El millonario robo que sufrió la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este da lugar a un análisis profundo sobre la inseguridad que viven en Alto Paraná, pero también en el estado informal en el que operaban estas personas.
Al respecto, el abogado y presidente de Pro Desarrollo, Sebastián Acha, señaló que este caso es uno de los mejores para ilustrar cómo se trabaja en la economía subterránea, tanto que aún no se pueden constatar con precisión la cantidad de dinero que fue ultrajado del lugar.
“Estamos ante una de las exposiciones más gráficas del tema de la economía subterránea. Hablamos de una operación de alto impacto en la economía de la frontera”, expresó Acha a la 1330 AM. Si bien se presume que los cambistas perdieron cerca de USD 15 millones, el especialista mencionó que eso forma parte de los USD 22.000 millones que circulan bajo la mesa en Paraguay; es decir, el monto que se maneja en trabajos informales, conforme al último estudio que realizaron.
Acerca de la inseguridad, mencionó que llama la atención que un sector tan importante para el comercio en Ciudad del Este no haya estado mínimamente monitoreado, ya que la boca del túnel construido para el robo parte de una tienda ubicada a 200 metros de la bóveda.
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Casas de cambio buscan mecanismo para legitimar operaciones de los cambistas
Desde la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas, de manera que puedan ejercer de manera legal en el mercado de divisas. Además, plantean un cambio en la imagen negativa de las casas de cambio, por ello incluso analizan la posibilidad de pasar a operar en el mercado de divisas como un Banco de Cambio.
En comunicación con el diario La Nación Nación Media, el presidente de la ACCP, Gregorio Mayor, explicó que la Ley 2794/2005 de Casas de Cambio, en la que se contempla por un lado las casas de cambio que están estructuradas y formalizadas, supervizadas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, y la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero), ya que son sujetos obligados de la Ley 1.015 sobre Lavados de Activos.
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También indicó que la legislación del 2005, incluye además a los “corredores de cambio”, que es el cambista de la calle, que también dice la ley deberían ser supervisados por el BCP, situación que no se cumple en la realidad.
Dijo que la Ley exige que el cambista cuente con un registro para operar en la vía pública, el cual tiene validez de un año. Mencionó que hasta hace poco, antes que ocurriera el asalto a la bóveda de los cambistas de Ciudad del Este, en el registro del BCP solo figuraban 11 registros.
“En el año 2019, el BCP, en forma conjunta con la Policía Nacional y la Sedeco, realizaron un censo de corredores de cambio, en ese tiempo se identificaron a unos 900 cambistas que operaban a nivel país. Después de la pandemia, conforme a los datos que accedimos como asociación, pudimos analizar la cifra subió y está entre los mil y mil cien cambistas o corredores de cambio”, precisó.
Estigma de casas de cambio
Mencionó además que la Ley 2794 establece que los corredores de cambios tienen autorizados por Ley, a operar hasta 10.000 dólares por día. Lamentó que el registro del BCP prácticamente no existe, incluso despues del atraco a la bóbeda se dio de baja de la web del BCP el listado de registros, de corredores de cambio que solo figuraban 11 cambistas.
“El problema es que por un lado estamos nosotros, el sector formalizado y por otro lado, está este sector informal; y el riesgo está que cualquier persona, como se dio con la exministra Cecilia Pérez, del gobierno de Mario Abdo, salga a decir que las casas de cambio son el talón de aquiles del sistema financiero, porque supuestamente, nosotros hacemos operaciones que no realizan los bancos, ni financieras y hacemos con mucha opacidad, dicho de una forma menos elegante, nos acusó de operar de manera ilegal” cuestionó.
A esta situación, recordó que en el caso de los audios filtrados del extitular de la Senad y exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, y su mano derecha Zully Rolón que también fue titular de la Senado. Indicó que entre esos audios filtrados, también se señaló a las casas de cambio como posibles lugares para el lavado de dinero.
