El Gobierno nacional está ade­cuando sus finanzas para ponerse al día con sus principales acree­dores, y así aliviar la situación de gran cantidad de empresas a las que adeuda cifras multimillonarias debido al cuestionado manejo de la gestión anterior. La administración actual pagará parte del pasivo que dejó el gobierno de Mario Abdo y de ese modo causará un fuerte impacto en las empresas privadas que aguardan la decisión de las autoridades actuales.

Así como el Poder Ejecutivo acordó con las empresas constructoras viales el pago de la deuda pendiente, también lo está haciendo con el otro sector de acreedo­res, las entidades de la industria química. A las vialeras les prometió la entrega de 150 millones de dólares en tanto que a las farmacéuticas se propone dar 180 millo­nes de dólares para cubrir una parte del importante pasivo que se tiene con las mismas.

En el sector privado indicaron que está mejorando el relacionamiento con el Gobierno, lo que se nota en los pagos que se están preparando en la actualidad. Señalaron que anteriormente no había muestras visibles para hacer los arre­glos, cosa que ha cambiado últimamente. Lo importante es que el presidente de la República, Santiago Peña, ha insistido en que el gobierno cumplirá sus compromi­sos financieros con sus acreedores, cosa que se está llevando a cabo con las medi­das que se tomaron.

Uno de los grupos que últimamente está haciendo gestiones de cobro con el Minis­terio de Economía y Finanzas es el sector de la industria química. Por eso los direc­tivos de la Cámara de la Industria Quí­mica Farmacéutica (Cifarma) mostra­ron su satisfacción ante la promesa que les hizo el gobierno de que en breve des­embolsará 180 millones de dólares para pagar parte de la deuda que tiene con la industria farmacéutica del país.

El presidente de dicha corporación, Gerardo García, expresó a un medio del Grupo Nación: “Recibimos esa grata noticia. Es un monto bastante impor­tante y existe el compromiso de pago de parte del ministro de Economía y Finan­zas, Óscar Lovera. El monto representa casi el 20 % de la deuda pendiente. Nos explicó de dónde provenían los fondos y que la prioridad absoluta del Gobierno es pagar las deudas”.

Indicó el empresario que el secretario de Estado les pidió un tiempo determinado para continuar las negociaciones. “Para el pago del 80 % restante nos pidió 15 días de plazo para poder sentarnos de nuevo y encontrar una solución y si es posible ya tener instrumentada la posibilidad de cesión de deudas de nuestras facturas al banco. La propuesta es que el 80 % del pago que se haga se destine por provisión de medicamentos y el 20 % restante vaya a otros servicios sanitarios”, indicó el directivo del sector farmacéutico.

Hay que tener en cuenta que el elevado monto de la deuda externa actual se debe a la gestión del expresidente Mario Abdo (2018-2023), que es el gobierno que ha dejado la deuda externa más grande, según apreciación del exministro de Eco­nomía, Carlos Fernández Valdovinos.

En setiembre de 2018, poco después de asumir Abdo, la deuda pública externa del país era de 6.241 millones dólares y en julio del 2023, unos días antes de dejar el Gobierno, la misma había ascen­dido a 14.313 millones de dólares, cifra que constituye un aumento del 129,3 %. Esa administración estatal se dio el lujo de elevar en más del doble el pasivo de nuestro país, parte de lo que se tiene que pagar en esta oportunidad.

Casi todo el pasivo con las empresas constructoras viales y las entidades far­macéuticas corresponde a compromi­sos asumidos por el gobierno anterior y le toca ahora al actual realizar los pagos. El débito descomunal fue la herencia que dejó la administración de Abdo y que están afrontando con responsabilidad las autoridades actuales.

Uno de los puntos llamativos fue que esa administración no contabilizó una importante porción de las obligaciones que se tenían principalmente con las farmacéuticas y las constructoras, que ahora se van a abonar.

El cumplimiento de los compromisos financieros constituye un paso impor­tante del gobierno actual debido a la seriedad de su gestión. En el caso de las empresas, el ingreso de las grandes sumas de dinero las ayudará a cubrir sus deudas y a aumentar sus inversiones en los diversos renglones de su actividad.

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), va completando sin pausas la titulación masiva en beneficio de familias de la colonia Santa Teresa Manduarã, distrito de Abaí, Departamento de Caazapá. Con la última entrega ya suman 221 los documentos entregados por el ente.

La segunda tanda se concretó esta semana con la tramitación de 121 títulos de propiedad y a finales de este mes ya van a ser entregados de forma definitiva a los beneficiarios, confirmó el gerente de Colonias, Luis Reguera.

“Quiero comunicar que en representación del señor presidente del Indert, el economista Francisco Ruiz Díaz estamos aquí nuevamente por instrucciones directas de él para traer otros 121 títulos de propiedad para la firma de los beneficiarios, que con la tanda anterior estamos completando los 221 títulos de propiedad”, destacó.

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Explicó que el primer grupo de documentos que se firmó con anterioridad ya está en la Dirección General de los Registros Públicos (Registro Unificado Nacional- RUN) y a fin de mes ya la primera tanda estará finiquitada para ser entregado a los beneficiarios.

“Entonces, les quiero comunicar que están acá los funcionarios de la Dirección de Registro de Beneficiarios con los títulos de propiedad ya verificados y vamos a iniciar la firma de esos títulos”, dijo a las familias beneficiadas que celebraron con aplausos la grata noticia, tras varios años de lucha por la titulación de sus lotes.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.

Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.

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Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.

Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.

Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.

Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.

“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.

Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.

Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.

Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.

“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.

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La reducción de la pobreza en Paraguay durante el 2025 está explicada principalmente por el aumento de los ingresos laborales y no por las transferencias sociales, según explicó a La Nación/Nación Media, el asesor de Asuntos Económicos de la Presidencia de la República, Juan José Galeano.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el trabajo sigue siendo la principal fuente de ingresos de los hogares. En promedio, los ingresos laborales representan cerca del 85 % del total, mientras que incluso en los sectores más vulnerables mantienen un peso significativo: alrededor del 75 % en zonas urbanas y 60 % en áreas rurales.

En ese contexto, Galeano señaló que los programas sociales cumplen un rol importante, pero complementario. “Las ayudas no sustituyen al trabajo, forman parte de un sistema de protección social que acompaña los ingresos de las familias”, precisó.

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Programas como Tekoporã, Hambre Cero y la pensión para adultos mayores aportan un soporte clave para los hogares más vulnerables, pero no son el factor principal detrás de la mejora en los indicadores.

La evidencia respalda esta afirmación. Según estimaciones del INE, dos de cada tres personas que salieron de la pobreza en 2025 lo hicieron gracias a la mejora en sus ingresos laborales. Esto confirma que la reducción sostenida de la pobreza está directamente vinculada al crecimiento económico y a la generación de empleo.

Esto significa que más personas accedieron a trabajos o lograron mejorar sus ingresos, lo que les permitió superar el umbral de pobreza. Las transferencias, en cambio, ayudan a sostener ese proceso, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad.

Galeano remarcó que las transferencias sociales son necesarias y efectivas, pero alcanzan su mayor impacto cuando se combinan con más oportunidades laborales. Sin crecimiento económico y sin empleo, su efecto es limitado en el tiempo

De cara al futuro, el desafío pasa por sostener esta dinámica. Esto implica promover un crecimiento que genere empleo de calidad, mejorar la productividad y ampliar las oportunidades para los sectores más rezagados.

Al mismo tiempo, el Estado debe seguir fortaleciendo la red de protección social, asegurando que los programas lleguen a quienes realmente lo necesitan.

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