El Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central del Paraguay (BCP) revela que, entre enero y septiembre de este año las operaciones bursátiles registraron un crecimiento interanual del 25 %, reflejando una mayor dinámica del mercado de capitales.
Tal es así que, al cierre de septiembre de 2025, el volumen total negociado en la Bolsa de Valores en los últimos doce meses llegó a USD 7.927 millones, equivalente al 15 % del PIB.
El BCP señala que este repunte estuvo impulsado principalmente por las operaciones de reporto, que representan el 75 % del total negociado. Les siguen el mercado secundario, con una participación del 16 %, y el mercado primario, con un 10 %.
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En cuanto a la moneda de negociación, el 61 % de las operaciones se realizó en moneda local, mientras que el 39 % se efectuó en moneda extranjera. Los sectores con mayor predominio de transacciones en guaraníes fueron el público (98 %), químico (95 %), industrial (88 %), servicios (71 %), comercial (54 %) y financiero (50 %). En contraste, los rubros agropecuario, tecnológico, inmobiliario y de construcción mostraron mayor peso de operaciones en moneda extranjera.
El análisis por tipo de instrumento confirma la fuerte concentración en bonos, que representan el 97 % del volumen negociado. Dentro de este segmento, los sectores con mayor participación fueron el financiero (45,6 %), servicios (19,4 %) y público (18,2 %). Entre los emisores del sector público, destacaron el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con colocaciones por USD 889,1 millones (88 %), y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), con USD 121,3 millones (12 %).
La renta variable, por su parte, continúa ocupando un espacio reducido dentro del mercado bursátil, con apenas el 3 % del total de operaciones y una concentración casi absoluta en el sector financiero (91 %).
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Asoban critica a calificadoras que dieron respaldo a Ueno
Cuestiona también al BCP por autorizar funcionamiento de la hoy quebrada institución, aun cuando sus indicadores financieros no reflejaban la solidez necesaria.
José Brítez, vicepresidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), expresó que las regulaciones no se respetaron en el caso de Ueno Bank y que el Banco Central del Paraguay (BCP) dio luz verde a las operaciones de la fallida entidad, a pesar de que sus números no mostraban la solvencia debida. “No se respetaron las regulaciones”, comenzó diciendo, para luego agregar “porque al flexibilizar, al no reconocer las pérdidas de la cartera, al no exigir capital, de alguna manera el índice de solvencia del banco no estaba transparentado y no todos corríamos con las mismas condiciones”, recordó sobre la fusión con Visión Banco.
“Un colega mío dice, ‘es como que uno tenía los semáforos luces rojas, amarillas y verdes y el otro tenía todo verde’. Entonces, era muy diferente de alguna manera de poder competir y sobre todo que el público lo logre interpretar”, analizó en conversación con el senador Gustavo Leite, en su pódcast.
CALIFICADORAS
Apuntó también a las calificadoras, las cuales otorgan votos de confianza a Ueno Bank, a pesar de la dudosa solvencia que ostentaba. “El Central le pudo haber puesto condiciones excepcionales, una situación puntual, pero no se puede dejar de reconocer que, dentro de esos activos, había activos que no necesariamente se iban a realizar en igualdad de condiciones a las que tiene el mercado”, expresó sobre la cuestión y la situación complicada en los números de la entidad, ahora en proceso de resolución.
Ueno Bank fue sometido al proceso de resolución desde el pasado martes 3 de noviembre por el regulador. Las autoridades que tomaron esa decisión ahora están procesadas y con prisión preventiva. El desfalco además arrastró al por entonces presidente de la República, Santiago Peña, quien fue destituido y ahora está imputado como la cabeza de la organización criminal que vació la entidad, dejando a millones de paraguayos sin dinero.
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Reducción del encaje legal por parte del BCP es destacable
- POR EL DR. JUAN CARLOS ZÁRATE LÁZARO
- MBA
- Consultor Financiero
Lo resuelto por el Banco Central del Paraguay (BCP) de reducir excepcionalmente el encaje legal para los depósitos en guaraníes y dólares es una medida oportuna y destacable, pues permitirá dotar a nuestro mercado de capitales de la liquidez que está precisando, especialmente del lado de las casas de bolsa a los innumerables pedidos de rescates de inversionistas que han sido afectados por los problemas suscitados con Ueno Bank.
Nuestro mercado de capitales ha venido observando en los últimos años un muy buen nivel de evolución y expansión a través de la oferta de varios tipos de instrumentos financieros, ya sean bonos de renta fija o variable, negociación del CDs a plazo fijo en el mercado secundario, y los productos que ofrecen las casas de bolsa (fondos patrimoniales y de inversión), que también se han visto afectados negativamente dado que para mitigar los riesgos atomizan y diversifican los depósitos de los inversionistas en varias entidades financieras, habiendo algunas de ellas tenido fondos depositados en Ueno Bank, que ya no pudieron ser recuperados.
