Casi el 25 % de la población económicamente activa en Paraguay aporta al sistema de pensiones, según el economista César Paredes. Enfatizó que nuestro país requiere de una institución que se encargue de analizar y controlar cómo se usan los recursos de las cajas fiscales y pensiones.
Explicó que se puede crear una superintendencia a través de un proyecto de ley, que se encargue de aconsejar sobre posibles inversiones y a su vez, orientar y controlar los recursos que provienen de los impuestos y los aportes de la previsional. “Necesitamos una superintendencia que se ocupe permanentemente y en forma global de analizar todos los riesgos relacionados a los sistemas de jubilaciones del país. Hoy cada entidad tiene su propio análisis, su propia manera de ver las cosas”, dijo.
Afirmó que existen estándares internacionales para regirse a la hora de realizar análisis respecto al manejo de las cajas, así como los bancos se rigen por las leyes de Basilea. “Sin embargo, este sector que es tan sensible, no tiene ningún tipo de control desde el punto de vista técnico. Se habló de una superintendencia de pensiones años atrás y fue rechazado por el Congreso”, indicó. Acotó que según la información que maneja hay nuevamente intenciones de crear la institución por parte del BCP. Aseguró que esto tendrá un impacto positivo para la ciudadanía, en especial para los aportantes del IPS, ya que les generará confianza para su futura jubilación.
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Analizar los costos de nuestra mediterraneidad
- Por Laura Ramos
- Socia del Club de Ejecutivos del Paraguay
En setiembre de 2022 Argentina dispuso, unilateralmente, el cobro de un peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná, haciéndose efectivo a partir de enero de 2023. Esta disposición generó protestas de Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, países afectados por la transgresión del acuerdo firmado entre todos para la navegación de este paso fluvial.
Luego de esta medida, el Gobierno argentino tuvo varias fricciones con su par paraguayo, ya que embargaron y retuvieron buques de bandera paraguaya en el mes de julio de 2023 para luego volver a hacerlo con otra embarcación en setiembre del mismo año. Ante estas acciones, el Gobierno paraguayo respondió retirando el total de la energía que le corresponde de la Entidad Binacional Yacyretá, ocasionando un déficit de energía en el vecino país, así como también realizando el reclamo del pago de la deuda de la binacional de unos 150 millones de dólares. También el Gobierno nacional acudió al Tribunal Permanente de Apelaciones del Mercosur, para poder encontrar una solución al conflicto. Otra medida de nuestro país fue emitir un veto a la Argentina ante el FMI, generando aún más presión sobre la cuestión.
Luego de todo este conflicto generado entre dos países vecinos, y con un cambio de gobierno en Argentina de por medio, esta semana se llevó a cabo finalmente un consenso de fijar una metodología de cobro del peaje. Lo que el Gobierno de Paraguay sostiene es que no se niega que el mantenimiento de la hidrovía no tenga que ser retribuido, lo que no excluye que la implementación de cobros deba realizarse por consenso cumpliendo con el tratado firmado por los cinco países partes. Esto también implica que asimismo el dragado que se realiza en los tramos dentro del territorio paraguayo también generará cobros que se deberán implementar.
Y la pregunta clave es ¿cómo afectarán estos costos adicionales a un país mediterráneo, donde su única conexión al mar es a través de los ríos de manera fluvial o con un mayor costo aún siendo terrestre? Justamente, razón por la cual, los países sin litoral marítimo tienen derecho a tratos preferenciales. Debemos adicionar a nuestros costos de importación que ya no son competitivos por los sobrecostos que ya tenemos incorporados, de los cuales muchos han quedado obsoletos en el tiempo por no tener actualmente una retribución de servicio, pero que se siguen cobrando igual, otro cobro más en la lista.
Justamente por esta desventaja, los países mediterráneos demandan disminuir estos costos adicionales de importar productos con más cargas económicas que los países vecinos. Ello, porque nos resta productividad también a la hora de industrializar, ya que gran parte de los componentes para la maquila o distintas industrias son de origen internacional.
Por otro lado, debemos reconocer que mantener la hidrovía genera un gasto específico y se debe recuperar, por lo que sería un buen momento para analizar los gastos o trabas paraarancelarias que acarrea el tener un producto en las góndolas del país, ya que todos los costos que agreguemos a la cadena logística serán directamente trasladados al precio final del consumidor. Y esto se traduce a mayores precios o menores opciones para el consumidor en el caso que quede fuera de rango de precio. Igual ocurre con los componentes importados para la industria. Pues traslada a un mayor costo de producción y, por ende, pérdida de eficiencia de la industria local versus la competencia internacional.
