El régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital, que establece la Ley 60/90, registró la aprobación de 33 proyectos durante el primer trimestre del 2024, que equivalen a planes de financiamiento por USD 96 millones, de acuerdo al último informe del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Los números reflejan una disminución en comparación al mismo periodo de 2023, cuando de enero a marzo se aprobaron 38 proyectos por valor de USD 107 millones, superando en un 10 % a las cifras actuales.
Del total de inversiones proyectadas a marzo de 2024, unos USD 44 millones son de origen nacional, USD 2 millones más que el mismo periodo del año anterior. Mientras que la inversión extranjera sumó USD 52 millones, 17 % menos que el año 2024 cuando el capital externo generó USD 63 millones.
SECTORES Y EMPLEOS
El 83,1 % de las inversiones proyectadas se concentra en el sector secundario (producción), un 16,5 % en el primario (obtención de materias primas) y 0,4 % en el terciario (servicios). En términos de empleos proyectados se estima unos 512 puestos generados o a ser concretados, preferentemente en el rubro de plásticos (62 %), farmacéuticos, producción y almacenamiento de granos, entre otros.
En marzo se lograron 7 proyectos aprobados del total indicado por valor de USD 11,3 millones, teniendo como rubros principales a los granos y semillas, y papel, cartón y sus manufacturas en un 78 %.
Los principales beneficios de la Ley 60/90 son la exoneración total de los gravámenes aduaneros, sobre la importación de bienes de capital, materias primas e insumos destinados a la industria local. También la liberación de la exigencia de cualquier tipo de encaje bancario o depósito especial para la importación de bienes de capital, entre otros.
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Ejecutivo anuncia proyecto clave contra la criptominería ilegal: “Es una verdadera amenaza”
El Poder Ejecutivo anunció este viernes la remisión de dos proyectos con carácter de urgencia para su tratamiento en el Congreso Nacional por considerarlos claves en el proceso de fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo.
Desde la vocería de la Presidencia, ejercida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hace mención a la sustracción de energía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Con esta iniciativa de modificación se busca proteger la eficiencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y sus activos ante la sustracción en grandes cantidades de energía eléctrica por parte de establecimientos ilegales de criptominerías.
“La presentación al Congreso se realizará en las próximas horas, buscamos proteger a la Ande como empresa pública de una verdadera amenaza”, manifestó la alta funcionaria de Estado mediante una conferencia de prensa acompañada por el titular del ente eléctrico, Félix Sosa.
A la vez, en el proyecto se fija una pena privativa de libertad de hasta 10 años de cárcel con multa complementaria para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.
La modificación del citado artículo también permitirá a la Ande requerir la administración o uso provisional de los bienes incautados y será asimismo, beneficiaria de lo recaudado con el comiso como medida para fortalecer la institución.
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El proyecto ejecutivo surge en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Ande, el Ministerio Público y la Policía Nacional a las granjas clandestinas de criptomonedas, por el uso irregular de la energía eléctrica.
El robo de la energía eléctrica se encuentra tipificado solo como un delito en el Código Penal y, además de acarrear grandes pérdidas económicas, también produce inconvenientes en la provisión del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
Energías Renovables
Mientras que la segunda propuesta planteada al Poder Legislativo se centrará en la modificación de varios artículos de la normativa que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales y no hidráulicas.
Carro explicó que la citada ley fue reglamentada el pasado mes de febrero por el Ejecutivo. “Como toda política pública está siendo monitoreada en sus resultados, en sus mecanismos de articulación y se vio mediante una colaboración entre las instituciones involucradas en el tema energético que era necesario introducirle una modificación que asegure mayor interés de parte de los inversionistas que operan en el sector eléctrico y apuntando a una mayor diversificación de las fuentes de generación”, comentó.
De esta manera la vocera mencionó que la iniciativa de modificación introducirá una innovación respecto al plazo, es decir los contratos de los generadores, cogeneradores, transportistas y exportadores de energías renovables no convencionales con la Ande podrá ser de hasta un periodo de 30 años, actualmente el plazo es hasta 15 años.
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Desarrolladoras ya pueden presentar sus proyectos
Desde fines de mayo, las familias interesadas ya podrán postularse para acceder a la primera vivienda, a través del programa habitacional Che Róga Porã, impulsado por el Gobierno, a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), según publicó el portal IP.
Desde ayer arrancó la tercera fase, que contempla la difusión de las intenciones de las empresas desarrolladoras de los posibles proyectos o donde quieren realizar las viviendas. Son más de 120 las empresas ya calificadas, que tienen la posibilidad de presentar propuesta hasta 50 viviendas.
La presentación de los proyectos por parte de las desarrolladoras se realiza a través de la plataforma web www.cherogapora.gov.py y una vez aprobadas por el equipo técnico del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, las propuestas estarán a disposición de la ciudadanía.
El ministro de la mencionada institución, Juan Carlos Baruja, manifestó que la proyección es que este programa llegue a las 14.320 viviendas. El programa Che Róga Porã beneficiará a familias de todo el territorio nacional con ingresos de entre 1 y 4 salarios mínimos, las cuales podrán acceder a una vivienda propia de hasta G. 400.000.000 con financiación de hasta 30 años, a 6,5 % de interés anual.
