El relacionamiento económico y comercial entre Paraguay y Suiza fue favorable en los últimos años, lo que alienta la radicación de mayores inversiones directas de esa nación europea en el país. Esta es una de las reflexiones más interesantes expuestas durante un encuentro entre autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y de la Cámara de Comercio Paraguayo Suiza, el jueves pasado.
Panel de Instrumentos y Políticas Internacionales de Inversión entre Paraguay y Suiza se denominó el encuentro, como parte de la celebración de la Semana Suiza, donde se trataron además temas macroeconómicos del país, el intercambio comercial, los acuerdos comerciales vigentes, la importación de acuerdo con el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones y los tratados de doble tributación.
Este encuentro fue organizado por la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza, y apoyado por el Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex). Contó con las ponencias del ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni; del embajador de Suiza en Paraguay y Uruguay, Daniel Derzic.
También contó con la disertación del presidente del BCP, José Cantero; de la viceministra de la Rediex, embajadora Estefanía Laterza; del presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza, Sebastián Campos Cervera; y de Fernando Beconi, del Estudio Jurídico Beconi.
El ministro Castiglioni recordó que Paraguay y Suiza tienen una larga historia, no solo en el ámbito económico, sino de otros valores comunes. En el económico comercial, Paraguay tuvo grandes reformas positivas y una evolución de su economía entre el 2000 y el 2010, y en ese tiempo, las estadísticas marcaban una inversión directa de Suiza en Paraguay, de un promedio de 18,8 millones de dólares”, sostuvo.
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“Hay que generar la cultura de inversión”
El mercado bursátil es un rubro incipiente en Paraguay con muchas facilidades de inversión, pero que la clave está en entender cómo ingresar al mismo, explicó el superintendente de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), Joshua Abreu. Expuso que a nuestro país le falta desarrollar una cultura de inversión y aprender en qué áreas sí poder endeudarse y en qué no. “Tenemos que generar una cultura de inversión y sobre la deuda, debemos entrar en ella para invertir con prudencia”, dijo en entrevista con América TV.
Utilizó un ejemplo en el que mencionó que una persona puede endeudarse por un valor de 4 % de interés, pero invertir a 8 % de interés, por ende, estará utilizando dinero de otra persona para ganar un mayor retorno e incrementar así su patrimonio. Señaló que para una persona novata en inversiones, el fondo mutuo es un buen inicio para empezar y entender cómo avanzar en otros campos donde pueda generar ingresos. “La deuda tiene dos lados, es una espada de dos filos. Muchas veces nos endeudamos, pero con compras de activos que van a depreciarse con el tiempo. Estamos endeudados, pero no para un crecimiento patrimonial”, cuestionó.
Enfatizó en que la deuda con el crecimiento patrimonial genera un crecimiento exponencial, porque una persona puede utilizar sus pasivos para incrementar el retorno que posee sobre sus inversiones. Habló sobre el rol que cumple la Superintendencia en el rubro y adelantó que están trabajando para realizar modificaciones a la Ley 5810 de Mercado de Valores para mejorar su estructura y beneficiar a los fondos, securitización y al mercado bursátil en general.
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Actual enfoque de seguridad potencia nuevas formas de combatir el crimen
La gestión del presidente Santiago Peña asestó golpes importantes contra la inseguridad, pero hay un camino por recorrer. Esta misión se desea enfrentar con nuevos enfoques y una significativa inversión, afirmó en esta entrevista el contralmirante (SR) Cibar Benítez, titular del Consejo Nacional de la Defensa (Codena).
-¿Cuál es la visión al respecto de la seguridad?
Que es la condición básica que permite el desarrollo y el bienestar. Que el foco de la seguridad está en la gente, en su libertad y en la protección de sus bienes, tanto individuales como colectivos.
Los desafíos de la defensa y seguridad nacionales ya no se limitan a conflictos entre naciones, sino que implican conflictos internos que requieren una coordinación entre todas las instituciones del Estado, así como una relación de apoyo mutuo entre países para hacer frente a amenazas comunes, como el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de dogas y sustancias ilícitas, entre otros, con sus implicaciones en la seguridad del Estado.
-Y la inseguridad ciudadana, la que se vive en el día a día..
La inseguridad ciudadana es la más sentida, generalizada y cotidiana. Ante este contexto, tanto a nivel nacional como internacional, deviene lógico adoptar una visión integral de la seguridad, con un sentido de cooperación entre las diferentes agencias nacionales e internacionales.