Por todo lo señalado sería conveniente aprovechar el momento de análisis de los costos de la hidrovía para hacer un análisis total de los sobrecostos generados en los distintos entes públicos para que un producto llegue al país mediterráneo a un costo competitivo internacionalmente.
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Con Catastro eficiente mejorará recaudación
Para que se pueda consolidar una recaudación positiva de los impuestos inmobiliarios, se debe apostar por una mejoría en el Servicio Nacional de Catastro (SNC), según manifestó el economista Manuel Ferreira y refirió que los municipios en sí tienen una institucionalidad crítica en materia impositiva. “El Catastro funciona a medias, entonces al sistema de recaudación no lo manejan los municipios. Hay municipios que tienen una institucionalidad crítica. La gran mayoría tiene un área para recaudar, pero ni saben quiénes son los propietarios de esas áreas”, señaló Ferreira a la 1080 AM.
Dijo que la capacidad de recaudación es muy pobre, siendo que existen intendencias grandes que tienen gran capacidad de recaudación, pero que el problema se dirige a Catastro. “Yo creo que esto no va a mejorar para nada las finanzas del sistema municipal si no se hace algo al respecto”, apuntó. Sobre los cambios que deben ocurrir mencionó que apostar por la tecnología es crucial, incluso que las transferencias en concepto de royalties y que se envíe dinero por otras vías causan que se agigante la pereza fiscal en los municipios.
“Se tiene que hacer una inversión tecnológica a nivel nacional que permita a los municipios generar una mayor recaudación. Este tema de los royalties y compensaciones por Fonacide o las entidades binacionales en realidad lo que genera es una gran pereza fiscal. Porque es plata que se recibe sin que se tenga que hacer una gestión para cobrar”, cuestionó. Catastro implementó semanas atrás sobre la nueva implementación en la entidad de realizar pagos con depósitos bancarios.
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Ahora con urgencia exigen que funcione la Superintendencia de Jubilaciones
Luego de ser demonizada en su momento por la oposición y por ciertos grupos sindicales la iniciativa del Poder Ejecutivo de crear una supervisión en las cajas de jubilaciones y pensiones, ocurre que ahora aquellos que tiraban palos a la rueda sin argumento alguno claman con urgencia que la nueva Superintendencia intervenga las diversas cajas que se encuentran con serios inconvenientes, como por ejemplo la del Personal Municipal.
En efecto, la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal hace más de diez años que viene con problemas de sostenibilidad financiera, siendo apenas la punta del iceberg de un sistema jubilatorio que merece un tratamiento racional en atención a que miles de personas se encuentran directa e indirectamente relacionadas con el cobro de sus haberes.
El desequilibrio existente entre la cantidad de aportantes con la de jubilados así como la mala administración, las más de las veces dolosas, hacen imposible el pago de los jubilados y pensionados que, por cierto, no tienen otra salida que una pronta y efectiva intervención por medio de la ley recientemente aprobada por el Congreso a iniciativa del Ejecutivo nacional.
Ese fue, entre otros motivos, lo que llevó al presidente Santiago Peña a elevar a consideración del Congreso su proyecto de ley, pues la situación ameritaba una decisión coherente con su programa de gobierno, así como el cumplimiento de lo que preceptúa nuestra ley fundamental.
Es de tomarse en cuenta que a la fecha la nueva ley se halla en proceso de consolidación. En efecto, el Consejo de Seguridad Social deberá conformarse próximamente con los representantes de todos los sectores por medio de elecciones. Por cierto, una de las iniciativas que en su momento el Ejecutivo nacional expuso en su proyecto de ley consistía en la necesidad de que los miembros del Consejo de Seguridad Social se encuentren representados los sectores involucrados de manera a que las decisiones se lleven a cabo con la más absoluta legitimidad y transparencia.
Cuando el proyecto del Ejecutivo fue presentado, los ahora muy presurosos en acudir a la ley que tanto trataron de impedir sea tratada y aprobada en nada les interesaba la suerte de las familias involucradas. Como suele ocurrir, se autodenominan demócratas, una expresión de boca para afuera que no se compadece de sus intenciones obstruccionistas en vez de opositores.
