De enero a diciembre del ejercicio fiscal 2021, el Ministerio de Hacienda transfirió un total de G. 2,12 billones a los gobiernos municipales y departamentales, de acuerdo con datos de la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (Sseaf), informó ayer la cartera económica.
“Las municipalidades recibieron recursos a diciembre por G. 1 billón, en tanto que las Gobernaciones por G. 1,12 billones. Los montos transferidos incluyen los Royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que en el caso de los municipios fueron por G. 266.294 millones del Fonacide y G. 593.881 millones de Royalties; en tanto que para las gobernaciones fueron G. 177.534 millones de Royalties y G. 107.631 millones del Fonacide”, indicaron.
Al mes de diciembre las gobernaciones recibieron transferencias provenientes de los impuestos, es decir, de Fuente 10 Recursos del Tesoro, por un total de G. 601.367 millones. El resto de los recursos transferidos a los gobiernos locales y departamentales corresponden al IVA, por G. 90.766 millones; Juegos de Azar, por G. 37.148 millones; y otros recursos menores.
Las transferencias de recursos financieros a los gobiernos subnacionales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la Ley N° 6672/2021 “Que aprueba el PGN para el Ejercicio Fiscal 2021″, y su Decreto Reglamentario N° 4780/2021.
DEBEN CUMPLIR REQUISITOS LEGALES
La cartera económica también recordó que el incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas en las normativas vigentes. Una vez cumplidos con los requerimientos legales establecidos en las mencionadas normativas, no se requiere de gestión adicional alguna.
Para más informes se puede contactar con la Unidad de Departamentos y Municipios del Ministerio de Hacienda (Presidente Franco 173, Edificio Ybaga - 4° Piso) o a los teléfonos (021) 414-6760, 6754, 6747 y (021) 440-010/17, interno 232, o al correo electrónico: udm@hacienda.gov.py.
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Gobierno impulsa importantes proyectos de infraestructura para San Pedro
El presidente de la República Santiago Peña, habló de importantes proyectos de infraestructura para el segundo departamento, una región del país que merece justicia en cuanto a las políticas públicas, de acuerdo a las expresiones del mandatario. Peña encabezó este viernes la inauguración de 124 viviendas sociales en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
“Sabemos que tenemos una deuda enorme por eso estamos desarrollando diferentes proyectos para el acceso a las viviendas, en este momento se están construyendo 14 mil viviendas en todo el Paraguay, acá en San Pedro más de 1.000, el departamento con más viviendas y creo que es un acto de justicia”, refirió Peña a Paraguay TV.
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Sostuvo que por mucho tiempo San Pedro fue considerado como el departamento más pobre del país, sin embargo, cuestionó que en realidad las políticas públicas aplicadas en esta región fueron pobres.
“Yo vengo repitiendo muchísimo tiempo, San Pedro por mucho tiempo se hablaba en las estadísticas como uno de los departamentos con mayor pobreza, y no es pobre, San Pedro es rico, lastimosamente lo que eran pobres eran las políticas públicas que se implementaban en un departamento, era desproporcionalmente más grande que otros departamentos en el Paraguay”, refirió.
Reiteró su compromiso de campaña, de generar oportunidades para todos los sampedranos. “Va cambiar la historia de este departamento y estoy comprometido con el gobernador, que dijimos en campaña y lo volvemos a repetir hoy ya en función de gobierno, este departamento va tener una oportunidad y va salir adelante”, manifestó.
Sostnuvo además que el Gobierno lleva adelante una política pública de rostro humano, ya que las problemáticas sociales no solo se plasman en los números, sino se trata de problemas que afectan a los paraguayos.
“Nosotros tenemos que hacer esta política pública con un rostro humano, finalmente cuando hablamos de los fríos números de las estadísticas en realidad hay personas detrás de esto. Esto es un equipo de trabajo que tiene que sumar gente”, afirmó.
Anunció que el Gobierno llevará a cabo la obra de un puente entre Puerto Antequera y la Región Occidental para crear un corredor vial a partir de la Ruta PY11. “Este departamento probablemente va ser uno de los más visitados, pero que va traer obras concretas, uno de los hospitales más grandes que vamos a hacer en Paraguay va ser acá en el departamento de San Pedro, hay rutas que estamos empleando”, sentenció.
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¿Quién es Giuzzio?: hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico
El levantamiento de los controles antidrogas en los puertos, la camioneta que prestó de un capo narco brasileño (hecho que le costó el cargo en el Ministerio del Interior), la utilización de equipos de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de manera irregular son apenas algunos de los hechos que hablan de Arnaldo Giuzzio. Repasamos uno por uno los detalles de cada caso.
De agente fiscal de casos inconclusos, pasó a ser senador del Partido Democrático Progresista (PDP), posteriormente fue nombrado ministro de la Senad el 16 de agosto del 2018 por el entonces mandatario Mario Abdo Benítez y luego designado ministro del Interior el 22 de enero del 2021, cargo del que fue destituido el 22 de febrero del 2022 por sus vínculos narcos.