Propuestas de soluciones
“Vemos que continúa el estigma sobre las casas de cambio que operamos de manera legal, por eso, como asociación impulsamos varias tareas. Por un lado, trabajamos en un anteproyecto para la modificación de la Ley, donde ya no queremos llamarnos casas de cambio, sino pasar a ser Banco de Cambio o empresa del sistema cambiario”, indicó.
Mencionó que la idea de modificación es separar a las casas de cambio de los corredores de cambio o cambistas; y operar de manera totalmente separadas. “Queremos separarnos de ellos, porque operan dentro del mercado informal, no registran sus operaciones, no identifican con quién están operando, no identifican los fondos que ellos utilizan. La ley habla que solo pueden operar hasta 10.000 dólares, pero la noticia de lo que fue el robo a la bóveda de los cambistas dan cuenta de otra cosa”, explicó.
Este anteproyecto por ahora se está trabajando en el borrador, que será puesto a consideración de todas las casas de cambio del país, así como presentar al BCP, a la Seprelad, y al Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez y consensuado administrativamente se estaría elevando al Congreso Nacional para su estudio.
LAS CLAVES
- La Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas y dejar de lado la imagen negativa.
- El gremio trabaja en varias propuestas para que los cambistas operen de manera legal bajo el control del BCP
- La ley actual obliga al cambista a contar con registro para operar en las calles, pero de los mil corredores de cambio, solo 11 cuentan con registro.
- La idea de modificación es separar a las casas de cambio de los corredores de cambio o cambistas; y operar de manera totalmente separadas
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Asociación apoya a pacientes y familiares con epilepsia
Desde la Asociación Paraguaya por la Epilepsia, liderada por la doctora Vanessa Ramírez, buscan apoyar a los pacientes y familiares de personas que tienen esta afección en el país. Indicó que la organización tiene como objetivo dar soporte al paciente y orientar a las familias sobre dónde recurrir para recibir atención.
“Nosotros estamos abocados a la parte social, somos una asociación de epilepsia que se encarga de poder acompañar al paciente, a la familia que tiene que hacer frente a este diagnóstico y trabajamos a la par con la liga internacional para poder dar ese sostén para al paciente que necesita”, indicó.
Ramírez señaló en comunicación con canal Trece que están en las redes como Asociación Paraguaya por la Epilepsia, desde donde tratan de ayudar y ver en qué lugar los pacientes pueden consultar con los especialistas porque no todos los neurólogos están capacitados para tratar esta afección, que en el país es de aproximadamente 70.000 personas.
La neuróloga Cynthia Florentín habló sobre este trastorno convulsivo y dijo que puede tener diferentes causas. Mencionó que hay veces ocurren crisis epilépticas durante el sueño, pero también hay varios diagnósticos diferenciales que evaluar y que suelen ser parte del sueño.
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Las crisis epilépticas, especialmente en adultos, pueden ser secundarias a lesiones, enfermedades infecciosas o accidentes. En niños y adolescentes la epilepsia tiende a tener un componente genético más pronunciado, de acuerdo a los profesionales del área.
Es crucial entender que no todas las convulsiones son episodios de epilepsia. Las crisis epilépticas pueden manifestarse de diferentes maneras, incluyendo síntomas como la visión doble, luces parpadeantes, sensaciones de déjà vu (siente que la misma experiencia vivió anteriormente) o miedos repentinos, que pueden confundirse con ansiedad u otros trastornos, pero que si alguno de estos síntomas son repetitivos se puede pensar en que es una difusión del cerebro, por lo que se debe consultar para evaluar si se trata o no de epilepsia.
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Semilleros fueron capacitados en certificación e inspección de campos
Miembros de la Asociación de Productores de Semillas del Paraguay (Aprosemp) recibieron asistencia técnica a través de una capacitación en certificación e inspección de campo para el fortalecimiento y eficiencia del sector.
El taller fue impartido por especialistas técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), quienes profundizaron respecto a los procesos para la producción de semillas certificadas, entre uno de los aspectos abordados en la reciente jornada. Se trató específicamente lo relacionado a los requisitos para la producción, casos de incumplimiento y origen de semillas.
