El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño se refirió a su postura frente a los pedidos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, que fueron tratados el pasado miércoles en la Cámara Baja. Mientras que votó a favor de la intervención en Asunción, optó por la abstención en el caso de Ciudad del Este, marcando así una diferencia dentro de la posición adoptada por la multibancada opositora.

“Es una posibilidad de controlar. La comisión tiene muy poco tiempo para llegar a una convicción o documentar hacia dónde está la razón. Por eso, para mí la tendencia es ir por la intervención porque entiendo que es un procedimiento de control y transparencia, y esa siempre ha sido mi fundamentación”.

Avalos Mariño defendió la constitucionalidad del proceso iniciado por la Contraloría General de la República y sostuvo que, a su entender, ambos pedidos de intervención, tanto el de Asunción como el de Ciudad del Este, se ajustan a los parámetros legales.

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“La abstención de ayer fue más que nada porque en la multibancada se resolvió votar en contra de la intervención. Les expliqué a los compañeros que, por una posición que vengo sosteniendo desde siempre, se me iba a hacer muy difícil votar en contra. Entonces, un término medio fue la abstención”.

El legislador señaló que en el caso de Ciudad del Este, primaron los criterios políticos por parte de sus colegas opositores. “Lo que primó fue la instrumentación política, y eso creo que motivó que la multibancada decidiera votar en contra”, apuntó. Sin embargo, reafirmó su visión sobre la intervención como una herramienta útil.

Finalmente, señaló que el proceso puede generar mayor claridad sobre la administración de los municipios. “La Contraloría obró de acuerdo a la Constitución, el Poder Ejecutivo hizo lo mismo, y a partir de ahí pasa la segunda etapa, que queda en manos de los interventores, quienes deben hacer un trabajo objetivo y traer un informe para tomar decisiones finales. Porque en esta etapa estamos hablando de la posibilidad de destitución, y estamos hablando de autoridades electas por el pueblo”, concluyó ante las 800 AM.

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La Junta Municipal se mantendrá abierta y colaborativa durante todo el tiempo que dure la intervención de Asunción, aseguró el concejal de Asunción, Luis Bello. Indicó que este es un mecanismo que fue activado y el rol legal que les toca a los concejales es estar abiertos a trabajar con el interventor, a fin de garantizar que la comuna continúe prestando todos los servicios y atención al ciudadano.

El edil capitalino explicó el procedimiento administrativo que se llevará adelante durante la intervención, señalando que el interventor que sea designado por el Poder Ejecutivo asumirá todos los poderes durante el tiempo que dure la intervención. Su función será revisar todo lo que se hizo en torno a la intervención, así como los cuestionamientos que se hicieron a la gestión del jefe comunal.

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Agregó que una vez culminado el periodo de intervención, que inicialmente tiene una duración de 60 días, los cuales podrán extender por un mes más, el interventor podrá ratificar las acusaciones si así lo encuentra, o bien lo puede desestimar.

“Durante la intervención la Junta Municipal se mantendrá abierta, va a ser transparente y colaborativa con todo este proceso, porque nosotros creemos en la democracia, creemos que tienen que ser en esos términos y entendemos que la intervención es un mecanismo de la democracia que fue activado y desde nuestro rol legal, incluso es lo que tenemos que hacer ante esta situación”, expresó.

Reiteró que estarán abiertos a trabajar con el interventor, con el fin de garantizar que la Municipalidad de Asunción siga prestando todos los servicios, ya sea la recolección de los residuos, la limpieza, el bacheo de las calles, todo lo que conlleve el trabajo municipal.

“Además, debemos cuidar que el municipio financieramente sea viable. Para eso, tendremos una reunión con el interventor, revisaremos las posturas que tiene, conversaremos con él para darle una visión de la casa, como Junta Municipal, para comenzar a trabajar con él”, acotó.

El concejal Bello mencionó que tomó conocimiento que desde el Ejecutivo ya está en conversación con el exministro y doctor en ciencias contables, Carlos Pereira.

Destacó que es una persona con un perfil bastante técnico y es lo que se requiere en estos momentos en la municipalidad, que es una persona de ciencia, postura conducta de vida que son aspectos que reúne el actual concejero del Instituto de Previsión Social.

“Confiamos en su trabajo, de hecho, es de comprobada gestión en la función pública. Pereira estuvo como presidente del Banco Nacional de Fomento, exministro de Senavitat, entiendo que ya fue interventor en diferentes bancos, donde hubo cuestiones complejas y de todas ellas salió airoso. Confiamos en su gestión, confiamos en su persona”, remarcó.

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Los propietarios de varios vehículos que se encontraban estacionados en la intersección de las calles Guido Spano y O’Higgins del barrio Villa Morra de Asunción fueron vandalizados por un hombre que posteriormente fue detenido.

Una de las víctimas en este caso, quien se identificó como Óscar Aquino, relató que normalmente dejaba su vehículo en el lugar, pero que días atrás, cuando salió de su jornada laboral, se encontró con que todos los vidrios de su automóvil habían sido rotos y también tenía varias abolladuras en la chapería.

“Cuando yo salí, encontré una nota que decía que varios vehículos fueron víctimas de este hombre y que me acerque a realizar mi denuncia en la Comisaría 6ta. Cuando llegué ahí, ya lo habían liberado por orden del fiscal Julio César Ortiz. El hombre declaró que hizo esto porque es un enviado de Dios y él le dijo que destruyera esos autos”, relató Aquino en conversación con la 1080 AM.

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Precisó que esta persona ya cuenta con antecedentes por hechos similares y realiza estos actos vandálicos en diferentes puntos del barrio Villa Morra. Señaló además que cuando se presentó a denunciar, pudo observar un video donde se lo veía al hombre destruyendo los vehículos en un aparente estado de descontrol.

“Este hombre ni se resistió cuando fue detenido. En momentos parece estar muy bien y contestar todo con tranquilidad, pero de repente te trata mal. Yo llegué a contactarme con él para que se haga cargo de los gastos, pero es muy cambiante; a veces dice que sí me va a ayudar y después que no”, explicó Aquino.

En la misma tesitura aseguró que solo por la reparación de sus vidrios deberá pagar una suma aproximada de 900.000 guaraníes, sin contar con los arreglos de chapería.

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El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo que la Intendencia se mantiene en la línea de que no se incurrió en irregularidades al utilizar la caja única, como cuestiona la Contraloría General de la República, y refirió que la instrucción para los funcionarios es facilitar el trabajo del interventor a ser designado por el Poder Ejecutivo.

“El interventor tiene que auditar lo que fue objeto de denuncia. Nosotros nos mantenemos en esa posición (uso de la caja única). Acá un arbitro debe determinar quién de las dos partes tiene razón y ese es el Poder Judicial, así funciona un Estado de derecho. No solamente nosotros sostenemos que la herramienta de la caja única puede ser utilizada por los municipios, sino el mismo Ministerio de Economía", indicó el abogado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Torres acotó: “Que el Tribunal de Cuentas se expida es lo ideal porque nosotros tenemos una disyuntiva. En el año 2020 nos indicaron que sí podríamos utilizar la herramienta de la caja única y posteriormente la Contraloría nos dijo que no. Las instrucciones que nos dio (el intendente Óscar) Rodríguez a cada funcionario es ponernos a disposición del interventor para lo que se requiera, que tenemos que facilitar todo”. A la par rechazó que la municipalidad se encuentre en quiebra alegando que se cuenta con los suficientes recursos económicos para cumplir con las obligaciones.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

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