Giuzzio acumuló en estas dos carteras estatales y durante todo el gobierno anterior un historial de hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico, situaciones que permitieron el auge del flagelo en el país, según publicó el portal hoy.com.py.
En mayo del 2020 por Resolución n.º 142 el entonces ministro antidrogas dispuso el cierre permanente de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de las fiscalizaciones en los puertos privados y del control del tránsito fluvial.
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Las drogas salían de Paraguay en cantidades cada vez mayores: 3.400 kilos de cocaína ocultos en bolsas de carbón cayeron el 18 de junio del 2020 en Bélgica: 2.065 kilos el 18 de enero del 2021 en España, también en paquetes de carbón vegetal, 16.174 kilos fueron incautados en Hamburgo, Alemania, el 12 de febrero del 2021, 10.964 kilos se decomisaron en Bélgica el 2 de abril del 202, 697 kilos en Lisboa en una carga de maíz el 19 de octubre del 2021, 4.178 kilos cayeron en Holanda en una carga de soja el 31 de octubre del 2021, 540 kilos en España el 28 de abril del 2022, 5.170 kilos el 12 de junio del 2022, por citar algunos casos.
Equipos de inteligencia
Giuzzio tenía consigo equipos de inteligencia de la Senad de manera irregular. Los entregó a un agente especial de la Senad, según lo confirmó el funcionario en su informe entregado a la entonces ministra Zully Rollón. Este hombre, de acuerdo con la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, sería el que filtraba información al narco Miguel Insfrán, alias Tío Rico, respecto a los operativos de la Senad, de los cuales lograba zafar gracias a estas informaciones de primera mano.
La evidencia se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para evadir los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Camioneta prestada por narco
Ya como ministro del Interior, Giuzzio utilizó para vacacionar en el Brasil, una camioneta de la marca Kia con chapa número WCGC 805, registrada a nombre de la firma Ombu SA propiedad de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, narcotraficante detenido en Brasil y quien habría sido el principal objetivo del operativo Turf realizado en el Paraná Country Club, localizado en la ciudad de Hernandarias.
En un inicio Giuzzio sostuvo que alquiló la camioneta y argumentó que en Paraguay “no había información sobre Vinicius y sus vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombu, desmintió al ministro del Interior sobre el arrendamiento del rodado y señaló que fue prestado sin costo alguno.
Marqués de Padua también aparece en varias fotografías con Giuzzio ya que pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El vínculo entre Giuzzio y el presunto narco podría arrojar conclusiones acerca de la negligente labor de la Senad en el operativo que permitió la fuga de otro de los buscados, Lidomar Reges Furtado.
Incluso en la acusación presentada por el Ministerio Público contra Giuzzio, se sostiene que el exalto funcionario de Estado mantenía “una llamativa cercanía” con Vinicius. Tras la difusión de este caso, Giuzzio fue destituido del Ministerio del Interior el 22 de febrero del 2022.
Sede regional costeada por fantasmas
La Oficina Regional de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, inaugurada el 15 de diciembre del 2022 por Zully Rolón, tuvo un costo de G. 500 millones, pero no hubo licitación registrada en Contrataciones Públicas ni información sobre el origen de los fondos económicos.
Una sola imputación
A pesar de esta cadena de hechos, una sola carpeta fiscal está abierta. El pasado 16 de agosto, los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce acusaron a Giuzzio solicitaron juicio oral por cohecho pasivo agravado en el marco de la causa judicial que indaga sus vínculos con Vinicius.
Informe internacional
Con la nefasta gestión en materia de seguridad durante el gobierno de Mario Abdo y con Giuzzio al frente, el Paraguay se ha convertido en apenas 2 años en el cuarto país con la mayor presencia del crimen organizado, según un informe internacional emitido a finales del pasado año. La lista de las naciones que poseen una fuerte presencia del flagelo es encabezada por Birmania, seguida por Colombia y México.
El informe internacional proviene de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, consistente en un conjunto de profesionales que trabajan en primera línea de la lucha en contra de la economía criminal y los actores que la alimentan. A través de una red de organizaciones de la sociedad civil que funcionan como observatorios de la economía criminal.
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Ley de ciudades fronterizas descongestionará el paso fronterizo
El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, explicó los alcances de la ley de ciudades fronterizas, promulgada por el Gobierno de Paraguay. Esta legislación nacionaliza un acuerdo internacional que se suscribió en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur), con la presidencia pro tempore de Brasil en el 2019.
El acuerdo establece un sistema que permitirá una vez que sea aplicado por todos los Estados partes del bloque regional la integración de las localidades fronterizas vinculadas de Argentina, Brasil, y Paraguay.
“Esta ley lo que hace es volverlo como derecho positivo paraguayo a un acuerdo que se había firmado en el año 2019 durante la presidencia pro tempore de Brasil que establecía los mecanismos para integrar de manera definitiva las ciudades fronterizas vinculadas”, indicó el director de Migraciones.
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Explicó que las ciudades fronterizas vinculadas son las que prácticamente entre sí tienen una identidad común, tienen un tratamiento recíproco de sus ciudadanos, incluso familiares en uno u otro lado de la frontera.
