, algo que se requiere tanto para exportar como para asegurar la seriedad en el mercado interno. Vargas mencionó que la mayoría de los demás productos agrícolas sí tienen presupuesto asignado, como la papa o la cebolla, pero la caña dulce no.
“Los pequeños cañicultores de caña dulce orgánica necesitamos urgentemente una ley que nos ampare. Sin esta ley seguimos sin presupuesto y sin apoyo para mejorar nuestros suelos o adquirir maquinaria adecuada para la preparación de tierra”, dijo.
Ramona Vargas comentó que este anteproyecto de ley ya cuenta con varias correcciones hechas por un equipo técnico del gobierno. Incluso, realizaron ya algunas audiencias públicas y luego fue presentado el documento en Diputados. La caña de azúcar representa un pilar clave para la agricultura familiar, generando trabajo para más de 185.000 personas de forma directa e indirecta en todo el país.
Actualmente, los mercados internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea o Asia no compran solo por precio, sino que exigen productos con normas claras, respaldo institucional y trazabilidad. Es decir que, sin una ley como la propuesta, Paraguay pierde competitividad y grandes oportunidades de negocios, según expuso a LN, Ramona Vargas.