Agentes de la Policía Nacional allanaron el domicilio del concejal de Yuty, Benjamín Monzón, donde fueron encontradas diversas armas de guerra, esta tarde en Yuty, Caazapá.
Allí fueron detenidos dos hombres que trabajan para Monzón, donde se encontraron una escopeta calibre 12, tres fusiles 7,65, una pistola 9 milímetros y gran cantidad de municiones, de acuerdo a Gustavo Rodi, jefe de prensa del Departamento de Investigación de Delitos.
Las armas contaban con la inscripción "República del Paraguay" por lo que de acuerdo a Rodi pertenecerían al Estado. En el sitio fueron detenidos dos hombres que serían empleados del concejal. Se trata de Hugo Arsenio Villa y Ramón Ramírez.
De acuerdo a antecedentes, el empresario llamado Jorge Baez habría recibido amenazas de muerte por parte de Monzón debido a que ambos contaban con negocios juntos luego de obligar a su socio a firmar pagarés en blanco.
Extorsión
"La gente le tiene mucho miedo a este señor. Encontramos algunos indicios que nos hacen creer que sí. Encontramos teléfonos donde se proscriben amenaza. Él va a ser imputado por extorsión y otra imputación es inminente por la cantidad de armas en su casa", expresó el fiscal Javier Ibarra, en contacto con la 780 AM.
Ibarra ordenó su arresto por 24 horas. Sin embargo, explicó que pedirá medidas sustitutivas para el concejal Monzón, quien se moviliza en silla de ruedas desde que recibió un disparo que recibió en la zona de la columna vertebral por lo que quedó parapléjico.
"Las armas serían de la Policía o del Ejército", de acuerdo al fiscal Ibarra.
El hombre es un acaudalado poblador que cuenta con locales comerciales, canales de cables y viviendas en su poder.
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Amenaza a farmacéuticos: detienen a un presunto implicado, pero siguen mensajes
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Agentes policiales de la Comisaría 8ª de Minga Guazú informaron sobre la detención de un presunto implicado en los hechos de extorsión y amenazas a los dueños de la cadena de farmacias “Santa Rita” del citado municipio, que se hizo hoy a las 12:00. Se trata de Néstor Fabián Florentín Domínguez (33), domiciliado en el Km 18 Acaray, del barrio La Esperanza de Minga Guazú.
El mismo fue derivado a la Dirección de Policía de Alto Paraná, por orden de la fiscal Cinthia Leiva, quien investiga el caso. De su poder se incautó de un aparato celular iPhone y el automóvil de la marca Toyota, modelo Corolla, año 1998, color blanco, chapa CAL169, inscripto a nombre de Marcio Luis Dávalos Segovia Automotores.
El rodado habría sido utilizado para sacar fotografía a la casa de la familia afectada, como elemento de amenaza si no cumple con la transferencia de dinero exigida, según dijo a La Nación/Nación Media, el comisario Edgar Galeano, del Departamento Antisecuestro de la Policía.
El jefe de Antisecuestro manifestó que las amenazas no mermaron e incluso fueron subiendo de tono e intensidad después de que tomó estado público el hecho.
“Las comunicaciones fueron casi diarias y cada vez más pesadas en el sentido de exigir más dinero y amenazas”, expresó el comisario Galeano. Asimismo, mencionó que fueron utilizados varios números para los mensajes, pero ya tienen identificados a algunos.
La detención se da en el marco de una investigación por la denuncia de extorsión y amenaza de muerte a los propietarios de una cadena de farmacias y miembros de su familia. Son víctimas Ramona Araújo Mereles (51), su esposo Abdo Cirilo Flecha Reyes (55) y el hijo de la pareja, Abdo Ramón Flecha Araújo (30), quienes residen en el Km 19 Acaray, en tanto que el local de la distribuidora está en el centro urbano de Minga Guazú.
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Investigan supuesta extorsión y amenaza a propietarios de cadena de farmacias
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Departamento Antisecuestro de la Policía y la fiscal Cinthia Leiva investigan un caso de extorsión y amenaza, denunciado hace diez días ante la Comisaría 8ª de Minga Guazú y divulgado hoy por la Policía de Alto Paraná. Se trata de un supuesto hecho de extorsión y amenaza por vía telefónica, a través de WhatsApp. Son víctimas los propietarios de una cadena de farmacias y distribuidora.
De acuerdo al reporte, son víctimas Ramona Araujo Mereles (51), su esposo Abdo Cirilo Flecha Reyes (55) y el hijo de la pareja, Abdo Ramón Flecha Araujo (30), quienes residen en el Km 19 Acaray, en tanto que el local de la distribuidora está en el centro urbano de Minga Guazú.
Desde el 7 de junio empezaron a recibir llamadas, mensajes normales y vía WhatsApp, según la denuncia presentada por Ramona Araujo. De acuerdo con su relato, recibió llamadas extorsivas, siendo coaccionada a hacer un giro de 5 millones de guaraníes.
Acto seguido, recibió una fotografía del portón de acceso a su casa, con la cual le dice que tienen marcada su vivienda y, de no cumplir con el pedido, su vida corre peligro, también de su esposo, de su hijo, nieto o algún familiar cercano a ella.