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Temas específicos
Asimismo, abarcaron lo que conlleva la inspección de parcelas, además del llenado de formularios electrónicos, procesos importantes dentro de la cadena de valor de la actividad semillera, abordando el marco legal para la producción así como las normas generales y específicas para la producción de soja.
La actividad también fue propicia para desarrollar prácticas de inspecciones de campos de producción, ya sea poscosecha, floración y precosecha, así como los registros utilizados por las empresas. El programa de capacitación comprendió los procesos para completar los formularios en el Sistema de Trámites Electrónicos (TES), así como los requisitos obligatorios.
Las jornadas de capacitación se realizaron en las instalaciones de la firma Grupo Pereira SAE (GPSAE), en la localidad de Campo 9, en el departamento de Caaguazú, y estuvo a cargo de especialistas de la Dirección de Semillas de la institución mencionada.
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Imputación de Abdo: “Fue un trabajo detenido, minucioso y de mucho análisis”, afirma Bobadilla
“Nosotros estamos actuando con total libertad dentro del Ministerio Público, somos libres de tomar decisiones”, manifestó Belinda Bobadilla, vicepresidenta de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, ante la campaña de desprestigio contra la labor fiscal que se impulsa desde el abdismo, la oposición y algunos medios de comunicación afines a partir de la imputación del exmandatario Mario Abdo Benítez, denunciado por presunta persecución política durante su gobierno.
“Normalmente la asociación no emite comunicados cuando se tratan de causas en investigación, pero existen algunas causas penales que tienen repercusiones en varios ámbitos, en este caso en lo político. Cuando se utiliza parte de los poderes del Estado para emitir ataques personales a la labor de un agente fiscal, sí nos vemos en la necesidad de pronunciarnos”, manifestó Bobadilla, este miércoles, al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las declaraciones de Bobadilla surgieron ante el comunicado lanzado ayer martes por los diputados del movimiento Fuerza Republicana, en donde repudian la reciente imputación de su líder Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno. Todos se encuentran investigados por supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal, tras la denuncia realizada por el también expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, por persecución política.
“En la lectura del acta de imputación se puede percibir de que esto fue un trabajo detenido, minucioso y de mucho análisis. En esas 60 páginas se puede leer que es lo que concretamente se le atribuye a cada persona y se ve como se realiza una reconstrucción histórica de como inicio todo”, manifestó Bobadilla respecto a la labor de sus colegas fiscales Aldo Cantero Colmán y Giovanni Grisetti.
Aseguró que las decisiones en el órgano extrapoder se sustentan en piezas probatorias, elementos de convicción que se puedan obtener durante una investigación. “Para poder aseverar cada uno de los extremos sostenidos se tiene que ir a su vez ligando con las piezas probatorias. Hubo una labor investigativa y esto le dio la sospecha razonable a estos fiscales para formular imputaciones contra estas nueve personas y atribuirles conductas que tendrían relevancia penal”, indicó.
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“Se busca desprestigiar a los operadores de justicia”
El abdismo sostiene que los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Griseti no actuaron con objetividad ni profesionalismo y hablan de un proceso torcido por haber imputado a Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Mauricio Espínola, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira, por los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
“Nosotros consideramos que los actores políticos que no son parte de un proceso, que no tienen conocimiento de las actuaciones, de los elementos de convicción que se encuentran reunidos en una carpeta fiscal no pueden opinar de que se tomaron decisiones a la ligera e incluso tratar de irresponsables a los agentes fiscales”, sentenció la agente fiscal.
Bobadilla siguió argumentando que “lastimosamente se busca desprestigiar a los operadores de justicia que enmarcan sus actuaciones en la ley. Justamente decir que un agente actuó conforme a la ley no resulta conveniente. Se busca que el Ministerio Público sea vendido como parte de una vendetta contra un sector económico o una clase política”.
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