El director de Finan­ciamiento Político del Tribunal Supe­rior de Justicia Electo­ral, Christian Ruiz Díaz, explicó cuáles son los pro­cesos por los que debe pasar una iniciativa ciudadana, en este caso, el proyecto de ley promovido en contra del nepotismo en las institucio­nes públicas. El funcionario electoral señaló que exis­ten varios filtros, principal­mente la firma de los ciuda­danos adheridos al proyecto de ley, esto establecido en la propia normativa.

“De acuerdo a lo que dis­pone la ley, que fue la última que modificó el artículo 266 del Código Electoral, la comisión promotora debe solicitar ante el Tri­bunal Electoral de la capi­tal el cierre del proceso de recolección de firmas, eso a la fecha no tengo conoci­miento de que se haya pre­sentado, por lo que la pla­taforma sigue habilitada hasta tanto la comisión solicite el cierre y el Tri­bunal Electoral lo declare cerrado”, indicó en entre­vista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Hasta el momento la soli­citud de cierre aún no se realizó por lo que aún se encuentra abierto el portal de firmas en la plataforma web del TSJE. Sin embargo, una vez que la propia comi­sión realice el pedido de cie­rre, se debe habilitar una plataforma de control ciu­dadano, por el plazo de 10 días corridos.

“A los efectos de que la ciu­dadanía pueda ejercer el control de lo que firmaron, pueden revisar si están sus firmas, su adhesión al pro­yecto de ley, aquellas perso­nas que en algún momento pudieron adherirse y des­pués se arrepintieron y quieren retirar su apoyo, también es posible, y, por supuesto, aquellas perso­nas que no firmaron pue­den entrar a verificar que no esté su nombre, que pueden solicitar la exclu­sión de su nombre”, detalló Ruiz Díaz.

Transcurridos estos 10 días, la Dirección de Infor­mática de la Justicia Elec­toral procede al cruce del listado de las personas que se adhirieron al proyecto de ley con el Registro Cívico Permanente. “Para deter­minar si las personas son electoras o no, esto es un requisito fundamental esta­blecido por la ley, ya que exige que los firmantes sean electores. También vamos a poder determinar si hay menores, si hay adhesiones repetidas, eso lo vamos a establecer una vez que ter­mine el cruce”, de acuerdo a las explicaciones del funcio­nario electoral.

Al término del cruce de datos, se procede a la ela­boración de un informe de todos los datos ya detallados más arriba, y este informe es remitido al Tribunal Superior de Justicia Electo­ral (TSJE), que es el encar­gado de remitir el informe final sobre el cumplimiento del artículo 266 del Código Electoral, que establece que la iniciativa ciudadana debe contar con el 1 % del total del registro cívico permanente.

Por otra parte, aclaró que el TSJE no tiene la facul­tad de remitir al Congreso Nacional el proyecto de ley que surge desde una inicia­tiva ciudadana, sino la pro­pia comisión promotora una vez que se concluya con todo el proceso de revisión y el informe final. “En ningún caso el Tribunal Superior de Justicia Electoral remite el anteproyecto de ley al Con­greso, esto queda a cargo de los representantes legales de la comisión promotora, no así del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ni de ninguno de sus órganos”, sentenció.

En Olimpia las compli­caciones son muchas. Desde lo económico hasta lo futbolístico, pero la poca paciencia de su gente tiene que ver principalmente con este segundo punto. El empate ante Resistencia dejó nuevamente un sabor amargo y a estas alturas, pen­sar en pelear por el título es prácticamente una utopía, considerando los 13 puntos que le separan del puntero Libertad.

El propio Francisco Arce reconoció que su equipo “juega como puede, no como quiere” y los hechos lo con­firman. Además, el plan­tel franjeado ha tenido un montón de contratiempos, debido a las lesiones cons­tantes de varios jugadores, como ocurre actualmente con Richard Ortiz, Alejandro Silva, Hugo Quintana, entre otros.

El Franjeado enfrenta este sábado a Nacional, un rival directo en el acumulativo, que es a día de hoy el obje­tivo más inmediato. Ambos suman 48 puntos en el año y el que gane dará un salto importante por detrás de equipos como Guaraní y Ameliano, que están mejor posicionados.

La directiva deberá trabajar en relación con algunos juga­dores cuyos contratos ven­cen en diciembre, entre los que figuran el arquero Juan Espínola, Jhohan Romaña, Facundo Zabala, Luis Zárate, Sergio Otálvaro, Iván Torres, Alejandro Silva, Brian Mon­tenegro y Antolín Alcaraz (se retiraría a fin de año). Hay que recordar que Olimpia está imposibilitado de fichar nue­vos jugadores por una san­ción de la FIFA.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, afirmó que las iniciativas planteadas en el Congreso, de US$ 1.800 millones, en caso de ser aprobadas podrán afectar a la economía y a las finanzas públicas. Advirtió incluso que las finanzas públicas podrían retroceder 20 años en tres meses ante este com­plejo escenario. Recalcó que el Poder Ejecutivo vetará aquellas iniciativas que no tengan sustento de finan­ciamiento y tomará accio­nes, a través de herramien­tas que dispone el Ministerio de Hacienda, como el Plan Financiero y el Plan de Caja, recortando el presupuesto a las entidades. “Somos muy cautos, vamos a tener que ajustar el Plan Financiero, no permitir a las entida­des que sigan comprome­tiendo el Presupuesto, pues no vamos a poder contar con los recursos para poder sostener esos compromisos. De ninguna forma vamos a generar más deudas, sino evitarlas”, subrayó.

Dijo que el actual Gobierno podrá administrar esta situación mediante los ins­trumentos mencionados, pero el próximo gobierno que asuma en el 2023 no tendrá otra alternativa que plantear un aumento de impuestos, considerando que las inicia­tivas del Parlamento repre­sentan montos importantes que en su mayoría son gastos rígidos y afectan a los Recur­sos del Tesoro. Instó a la pru­dencia y no tomar decisiones sin tener en cuenta los gastos e ingresos, así como traba­jar en un equilibrio del Pre­supuesto. Agregó que, en la medida que se sigan apro­bando estas iniciativas y los montos continúen creciendo, impactarán en áreas claves como salud, educación, pro­gramas sociales y programas de alimentación.

El apoderado del Partido Colorado, Eduardo Gonzá­lez, se refirió a la intención de la concertación de parti­dos y movimientos políticos de la oposición de utilizar el padrón electoral nacional para las elecciones internas parti­darias del 18 de diciembre. El referente republicano advirtió que el padrón “abierto”, como lo denominan, no puede ser utilizado y menos el padrón de la Asociación Nacional Repu­blicana (ANR).

“Es muy fácil y es trabajo de holgazanes utilizar el trabajo de otros sin querer hacer el tra­bajo propio. La ley de concer­tación establece claramente varios pasos y requisitos que se deben cumplir para poder lle­var adelante el trabajo de una concertación”, señaló Gonzá­lez. “Uno de ellos, además de nombrar a sus apoderados, la forma de elegir sus autorida­des, las bancas y todas esas cuestiones, tiene que ver con la elaboración de un padrón. Claramente la ley dice que se elabore el padrón”, añadió.

Finalmente, remarcó el padrón electoral nacional solo puede ser utilizado en unas elecciones generales, en este caso para el 2023.