Es de recordarse que la iniciativa presidencial fue un acontecimiento histórico para los intereses de la ciudadanía honesta y trabajadora, además de una ley que por mucho tiempo fue postergada en nuestro país aún cuando nuestra Constitución Nacional en su artículo 95 estableció en el año 1992 sobre la necesidad de contar con un ente de supervisión establecido por la ley.
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BCP desmiente que haya habido presión para fusión de ueno bank y Visión
Desde el Banco Central del Paraguay (BCP), desmintieron que la institución haya interferido en la absorción de Visión Banco por parte de ueno bank. Explicaron que parte de su función es supervisar y solicitar propuestas para precautelar el dinero de los depositantes en caso de riesgos, no así sugerir acciones, rol que se cumplió, además del monitoreo y la trazabilidad de esta fusión entre bancos.
“Es importante despejar cualquier duda y cualquier rumor que no tiene fundamento, de ninguna manera hubo ni se puede interpretar que hubo algún tipo de indicio para forzar esta fusión entre ambas entidades. Es algo que para el BCP es fundamental, transmitir la confianza a la ciudadanía”, expresó Fernando Rivarola, superintendente interino de Bancos del BCP.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Rivarola detalló que la institución supervisa todo el sistema financiero en general con rigor, tecnicismo e independencia y que su único objetivo es velar por la estabilidad del sistema financiero y de la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que esto es un mandato constitucional y de la propia carta orgánica de la Superintendencia de Bancos.
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“Desde la Superintendencia no tratamos nunca de sugerir una solución, sino solicitar a la gobernanza que ellos propongan mecanismos para solucionar los inconvenientes”, expuso el superintendente, al tiempo que relató que Visión Banco venía acumulando números negativos desde el 2022 en su gestión y cerró el 2023 con una pérdida que ascendió a G. 48.000 millones.
Desde hace más de un año que Visión inició un proceso para intentar contrarrestar los números negativos que se dieron en la banca, se desprendieron de activos fijos como propiedades inmobiliarias y mantuvieron reuniones con diferentes grupos empresariales. Finalmente se llegó a un acuerdo con el Grupo Vázquez, accionista en un 95% de ueno bank y se decidió la fusión de ambas entidades.
Cabe destacar que la Superintendencia realizó un acompañamiento a Visión, cumpliendo con su rol, tratando de precautelar los intereses de los depositantes y ahorristas, velando por el buen funcionamiento del sistema financiero, dado que dicho banco formaba parte de la “supervisión basada en riesgo”, el cual se aplica a las entidades bancarias grandes, cuya importancia en todo el sistema es muy relevante.
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“De ninguna manera uno podría interpretar que eso es interferir o persuadir o que haya algún tipo de intromisión más allá de las atribuciones legales que tiene la Superintendencia”, aseveró Rivarola y señaló que la misma tarea de supervisión y trazabilidad de dinero y operaciones fue realizada a ueno bank.
“Cuando el Grupo Vázquez, a través de la empresa Credicentro adquiere financiera El Comercio, la mayor parte del porcentaje como accionista controlante, ya hubo un proceso de profundo análisis y control del origen del dinero y solvencia de este grupo. Tiene que haber absoluta trazabilidad y se debe comprobar que los fondos son genuinos, legítimos y le pertenecen al Grupo Vázquez y la familia Vázquez Villasanti en este caso”, remarcó.
Análisis riguroso
El mismo proceso de análisis se realizó cuando pasó de ser Financiera El Comercio a ueno, dado que no solo hubo un cambio en el nombre de la entidad, sino también en los estatutos, por lo que se sometió a un proceso de revisión riguroso, más aún, cuando se solicitó la conversión a banco, proceso que duró cerca de dos años.
Asimismo, también existe un sistema de monitoreo de modo a constatar que la utilidad de la entidad bancaria, realmente tenga como destino a los accionistas, en este caso al Grupo Vázquez. “Se analizan todos los ingresos, las utilidades y el movimiento de fondos que pertenecen y ellos tienen que comprobar a través de medios y documentos fehacientes a modo que la Superintendencia logre la trazabilidad absoluta de los fondos”, indicó.
A esto añadió, “nosotros hacemos un análisis acabado de las diferentes empresas que forman parte del grupo para comprobar la solvencia, que el dinero que se utiliza para capitalizar o para adquirir acciones sean efectivamente resultados de las operaciones del Grupo Vázquez”.