El presidente de la República, Santiago Peña, celebró los tres años de creación de la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT), que fusionó la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La promulgación de esta fusión se dio en agosto del 2023.

“Hoy celebramos 3 años de la creación de la DNIT, una integración histórica de Aduanas e Impuestos Internos que nos permitió construir un Estado mucho más eficiente”, expresó el presidente a través de sus redes sociales.

El mandatario destacó que a partir de la creación de esta dependencia del Estado se logró aumentar considerablemente las recaudaciones. “Gracias a la modernización, los controles, la tecnología y la implementación de la facturación electrónica, logramos aumentar la recaudación en más de USD 1.500 millones en estos 3 años de gestión, alcanzando los USD 6.400 millones anuales”, resaltó.

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Peña ratificó el compromiso de su Gobierno en cuidar y transparentar el uso de los recursos del Estado. “Seguiremos trabajando con total transparencia para que estos recursos se traduzcan en mayor inversión y bienestar para todos los paraguayos”, sentenció.

La Ley N° 7.143/2023 fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 4 de agosto de 2023, por la cual se creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) unificando la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en un solo ente. Posteriormente, el Ejecutivo también promulgó la Ley N° 7.438, que dispuso que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) pase a depender directamente de la DNIT.

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El país exportó 6,8 millones de toneladas de soja en grano y mantiene una fuerte concentración de sus envíos en Argentina y Brasil.

Motor de las exportaciones. Al cierre de julio, los envíos de soja en grano, harina y aceite generaron USD 3.513 millones, unos USD 1.020 millones más que en el mismo periodo de 2025, cuando habían ingresado USD 2.493 millones.

El salto responde principalmente al mayor volumen exportado durante este año. La asesora de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) , Sonia Tomassone, destacó que este incremento en el ingreso de divisas tiene un efecto positivo sobre la economía nacional, debido al peso que tiene la cadena sojera en diferentes sectores productivos.

El principal protagonista fue el grano de soja. Paraguay exportó 6,8 millones de toneladas hasta julio, que generaron USD 2.648 millones. Frente al mismo periodo del año pasado, esto representa un aumento de 1,9 millones de toneladas y USD 870 millones adicionales en ingresos.

Los envíos de aceite de soja alcanzaron 390.705 toneladas, frente a las 367.259 toneladas exportadas en el mismo periodo de 2025, y generaron USD 432,3 millones.

En tanto, las exportaciones de pellets o harina de soja llegaron a 1.418.492 toneladas, por encima de las 1.247.445 toneladas del año anterior, con ingresos de USD 432,1 millones.

Mercados de destino. Argentina continúa siendo, por amplio margen, el principal comprador del complejo sojero paraguayo, con el 89 % de participación, mientras que Brasil representa otro 8 %. El 3 % restante se distribuye entre Arabia Saudita, Estados Unidos, Vietnam, Uruguay, Chile y Corea del Sur.

La situación fiscal de Paraguay exige revisar la estructura del gasto público y priorizar el uso de los recursos, ante un presupuesto descalzado y perspectivas de menores ingresos. El análisis fue realizado por la economista senior de Mentu, Martha Coronel, y el economista y exministro de Hacienda, Manuel Alarcón, durante una entrevista en el programa “Fuego cruzado” de canal GEN/Nación Media.

Coronel señaló que el descalce presupuestario para 2026 no responde únicamente al comportamiento del tipo de cambio. A su criterio, también debe revisarse la política de contratación del Estado y el crecimiento de las remuneraciones, además de la eficiencia de las compras públicas.

La economista cuestionó que continúe la incorporación de funcionarios sin que necesariamente se traduzca en mejores capacidades para prestar servicios públicos y ejecutar proyectos de infraestructura e inversión en capital humano. También planteó revisar los posibles sobrecostos derivados de los atrasos del Estado en sus pagos.

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En cuanto a los programas sociales, Coronel sostuvo que existen políticas que deben mantenerse, pero que su sostenibilidad depende de que puedan ser financiadas con los recursos disponibles. Ante un escenario de menores ingresos y obligaciones que ya forman parte del gasto corriente, consideró necesario modificar el enfoque y avanzar hacia una focalización de las políticas sociales.

Alarcón coincidió en la necesidad de racionalizar el uso de los recursos públicos y advirtió que la sostenibilidad debe ser el eje de las decisiones. Señaló que, cuando los recursos son escasos, el Estado debe identificar previamente a los sectores más vulnerables para dirigir hacia ellos la asistencia.

El exministro sostuvo que esta focalización puede ser necesaria mientras los ingresos permanezcan limitados, con la posibilidad de ampliar nuevamente las políticas a medida que la economía crezca, aumenten las inversiones y mejoren los ingresos tributarios.

Ambos planteamientos apuntan a una misma necesidad, la de mejorar la calidad y eficiencia del gasto antes de comprometer nuevas obligaciones. Alarcón advirtió que si los programas sociales no cuentan con una fuente de financiamiento sostenible, el riesgo es que, a futuro, el Estado termine sin capacidad para mantenerlos.

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Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.

“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.

Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.

Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.

Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.

Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.

“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.

En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.

Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.

La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.

En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.

Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?

La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.

“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.

Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.

Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.

Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.

Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.

Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.

Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.

Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.