Esta visión se traduce en una modernización y complementariedad de los órganos con responsabilidad primaria y de base en la seguridad, que abarca varios aspectos claves, incluyendo una inversión significativa en tecnología y logística, en capacitación y profesionalización del personal, en una mejora de las condiciones laborales, así como la inclusión de un mayor número de efectivos y la promoción e inclusión de mujeres en el ámbito de la seguridad.
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-¿Cuál era el estado del sistema de defensa al iniciar la gestión?
El punto de partida del nuevo gobierno en el área de seguridad era desafiante y requería una acción inmediata y coordinada. Por un lado, nos enfrentamos a una creciente ola de inseguridad, con un promedio de 8 denuncias diarias de asaltos violentos y una normalización del sicariato en un contexto de impunidad.
-En cuanto al sistema penitenciario, ¿cuál es el panorama?
El sistema penitenciario presentaba graves deficiencias, con un alarmante hacinamiento en todos los centros de reclusión, en los que las bandas de la delincuencia organizada controlaban la situación y reclutaban nuevos miembros. La población carcelaria, predominantemente joven, con altos índices de reincidencia delictiva, evidencian la falta de efectividad en la rehabilitación.
El debilitamiento institucional al que llegó el sistema penitenciario permitió la conformación y fortalecimiento, dentro del sistema, de una especie de Estado paralelo gobernado por criminales y narcotraficantes. El descuido y abandono del sistema penitenciario ha tenido consecuencias devastadoras en la seguridad ciudadana, fomentando el aumento del microtráfico, el consumo de drogas y el narcotráfico.
De hecho, el consumo de drogas entre jóvenes y adolescentes es alarmante, con cifras significativas de consumo de drogas ilícitas y alcohol. Esto vuelve fundamental el abordaje de estos desafíos desde otras perspectivas, como programas integrales de prevención y tratamiento para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra población.
-¿Los brazos caídos en el control fueron aspectos determinantes también?
El debilitamiento institucional se vio exacerbado por la flexibilización de los sistemas de control, como lo evidenció la Resolución 142 de la Senad en el 2020, que resultó en el cierre permanente de la DIAFT y la liberación del control de los puertos privados. Esto permitió que grandes cantidades de drogas pasen desapercibidas por los controles de las autoridades competentes (solamente entre enero 2020 hasta setiembre 2022 se incautaron de 47.538 kilos, más del 90 % de ellas fueron incautaciones internacionales que pasaron sin ser detectadas por los controles nacionales).
Como resultado, en pocos años, el país se ha convertido en un corredor para el tráfico de drogas y un facilitador del crimen organizado, lo que ha llevado a una penetración significativa de este último en la sociedad. Esta situación sumaba a la ya existente falta de seguridad en las calles, creando un entorno preocupante para todos los ciudadanos.
-Ante esta situación crítica, el presidente, al empezar la gestión, ¿plantea la reactivación de Codena?
Creo que el punto de inflexión, en el ámbito de la seguridad ciudadana y del Estado, se dio apenas dos días después de asumir su mandato. El presidente había convocado al Consejo de Defensa Nacional (Codena), invitando a participar de aquella primera sesión, a por lo menos diez representantes de otros ministerios, direcciones y agencias que de alguna manera debían colaborar en lograr una mejor condición de seguridad protegiendo a la ciudadanía en general, sin descuidar su rol misional.
En aquella oportunidad bajó la línea en el sentido de que una de las prioridades de su gobierno sería la seguridad, junto con la educación, la salud y el trabajo digno.
-Cuando se habla de seguridad se habla de un enemigo que tiene enormes recursos, ¿cómo se plantea el financiamiento?
En cuanto a las inversiones, se destinarán más de USD 90 millones en los próximos años para fortalecer la seguridad, con aproximadamente USD 40 millones adicionales para invertir en recursos humanos para la seguridad ciudadana y el orden público.
Además, se asignarán aproximadamente USD 9 millones para tecnología en la Senad, específicamente y, alrededor de USD 200 millones en inversiones en tecnología y recursos humanos para las fuerzas militares, con el objetivo de controlar mejor la integridad del territorio y combatir con fuerza al crimen organizado y el terrorismo.
-Un reclamo de siempre es la propia mejora de la Policía Nacional y de las FF. AA. en su organización, formación y control interno
La modernización constante de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es de alta prioridad e incluye mejoras en las condiciones laborales y la utilización de técnicas y tecnología para la elección de personas que tendrán la responsabilidad de conducir y decidir.