FÁCIL ACCESO
El programa tendrá un fácil acceso de la ciudadanía para realizar los primeros trámites. Se podrá hacer desde el celular ingresando a la web disponible o también podrá ir hasta la oficina física sobre la avda. Mariscal López esquina Brasil. Baruja explicó que lo interesante del programa es que las empresas interesadas pueden presentar sus proyectos, tanto de viviendas y/o departamentos, según el criterio que ellos tengan, de modo de que los especialistas del MUVH puedan habilitar los presentados, según lo dispuesto en la Resolución n.° 663/24.
La institución establece que las propuestas de los desarrolladores inmobiliarios deben ceñirse a una serie de disposiciones técnicas establecidas por el MUVH para su aprobación, con lo que se busca garantizar la calidad en las construcciones.
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Ejecución a marzo del Gasto Social impactó en la función de salud
La ejecución del Gasto Social ascendió a G. 7,6 billones en marzo último, que equivale al 20 % del presupuesto realizado por las entidades de la Administración Central, y al cierre del primer trimestre alcanzó G. 37,8 billones, monto que implicó un incremento del 1 % respecto del presupuesto inicialmente aprobado.
La Dirección General de Presupuesto del Viceministerio de Administración Financiera (VAF), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explica que este aumento impactó en la función de salud, donde se incrementó más de G. 1 billón, atribuido principalmente para la adquisición de productos e instrumentos químicos y medicinales, demandados por hospitales, laboratorios, centros y puestos de salud.
La estructura del Gasto Social se compuso en un 31 % por recursos para el sector de Salud Pública, lo que en términos nominales representó G. 2,3 billones, en tanto que el 30 % fue para Educación con desembolsos que totalizaron G. 2,2 billones. En tanto, el rubro de Promoción y Acción Social, como Seguridad Social, obtuvieron una participación del 18 %, respectivamente, y con el 3 % se reportan otros gastos.
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De G. 100 ejecutados, G. 57 fueron destinados para programas de servicios sociales, destaca el informe de Presupuesto sobre la prioridad fiscal, que en marzo fue del 57 %. El promedio de prioridad fiscal del Gasto Social en los últimos diez años fue del 55 %, respecto a los demás servicios de la clasificación funcional del gasto.
Entre los principales programas que se encuentran dentro de los servicios sociales se se encuentran: Servicio Educativo 1.° y 2.° Ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) con una inversión de más de G. 1 billón; así también Programa de Pensión para Adultos Mayores con G. 628 mil millones; Atención Integral de la Salud con G. 595 mil millones, entre otros.
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Urge la instalación de una mesa de crisis energética, sostienen
El ingeniero y exdirector de Yacyretá Ángel María Recalde se refirió al diagnóstico realizado por el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (Ippse), que advirtió sobre la urgencia de inversiones sustanciales en la Administración Nacional de Electricidad (Ande) para hacer frente a la creciente demanda energética en los próximos años.
“La Ande está nadando contra corriente con todo el esfuerzo que pueda realizar y no tiene tiempo para realizar proyecciones. Cuando existen situaciones complicadas se crean las comisiones de crisis, yo creo que en este momento para el sector eléctrico se debe crear algo similar, como una comisión nacional de energía que podría ser incluso transitoria si se quiere”, dijo en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Recalde afirmó que la comisión deberá tener la potestad de tomar decisiones en cuanto a los programas y propuestas de inversión en el ente eléctrico. “Que estos luego sean aprobados en el Parlamento y se lleven adelante, lo ante posible, como una cuestión de urgencia. Se debe quitarle a la Ande esa responsabilidad, si existen cosas que debe realizar la Ande, entonces esa comisión presentará las sugerencias. Esta comisión deberá ser proactiva, dinámica”, indicó.
Según este instituto, se necesitan al menos 600 millones de dólares anuales durante la próxima década para mantener el sistema eléctrico en funcionamiento óptimo. Sin embargo, actualmente, solo se alcanza una fracción de esta cifra, con aproximadamente 350 millones de dólares de inversión anual.
“El informe del Ippse sobre la Ande es correcto. Desde hace al menos 8 años hay conocimiento de esta situación y se acaba el tiempo. Hay que despertarse. Debemos hacer algo, trabajemos todos juntos, esto es una emergencia, no hay que esperar más tiempo”, manifestó.
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El informe técnico revela un preocupante retraso en la ejecución del plan maestro de transmisión, de distribución, de tecnología de información y de comunicación a corto y mediano plazo (2021-2030), así como del plan maestro de generación a corto, mediano y largo plazo (2021-2040). Este retraso afecta a todos los sectores y está impactando negativamente en la calidad del servicio eléctrico proporcionado por la Ande.
Inversiones en tiempo oportuno
“Si no hacemos las inversiones en tiempo oportuno, vamos a terminar comprando energía, pero para esto hay que también tener infraestructura. Todos queremos un país de maravillas, que avance, pero hay que dar los elementos necesarios y no dejar todo al azar para ver qué es lo que ocurre. No se concibe el crecimiento económico de un país si no se dispone de energía, entre ellos la eléctrica”, puntualizó Recalde.
Los expertos señalan diversos factores que podrían estar contribuyendo al retraso, incluido el desequilibrio económico y financiero de la Ande, la insuficiencia de ingresos genuinos debido a tarifas políticas, la necesidad de ajustes tarifarios periódicos insuficientes desde 2003 y 2017, y problemas relacionados con la obtención y aprobación de financiamiento externo debido a la burocracia excesiva.