El abogado y analista económico Víctor Pavón habló acerca del asedio y la falta de control en el financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que pretenden instalar ideologías y proyectos políticos que van en contra de la propia Constitución Nacional.

“Ocurre que estamos asediados por ideas, lamentablemente muy fuertes. La Constitución del Paraguay no puede estar supeditada en igual rango a los tratados internacionales relacionados a los derechos humanos y, en consecuencia, nuestra Constitución Nacional. Eso es algo que no podemos relegar dejar de lado”, señaló en el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Pavón indicó que existen factores o elementos políticos incluso que provienen del extranjero, que “quieren poner sus garras en el Paraguay”, y uno de esos elementos, además del tema de la justicia donde quieren equiparar los tratados de derechos humanos con la Constitución, está el tema del cambio climático, y otras ideologías.

“Cuando por ejemplo, el senador Gustavo Leite presenta con otros proyectistas la necesidad que las ONG puedan ser también controladas en el uso de sus recursos, ocurre que ciertos representantes que tienen su asiento económico con estas oenegés saltan, como diciendo que ´nosotros no podemos ser controlados por el Estado, porque nosotros incluso estamos por encima de las normativas paraguayas´”, cuestionó.

El analista reiteró que se debe tomar muy en cuenta esta cuestión, ya que el asedio de estas organizaciones es muy grande en Paraguay y éstas deben ser controladas. Añadió que Paraguay está yendo por un buen camino. “Todas estas agendas que vienen del extranjero necesitan que en el Paraguay haya una disminución de la actividad productiva y en el Paraguay, diferencia que muchos creen, estamos yéndonos por un buen camino. Todo esto que estamos llevando a cabo en el Paraguay es algo que por supuesto todavía podemos avanzar mucho más”, puntualizó.

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Entre quienes sin tapujos defienden a estos organismos se encuentran el senador Eduardo Nakayama, Agustín Carrizosa y el exintendente de Asunción Martín Burt.

Los detractores cuestionan la búsqueda de transparencia con la iniciativa legislativa y alegan persecución sobre organizaciones privadas con el proyecto. No obstante, cada uno ya había sido expuesto a través de una serie de publicaciones por sus vínculos con alguna ONG.

En el caso del senador Nakayama, la Unidad de Investigación de Nación Media detalló la manera en que Celsa Rodríguez, funcionaria de confianza del parlamentario que había sido colocada en su despacho, forma parte de la Fundación de Apoyo a la Educación Tecnológica (Fundatec).

Dicha ONG había firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para cursos de capacitación durante la administración de Carla Bacigalupo. Recibió transferencias por G. 1.822 millones entre el 2022 y 2023 y el clan familiar de su presidente se constituía como operadores políticos favorecidos con sueldos y honorarios.

En cuanto a Carrizosa, uno de los asiduos opositores al control para las ONG, se presenta como presidente de la organización Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD). Esta había sido expuesta por rapiñar fondos públicos en pandemia con sueldos para el clan del presidente de la organización.

Así, instalando un esquema de repartija de millones de dólares, publicado por la Unidad de Investigación de Nación Media, entes estatales llegaron a destinar la suma de G. 6.093 millones para el CIRD.

Esto mientras la ONG actuaba como una agencia de empleos para los familiares de Carrizosa y Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”, una de las iniciativas encaradas por la ONG.

Por otra parte, el exintendente de Asunción Burt es titular de la ONG Fundación Paraguaya y acudió el lunes hasta el Congreso con el objetivo de expresar su rechazo hacia el proyecto de control a las oenegés que busca estudiarse en la Cámara de Senadores.

Burt alegó una presunta persecución a las organizaciones, cuando la iniciativa busca aplicar un mayor control sobre el origen del dinero de las ONG, así como el concepto del gasto de las mismas. Esto aparte de aplicar un registro integral sobre cada una de las organizaciones, para tener un detalle específico de cada una.

El senador Basilio Núñez sostuvo que los representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) alegan persecución con el proyecto de ley que busca mayor control sobre las mismas, cuando en realidad se oponen al establecimiento de mayor transparencia en torno al manejo de las oenegés.

“Esto no tiene color. Pueden ser colorados, no colorados, opositores, pero ellos (representantes de oenegés) están en contra de la transparencia. Hay una propuesta para tratar el proyecto ya en julio”, señaló Núñez en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El periodo fijado para el estudio del plan se debe a que la propuesta ya alcanzaría los seis meses de presentación, siendo enriquecida por las respectivas comisiones que han analizado su redacción. Enfatizó así en la importancia de materializar el proyecto de control.

“Algunas oenegés reciben fondos para propiciar la transparencia, pero paradójicamente ellos no quieren transparencia y llegan al extremo de mezclar las cosas y decir que estamos en época de dictadura, cuando solo queremos control y trazabilidad”, expresó el congresista.

Cuestionó así el manejo de Agustín Carrizosa, presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), teniendo en cuenta que pregona a través de su oenegé por mayor ciudadanía y menos corrupción, pero instalando un esquema multimillonario en la organización para beneficiar únicamente a su cúpula familiar.

“Esta organización tiene el tinte de estar completamente ideologizada; trabaja y opera directamente en contra del Partido Colorado porque solo investiga hechos de corrupción de administraciones coloradas, cuando todo debería ser igualitario”, dijo Núñez.

El senador Gustavo Leite habló sobre la importancia de que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sean sometidas a un control por parte del Estado, sobre todo cuando estas reciben fondos por parte de organismos estatales e igualmente cuando se financian de entidades privadas, dado que las mismas administran sumas millonarias, no tributan y actualmente no se sabe a qué se destinan estos recursos.

“Tengo la esperanza de que esta ley va a salir a luz y que los paraguayos vamos a tener claro a quién contratan, con qué fin y qué resultados tuvieron y así todos vamos a ser iguales ante la ley y vamos a tener la obligación de rendir cuentas cuando trabajamos en pos del público, ya sea que el dinero venga del sector público o del privado”, manifestó el parlamentario, quien es proyectista de esta iniciativa.

Leite indicó que si los estatutos de estas organizaciones establecen que son de bien público, deben ser sujetos de control y de monitoreo del Estado puesto que están exentos del pago de impuestos. El legislador mencionó que este proyecto nace a partir del inexistente control actual sobre el uso y el origen del dinero que reciben muchas ONG.

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“Cuando le pedimos informes a las organizaciones de la sociedad civil de bien común que nos cuenten cómo se gastaron 17 millones de euros de la transformación educativa, nos dijeron ‘no le podemos contar porque tenemos una cláusula de confidencialidad con el donante’ y dónde queda la ley información pública y el interés del ciudadano”, cuestionó ante la 650 AM.

Existe literatura jurídica sobre la necesidad de transparentar a las ONG y que estas presenten rendiciones de cuentas, afirmó el senador, quien indicó que actualmente las organizaciones que residen en nuestro país no están obligadas a hacerlo porque no existe ninguna legislación al respecto. “Nos toca ser los malos de la película”, sostuvo.

Si bien existen ONG que se pronunciaron en contra de esta iniciativa, otras organizaciones se mostraron abiertas a ser controladas, indicó el legislador. “Las que actúan encubiertas sobre un proceso de supuesto bien público son las que no te quieren contar a quién contratan”, aseveró.

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