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Manifestó además que, ante la continuidad de las llamadas, por temor, hizo transferencia de 500 mil guaraníes, a un número facilitado por el supuesto extorsionador. Las amenazas continuaron para la entrega de la totalidad exigida y en la última, advirtieron que el nieto sufrirá las consecuencias, si no pagan.
El comisario Osvaldo Osorio, jefe de la comisaría citada, dijo a La Nación/Nación Media que el caso ya data de hace más de diez días, siendo la primera víctima de las llamadas el propietario y como no hizo caso, continuó con la esposa, luego al hijo, hasta que ya enviaron las imágenes por las cuales, la mujer hizo el giro.
Personal de la Comisaria 8ª dispuso patrulla preventiva en torno a las viviendas de la familia en Minga Guazú y de la distribuidora.
La fiscal Cinthia Leiva confirmó a La Nación/Nación Media que la investigación está en curso junto a agentes de Antisecuestro de la Policía, con todas las diligencias para la identificación de los números utilizados y los presuntos autores, pero que aún no hay datos que puedan divulgarse.
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Argentina: autorizan a civiles tenencia de armas semiautomáticas y de asalto
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
El gobierno argentino autorizó a civiles la compra de armas semiautomáticas y de asalto, según un decreto publicado este miércoles en el boletín oficial. La decisión del gobierno del ultraliberal Javier Milei autoriza a “legítimos usuarios” la compra y tenencia de “armas semiautomáticas, alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al 22”, de acuerdo al decreto publicado en el boletín oficial.
La disposición deroga una prohibición al respecto que regía desde 1995, cuando se restringió al ámbito militar la compra y uso de ese tipo de armamento. El decreto lleva la firma del presidente Milei, del jefe de ministros, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
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Es la última de una serie de medidas que flexibilizan la tenencia de armas en Argentina, donde según datos oficiales citados por el Centro de Estudios Legales y Sociales “en el año 2022 uno de cada dos homicidios dolosos (...) fue producido con un arma de fuego”. En mayo se simplificó por decreto el otorgamiento de permisos con la llamada “tenencia express”, un trámite destinado a “facilitar y agilizar la obtención de armas de fuego”, según había anunciado el gobierno.
El trámite pasó a ser exclusivamente en formato digital a través de la plataforma de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), tanto para civiles como para miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policías que compren armamento en armerías comerciales. Los civiles deben probar “usos deportivos”. A finales de 2024, otro decreto de Milei bajó la edad mínima de portación legítima de armas de fuego de 21 años a 18.
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“A los 16 años tienen derecho a votar. A los 18 pueden ir a la guerra, formar una familia o ser miembros de una fuerza de seguridad. Y, aunque parezca increíble, a cualquier edad pueden elegir un cambio de sexo que los marcará de por vida. Entonces, ¿por qué a los 18 años no podrían ser legítimos usuarios o portadores de un arma?”, se había preguntado entonces la ministra Bullrich.
La ministra es una defensora de la libre portación de armas, en tanto el presidente Milei, aunque se manifestó a favor cuando era diputado antes de llegar a la presidencia, luego dijo que una reforma en ese sentido no formaba parte de su plataforma. En Argentina, con 45 millones de habitantes, cerca de un millón -la mayoría hombres- tienen credenciales de usuario de armas de fuego, aunque más del 65 % están vencidas, según una investigación de Chequeado en mayo en base a pedidos de acceso a la información.
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En sorpresiva requisa, incautan armas de fuego y proyectiles en el Cereso de Itapúa
Este lunes se realizó una requisa en el Pabellón A Alta, del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) del departamento de Itapúa, en la que los intervinientes lograron incautar armas de fuego, proyectiles y celulares. La intervención fue realizada por personal del establecimiento penitenciario con el acompañamiento del director, Javier Rodas, y fue comunicado a la Policía Nacional.
Según el reporte policial, la intervención se realizó pasado el mediodía en el centro de rehabilitación ubicado en barrio San Jorge, en el distrito de Cambyretá, donde lograron incautar varios elementos, entre ellos dos armas de fuego y proyectiles, todos sin percutir.
La Dirección de Policía del Departamento de Itapúa realizó el relevamiento de datos, trabajos de campo y retiro de los elementos incautados para su análisis. También fue informado el agente fiscal de turno, Francisco Martínez, quien dispuso la individualización y declaración indagatoria de los reclusos en cuyo poder encontraron las armas.
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Evidencias incautadas
En la requisa encontraron un arma de fuego, tipo revólver, calibre 38 mm; un arma de fuego, tipo pistola calibre 22 mm, marca Mahely. Además, 28 cartuchos sin percutir de ambos calibres, un celular de la marca Samsung en poder del recluso Pascual Benítez Miranda alias el “Sicario”.
Así también, otro aparato celular, marca Samsung de color negro en poder de la personas privada de su libertad identificada como Ronald Javier Núñez. Las evidencias se encuentran actualmente bajo cadena de custodia en sede de la Comisaría n.º 115 del Barrio Arroyo Porã de Cambyretá.
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