Esta medida temporal no deja de ser oportuna, pues le permitirá a los bancos y financieras la posibilidad de utilizar parte de los recursos que mantienen como encaje legal para destinarlos a la compra de certificados de depósitos de ahorros (CDA), como también bonos financieros, que son ofertados dentro de nuestro mercado de capitales a través de las casas de bolsa, quienes también administran fondos patrimoniales en guaraníes y en dólares.
En función al nivel de respuesta que pudiera tener esta medida adoptada por nuestra banca matriz, estaría permitiendo que nuestro mercado de valores tenga la posibilidad de contar con mayores recursos que les permitan atender a los pedidos de rescates de sus inversionistas ante esta coyuntura desfavorable que se ha presentado.
Esperemos que pueda tener una respuesta favorable, pues nuestro mercado de capitales viene observando cada año un muy buen crecimiento, lo cual se observa a través de la cantidad de empresas inscriptas en los registros de la Superintendencia de Valores, para la emisión de bonos tanto de renta fija como variable, para la cobertura de sus necesidades de capital de trabajo e inversiones en bienes de capital.
Se trata sin duda de una buena decisión de parte de nuestra banca matriz, pues permitirá independientemente de la posibilidad potencial de dotar de mayor liquidez a nuestro mercado de valores, que con esa reducción del porcentaje de encaje legal nuestras entidades financieras puedan diversificar su abanico de inversiones que les reditúen mayores niveles de ingresos con el efecto positivo que de hecho podría tener en el mercado de valores, a través de una mayor dinamización de las transacciones nuevas que puedan realizarse, dado que los recursos obtenidos por esta flexibilización tendrán como uso exclusivo la compra o recompra de certificados de depósitos de ahorro (CDA) y bonos financieros propios o de otras entidades que operan dentro de nuestro mercado doméstico.
El objetivo primario de esta medida es loable, pues mucha gente está ansiosa de poder hacer un rescate anticipado de sus recursos de transacciones realizados con las casas de bolsa, pero que no pueden ser atendidas a plenitud debido a esta coyuntura desfavorable.
Esperemos que los resultados que deriven de esta resolución del BCP sean positivos, que puedan contribuir a que nuestro mercado de capitales pueda seguir operando sin inconvenientes como lo venía haciendo hasta ahora.
Con esta medida, uno de los objetivos primarios del BCP es el de garantizar la liquidez y la seguridad, y paralelamente contar con un mayor poder de control sobre la cantidad de dinero en circulación en el mercado.
Dado que el pedido de flexibilización temporal del encaje legal ha provenido del gremio bancario, nucleado en la Asoban, es de esperar que estas entidades puedan apoyar la medida en su justa dimensión para que nuestro Mercado de Valores pueda contar con la liquidez necesaria para cumplir con los propósitos expuestos precedentemente.
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Caso Ueno Bank: Fiscalía ordenó la detención del director jurídico del BCP
La Fiscalía ordenó la detención del director jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Javier Rodríguez González, quien es investigado por la presunta adulteración del informe oficial remitido a la Cámara de Senadores el pasado 7 de octubre para encubrir la insolvencia de Ueno Bank.
La orden de captura surge en el marco de la causa penal 92/2026, que investiga presuntos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
La medida fue dispuesta por el equipo de fiscales integrado por Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Verónica Valdez Rivas y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
De acuerdo a los antecedentes de la investigación, Rodríguez González, habría intervenido en la modificación sustancial de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos remitido a la Cámara de Senadores en octubre de 2026. Las alteraciones habrían omitido información relevante sobre la situación financiera de Ueno Bank y las advertencias relacionadas con una operación de transferencia de cartera crediticia a Vinanzas S. A., por aproximadamente USD 74,4 millones.
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La Fiscalía refiere que el funcionario habría actuado de forma coordinada con otras autoridades del Banco Central del Paraguay y participado en la elaboración y validación de documentos que presuntamente contenían información falsa. Asimismo, el 9 de octubre de 2026 habría concurrido al Congreso Nacional junto con otros directivos para presentar y respaldar el informe cuestionado.
Según la hipótesis fiscal, estas actuaciones habrían dificultado el control del Congreso Nacional sobre la situación de la entidad bancaria que se encuentra en un proceso de resolución desde el pasado 3 de noviembre tras detectarse una insuficiencia en su índice de solvencia.
A la vez retrasado la adopción de medidas correctivas, mientras Ueno Bank continuaba desarrollando operaciones financieras. La investigación también examina la posible afectación de recursos vinculados al Fondo de Garantía de Depósitos y la exposición de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad. La existencia y el alcance de un eventual perjuicio patrimonial deberán determinarse en el proceso investigativo.