Esto implica la obtención de un carnet de tránsito vecinal fronterizo (TVF) que será otorgado a los ciudadanos que residen en las ciudades limítrofes. Mediante este sistema el paso fronterizo debe ser absolutamente simplificado y con carriles especiales y, principalmente, ayudará a descongestionar el paso en los puntos de frontera.
“Esto cuando se llegue a aplicar, prácticamente el 50 % el flujo de gente que pasa por frontera, un punto tan importante como por ejemplo Encarnación y Posadas, va a tener un trato diferencial preferente y eso va solucionar el problema del otro 50 % porque justamente se va a descongestionar el paso. Esa es nuestra intención y ese es nuestro objetivo con esta legislación”, refirió.
Este acuerdo estableció de manera taxativa cuáles son las ciudades vinculadas y la intención de esta legislación es abarcar beneficios en el ámbito laboral, en el ámbito sanitario, en el ámbito también de la educación, de acuerdo al director de Migraciones.
En cuanto a lo que compete a la Dirección de Migraciones, Kronawetter indicó que el trabajo será facilitar el tránsito de las personas que viven en estas localidades fronterizas a través de la utilización de un documento de tránsito vecinal fronterizo (TVF).
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El Gobierno se propone consolidar la justicia social en el mundo del trabajo
En los próximos días las autoridades del Gobierno nacional cumplirán 10 meses al frente de la conducción del país en medio de las esperanzas de la ciudadanía. En este corto tiempo ya ha concretado gran cantidad de proyectos que estaban aguardando la acción de los poderes públicos. Pero resta aún un mayor número de propuestas que se están procurando llevar a cabo para remediar los males que se tienen y desarrollar nuevas iniciativas para procurar mayor cantidad de realizaciones. El trabajo hecho hasta ahora demuestra las ideas existentes y revela el rumbo que se pone como meta.
El objetivo de la entidad gubernamental es hacer que las personas vivan mejor, con suficiente trabajo para alcanzar sus objetivos económicos, que los que no tienen casa propia lleguen a esa meta con facilidades y que en general el país avance con más inversiones económicas que avivarán el progreso de todos los sectores de la vida nacional.
Para conocer las principales metas que se ha propuesto el Gobierno, es bueno remarcar su fuerte preocupación social. Pues cualquier avance económico se mide finalmente por el bienestar de la gente.
Esta idea quedó clara en la reciente exposición de la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de nuestro país, Mónica Recalde, en la reciente reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, desarrollada en Ginebra, Suiza. En la ocasión afirmó que la seguridad económica y social de nuestra población es el eje central de la acción del Gobierno nacional. Porque existe la convicción de que “fortaleciendo la institucionalidad del trabajo, dotando de mejores herramientas a nuestra población trabajadora a través de la formación y capacitación laboral y aprovechando la estabilidad macroeconómica de nuestra economía, podremos lograr una transición justa hacia una sociedad más próspera”.
Señaló que debido a su preocupación social, las principales líneas de acción del Gobierno se encaminan a concretar políticas efectivas para el acceso a empleos de calidad y la seguridad social. Por eso el presidente Santiago Peña se ha puesto como una de sus principales metas de gobierno la creación de 500 mil nuevos puestos de trabajo y el combate al empleo ilegal existente.
La ministra Recalde remarcó como idea central buscar la justicia social como base de una paz duradera, una prosperidad compartida, la igualdad de oportunidades y una transición justa. Teniendo en cuenta que la línea de pensamiento y acción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la justicia social en el mundo laboral, la secretaria de Estado apuntó que el Gobierno de nuestro país coincide con esa posición política. También hizo hincapié en que el diálogo y la participación en el mundo de los trabajadores son herramientas para alcanzar un desarrollo social sostenible.
A raíz de las deficiencias y la falta de controles legales del pasado, la historia del país está llena de situaciones que hacen que la injusticia social sea una enfermedad todavía muy fuerte. Por eso para la mayor parte de los trabajadores no rigen en los hechos prácticos las leyes del trabajo; existe una gran cantidad de personas que labora en el mercado negro, que no existe jurídicamente como trabajador legal, y está al margen de las normas vigentes. Un altísimo porcentaje de obreros y empleados no ha sido incluido como asegurado al Instituto de Previsión Social (IPS), no cuenta con los beneficios sanitarios correspondientes ni podrá obtener su jubilación cuando cumpla la edad correspondiente.
Por eso son altamente reconfortantes y prometedoras las palabras de la ministra de Trabajo cuando asegura que pondrán en práctica políticas efectivas para acceder a empleos de calidad y la seguridad social. Y las promesas del presidente de crear nuevos puestos de trabajo y el combate a los empleos que están al margen de la ley.
Esta tarea no incumbe solo al Gobierno, que tiene el importantísimo rol de hacer cumplir y vigilar la observancia estricta de las leyes. Gran parte del sector privado empleador que está en falta tiene que ponerse las pilas, desterrar la ilegalidad cumpliendo las normas existentes, abonando los aportes al IPS, tratando a sus trabajadores como personas dignas. Solo así se podrá caminar seguro para la obtención de la justicia social que se pretende desde lo alto del poder político.