La Cámara de Diputados tratará la próxima semana los pedidos de intervención a seis municipios: Lima, Emboscada, Ñemby, Tomás Romero Pereira, Ybyrarobaná y Yby Yaú. Los pedidos fueron incluidos para la sesión ordinaria del martes 9 de setiembre tras un acuerdo de la mesa directiva, en la reunión correspondiente a esta semana.

El diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Hugo Meza, confirmó que se dio este acuerdo para el tratamiento de todos los pedidos que fueron derivados a la instancia legislativa. “Hemos acordado incluir los seis pedidos de intervención de las distintas municipalidades. Seguramente vamos a hablar en las distintas bancadas para ver cuál es la posición finalmente que se va a tomar”, señalaba el diputado en ese momento.

Para estudiar el caso de cinco municipios el pleno deberá conformar la Comisión Especial de Intervención; sin embargo, para analizar la situación de Lima, se deberá votar si corresponde llevar adelante el proceso.

En el caso de la Municipalidad de Lima, departamento de San Pedro, el pedido de intervención data del 2023, bajo la administración del intendente Juan Manuel Ávalos. El pedido fue solicitado por la Junta Municipal tras el rechazo de la rendición de cuentas del intendente por el periodo 2021-2022. Argumentaron irregularidades con el programa de almuerzo y merienda escolar. De acuerdo a la denuncia de la Junta, el monto que no cuenta con respaldo de documentos es de G. 514 millones.

En cuanto al municipio de Emboscada, la Junta Municipal remitió el pedido de intervención el pasado 21 de junio de este año, a la gestión del intendente Silvio Peña (PLRA), por supuestas irregularidades detectadas en el periodo 2024. De acuerdo a la denuncia de los concejales municipales, el jefe comunal pagó por varias obras ya el año pasado, pero que no fueron ejecutadas.

El pedido de intervención al intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, fue aprobado por la Junta Municipal el 14 de agosto de 2024. Alegan denuncias y una imputación por supuestos hechos de corrupción, lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos.

El vicepresidente primero de la Cámara Diputados, Hugo Meza, informó que la próxima semana se conformarán cinco comisiones especiales de intervención que analizarán las denuncias presentadas contra intendentes de Emboscada, Ñemby, Tomás Romero Pereira, Ybyrarobaná e Yby Yaú.

La conformación de las comisiones especiales deberá ser analizada por el pleno en la siguiente sesión ordinaria de la Cámara Baja. Asimismo, Meza comentó que se deberá analizar si amerita o no impulsar la intervención de la municipalidad de Lima, en el departamento de San Pedro.

Ambos temas a ser tratados se encuentran en el punto 4 del orden del día de la sesión ordinaria prevista para el martes 9 de setiembre a las 9:00. “Seguro se estará hablando en las distintas bancadas para ver la posición que se tomará desde la Cámara”, comentó Meza a los medios de comunicación.

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Las comisiones especiales para cada municipio y estarán integradas por cinco colorados, tres liberales y un miembro del tercer espacio. El procedimiento se sustenta en el artículo 165 de la Constitución Nacional y la ley 317/94, que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y municipales.

Conforme a la normativa vigente, las comisiones especiales tendrán un plazo de quince días hábiles para investigar los hechos denunciados y presentar sus respectivos dictámenes ante la Cámara de Diputados, cuyo pleno debe votar si se ejecuta cada intervención.

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El gobierno argentino anunció este martes que intervendrá en el mercado cambiario para contener la depreciación del peso que se aceleró los últimos días, en medio de un escándalo por supuestos sobornos que salpica a la hermana del presidente ultraliberal Javier Milei.

La decisión de intervenir a través del Tesoro representa un giro en la política cambiaria del gobierno.

Se produce en la antesala de las elecciones legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país, gobernado por el opositor peronismo.

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Los últimos días el aumento de la demanda de dólares llevó la cotización de la divisa cerca del techo de la banda de flotación establecida por el gobierno en 1.467 pesos por dólar, límite a partir del cual el Banco Central puede intervenir en el mercado.

La política de elevar las tasas de interés de referencia no mermó la avidez por deshacerse de los pesos y buscar refugio en el dólar en un clima de incertidumbre atizado por la proximidad de las legislativas nacionales de medio término que se celebrarán en octubre.

La escalada del dólar se produce mientras la justicia investiga presunta corrupción con sobreprecios de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, caso que salpica a Karina Milei, hermana del mandatario, su mano derecha y secretaria general de la Presidencia.

Los vaivenes en la cotización del dólar es un tema sensible para los argentinos que buscan proteger sus ahorros mediante la compra de divisas y también para el gobierno decidido a evitar que la depreciación de la moneda impacte en la inflación.

El control de la inflación, que se redujo en julio a 17,3 % acumulada en lo que va del año contra 87 % del mismo período de 2024, es uno de los ejes principales del gobierno de Milei, que asumió en diciembre de 2023 con un plan de fuerte ajuste fiscal.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó a través de su cuenta de X que la intervención del Tesoro en el mercado libre de cambios busca “contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”.

La cotización que había tocado el lunes los casi 1.400 pesos por dólar se ubicó este martes en 1.375 pesos por billete verde tras el anuncio, un descenso cercano al 1 %.

• Fuente: AFP

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La integrante de la Contraloría Ciudadana, Magdalena Montiel, salió al paso de una publicación periodística que afirmaba que el interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, dejó una deuda de G. 30.000 millones. Según Montiel, esa información “es falsa”, ya que en realidad la mayor parte del pasivo proviene de la administración de Miguel Prieto.

“Abc color publicó que el interventor dejó una deuda de G. 30.000 millones y eso es mentira”, aseveró en conversación con La Nación/Nación Media. De acuerdo a lo expuesto por Montiel, el corte administrativo de Prieto reflejó más de G. 27.000 millones en deudas.

Durante los 60 días de intervención, el interventor Ramón Ramírez pagó una parte y la cifra descendió a G. 24.000 millones, es decir, unos G. 2.000 millones menos de lo que había dejado el intendente destituido.

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“No es que durante la intervención se generaron deudas por G. 30.000 millones, como quiso hacer entender el diario. En realidad, la deuda que dejó el interventor es prácticamente la misma que dejó Prieto, solo que con una leve disminución”, remarcó Montiel.

La representante ciudadana también cuestionó la falta de detalle en las cuentas. Señaló que al inicio de la intervención no se tuvo acceso nominal al desglose de los conceptos de deuda, y como ejemplo mencionó que en el rubro de “servicios básicos” no se especificó si correspondía a electricidad, agua o internet y el mismo caso se dio en otros ítems.

Según el corte administrativo de la intervención, en el área de servicios personales, Prieto había dejado deudas por unos G. 7.000 millones, y durante la intervención se logró reducir ampliamente dejando la deuda en G. 2.000 millones, lo que demuestra que honró parte de los compromisos pendientes.

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“Cuando Miguel Prieto dejó la administración con motivo de la intervención, el balance general, reflejaba un pasivo de G. 108.000 millones y como se pagaron deudas, el pasivo del balance general disminuyó, o sea la disminución de la deuda está reflejada en el balance general”, ratificó.