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Rol del BCP en caso Ueno: alertas ignoradas y un informe alterado
El acta de imputación fiscal del viernes último amplía la imputación contra el expresidente Santiago Peña y el extitular del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo, además de incluir en el proceso a tres exdirectores de la banca matriz.
El documento fiscal relata cómo fueron los pasos que dieron presuntamente los miembros de este esquema para ignorar alertas y alterar incluso un pedido de informe sobre el estado de Ueno Bank.
Los exintegrantes del directorio del BCP Marco Aurelio González Maldonado, Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora fueron imputados por lesión de confianza y asociación criminal; al primero se le añaden la producción y el uso de documentos públicos de contenido falso.
El acta fiscal, presentada el 13 de noviembre, describe una estructura instalada dentro del propio Estado para proteger al Grupo Vázquez y a Ueno Bank. En ese esquema, el directorio habría funcionado como un “bloque de pasividad”: tenía en sus manos los informes técnicos que advertían el déficit de solvencia y las maniobras con empresas vinculadas, pero nunca exigió el plan de regularización que manda la ley ni suspendió la captación de depósitos.
En el caso del exprocurador general de la República Marco Aurelio González, la pieza central de la acusación es el informe remitido al Senado a finales de setiembre. Con el área jurídica bajo su coordinación, el director habría participado de reuniones reservadas con Carvallo, el superintendente Holger Insfrán y el jefe jurídico Aldo Rodríguez, a espaldas del resto del directorio, para reescribir la respuesta preparada por la Superintendencia. Un correo interno habla de “las incorporaciones del Dr. González”.
El propio Insfrán advirtió luego que el borrador suprimía los argumentos técnicos y afirmaba cosas que no estaban en el informe original: la versión final sostuvo que el exceso crediticio estaba “subsanado” y omitió que la venta de cartera a Vinanzas se habría pagado con dinero del mismo banco.
Antes, González ya había recibido el memorando del exgerente de Supervisión del BCP Fernando Rivarola, que alertaba sobre esa triangulación, un correo que Insfrán intentó recuperar por orden de Carvallo. De acuerdo a lo que sostiene el Ministerio Público, no lo habría puesto a conocimiento formal del directorio.
LOS OTROS DIRECTORES
A Liana Caballero se le reprocha que, al recibir la nota ya enviada al Congreso, dejó constancia de que no la validaba, pero no pidió su rectificación ni la intervención del banco. Mientras que a Mora, un funcionario de larga data de la banca matriz que presidió de forma interina la sesión en la que solo se abrió un sumario y que, pese a coordinar el área de mercado, no reaccionó ante las desesperadas campañas comerciales de Ueno Bank.
Para los agentes del Ministerio Público esa inacción tuvo un costo concreto: tras el envío del informe al Senado, el banco salió a captar ahorristas con promociones agresivas hasta su colapso, el 2 de noviembre.
Cada nuevo depósito garantizado terminó cargándose al Fondo de Garantía de Depósitos, además de comprometer fondos públicos y previsionales.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para González y arresto domiciliario con tobillera para Caballero y Mora, junto con la inhibición de sus bienes. Los tres fueron detenidos y quedaron a disposición del juez de Garantías. Todas las conductas descriptas son atribuciones del Ministerio Público en una etapa inicial de la investigación.
LA SUPERINTENDENCIA, EL BRAZO TÉCNICO DEL BLINDAJE
El exsuperintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay Holger Insfrán Ibarrola fue imputado por lesión de confianza agravada y asociación criminal en la causa por el blindaje a Ueno Bank. De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el funcionario habría usado su cargo para proteger al ente privado: habría validado la venta de cartera a Vinanzas, que el Ministerio Público califica de simulada, y no habría aplicado multas obligatorias ni actuado ante las alertas de insolvencia.
El acta de imputación lo coloca en una posición clave en los hechos que desembocaron en el colapso del Ueno Bank. El 9 de setiembre envió el memorando Rivarola al director Marco Aurelio González y, por orden de Carlos Carvallo, intentó recuperar ese correo.
El documento fiscal señala además que el 5 de octubre participó de las reuniones reservadas en las que se reescribió la respuesta al Senado. Sin embargo, al día siguiente advirtió por escrito que ese borrador suprimía argumentos técnicos de su propia Superintendencia. Pese a mostrar esa discordancia, Insfrán –junto a González y Mora–, tres días después, lo defendió ante los senadores.
El 8 de noviembre, Insfrán pidió un acta notarial cuyo contenido el expediente no detalla, y el 12 su casa fue allanada. Fue detenido y ahora está imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, este último delito agregado el viernes a la tarde.