Se llevará a cabo un esfuerzo sostenido para fortalecer las capacidades de los recursos humanos, proporcionándoles herramientas y entrenamiento para cumplir su misión. La formación con filosofía comunitaria y el mejoramiento de las condiciones laborales, incluyendo incrementos salariales y servicios médicos especializados para las mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, también forman parte de esta visión integral de seguridad.
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“El Paraguay debe apuntar a una mayor inversión en infraestructura eléctrica”
Con la negociación de la tarifa de la Itaipú Binacional, que se encuentra pronta a definirse a decir de las autoridades nacionales, para el asesor técnico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), José Encina, se deben repensar las prioridades a ser encaradas desde el Gobierno nacional.
“Todo es posible, dependiendo de cuál es el objetivo principal. En el caso de Itaipú, el objetivo en los 50 años de tratado fue solo pagar la deuda. A partir de su cancelación en 2023 se debe reformular lo que queremos hacer con la hidroeléctrica”, explicó el ingeniero a la 1020 AM.
ENFOCADOS EN EL DESARROLLO
Por ello, puntualizó que el enfoque del Estado debe abocarse a impulsar un mayor desarrollo de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de contar con captaciones de inversiones que puedan redituar no solo en ganancias para el Gobierno, sino también en progresos socioeconómicos.
Puntualizó que uno de los debates debe ser si Itaipú debería mantenerse como una empresa sin superávit o rentabilidad propia. Si se empieza a trabajar para contar con dicho factor, se podrían dividir las ganancias entre Paraguay y Brasil, apelando a una alternativa más productiva.
“Debemos analizar si queremos un margen de ganancia que nos permita mejorar la infraestructura. La realidad es que Paraguay no tiene condiciones para usar la mitad de su energía”, sentenció el asesor técnico de la EBY, reiterando la necesidad de restablecer otras prioridades en el país.
Indicó que un factor a ser trabajado desde el Gobierno nacional también debe incluir mayor financiamiento por parte del Estado a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), aparte de sugerir que el objetivo principal debe ser la inversión en salud, educación, investigación y electricidad.
“La pregunta que debemos hacernos ahora es cómo abasteceremos el consumo de la población en el mediano plazo”, señaló, recordando que el país tiene previsto un largo periodo de generación de energía, pero con la advertencia de acortar ese lapso, dependiendo del crecimiento del consumo.
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EBY invirtió en Itapúa casi G. 30.000 millones
La Entidad Binacional Yacyretá informó sobre las inversiones destinadas a proyectos sociales en el departamento de Itapúa, contribuyendo al progreso poblacional, que constituye una de las prioridades centrales de la entidad, proyectando incluso mayores inversiones.
Como parte de su compromiso con el desarrollo regional, la actual administración de la EBY invirtió unos G. 30.000 millones en el departamento de Itapúa, en sus primeros ocho meses de gestión, de acuerdo al jefe financiero de la institución, Federico Vergara.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo. Siguiendo las directrices del director Luis Benítez, haciendo una verdadera ingeniería financiera, para así poder atender las necesidades del departamento, priorizando las urgentes y más necesarias atenciones”, expresó Vergara.
El jefe financiero destacó los esfuerzos realizados bajo la Dirección, en un periodo desafiante para la institución, por la falta de recursos económicos. Puntualizó que existen diversas dificultades para cubrir todas las expectativas sociales, sobre las cuales se encuentran aunando colaboraciones.
EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Entre los desembolsos realizados, la EBY informó sobre una serie de inversiones destacadas en el sector de la educación, la salud y el bienestar social, sumando un total de G. 21.794 millones invertidos exclusivamente en Itapúa desde el 16 de agosto a la fecha.
Esto incluye programas de becas, apoyo a pescadores, así como mejoras en infraestructura de salud y proyectos de agua potable, según informaron. En cuanto a educación, con la renovación del programa de becas para el año 2024, contempla una inversión de G. 5.508 millones.
Vergara destacó la estrecha y constante colaboración con la Gobernación de Itapúa. Además que están finalizando auditorías y aprobaciones para asegurar la legitimidad y correcta aplicación de los fondos en otros programas pendientes.
Adicionalmente, se llevan adelante obras de infraestructura, con una inversión de G. 837 millones que se destinan especialmente a mejorar la calidad de vida de los residentes de diversas comunidades en el departamento.